Tema 1: delitos contra la vida humana




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TEMA 1: DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA


A) DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE: HOMICIDIO Y SUS FORMAS. INDUCCIÓN Y AUXILIO AL SUICIDIO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA EUTANASIA
A.1 DELITOS CONTRA LA VIDA HUMANA INDEPENDIENTE

En los delitos contra la vida humana independiente se tutela la vida desde el nacimiento hasta la muerte.

  1. El momento en que comienza la vida humana independiente es discutido. Para unos, la vida humana comienza ya en el momento del parto. Otros exigen la respiración autónoma del recién nacido, o su percepción visual por parte de terceros, y, finalmente, otros requieren la total separación del claustro materno. Desde el punto de vista del derecho penal vigente en España, la vida humana independiente y, con ella, su destrucción como homicidio en el sentido en que se plantea este término en la rúbrica del Capítulo I del Titulo I, comienza desde el momento del nacimiento, entendiendo por tal la total expulsión del claustro materno, que es el único criterio que permite distinguir con claridad uno y otro momento de la vida humana, siendo indiferente que tras esta expulsión se produzca el corte del cordón umbilical, o que en el caso de parto por cesárea la expulsión se produzca por extracción del vientre materno, o que, para probar que el nacido ha nacido vivo, se exija a veces la respiración pulmonar autónoma del recién nacido. Mientras no se produzca el nacimiento, momento a partir del cual se entiende comienza la vida independiente, cualquier actuación delictiva contra la vida dependiente tiene que ser calificada como aborto o como lesiones al feto.

  2. La protección de la vida humana termina con la muerte real de la persona. Se admite como diagnóstico de la muerte tanto la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias como el cese irreversible de las funciones encefálicas. Estos criterios se establecen a efectos de poder realizar el trasplante de un órgano vital del ya declarado muerto a una persona viva, exigiéndose además que el médico o los tres médicos que certifiquen la muerte sean distintos de los que vayan a proceder a la obtención del órgano o a efectuar su trasplante. Lo normal es que la certificación del médico sea suficiente para dar por muerta a una persona.



A.1.1 HOMICIDIO



La palabra homicidio se emplea en el Código penal en un sentido amplio equivalente a la muerte de un hombre por otro, comprendiendo todas sus modalidades y variantes. El art 138 establece que: “El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a quince años”, como al correspondiente tipo imprudente del art 142 en la configuración básica que le da su párrafo 1: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

Tipo objetivo



El objeto material sobre el que recae directamente la acción y el sujeto pasivo en el delito de homicidio, y en todos los delitos de este grupo, es el hombre vivo físicamente considerado, mientras que el bien jurídico protegido es la vida humana como valor ideal.

Sujetos, activo y pasivo, pueden serlo cualquier persona, sin más limitaciones que las que provienen del concurso de leyes.

La acción consiste en matar a otra persona. Es posible la comisión por omisión, siempre que el sujeto activo tenga una posición de garante fundada en un deber legal o contractual, o en la creación de un riesgo para la vida mediante una acción u omisión precedente, que son las fuentes de la posición de garante, es decir, del deber de evitar el resultado que reconoce expresamente el art 11. La ley o el contrato determinan en cada caso quién es la persona jurídicamente obligada a actuar para impedir la muerte de alguien. La relación parental, sobre todo la derivada del parentesco consanguíneo o matrimonial, puede ser fuente suficiente para admitir la comisión por omisión de estos delitos; pero precisamente la referencia a la ley, fuente de la posición de garante en estos casos, dificulta extender la responsabilidad en comisión por omisión a los casos de relación de convivencia de hecho no sancionada jurídicamente.

También cabe por supuesto la creación de una situación de peligro para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente, la llamada idea de la injerencia.

El resultado es la muerte efectiva de otra persona. Entre la acción de matar y el resultado muerte debe mediar una relación de causalidad.

En el ámbito de lo típico sólo podrán imputarse aquellos resultados delictivos que, al menos, se hubieren causado por imprudencia. Los casos más conflictivos, una vez resueltos los problemas de la causalidad conforme a la teoría de la equivalencia de las condiciones, deben abordarse con las teorías de la imputación objetiva.

El factor tiempo es decisivo para la calificación definitiva de la acción ya que en el momento de juzgarla, sólo puede tenerse en cuenta lo que ha ocurrido hasta entonces, no lo que pueda o vaya a ocurrir. La prescripción del homicidio sólo comenzaría a computarse a partir de la consumación.

Tipo subjetivo



El tipo subjetivo específico del delito de homicidio previsto en el art 138 es el doloso, tipificándose el homicidio imprudente en los arts 142 (delito) y 621.2 (falta). El llamado homicidio preterintencional no es más que un subcaso del homicidio imprudente, al que por su especial importancia dedicamos un epígrafe independiente.

  1. El dolo exige el conocimiento y la voluntad de realizar las circunstancias del tipo objetivo, es decir, saber que se mata a otra persona y querer hacerlo. Basta con el dolo eventual, o sea que es suficiente con que el autor haya previsto la muerte de otra persona como una consecuencia probable de su acción y a pesar de ello haya actuado. Es irrelevante el error en la persona: igualmente será castigado quien creyendo matar a B mata por equivocación a C. Por el contrario, el error en el golpe (aberratio ictus) es siempre relevante. Si A dispara contra B pero por su mala puntería alcanza a C, habrá que castigar a A por tentativa de homicidio doloso en concurso con un homicidio o unas lesiones imprudentes.

  2. La imprudencia en el homicidio, como en los demás delitos, constituye el límite mínimo para la imputación del resultado delictivo. Para que se dé esta forma de imputación del delito es precisa la realización de una acción sin la diligencia debida, lesionando, por tanto, el deber de cuidado que es necesario tener en cuenta en la ejecución de acciones, delictivas o no, que previsiblemente pueden producir la muerte de alguien. La previsibilidad, objetiva y subjetiva, de la muerte constituye, en consecuencia, también un elemento conceptual del homicidio imprudente. Es necesaria la producción del resultado muerte en conexión causal con la acción imprudente realizada. Habrá tantos delitos de homicidio como resultados de muerte se hayan producido, aunque los plurales resultados se deriven de una sola acción imprudente. El homicidio imprudente siempre será delito cuando se causare por imprudencia grave. Si se trata de imprudencia profesional se impone, además de la pena de prisión de uno a cuatro años, la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años. Si el homicidio imprudente fuere cometido utilizando un vehículo a motor, un ciclomotor o un arma de fuego, se impondrá además la pena de privación del correspondiente derecho de uno a seis años. Esta pena es también aplicable, aunque en menor extensión, cuando el homicidio se causare por imprudencia leve, pero en este caso sólo se dará la falta prevista en el art 621, castigada con pena de multa de uno a dos meses, cuya persecución penal queda supeditada a la denuncia del representante legal de la víctima.

Existen tres criterios utilizados por la teoría de la imputación objetiva para solventar problemas de imputación de un resultado a una acción imprudente:

  1. El incremento del riesgo no permitido sirve para resolver los llamados procesos causales hipotéticos.

  2. El riesgo implícito en la acción imprudente debe realizarse en el resultado.

  3. El resultado debe producirse dentro del ámbito de protección de la norma, es decir, dentro del ámbito o actividad que regula la norma infringida por la acción imprudente.



El problema del llamado homicidio preterintencional


Se da esta figura cuando a consecuencia de unas lesiones dolosas causadas sin intención de matar, se produce la muerte del agredido y ésta es imputable a título de imprudencia.

Una vez afirmada la imputación objetiva procederá examinar si el resultado muerte producido era consecuencia de un comportamiento imprudente. Si se responde afirmativamente a esta cuestión, habrá que imputar el resultado muerte a título de imprudencia en concurso ideal con el delito o falta doloso que constituya el hecho inicial de lesiones.

En algunos casos de lesión perfectamente comprobada no habrá ninguna dificultad en admitir el correspondiente concurso ideal entre esta lesión consumada y el respectivo delito de homicidio por imprudencia, sobre todo si además ha habido un lapso de tiempo que permita claramente diferenciar un resultado de otro.

No puede valorarse igual la muerte producida a consecuencia de un acto imprudente que la muerte que se deriva de unas lesiones producidas con ánimo de lesionar aunque no de matar. La tesis del concurso ideal resuelve este último caso de un modo correcto teniendo en cuenta tanto el desvalor lesión dolosa inicial, como el desvalor muerte producida imprudentemente.

Causas de justificación


Entre las causas de justificación tienen especial importancia en el homicidio la legítima defensa y el cumplimiento de un deber, oficio o cargo.

Especialmente interesante es el problema del empleo de la violencia por parte de la autoridad o sus agentes cuando ésta produce la muerte de algún ciudadano. La gravedad de este hecho ha llevado a la doctrina y a la jurisprudencia a señalar unos límites con la idea de evitar todo exceso o desviación de poder. Estos límites son la necesidad racional de la violencia y su adecuación proporcional al hecho. Aunque algún sector doctrinal y jurisprudencial entiende que también es necesaria la agresión ilegítima, manteniendo una casi identidad con la legítima defensa, generalmente se considera hoy que no es necesario este requisito para justificar el ejercicio de la violencia por la autoridad. Las acciones violentas de la autoridad tienen que ser necesarias para restablecer el orden perturbado y sólo estarán justificadas en la medida en que sean necesarias.

Solamente deberán utilizarse las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el párrafo anterior (es decir, los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance).

Tentativa y actos preparatorios


En orden a la delimitación entre acto preparatorio impune y tentativa punible se tiende a ampliar, por razones político-criminales, el ámbito de la punibilidad de la tentativa a casos que no son propiamente ejecutivos y no constituyen, por tanto, tentativa punible. De acuerdo con la teoría dominante en la delimitación entre acto preparatorio y acto de tentativa hay que atender al plan del autor y a la descripción de la acción en el tipo legal.

Hay que considerar, desde el punto de vista legal, que no existe, sin embargo, acto ejecutivo alguno de matar en el hecho de sacar un arma de su funda o en el de comprar el arma para matar a la víctima. Cosa distinta es que muchos de estos hechos puedan ser castigados como amenazas, o por tenencia ilícita de armas.

También son punibles, conforme dispone el art 141 tanto para el homicidio, como para el asesinato, la provocación, la conspiración y la proposición.

Respecto a la delimitación entre lesiones consumadas y tentativa de homicidio la distinción es clara en el plano teórico, pues la tentativa de homicidio supone siempre la intención o dolo, es decir, la intención de matar, lo que por definición falta en las lesiones. En la práctica, sin embargo, es difícil distinguir un caso de otro.

Entre la tentativa de homicidio y las lesiones consumadas existe un concurso de leyes que habrá de resolverse aplicando la pena de mayor gravedad.

También se impondrá la pena de las lesiones consumadas cuando el homicidio intentado quede impune por desistimiento voluntario y eficaz del autor. Cuando son varias las acciones continuadas en un breve lapso de tiempo existe un único delito de homicidio, consumado o intentado, según se produzca o no la muerte.

Circunstancias modificativas


Muchas veces pueden apreciarse las causas de justificación como eximentes incompletas sobre todo cuando se deben a la falta de un requisito no esencial o a excesos explicables por el propio estado emocional del que, por ejemplo, actúa originariamente en legítima defensa.

También cabe apreciar como circunstancias atenuantes, a través de la eximente incompleta del art 21.1 o de la atenuante 2 del art 21, los trastornos mentales, el miedo insuperable o la embriaguez y la drogadicción.

Respecto a las agravantes, en principio son aplicables todas las previstas en el art 22, salvo las mencionadas en el art 139. Dichas agravantes inciden en la determinación de la pena conforme a las reglas generales.

Las relaciones parentales entre el autor del homicidio y la víctima pueden constituir, según el art 23, tanto una circunstancia agravante, como una atenuante, aunque en este delito y en el asesinato serán normalmente consideradas como una agravante, pero sin llegar, como sucedía en el Código penal anterior, a constituir un delito autónomo de parricidio, que con buen criterio ha sido eliminado del nuevo Código penal.

A.1.2 ASESINATO


La muerte de una persona a consecuencia de la acción realizada por otra, valiéndose de medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o peligrosidad, ha sido tradicionalmente castigada más severamente que el simple homicidio.

Será castigado con la pena de prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Con alevosía

  2. Por precio, recompensa o promesa

  3. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

Del tenor literal se desprende que basta la concurrencia de una de ellas para elevar la muerte de una persona a la categoría de asesinato. El asesinato es un delito distinto, independiente y autónomo del homicidio.

Breve estudio de las circunstancias agravantes en el asesinato




  • La alevosía viene definida en el número primero del art 22 definición que también es válida para el art 139. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Según una reiterada jurisprudencia, la muerte de niños, ancianos, impedidos, etc., debe estimarse siempre como alevosa y, por tanto, como asesinato. Este criterio es incompatible con el sentido literal de la definición legal antes transcrita, porque en estos casos el sujeto activo no emplea medios, modos o formas de ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sino que se encuentra con una situación no provocada ni buscada por él. Por otra parte, tampoco hay en estos casos posible reacción defensiva por parte del ofendido, faltando con ello el segundo requisito objetivo de la alevosía. De acuerdo con esta interpretación, los casos que en el anterior Código penal calificaban de infanticidio no tienen ahora que ser necesariamente calificados de asesinato, sino como homicidio, valorándose dentro de este tipo las circunstancias emocionales o los trastornos mentales que puedan darse en esta clase de hechos. En casos como los citados todo lo más se puede tener en consideración la agravante de abuso de superioridad que desde luego no eleva el homicidio a la categoría de asesinato. La cuestión de la alevosía es menos discutible en el caso de durmientes, sobre todo cuando esta situación de sueño ha sido provocada por el sujeto activo, suministrando, por ejemplo, un narcótico a la víctima o esperando a que ésta se duerma para matarla. No cabe duda de que aquí sí se busca y se crea el aseguramiento de la ejecución y se evita toda posibilidad de defensa. La alevosía puede aparecer en cualquier momento de la ejecución del delito, pero también puede suceder que se inicie la ejecución del hecho alevosamente y que termine simplemente como homicidio, si por ejemplo se dispara contra la víctima, primero a traición, sin alcanzarla y cuando ésta, apercibida, se encuentra frente al agresor, vuelve éste a disparar, matándola. En este caso, admitir el concurso entre tentativa de asesinato y un homicidio doloso consumado supone descomponer la acción de matar en una serie de secuencias aisladas desconectadas entre sí e ignorar que una vez iniciados los disparos, y reiterados éstos sin solución de continuidad, la modificación de la situación de la víctima sólo puede influir en la calificación de alevosía en el caso en el que la situación alevosa originaria haya cambiado sustancialmente, no cuando sigue existiendo la misma situación de indefensión. Tampoco se convierte automáticamente en alevosa la muerte producida por una puñalada en la espalda, o al rematar al contendiente caído en el suelo, en el transcurso de una pelea en la que ambos contendientes actúan en igualdad de condiciones. La alevosía no exige ningún tipo de premeditación o preparación y puede surgir en el mismo momento en que se ejecuta el hecho. En algunos casos, el medio empleado para ejecutar la muerte puede ya de por sí constituir alevosía, por eso se ha prescindido en la nueva regulación del asesinato de la agravante de por medio de inundación, incendio, veneno o explosivo, supuestos que pueden incluirse dentro del concepto de alevosía. La alevosía absorbe las agravantes de disfraz y abuso de confianza y superioridad, lo que no quiere decir que siempre que se den estas agravantes se dé también la alevosía, sino, al contrario, que siempre que se aprecie la alevosía no podrán apreciarse coetáneamente otras agravantes similares.

  • No basta que el sujeto que mata reciba posteriormente una determinada dávida por lo que ha hecho, sino que es preciso que lo haya hecho sobre la base de tal motivo. Según la jurisprudencia y la doctrina dominantes el precio, recompensa o promesa han de tener un carácter económico. Esta circunstancia requiere, por lo menos, la presencia de dos personas: la que ofrece el precio y la que lo recibe.

  • Ensañamiento. Propuesta de interpretación de esta agravante. El aumento deliberado del sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito, el ensañamiento en el art 139 únicamente se refiere al aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido, sin especificar si ese dolor debe o no ser innecesario. Es necesario para que concurra este requisito que se aumente deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido, es decir, que se aumenten sus sufrimientos con actos de crueldad, torturas, servicias, etc., previos a la producción de la muerte, independientemente que de ello sea o no necesario para la ejecución del delito. La doctrina y la jurisprudencia consideran, sin embargo, aplicable esta agravante solamente cuando el aumento del dolor de la víctima sea innecesario para la ejecución del delito. La mayoría de las formas con las que se puede matar a una persona representan un dolor o sufrimiento, físico o psíquico, para la víctima, por lo que el sentido de la agravación que el ensañamiento representa debe basarse en que efectivamente el sujeto activo no sólo quiera matar, sino hacer sufrir a la víctima, por ejemplo, torturándola previamente, sin que ello sea estrictamente necesario para conseguir su propósito homicida. Pero muchas veces no se puede decir que la tortura sea realmente innecesaria desde el punto de vista del plan concebido por el autor o autores del asesinato. Los actos de ensañamiento con el cadáver, las acciones sádicas post mortem, están excluidas del concepto legal de ensañamiento, ya que en este caso no hay dolor que aumentar. Otra cosa sucede cuando, antes de que se produzca la muerte, se infieren gran número de puñaladas o de golpes de forma continuada hasta provocarla, teniendo en cuenta que, por muy graves que sean las heridas, la muerte no se produce en estos casos siempre de forma instantánea y mientras tanto la víctima que está siendo salvajemente apuñalada o golpeada sufre una lenta agonía. Aunque el ensañamiento no se mide por el número de golpes, no cabe duda de que continuar las agresiones hasta provocar la muerte, cuando se hace de forma deliberada mientras la persona está viva, puede ser considerado como una forma de ensañamiento. Los casos de humillación y vejación de la víctima y la causación de dolor moral entran también en el concepto de ensañamiento y, por tanto, si van seguidos de la ejecución de la muerte ésta se debe calificar de asesinato.


Naturaleza de las circunstancias agravantes del asesinato
Como se desprende del tenor literal del art 139 basta con la concurrencia de una sola de las circunstancias mencionadas en el art 139 para la calificación del hecho como asesinato. Puede suceder, que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancia citadas en el art 139. En este caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato, pero las demás, a diferencia de lo que ocurría en el Código penal anterior, determinan la aplicación del tipo cualificado del art 140, por lo que, sólo una vez que estemos en el marco penal de este artículo se podrá acudir al régimen general de la determinación de la pena en función de la concurrencia de circunstancias modificativas genéricas, agravantes o atenuantes, que sí se computan conforme al régimen general previsto en el art 66. Si concurre sólo una circunstancia calificadora del asesinato, se aplica la pena del art 139 (15 a 20 años de prisión) y dentro de ese marco se aplican las agravantes y atenuantes genéricas conforme al régimen general previsto en el art 66. Si se dan dos circunstancias del art 139, una de las dos se puede tomar para calificar el hecho como asesinato, mientras que la otra funcionará como agravante específica que obliga a recurrir al marco penal del art 140 (20 a 25 años) y dentro de este marco se computan conforme a las reglas generales de determinación de la pena del art 66 las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas que concurran.

Elementos comunes con el homicidio
Ambos delitos tienen algunas características comunes. Así, aparte de la igualdad en el bien jurídico protegido, coinciden los sujetos, activo y pasivo, el objeto material y los problemas de la relación de causalidad.

En el tipo subjetivo existe una diferencia fundamental. Mientras que en el homicidio cabe la comisión imprudente, no se puede cometer el asesinato por imprudencia. La naturaleza misma de las circunstancias del art 139 se opone a esta posibilidad, ya que unas exigen la referencia del dolo a ellas mientras que el precio, recompensa o promesa constituye un móvil incompatible con la imprudencia. La muerte ocasionada empleando un medio objetivamente alevoso pero sin intención de matar, constituirá, todo lo más, un homicidio por imprudencia nunca un asesinato.

Más discutible es la posibilidad de dolo eventual en el asesinato. Desde luego no existe problema alguno en calificar como asesinato el hecho de poner una bomba de relojería en un buque para cobrar una prima de seguro, provocando su hundimiento y la muerte de varias personas, que, como consecuencias necesariamente unida al resultado pretendido, puede ser imputada a título de dolo directo.

Si en algo se diferencia el asesinato del homicidio doloso simple es en que la finalidad, más o menos amplia, de matar viene afianzada, en el asesinato, por el empleo de determinados medios o la presencia de unos móviles que tienden claramente a esta finalidad. Si, por el contrario, el empleo de esos medios se hace para asegurar la ejecución de un hecho que probablemente puede producir la muerte, pero no de un modo seguro, o con el fin de dar un susto o un escarmiento, torturando a alguien sin pretender matarlo, pero asumiendo el riesgo de que la paliza produzca este fin, entonces estaremos en los dominios del homicidio doloso simple, por más que el hecho en sí y la muerte, si se produce, produzcan el mismo sentimiento de rechazo que cuando se hace con ánimo directo de matar.

En el caso de que la muerte se produzca como consecuencia de un atentado terrorista, el art 572.1.1º impone una pena de prisión de veinte a treinta años (de veinticinco a treinta en el supuesto del apartado 2 del mismo artículo), lo que puede entenderse como una especie de delito cualificado por el resultado.

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