¿Qué son los estereotipos sociales psicológicos




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Discriminación Diversidad Sexual


icono preferencias y orientación sexualLas personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente de la heterosexual sufren discriminación porque existe una tendencia homogeneizante que defiende la heterosexualidad como sexualidad dominante y, a partir de ella, se califican todas las demás orientaciones o manifestaciones. El resto de las formas de sexualidad aparecen como incompletas, perversas y, en algunos casos, como patológicas, criminales e inmorales. Lo anterior provoca una respuesta de temor al riesgo imaginado desde el prejuicio dogmático e intolerante, que en última instancia se traduce en desprecio, odio y rechazo.

La discriminación contra las personas que tienen una preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual se manifiesta como homofobia que es la aversión contra las orientaciones, preferencias sexuales, identidades o expresiones de género, contrarias al arquetipo de los heterosexuales lo que incluye la lesbofobia y la transfobia.

Las personas que son víctimas de homofobia son rechazadas, en el trabajo, escuela y en sus propios hogares. Se manifiesta endespidos, exclusión educativa, rechazo religioso, negación de servicios, estereotipos y estigmas reproducidos por los medios de comunicación, humillación, rupturas familiares, abandono, invisibilidad, violencia y, en casos extremos, hasta la muerte.

Su contra cara es el respeto a la diversidad que implica comprender que todas las personas tienen el derecho a realizar su proyecto particular de vida; que todas las personas pueden ejercer los derechos y libertades reconocidas; y que todas gozan de la protección de las instituciones públicas, sin ninguna distinción.

La diversidad sexual en México

El respeto a la diversidad sexual finalmente ha penetrado en la democracia constitucional mexicana; ahora falta encontrar caminos para la materialización jurídica de esta nueva visión.


Por Estefanía Vela

En los últimos años, la visibilidad de la lucha por transformar la regulación jurídica y social de la sexualidad ha sido impresionante en México. Tanto en la opinión pública, como en las arenas legislativa y judicial, se ha debatido el concepto que tenemos del cuerpo, de los afectos, de la maternidad y de la familia. Lo increíble y que diferencia estas discusiones de las que antaño prevalecían en esta materia, es que el discurso de los derechos las ha atravesado por completo: la identidad transexual, la interrupción del embarazo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la anticoncepción de emergencia –por mencionar solo algunos temas– han sido articulados absolutamente en estos términos.

http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase29.jpgLa democracia constitucional –lamentablemente para algunos, inevitablemente para otros– ha penetrado la sexualidad en México. En este sentido, si ya era un asunto sobre el cual había que posicionarse en términos ideológicos –en el contexto de un país predominantemente católico–, ahora resulta incluso más apremiante porque lo que está en juego es el ejercicio de los derechos –sobre todo de las libertades y la igualdad–, el pluralismo y la laicidad –lo que, en el contexto de una democracia en consolidación, se asume es fundamental.

El caso de las minorías sexuales es uno en el que se puede ver, de forma clara, este reacomodo político-jurídico, en donde se pasó de una invisibilidad –producto de una regulación particular de la sexualidad– a una reivindicación activa de los derechos, que ha logrado ganar terreno en ciertos espacios legislativos y judiciales. Este artículo es un repaso de estos cambios.


I. Saliendo del clóset


http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/los%2041.jpgEl evento paradigmático para explicar la situación de las minorías sexuales en México, antes de la movilización democrática que inició en los setenta, es “La redada de los 41”. En la madrugada del 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México, la policía irrumpió una fiesta privada en donde encontraron a 42 hombres, la mitad vestidos masculinamente y la otra mitad trasvestidos de mujer. Era tal la vista, “que hasta al cansado guardián le revolvió el estómago”.1 Bajo el pretexto de que no contaban con un permiso para efectuar la reunión, los asistentes fueron aprisionados. A los primeros días del arresto, los periódicos y reportes hablaban de los 42 hombres detenidos, hasta que la cifra fue corregida a 41. El chisme oficial a la fecha es que el que se escapó era el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre.


http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase30.jpgLo que se tiene, entonces, son todos los elementos de la regulación de antaño de la homosexualidad: para empezar, su invisibilidad oficial. A diferencia del adulterio –que se encontraba tipificado en los códigos penales y condenado en las legislaciones civiles del matrimonio–, la homosexualidad como tal nunca ha encontrado, en México, un castigo oficial. Siempre ha caído bajo la categoría genérica de faltas a la moral o a veces, como en el caso de La Gran Redada, ha sido penalizada sin siquiera existir una referencia directa a las transgresiones sexuales.


http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase31.jpgEsto condicionó la lucha en años posteriores: a diferencia de países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde la sodomía estaba penalizada y había que combatir, primero y antes que nada, una condena penal,2 en México la lucha siempre ha sido en contra de la arbitrariedad punitiva, la ambigüedad delictiva, el eufemismo legal. Segundo: la imagen que se tenía de la homosexualidad es la estereotípica que mezcla lo que hoy se denomina la orientación sexual –a quién desea uno– con el género –cómo se comporta, viste, habla, camina, proyecta uno en términos de masculinidad o feminidad. La mitad estaba vestida masculinamente y la otra mitad estaba trasvestida de mujer: La Loca, La Invertida, La Mariquita –que incluso hoy sigue revolviéndole el estómago a muchos– estaba entonces presente.


También se tiene la clandestinidad, la vida nocturna, el vicio: el fantasma que recorre la mente puritana al pensar en la homosexualidad. Y, por último, está la reacción social: el cuchicheo que había que temer más que a la represalia estatal. La amenaza del estigma eterno que empujaba a los privilegiados a comprar el silencio y a los no tan afortunados a huir. El clóset como el único espacio de existencia posible.3

 
http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase32.jpgNo es sino hasta los setenta que empieza una transformación en la forma de concebir a la diversidad sexual. Según Braulio Peralta (entrevistado por Genaro Lozano), el Frente de Liberación Homosexual de México fue creado en 1971 después de que un hombre perdió su trabajo en Sears por ser un “afeminado”.4 En 1978, un grupo de hombres gay participaron en una manifestación en contra del régimen priísta por el décimo aniversario de la masacre de Tlatelolco y –según Lozano– fue aquí en donde se discutió, por primera vez, la idea de una marcha gay que este año cumplió su trigésimo tercera aparición.


En 1982, el entonces Partido Revolucionario de los Trabajadores se convirtió en el primero en incluir un párrafo relativo a la diversidad sexual en su plataforma electoral y en apoyar a tres candidatos legislativos abiertamente gay en unas elecciones. En 1997, Patria Jiménez se convirtió en la primera lesbiana fuera del clóset en México –y en América Latina– en ocupar un cargo parlamentario federal, como parte del Partido de la Revolución Democrática. En 2000, Enoé Uranga, públicamente lesbiana, formó parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y fue desde aquí donde impulsó la Ley de Sociedad de Convivencia –hoy es diputada federal.


Lo que se tiene, entonces, es un giro en el discurso impulsado por ciertos grupos, en ciertos contextos, con el apoyo de ciertos partidos que comenzaron a luchar por una reivindicación de la diversidad sexual, que se manifestó con el movimiento, literal, del clóset –el escondite privado– a la esfera pública –¿y qué es más público y político que los recintos legislativos? De lo personal a lo político, dirían las feministas. Transformación que, en la primera década del siglo XXI, se comenzó a reflejar en la legislación.


II. Erradicando el silencio legislativo


La primera transformación legislativa que me parece paradigmática de los cambios por venir –y del discurso que comenzaría a infiltrar la discusión– es la reforma, en el 2001, al artículo 1º de la Constitución Federal. Para complementar al genérico “derecho a la igualdad”, se adicionó el ahora denominado “derecho a la no discriminación”: se prohibió toda discriminación motivada por el género, las preferencias “o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.5

 
http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase33.jpgCon ello, la Constitución ya no solo proclamaba a la igualdad como uno de sus valores primordiales, sino que desterraba el repudio a la diferencia. En particular, la relativa al género (piense en los afeminados o las machorras o cualquier otro “desviado”) y las preferencias (piense en la homosexualidad como práctica disidente). La obligación de todas las autoridades de purgar la normatividad de cualquier indicio discriminatorio quedó establecida.


El siguiente cambio importante vino con la promulgación, con el entonces presidente Vicente Fox, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.6 A diferencia de la ambigüedad constitucional relativa a las “preferencias”, esta ley condenaba “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en las preferencias sexuales tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” (artículo 4). El propósito de esta ley –y sus réplicas estatales– es poder defender a las personas en todos los ámbitos de la vida: las escuelas, los trabajos, las calles, los hospitales y un largo etcétera para que el ejercicio de sus derechos sea efectivo. Pretende ser el gran paraguas que incide ahí en donde los derechos clásicos –civil, penal, laboral, mercantil, etcétera– no alcanzan.


La tercera transformación fundamental ocurrió en 2007 a nivel local: tanto en el Distrito Federal (bajo una Asamblea Legislativa predominantemente perredista), como en Coahuila (bajo el gobierno priísta de Humberto Moreira) se aprobaron modificaciones legislativas que permitieron, por primera vez, reconocer y proteger las relaciones afectivas de las parejas del mismo sexo.


http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase34.jpgEn la primera entidad federativa, se aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia, con la cual se creó una nueva figura –la sociedad de convivencia– para proteger relaciones –tanto entre personas del sexo opuesto, como del mismo sexo–, con la generación de ciertos derechos (sucesorios, arrendatarios, de alimentos) y obligaciones.  En la segunda entidad federativa, se reformó al Código Civil para incluir el Pacto Civil de Solidaridad, exclusivo para las parejas del mismo sexo.7


La cuarta y más importante modificación ocurrió a finales de 2009: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Civil de esta entidad federativa para reconocer el matrimonio8 y el concubinato entre personas del mismo sexo.9 Al abrir estas figuras a estas parejas, las mismas pudieron acceder a la adopción como matrimonios y/o concubinatos.  Esta medida desató una discusión pública y un litigio constitucional.10


III. La judicialización de la diversidad sexual


La Procuraduría General de la República impugnó las reformas al Código Civil del Distrito Federal. Alegó, primordialmente, que el matrimonio entre personas del mismo sexo violentaba el concepto de familia consagrado en el artículo 4, párrafo primero de la Constitución; y que la adopción por parte de estas parejas violentaba los derechos de los niños y niñas, consagrados en los párrafos sexto y séptimo de ese mismo artículo constitucional.


http://www.presidencia2012.com/sitio/images/stories/prd/frase35.jpgEn un fallo11 sin precedentes –no solo en México y en América Latina, sino en el mundo–, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la constitucionalidad tanto del matrimonio, como de la adopción entre personas del mismo sexo y su validez en toda la República. Lo impresionante no fue solo la votación –nueve ministros a favor y dos en contra–,12  sino las razones por las que sostuvieron la decisión: la libertad, la igualdad y el pluralismo fueron los ejes de su fallo y los derechos que invocó para sostener las reformas.13


Ahora, a pesar de la decisión de la Corte, autoridades como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se rehúsan a aceptar estas relaciones: cada vez que una derechohabiente busca inscribir a su pareja del mismo sexo, se le niega la inscripción. Tres parejas, a la fecha, han impugnado esta decisión y han ganado el caso.14  En este sentido, la decisión del máximo tribunal del país está permeando las sentencias de los jueces federales que, una por una, dejan en claro que la política judicial es a favor de la diversidad sexual.


IV. Lo que está por venir



La Constitución Federal, tanto por su articulación textual como por la interpretación que de ella ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, favorece la diversidad sexual. Reconoce, explícitamente –gracias a la reforma del 10 de junio de 2011– el derecho a la no discriminación por preferencias sexuales y el derecho a la protección de la familia –que la Corte ya estableció refiere a: la familia como realidad social y no como ideal. Si la Constitución vale algo –y esa es la pregunta de fondo–, todas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, están obligadas no solo a respetar estos derechos (no interviniendo), sino a proteger y garantizar su ejercicio (tal y como reza el nuevo párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución).


Si la Constitución importa, ya no existe una duda: las minorías sexuales –y su integridad física, derechos laborales, derechos de vivienda y relaciones familiares– están protegidas.  Creo, desde aquí, que la postura política en relación a la diversidad sexual es también una postura política en relación al valor de la Constitución como norma fundante de la democracia. Para 2012, cuando se disputará, una vez más, el rumbo democrático del país –sumido en una guerra contra el narco, en donde día con día los límites de los derechos y el poder son trastocados– creo que no es menor definir qué significa el pacto originario: ¿sigue siendo una carta de buenos deseos o es,
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