Tribunal contencioso administrativo del huila




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títuloTribunal contencioso administrativo del huila
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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión
Neiva, dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRIGUEZ

Asunto : TUTELA

Demandante : JUAN CARLOS OVIEDO OLIVEROS

Demandada : COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –

CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA

Providencia : SENTENCIA

Radicación : 41 001 23 31 000-2010-00651-00

Acta : Nº 114


JUAN CARLOS OVIEDO OLIVEROS instaura acción de tutela contra la Comisión Nacional de Servicio Civil -C.N.S.C.- y Cafesalud Medicina Prepagada, para que le sean amparados los derechos fundamentales de participación y dignidad humana; libre desarrollo a la personalidad; igualdad; al trabajo; debido proceso y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, en su sentir vulnerados, al ser excluido de la Convocatoria N° 127 de 2009 al resultar no apto en la prueba médica.

I.- HECHOS
1.- Juan Carlos Oviedo Oliveros se inscribió en el mes de noviembre de 2009 en la Convocatoria Nº 127 de 2009, realizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil, para proveer por concurso abierto de méritos el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
2.- El 15 de marzo de 2010 fueron publicados en la página web de la Comisión el resultado del análisis de antecedentes de aspirantes que cumplen los requisitos mínimos establecidos por la convocatoria, logrando 70 puntos y el 16 de junio del año en curso, publicaron en la misma página web, los resultados a las pruebas médicas, resultando NO APTO porque presentó la restricción médica prevista en el artículo 14 literal J numeral 14 de la Resolución 09260 de 2009 (proteinuria mayor a 9 MG/DL).
3.- El accionante el 18 de junio de 2010 presentó reclamación por el resultado de los exámenes médicos.
4.- La Comisión Nacional del Servicio Civil el 29 de junio de 2010 responde la reclamación informándole que “…en la evaluación médica realizada por CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA, entidad encargada de realizar y analizar los exámenes médicos a los aspirantes, reportando a los aspirantes NO APTOS, entre los cuales usted se encuentra debido al diagnóstico de: PROTEINURIA MAYOR 9 MG/DL, establecida en el numeral 12 literal J, artículo 14 resolución 09260 de 2009. Afección médica que obliga a su exclusión del proceso de convocatoria 127 INPEC 2009 tal y como lo señala el literal h artículo 8 del Acuerdo No. 120 de 2009 “por el cual se reglamenta el proceso de selección para proveer por concurso – curso abierto de méritos el empleo de dragoneante, Código 4114, grado: 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC- Convocatoria No. 127”. Por lo anteriormente expuesto no existe razón alguna para considerar que se haya presentado error en el diagnóstico efectuado a su condición médica por parte de CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA, y por tanto no es posible acceder a su solicitud.”.
5.- El 6 de octubre de 2010 acudió al Centro Médico de Especialistas El Nogal ubicado en la ciudad de Neiva, donde se practicó nuevamente el examen, obteniendo como resultado que no presenta la restricción médica de proteinuria mayor 9 MG/DL.


II.- PETICIÓN
El accionante en su escrito solicita lo siguiente:
“…me permito, se sirva Concederme la tutela impetrada para evitar un perjuicio irremediable, por estar vulnerados por la Comisión Nacional del Servicio Civil; los derechos fundamentales a la participación y dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad de trato, el debido proceso, la discriminación laboral, el libre acceso a los cargos y funciones públicas, y en consecuencia se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se me practique examen PARCIAL DE ORINA, para demostrar que no tengo PROTEINURIA MAYOR A 9 MG/DL, como quiera, que yo me practique estos exámenes por mi cuenta y riesgo y no presento restricciones médicas, exámenes que prueban que CAFESALUD MEDICINA PREPAGDA, incurrió en un error diagnóstico y QUE SE ME PERMITA SEGUIR PRESENTANDO LAS DEMAS PRUEBAS DEL CONCURSO, con el fin de evitar un perjuicio irremediable.” (fl. 13).


III.- ACTUACIONES
1.- En providencia del 5 de noviembre de 2010 se admite la acción propuesta, ordenando su notificación a los representantes de las entidades accionadas -Comisión Nacional del Servicio Civil y Cafesalud Medicina Prepagada y niega la medida provisional solicitada.
En el citado proveído se solicito lo siguiente: i) a la Comisión Nacional del Servicio Civil si el señor Juan Carlos Oviedo Oliveros se inscribió y fue admitido en la convocatoria 127 de 2007, el resultado del examen médico practicado y certificar las restricciones que presentaron los señores Julián Andrés Ríos Sánchez, Jesús Alberto Sandoval, Ferney Santiago Rey Carvajal, Cristian Fabián Carrillo Valero y Susana del Carmen López Aguirre; ii) al Director del INPEC, certificar la restricción médica presentada por Susana del Carmen López Aguirre, quien participó en la convocatorio 2006 y actualmente es funcionaria de dicha institución; y iii) al Gerente de Cafesalud Medicina Prepagada, informar el resultado del examen médico practicado al accionante (fls. 77 a 80).
2.- En la misma fecha se libraron los oficios SG-04004, SG-04018 a SG-04021, notificando el auto admisorio y solicitando la información requerida, remitidos vía fax (fls. 81 a 87).

IV.- CONTESTACIÓN DE LA TUTELA
1.- CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA
El Vicepresidente de la entidad da respuesta a la acción impetrada en memorial obrante a folios 89 a 91, manifiesta que con base en la Resolución Nº 1697 del 30 de abril de 2010 la Comisión Nacional del Servicio Civil le adjudicó a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño la Licitación Pública CNSC-LP 001 dentro del proceso de selección para proveer por concurso abierto de méritos el empleo de Dragoneante código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC. Con el propósito de cumplir las actividades se suscribió el Acuerdo de Cooperación Empresarial con Cafesalud Medicina Prepagada (14 de mayo de 2010), para realizar los exámenes médicos a los aspirantes a la citada convocatoria, con base en los parámetros médicos-físicos establecidos por la Comisión y remitir los informes a la Corporación.
Señala que el examen de valoración practicado al aspirante Juan Carlos Oviedo Oliveros, tomado y reportado al momento de la realización de los exámenes, cuyo registro figura en la historia clínica con “Proteinuria de 25 mg/dl” (literal J, numeral 12 de la Resolución Nº 09260 de 2009), por lo tanto se consideró no apto.
Agrega que el examen corresponde al de estado de salud del aspirante a la fecha en que se le practicó, pero dicha condición puede ser variada con intervención terapéutica convencional o no convencional, por lo tanto lo pretendido por el tutelante, (una nueva valoración), es improcedente por haber transcurrido más de 90 días de la fecha en que se práctico la prueba porque generaría una inseguridad jurídica “frente a las responsabilidades propias de esta compañía y del proceso de selección”.
2.- COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
La Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil solicita se deniegue por improcedente la acción de tutela.
Señala que la Corte Constitucional ha reiterado que uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela es la inmediatez. En este caso los hechos generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del accionante ocurrieron el 4 de abril de 2010, significa que han transcurrido más de 8 meses, actualmente todas las etapas del concurso fueron agotadas y 20 de septiembre del año en curso se inició el curso de formación y complementación en la Escuela Enrique Low Mutra del INPEC, por lo tanto la actuación contraría el objeto para la cual fue creada la acción de tutela, esto es, la protección inmediata de los derechos fundamentales. Además, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, la acción es improcedente porque la inconformidad del tutelante tiene su fundamento en el contenido de la respuesta dada por la Universidad Antonio Nariño a la reclamación en contra de los resultados obtenidos en la verificación de los requisitos de aptitud médica, que confirma su estado de exclusión del proceso de selección.
En cuanto a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, destaca que la aptitud médica no es una prueba dentro del proceso de selección, sino un requisito para el ingreso al curso de formación, impedimento médico previsto en la Resolución Nº 09260 de 2009, la cual puede ser consultada en la página web de la C.N.S.C. www.cnsc.gov.co. Sobre la vulneración al derecho a la igualdad, transcribe pronunciamiento de la Corte Constitucional contenido en la sentencia C-022 de 1996. Del derecho al trabajo, aduce, que los concursos de méritos no generan una relación laboral, ni una condición para asegurar la estabilidad de los servidores públicos vinculados a la entidad que adelante el concurso.
Reitera que los exámenes médicos no constituyen una prueba dentro del proceso de selección sino un requisito que debe cumplir el aspirante para el ingreso al curso de formación; según el numeral 3.1.2. de la Convocatoria, los requisitos se dividen en tres grupos: i) requisitos generales; ii) requisitos para ingresar a la escuela penitenciaria nacional para realizar el curso de formación, dentro de los cuales se encuentra incluida la aptitud médica, psicológica y física para el debido desempeño del cargo; y iii) requisitos para nombramiento y posesión del cargo.

Por último precisa que en este caso no existe un peligro inminente ni un perjuicio irremediable porque el accionante fue excluido en cumplimiento de la convocatoria, la cual es ley para las partes conforme lo prevé el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, con fundamento en el diagnóstico médico emitido por la entidad certificada, que verificó que el accionante tenía un problema de salud que genera causal de NO APTO.


V.- CONSIDERACIONES
1.- PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER
Corresponde a la Sala determinar si al señor Juan Carlos Oviedo Oliveros se le han vulnerado los derechos fundamentales de participación y dignidad humana; libre desarrollo a la personalidad; igualdad; al trabajo; debido proceso y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, al ser excluido del proceso de Convocatoria Nº 127 INPEC 2009 para proveer el empleo de Dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitencio y Carcelario –INPEC, al ser calificado no apto en la prueba médica, con observación de proteinuria mayor 9 MG/DL..

2.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 enumera los casos en los cuales la tutela es improcedente; así:
1º) Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
“…”
El Decreto reglamentario 306 de 1992 al referirse a los derechos protegidos por la acción de tutela, en su artículo 2º determina:
De conformidad con el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.”
De otra parte, sobre el particular la Corte Constitucional ha reiterado:
3.2. Ahora bien, en el ámbito del derecho administrativo, se tiene que la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos[5], ya que para controvertir la legalidad de ellos están previstas acciones pertinentes en la jurisdicción contenciosa administrativa[6], en las cuales se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión del acto. Solamente en los casos en que exista un perjuicio irremediable, la tutela resulta procedente y habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del acto administrativo[7] u ordenar que el mismo no se ejecute[8], mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
“…”
Es claro entonces que mientras el afectado no demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable que afecte o amenace algún derecho fundamental, la acción de tutela se torna improcedente aún cuando fuere invocada como mecanismo transitorio, toda vez que en atención al carácter subsidiario, residual y proteccionista de derechos fundamentales que la Constitución asignó a la tutela, no es posible pasar por alto u obviar los otros medios de defensa con que cuenta el interesado, máxime cuando se trata de acciones contenciosas administrativas en las cuales se puede solicitar como cautela la suspensión del acto cuestionado en procura de hallar idoneidad y eficacia suficiente para evitar la consumación de un posible daño.”1

No obstante lo anterior, recientemente la jurisprudencia ha precisado que cuando se pretende la protección de los derechos fundamentales por irregularidades dentro de un concurso de méritos para la provisión de empleos del sector público, es procedente la acción de tutela al tratarse de actos que para el demandante impliquen la eliminación o exclusión del proceso, pues dado lo corto del proceso, exige soluciones prontas, eficientes y eficaces, que no serían garantizados con otros medios de defensa judicial como es el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; sobre el particular el Consejo de Estado ha señalado:
Es evidente que esos actos administrativos de contenido particular y concreto que aunque de trámite o preparatorios, se vuelven definitivos porque imposibilitan la continuación en el concurso, son susceptibles de control jurisdiccional. Por ello, en principio, la acción de tutela resultaría improcedente habida cuenta de su naturaleza subsidiaria y residual.
No obstante, ha de examinarse la efectividad de la acción ordinaria para efectos de lograr que la accionante, en el evento de ser cierta la amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales, logre continuar en igualdad de oportunidades en el concurso para el empleo de carrera administrativa al que aspira.
En ese sentido es claro que, para los fines que persigue la accionante, el medio de defensa ordinario no representa eficacia en tanto la actora en primer término debe adelantar una solicitud de conciliación pre judicial para, posteriormente, someter a control judicial tales actos. Entretanto, ante el avance del trámite del concurso, cualquier decisión judicial no resultaría oportuna.
Es por esta razón que ejerce la tutela a título de mecanismo transitorio y, en tanto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no ha caducado, no se vislumbra que utilice este remedio constitucional para eludir el control ordinario del acto administrativo, por la autoridad judicial competente.
La Corte Constitucional en Sentencia T -052 de 20092, prohijó la tesis de la procedencia de la acción de tutela en una situación similar y al respecto expuso:
“Con relación a la procedencia de la acción de tutela interpuesta como consecuencia de una irregularidad dentro de un concurso de mérito, esta Corporación ha sostenido que:
“ En lo que hace referencia a los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, a pesar de la presencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.” (Sentencia T-514 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).”3
En el mismo sentido se pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado:
a) Dentro del trámite del concurso propiamente dicho, existen etapas, fases o pruebas, algunas de ellas tienen carácter eliminatorio y otras clasificatorio, en consecuencia, el amparo será improcedente en relación con aquellos actos que para el demandante no impliquen la eliminación o exclusión del proceso, esto por cuanto al continuar en el mismo y pretender un mejoramiento de su posición tal asunto podrá ser discutido una vez configurada la lista de elegibles atendiendo a las reglas antes mencionadas.”4 (Resalta la Sala)
Atendiendo los precedentes jurisprudenciales citados, la Sala considera que al controvertirse el acto que excluyó del proceso de selección al accionante, esto es, el resultado prueba exámenes médicos que arroja como resultado “NO APTO”, la acción de tutela interpuesta es procedente y por consiguiente es del caso examinar si la Comisión Nacional del Servicio Civil y la empresa Cafesalud Medicina Prepagada, al impedir que continuara en el concurso, vulneraron los derechos constitucionales fundamentales invocados.

3.- LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE CARGO DEL INPEC.
3.1.- La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo N° 120 del 23 de octubre de 2009, reglamenta el proceso de selección para proveer por concurso - Curso abierto de méritos el empleo de Dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, Convocatoria N° 127 de 2009.
El artículo 4° del precitado acuerdo determina la estructura del proceso de selección así: 1) Convocatoria; 2) Divulgación; 3) Inscripciones (Reclutamiento); 4) Pruebas: a) Fase I: Aplicación de Pruebas Eliminatorias y Clasificatorias; b) Fase II: Cursos –Formación para varones N° 126, Formación para mujeres N° 127, Complementación para varones N° 015; 5) Conformación de Listas de Elegibles, y 6) Período de Prueba.
En cuanto a las normas que rigen el concurso el artículo 6º señala:
Las diferentes etapas del proceso de selección por méritos del empleo de Dragoneante, Código: 4114, Grado: 11 del INPEC, que se convoca mediante el presente acto, se regirán por el presente acuerdo y por las siguientes normas: Decreto Ley 407 de 1994, Decreto 760 de 2005, Resolución No. 09260 del 01 de Septiembre de 2009, y demás normas concordantes y aplicando la normatividad que garantice el respeto a la igualdad y al debido proceso de los aspirantes y los principios orientadores del proceso”
El artículo 8° ibídem establece las causales de exclusión del concurso, entre otras, la consagrada en el literal h) que señala “Ser calificado NO APTO en la valoración médico realizada.”; igualmente determina que el aspirante debe tener en cuenta las consideraciones previas al proceso de inscripción, previstas en el artículo 12, destacando la del literal g) que indica “El aspirante deberá demostrar que no tiene ningún tipo de afección médica, psicológica y física o mental que comprometa la capacidad necesaria para el debido desempeño del cargo, mediante la presentación de pruebas médicas, psicológicas y físicas, cuyo costo deberá ser asumido por cada aspirante. (Decreto Ley 407 de 1994, regulado en la Resolución No. 09260 del 01 de septiembre de 2009.”.
3.2.- La Resolución N° 09260 del 1° de septiembre de 2009 el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, establece las pruebas médicas, paraclínicas y psicológicas que se aplican en el proceso de selección de aspirantes a ingresar como estudiantes de los cursos de formación y complementación para Dragoneantes, código 4114, grado 11.
El artículo 5º de la precitada resolución prevé que el único resultado aceptado por el INPEC respecto de la aptitud médica y psicofisiológica del aspirante es el emitido por la entidad designada o contratada por la C.N.S.C. y “tendrá el carácter de definitivo para los efectos legales correspondientes”.
Por su parte el artículo 14 ibídem determina los grupos que contemplan lesiones y afecciones causales generales de no apto; el literal J establece lo siguiente:
J. RIÑÓN Y VÍAS URINARIAS
1. Glomérulonefritis

2. Síndrome nefrótico o nefrítico

3. Hematuria, hematíes en tira positivo y recuento mayor de 5 hematíes por campo.

4. Insuficiencia renal aguda o crónica, creatinina en suero mayor 1.4 miligramos por decilitro.

5. Hidronefrosis

6. Urolitiaasis; visualización de cálculos renales o ureterales en radiografía de columna lumbar.

7. Hidrocele

8. Nefrotomía

9. Infección urinaria recurrente o crónica.

10. Varicocele en cualquier clasificación

11. Agenesia testicular uní o bilateral

12. Proteinuria mayor o igual a 9 miligramos por decilitro.”

4.- EL SUBEXAMINE
En este caso el señor Juan Carlos Oviedo Oliveros se inscribió en la Convocatoria Nº 127 de 2009, mediante la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil inició el proceso de selección para proveer por concurso -Curso abierto de méritos el empleo de Dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-.
En el análisis de antecedentes obtuvo 70 puntos, es decir, cumplió los requisitos mínimos al verificarse los documentos soportes de la hoja de vida. Posteriormente efectuada la prueba de exámenes médicos y consultado el resultado en la página web de la entidad, registra que fue calificado “NO APTO” y en observaciones “PROTEINURIA MAYOR 9 MG/DL” (fl. 24).
El accionante el 17 de junio de 2010 presenta ante la Comisión Nacional del Servicio Civil reclamación contra el resultado de la evaluación médica realizada por Cafesalud Medicina Prepagada, la cual fue resuelta por la entidad el 29 del mismo mes y año, informándole, entre otros aspectos, que “no existe razón alguna para considerar que se haya presentado error en el diagnóstico efectuado a su condición médica por parte de CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA, y por lo tanto no es posible acceder a su solicitud” (fls. 25-26).
La Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo Nº 120 de 2009, determinó que la Convocatoria Nº 127 de 2009, a la cual se inscribió el tutelante, se rige por el Decreto Ley 407 de 1994, Decreto 760 de 2005 y la Resolución Nº 09260 de 2009.
Mediante la Resolución Nº 09260 de 2009 el INPEC establece las pruebas médicas, paraclínicas y psicológicas que se aplican en el proceso de selección de aspirantes a ingresar como estudiantes de los cursos de formación y complementación para dragoneantes, código 4114, grado 11, determinando a su vez en el artículo 14 los grupos que contemplan lesiones y afecciones causales generales de no apto: el numeral 12 del literal J. Riñon y Vías Urinaria, indica “Proteinuria mayor o igual a 9 miligramos por decilitro.” .
En razón a que el resultado de la prueba exámenes médico del accionante resultó no apto por “Proteinuria mayor 9 mg/dl” es evidente que no superó la prueba médica, lo que implica la exclusión del proceso de Convocatoria Nº 129 de 2009, por cuanto el inciso tercero del artículo 3º de la precitada Resolución 09260 de 2006 señala que “Será calificado NO APTO, el aspirante que presente alguna alteración médica, psicológica o pisquiátrica que no le permita desarrollar normal y eficientemente la actividad correspondiente al cargo, empleo o función según el perfil ocupacional establecido por el INPEC; razón por la cual será excluido del proceso de selección y formación. (Lo resaltado fuera de texto).
De otra parte, en cuanto a la prueba de laboratorio allegada (fl. 17) que según el accionante “dio como resultado que no tengo restricción médica, es decir no tengo PROTEINURIA MAYOR 9 MG/DL” (fl. 2), con la cual pretende demostrar que no padece la afección médica, no puede ser valorada por cuanto fue practicada el 6 de octubre de 2010, es decir, seis meses después de efectuada la prueba médica de la convocatoria, pues según la CNSC se realizó el 4 de abril de 2010 (fl. 94) y no indica el nivel de proteinuria que tiene el accionante.
Así las cosas como el demandante se presentó a la Convocatoria Nº 129 de 2009 para proveer por concurso – curso abierto de mérito el empleo de dragoneante, código 4114, grado 11 en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC, pero no cumplió los requisitos de valoración médica exigidos en la Resolución Nº 09260 de 2009, la CNSC estaba en el deber de excluirlo del proceso de selección y al ordenar la misma no le vulneró ninguno de sus derechos fundamentales.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
1.- NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por JUAN CARLOS OVIEDO OLIVEROS.
2.- NOTIFICAR personalmente esta providencia o por el medio más expedito -vía fax o/o telegráfica- a las partes, en la forma indicada en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.- Si no fuere impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión (artículo 31 del Decreto 2591 de 1991).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado

ENRIQUE DUSSÁN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado


1 Sentencia T-244 de abril 8 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

[5] Sentencias T-514 de 2003, T-435 de 2005 y T-368 de 2008.

[6] En sentencia T-629 de 2008, esta Corporación al referirse a la improcedencia general de la acción de tutela como mecanismo para impugnar o controvertir los actos administrativos, sostuvo que “[c]iertamente, el interés que tiene la Corte en preservar el carácter subsidiario y residual de la tutela radica fundamentalmente en el respeto o independencia que tienen las diferentes jurisdicciones y la competencia exclusiva que éstas mismas tienen para resolver los conflictos propios de sus materias, en un claro afán de evitar la paulatina desarticulación de su organismos y de asegurar el principio de seguridad jurídica”.

[7] Artículo 7° del Decreto 2591 de 1991.

[8] Artículo 8° ibídem.


2 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinoza

3 Sección Quinta. Sentencia del 11 de febrero de 2010. Radicación número: 25000-23-15-000-2009-01700-01(AC). Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia.

4 Sentencia de 6 de mayo de 2010. Radicación número: 25000-23-15-000-2010-00238- 01(AC). Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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