2111754 – C. L. A. S/ Ejecución de pena privativa de la libertad recurso de inconstitucionalidad




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SALA PENAL - TRIBUNAL SUPERIOR
Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 48
Año: 2015 Tomo: 2 Folio: 372-384


EXPEDIENTE: 2111754 – C.L.A. S/ EJECUCIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD


SENTENCIA NUMERO: CUARENTA Y OCHO
En la Ciudad de Córdoba, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las ocho y treinta horas, se constituyó en audiencia pública el Tribunal Superior de Justicia, en pleno, presidido por el señor Vocal doctor Domingo Juan Sesín, con asistencia de los señores Vocales doctores Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Enrique Rubio, Carlos Francisco García Allocco, María Susana Blanc G. de Scapellato y Guillermo Lucero Offredi a fin de dictar sentencia en los autos caratulados "C.L.A. s/ejecución de pena privativa de libertad- Recurso de Inconstitucionalidad-" (Sac N° 2111754), con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Asesor Letrado del 27° Turno, Dr. Mariano Brusa, defensor del condenado L.A.C., en contra del Auto Interlocutorio número cuatro del veintiuno de mayo de dos mil doce, dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de Tercera Nominación, de esta ciudad de Córdoba.

Abierto el acto por el Sr. Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1°) ¿Corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido en autos en contra de la ley 9680?

2°) ¿Qué resolución corresponde dictar?
Los señores Vocales emitirán sus votos en forma conjunta.
A LA PRIMERA CUESTION:
Los señores Vocales doctores Domingo Juan Sesín, Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Enrique Rubio, Carlos Francisco García Allocco, María Susana Blanc G. de Scapellato y Guillermo Lucero Offredi, dijeron:

I. Por Resolución Interlocutoria n° 255, del 17 de agosto de 2011, dictado por el Juez de Ejecución Penal de Tercera Nominación, Dr. Gustavo Arocena de esta ciudad de Córdoba, resolvió: "No hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por el abogado defensor de L.A.C., contra el decreto dictado con fecha 01/03/2012 por este Juzgado de Ejecución Penal de Tercera Nominación (art. 457, a contrario, C.P.P.)" (fs.

13 vta.).
II. El Asesor Letrado del 27° Turno, Dr. Mariano Brusa, defensor de L.A.C., presenta recurso de inconstitucionalidad (CPP, art. 483) en contra de la citada resolución, a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 correspondientes al Título II de la ley 9680 que crean y regulan el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual. Aduce que la recolección, sistematización y almacenamiento de datos personales -incluso de aquellos denominados sensibles por la ley 25326- constituyen injerencias abusivas en la vida privada y en la intimidad de las personas afectadas por cuanto carecen de un fin legítimo. Expone que es así por cuanto no es compatible con los propósitos de la constitución nacional y de los pactos y tratados internacionales de derechos humanos a ella incorporados. Además

considera que dichas normas no son proporcionales en orden al objetivo pretendido, y cita los arts. 1 y 28 de la CN (fs. 17 y vta.).

También entiende que el art. 27 de la aludida ley provincial es inconstitucional porque viola el principio de legalidad (arts. 18, 75 inc. 12 y

126 de la CN y arts. 1 y 16 inc. 1° de la Const. Prov. (fs. 17 vta.). Asimismo, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20 del título III de la ley 9680 en tanto imponen "reglas de convivencia", por cuanto afectan el derecho a la privacidad (arts. 18, 19, 43 - tercer párrafo- y 75 inc. 22 de la CN: art. 11.2 CADH; art. 50 de la Const. Prov.). Sostiene que también se vulnera el principio que prohíbe una doble persecución penal por parte del Estado (arts. 1 del CPP; art. 39 Const. Prov.; art. 75 inc. 22 CN, CADH art. 8.4; PIDCyP art. 14.7). Y también al principio que ordena la duración razonable del proceso (art. 39 de la Const. Prov.; art. 9.3 del PIDCyP) -fs. 17 vta.-.

Considera que deben declararse inconstitucionales los arts. 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26 del Título IV que prevén sanciones administrativas en caso de que las reglas de convivencia sean incumplidas, porque afectan al principio ne bis in ídem (art. 1 CPP; art. 39 Const. Prov.; art. 75 inc. 22 CN, CADH,

8.4; PIDCP, 14.7) y también al derecho a la privacidad (art. 19 de la CN). Luego de ofrecer argumentos a favor de la tempestividad (fs. 18/20 vta.), adversidad (fs. 20 vta./21), e impugnabilidad objetiva de la resolución (fs.

21/22), proporciona las razones de admisibilidad sustancial de los agravios
(fs. 22 vta./37).
Expone que la recolección por parte del Estado de datos personales (y sensibles), la prohibición de desempeñar servicios públicos o semipúblicos en los que estuviesen involucrados menores de edad, y las aludidas reglas de convivencia, no constituyen agravios conjeturales. Entiende que son restricciones derivadas de la condena (fs. 21 vta./22).

Pide que si se considerase que el planteo de inconstitucionalidad debe hacerse recién al momento en que el condenado acceda a egresos anticipados ello importaría una denegación de justicia (fs. 22).

Dice que si con relación a la inconstitucionalidad de los arts. 14 a 19 y 20 a
26 de la ley 9680 se considerara que esta vía es improcedente por falta de interés actual, solicita que se dé tratamiento a este segmento del recurso como acción de inconstitucionalidad (citando el art. 165 inc. 1, apartado "a" de la Const. Prov.) (fs. 22).

III. A fin de analizar la viabilidad del recurso cabe atender a las siguientes constancias de la causa:

a) C. fue condenado por un delito en contra de la integridad sexual, sentencia que se encuentra firme y en cuya ejecución interviene el Juzgado de Ejecución de 3° Nominación del Centro Judicial Capital.

b) Por decreto de fecha 1/4/12, el Juez de Ejecución por aplicación de los arts. 4 a 7 y cc de ley 9680, dispuso que personal idóneo de la Dirección de Policía Judicial extraiga una muestra de material biológico del condenado para su posterior remisión al Centro de Genética Forense del Poder Judicial a efectos de determinar la identificación del nombrado. Además, dispuso que esa identificación genética fuera remitida para su debido asentamiento en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (fs. 01).

c) El Sr. Asesor Letrado, quien ejerce la defensa técnica del interno C., interpuso recurso de reposición contra dicha resolución. Planteó que el art. 7 de la ley 9680 en el que se apoya la decisión del Juez de Ejecución es "manifiestamente inconstitucional" por cuanto vulnera el derecho a la intimidad y la dignidad de la persona sin que haya una causa que lo autorice. También expresó que no existe una causa o proceso donde se investigue a su defendido por la supuesta comisión de un hecho delictivo,

por lo que no habría autorización para la extracción compulsiva de material histológico (fs. 06).

d) Por Auto nº 4 de fecha 21/5/12 el Sr. Juez de Ejecución resolvió no hacer lugar al recurso de reposición.

No obstante considerar extemporánea la cuestión constitucional, porque razonó que la existencia de la "sentencia firme" a la que alude el art. 7 de la ley 9680 era conocida por el imputado y su defensa técnica al tiempo del cómputo de la pena, momento en que debió introducir la cuestión, ingresó al examen de la regularidad de esa regla.

Manifestó que la intimidad es un derecho constitucionalmente tutelado, pero que la inscripción a la que refiere el art. 6 de la ley 9680 constituye una "injerencia" en dicha esfera toda vez que permite el acceso a determinados "datos sensibles". Sin perjuicio de ello, dice que no se trata de una intromisión arbitraria por cuanto los arts. 14 y 28 de la CN facultan al congreso a reglamentar los principios, garantías y derechos reconocidos en la Carta Magna. Extrae de ello que los derechos constitucionales no son absolutos. Dice que la identificación genética ordenada por la aludida ley tiende a cumplir con la obligación constitucional de "afianzar la justicia" mediante la persecución, juzgamiento y castigo de los hechos delictuosos que afecta la convivencia social pacífica. Ése es el valor, según razona, que debe ser ponderado con el derecho a la intimidad. En ese juicio debe medirse la razonabilidad de la restricción. Concluye que la preservación del derecho a la intimidad encuentra una razonable restricción frente al interés represivo del Estado, que autoriza el registro de determinados datos sensibles bajo estrictas condiciones de reserva, confidencialidad, inviolabilidad e inalterabilidad, estando su uso subordinado al expreso requerimiento de autoridad judicial con la exclusiva finalidad de identificar a personas eventualmente responsables en el curso de una investigación

penal determinada (fs. 13 vta.).
IV. Examen de la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad
1. Como es sabido, las cuestiones constitucionales relativas a normas pueden, según los casos, canalizarse a través de diferentes vías ante el Tribunal Superior de Justicia.

Una de ellas es de carácter preventivo, se particulariza por ser "declarativa" y procede cuando la norma impugnada no ha sido efectivamente aplicada, procurando impedir su ejecución. En el sistema cordobés, la acción de inconstitucionalidad de carácter "preventivo" o " declarativo" compete originaria y exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia (art. 165 inc. 1, apart. a), Const. Pcial.).

Otra de las vías es de carácter "represivo" que presupone la aplicación, al caso concreto, del dispositivo legal cuestionado, persiguiendo el demandante la reparación del derecho presuntamente vulnerado. La inconstitucionalidad de carácter "represivo" corresponde -en primer término- a los tribunales inferiores y sólo luego del agotamiento de las instancias ordinarias al Tribunal Superior de Justicia por la vía del recurso de inconstitucionalidad (art. 165, 2, Const. Pcial.).

Lo señalado precedentemente conforma una constante doctrina del Tribunal Superior de Justicia (conf. "Banco Social de Córdoba c/ Municipalidad de San Francisco", Sent. Nro. 50 del 05/08/83, L.L. Córdoba, 1984, p. 239 y ss.), a través de la cual se ha puesto de manifiesto que nuestro régimen procesal conoce las dos vías clásicas que aseguran la efectiva aplicación del texto constitucional.

2. El impugnante ha traído un conjunto de cuestionamientos a diversas disposiciones contenidas en la ley n° 9680 a través del recurso de inconstitucionalidad pero, como se verá, en algunos casos se puede tratar de materia propia de la acción de inconstitucionalidad y sólo parcialmente

será admisible el recurso.
a) En efecto, los cuestionamientos en torno a los arts. 14 a 19 y 20 a 26 de la ley 9680 versan sobre un régimen de medidas posteriores a la libertad condicional del condenado por un delito en contra de la integridad sexual, que establece un régimen de convivencia y coloca en cabeza de la Policía de la Provincia un conjunto de atribuciones de vigilancia que inclusive se expanden por períodos de años posteriores al cumplimiento de la pena (arts.

14 a 19) y un régimen de sanciones contravencionales por la infracción a las reglas de convivencia (arts. 20 a 26). Otro tanto respecto del cuestionamiento del art. 27 de la citada ley, que establece la prohibición para desempeñarse en servicios públicos o semipúblicos a quienes se encuentran inscriptos en el Registro (art. 27).

Se trata, por tanto, de cuestionamientos que incluyen disposiciones que no han sido aplicadas, lo que ya descarta la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad, sin perjuicio que puedan articularse a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad, conforme a las exigencias previstas para esa vía. Si bien esta acción es también competencia del Tribunal Superior, se encuentra prevista con otra regulación procesal, tramita por ante la Sala Electoral y de competencia originaria, conforme a las acciones declarativas de certeza o meramente declarativas (arts. 413 y 418, inc. 3, C.P.C. y C.), según el procedimiento de juicio abreviado previsto (art.

507 y subsiguientes del C.P.C. y C).
Adviértase que tampoco el cuestionamiento a estas reglas fue introducido ante el Juez de Ejecución, por lo cual a más de no haber sido aplicadas, tampoco existe resolución judicial adversa ( "y la sentencia o auto fuere contrario a las pretensiones del recurrente", art. 484 CPP), presupuesto del recurso de inconstitucionalidad, que confirma la inadmisibilidad del interpuesto.

b) En cuanto al cuestionamiento constitucional de las disposiciones aplicadas (arts. 4 a 7 de la ley 9680), se considera admisible el recurso de inconstitucionalidad deducido.

Ello así, porque este Tribunal Superior de Justicia ya se ha expedido sobre el tópico referido a la recurribilidad a través del recurso de inconstitucionalidad de resoluciones diferentes a la sentencia definitiva (T.S.J., en Pleno, "Aguirre Domínguez", S. n° 76, 11/12/1997; "Medina Allende", S. n° 61, 25/04/2007; "Alarcia", S. nº 78, 30/04/2008). En tales precedentes se sostuvo que "si la propia Constitución de la Provincia ha estatuido el recurso de inconstitucionalidad dentro de la competencia del Tribunal Superior de Justicia (artículo 165, 2) para asegurar la supremacía de sus normas a través de la interpretación uniforme del Máximo Tribunal de la Provincia, no es posible que la ley infra constitucional restrinja o excluya resoluciones jurisdiccionales como objeto impugnable en esta vía recursiva. Por ello, esta jurisdicción derivada puede y debe ejercerse contra toda resolución que declare la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma sin otra condición que el recurso se promueva en un caso concreto y por parte interesada (Cfr. a la doctrina sentada en el precedentes "Molinos Harineros Río de la Plata c/ Municipalidad de Río Segundo", T.S.J., en pleno, 29/5/42, publicado en "Justicia", Revista de Jurisprudencia, Córdoba, T. 2, 1942/43, p. 42). Desde luego que ello a condición que se encuentre en juego la validez constitucional de una norma general y no haya en el proceso otra alternativa de subsanación a través de una instancia recursiva anterior" ("Aguirre Domínguez" y "Medina Allende", cits.).

Asimismo, se estima que la introducción constitucional ha sido oportuna, pues fue realizada inmediatamente notificada la defensa de su aplicación por el Juez encargado de la ejecución de la sentencia, y la resolución judicial ha sido adversa, sin posibilidad de otra vía recursiva diferente al

recurso de inconstitucionalidad para cuyo conocimiento resulta competente el Tribunal Superior.
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