A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez




descargar 56.06 Kb.
títuloA los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez
fecha de publicación02.02.2016
tamaño56.06 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Documentos > Documentos
En la ciudad de Mar del Plata, a los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa G-1214-BB1 “SUCESORES DE GUILLERMO RAMÓN SAA c. MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Sardo y Riccitelli, y considerando los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El entonces titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca dictó sentencia, rechazando la pretensión anulatoria entablada por la parte actora (Sucesión de Guillermo Ramón Saa) contra la Municipalidad de Tres Arroyos. Además, distribuyó las costas del proceso en el orden causado, de conformidad con lo prescripto por el art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. y reguló los honorarios de los letrados de la accionante [v. fs. 75/83].

II. Declarada por esta Cámara la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 89/94 contra dicho pronunciamiento -replicado por la demandada a fs. 97/101- [cfr. resolución de fs. 107/108], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente

CUESTION

¿Es fundado el recurso?

A la cuestión planteada, la señora Juez doctora Sardo dijo:

I.1. En lo que aquí interesa para resolver el recurso traído a esta instancia, el a quo dictó sentencia rechazando la pretensión anulatoria entablada por la parte actora (Sucesores de Guillermo Ramón Saa) contra la Municipalidad de Tres Arroyos.

Para así decidir, señaló -en primer término- que en atención al modo como las partes habían planteado sus posiciones, el núcleo del debate se ceñía a determinar si el acto administrativo de adjudicación impugnado en la causa (dictado en el marco de la licitación pública N° 1/2006; expte. admt. N° 4525-C-2006), por el que se dispuso otorgar la concesión de los Servicios de Nefrología, Hemodiálisis y DPCA del Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos a la empresa “Fresenius Medical Care Argentina S.A.” adolecía –o no- de vicios que, en consecuencia, lo tornaran nulo.

Seguidamente, reafirmó su competencia material para entender en este tipo de asuntos (en los que un oferente desplazado –en el caso la actora- cuestiona una decisión administrativa adoptada en el marco de un procedimiento de selección del contratista estatal), dejando asimismo aclarado, previo a abordar la temática de fondo, que la peticionante no había controvertido en el proceso –cosa que, en cambio, sí perpetró en sede administrativa- las razones que motivaron la desestimación de su oferta por parte del Municipio demandado.

Sentado ello, expresó –con citas jurisprudenciales- que las normas del Pliego de Bases y Condiciones de la “Licitación Pública” N° 1/2006 (en adelante, el P.B.C.) constituían la “ley del contrato”, de sujeción obligatoria para las partes intervinientes y que, por tal razón, se convertían en la herramienta indispensable para, a través de su interpretación, dar respuesta a los cuestionamientos formulados por la accionante en torno a la validez del procedimiento de selección seguido, que culminara con el desestimación de su oferta y la adjudicación a la firma “Fresenius Medical Care Argentina S.A.”.

Con tal norte, abordó la primera de las objeciones denunciadas por la demandante, quien manifestara que la propuesta en definitiva aceptada –y adjudicada- no constituía una oferta “alternativa”, sino más bien una oferta “variante” que, por sus propias características, no admite la comparación con las restantes ofertas, en tanto violaría el principio de igualdad entre los oferentes.

Así, apuntalado en calificada doctrina, esbozó las definiciones de “oferta alternativa” –la que defendió en su pertinencia, siempre que se encuentre expresamente prevista en el P.B.C.-, “pedido de oferta alternativa” y, finalmente, la de “oferta variante”.

Sin perjuicio de ello, subrayó que la claridad del art. 25 del P.B.C. -que autoriza a cualquier oferente a presentar ofertas alternativas para la prestación del servicio licitado “… en el caso de que desearan incorporar más sillones a los mínimos exigidos (para la oferta básica), que incluyan la adaptación y/o ampliación del sector destinado a tales fines (local ubicado dentro del hospital designado al efecto)…” aunque nunca relevándolos del deber de presentar su oferta básica por el servicio original- permitía resolver la cuestión planteada sin mayores problemas y dentro de los propios límites del marco normativo de la licitación.

Adujo, en tal sentido, que del expediente administrativo anejado se desprendían las siguientes conclusiones de utilidad para la resolución del litigio: (a) que sólo la “Sucesión de Guillermo Ramón Saa” y “Fresenius Medical Care Argentina S.A.” presentaron ofertas al llamado a licitación (conf. acta de fs. 17); (b) que, además de la oferta básica, “Fresenius Medical Care S.A.” formuló una propuesta alternativa en los términos del art. 25 del P.B.C. (v. fs. 260/267); (c) que la “Comisión de Preadjudicación” designada a tal efecto (cfr. fs. 276), previo a recibir los informes de rigor, aconsejó lo siguiente: i) desestimar la oferta de los Sucesores de Guillermo Ramón Saa, por no haber presentado debidamente la manifestación de bienes, por no haber acreditado su capacidad económico financiera para acometer las obras a realizar y adquirir los elementos necesarios para la prestación del servicio, y –además- por mediar un impedimento para contratar con el Municipio de parte de los Dres. María Ester Domínguez y Javier Ángel Vallotto, integrantes de la “Sucesión de Guillermo Ramón Saa”; ii) rechazar las observaciones formuladas por la “Sucesión de Guillermo Ramón Saa” a la oferta alternativa presentada por Fresenius Medical Care S.A.; iii) adjudicar la licitación a la propuesta alternativa de ésta última (cfr. fs. 297); (d) que, finalmente, por Resolución N° 52/07 –de fecha 12/02/2007- se resolvió la adjudicación en el sentido aconsejado por la “Comisión de Preadjudicación” y, en consecuencia, se rechazó la propuesta presentada por los Sucesores de Guillermo Ramón Saa (cfr. fs. 298).

Juzgó, teniendo en mira los antecedentes descriptos, que las críticas dirigidas por la actora con el fin de demostrar una supuesta irregularidad del procedimiento debían ser rechazadas en su totalidad.

Así, explicó que –a tenor de las condiciones impuestas por el art. 25 del P.B.C.- la autoridad licitante no había obrado en violación al principio de igualdad de los oferentes al adjudicar la concesión del servicio a la firma Fresenius Medical Care S.A., desde que dicho oferente no sólo había cumplido con su obligación de formular la propuesta básica (v. fs. 258/259, expte. admt.), sino que –además- su oferta alternativa (fs. 260/267) cumplía adecuadamente con los primeros dos requerimientos impuestos por el pliego en el precepto en cuestión (vgr. incorporación de más sillones de hemodiálisis a los mínimos exigidos para la oferta básica, y adaptación y ampliación del sector en donde aquellos se emplazarían).

Acto seguido, resaltó que tampoco resultaba exacta la afirmación de la actora de que la propuesta básica de Fresenius Medical Care S.A. no fuera analizada ni considerada por el Municipio, toda vez que –según discurrió- las ofertas básicas de los únicos oferentes intervinientes, antes de ser elevadas al estudio de la “Comisión de Preadjudicación”, fueron pormenorizadamente analizadas por la Contaduría Municipal (v. fs. 280/287 expte. admt.) y por la Dirección Técnica del Centro de Salud Municipal (fs. 288/289) y que, tomando como referencia aquellos análisis previos, la Comisión de Preadjudicación concluyó declarando: (a) inadmisible la oferta básica patrocinada por la Sucesión de Guillermo Ramón Saa; (b) admisible la básica u original presentada por Fresenius –conforme las pautas del dictamen de fs. 289, parte final- y, (c) adjudicable la oferta alternativa planteada por Fresenius.

Del mismo modo, descalificó el restante argumento abrigado por la actora, quien sostuvo que, como paso previo a la adjudicación de la propuesta alternativa, era necesario adjudicar la oferta básica. Consideró en torno a aquella cuestión que, tanto por la forma en que se resolvió la licitación (declarando admisible únicamente una de las dos propuestas presentadas) como de los propios términos términos en que fuera concebido el art. 25 del P.B.C., resultaba claramente que el mentado requisito no era en modo alguno exigible ya que exclusivamente reconocía como ineludible la “presentación” del ofrecimiento.

De otro lado, descartó –a diferencia de lo propuesto por la actora- que la oferta básica de Fresenius (quien ofreció como canon mensual a abonar a la concedente por la prestación del servicio la suma de $ 2.000,= –explicando y justificando cómo llegó a esa cantidad a fs. 321/323-) fuera inadmisible por violar lo dispuesto por el art. 29 del P.B.C., precepto que determina que el importe a abonar debe ser equivalente a un mínimo del 5% de la facturación mensual de dicho servicio.

Según meritó, la exigencia que trae el P.B.C. en torno al valor del canon a pagar, es que éste sea “equivalente” a un mínimo que el ente licitante fijó en el 5% de la facturación mensual, vale decir –señaló- que “… por la forma como está redactada la norma, el canon viene a ser de monto indeterminado aunque determinable, determinación que dependerá de la cantidad de servicios facturados durante el mes anterior de pago…”.

Así, puntualizó que –en su sentir- la indeterminación del monto mínimo a abonar, pudo haber colocado en una seria dificultad a los oferentes quienes bien podrían haberse encontrado ante la situación de no poder concretar su oferta en la forma requerida por el pliego ante la ausencia de uno de los parámetros a considerar para la fijación del canon, situación que –a su juicio- no puede resolverse de ningún modo en desmedro de los oferentes.
Concluyó, en ese orden de ideas, que fue la propia indeterminación del P.B.C. la que llevó autorizar la utilización de fórmulas distintas –destacando que cada uno de los oferentes, a su manera, supo sortear dicha dificultad proponiendo fórmulas alternativas a las del pliego (cumpliendo así con su obligación de completitud respecto de las condiciones del llamado)-, por lo que no podría invocarse –según entendió- violación alguna al principio de legalidad de la licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, puntualizó también que la propia inclusión del término “equivalente” en el texto de la norma (vgr. art. 29 P.B.C.) conllevaba la posibilidad de que pueda ofrecerse un precio (canon) expresado en una suma de dinero que “equivalga” al porcentaje fijado, a su vez, de base indeterminada.

Retomando el análisis de la oferta alternativa formulada por Fresenius, y con relación a la condición restante impuesta por el art. 25 del P.B.C. –vg. necesidad de que las mejoras a incorporar con la oferta alternativa queden en beneficio del concedente-, desautorizó la objeción blandida por la accionante, quien alegó que dicha propuesta no satisfacía los requerimientos fijados en los arts. 7° y 25 del P.B.C.

Manifestó que –en principio- no resultaba acertado vincular ambos preceptos, en tanto el primero regula la situación de las mejoras que se incorporen a lo largo de la relación contractual en el marco de la oferta básica, mientras que el segundo hace lo propio pero circunscribiendo su radio de actuación a las mejoras que se introduzcan en la ejecución de la oferta alternativa.

Por lo demás, recordó que es de la propia esencia de las ofertas alternativas que éstas puedan apartarse de las prescripciones del P.B.C., confiriendo al oferente una mayor libertad a la hora de exhibir y plantear su propuesta. En el caso –señaló-, todas aquellas mejoras que excedan la propuesta deberán quedar en beneficio exclusivo del concedente, mientras que –por el contrario- las que sean consecuencia directa de la oferta del servicio a implementar, se regirán por su formulación, esto es, serán adelantadas por el licitante y descontadas de los cánones a vencer. Por lo expuesto, concluyó que desde el punto de vista de la legalidad la impugnación no podía tener andamiaje.

2. La parte actora apela la sentencia y expresa sus agravios a fs. 89/94.

Recuerda liminarmente que en su escrito de demanda sostuvo que la adjudicación a la oferta variante de la firma Fresenius Medical Care S.A. importó la violación al principio de igualdad de los oferentes, en tanto resulta imposible comparar las ofertas del modo en que lo hizo la Comuna –vg. cotejando una oferta básica (la de la accionante) contra una oferta variante (la de la restante oferente), debiendo compararse en cambio ambas ofertas básicas.

Partiendo entonces de aquella premisa, destaca que basta con analizar el contenido de los informes a los que hizo referencia el sentenciante para constatar, sin margen para la duda, que la oferta básica de Fresenius nunca fue evaluada ni comparada con la presentada por su parte, única vía posible para fundar adecuadamente su caracterización como oferta más conveniente en el marco de la licitación. Se agravia, así, de lo resuelto por el fallo en punto a dicha parcela.

De tal modo, y respecto del Informe de Contaduría Municipal (de fs. 280/287), sostiene –de un lado- que “… resulta difícil de imaginar la posibilidad de analizar en forma pormenorizada una oferta compleja como la de nuestro mandante en un informe de media carilla…” y –del otro- que el mentado informe tan sólo se limitó a señalar que tanto la actora como Fresenius habían presentado las constancias de inscripción en A.F.I.P. y Rentas y que los activos del estado patrimonial de Fresenius Medical Care S.A. eran más importantes que los de la actora, apreciación que –a su juicio- no puede ser considerada como una verdadera comparación entre ofertas básicas.

Asimismo, arguye que el Informe de la “Dirección Técnica del Centro de Salud Municipal” (de fs. 288/289) se limitó a efectuar un estudio técnico comparativo entre la propuesta básica solicitada en el pliego –en líneas generales- y la oferta alternativa realizada por Fresenius, sin efectuar consideraciones en cuanto a la oferta básica de ambos oferentes. Por tanto, reprende el razonamiento seguido por el a quo, quien consideró que dicho informe resulta ilustrativo en punto a que la propuesta básica de Fresenius había sido adecuadamente estudiada.

Refiere –además-, a propósito del Acta de la “Comisión de Preadjudicación” (de fs. 297), que aquel documento no es sino la prueba acabada de que –en todo momento- la comparación se practicó entre la oferta alternativa de Fresenius y la oferta básica formulada por su parte. A tal fin, transcribe fragmentos de dicho dictamen.

Replicando también lo sostenido en la sentencia apelada –en tanto allí se afirma que, como paso previo a la adjudicación de la oferta alternativa, no es imprescindible adjudicar la oferta básica-, explica que si el P.B.C. no ha aclarado expresamente que deben compararse las ofertas básicas –y que sólo podría considerarse la oferta alternativa de quien resulte adjudicatario en su propuesta básica-, es porque ello resulta de toda obviedad, constituyendo una práctica habitual en el marco de toda licitación, por lo que la mera presentación de la oferta básica –como si se tratara de una simple formalidad- resulta a su juicio insuficiente.

Resalta, por otra parte, que el canon de $ 2.000,= mensuales ofrecido por Fresenius –como contraprestación de los servicios concedidos- trasunta un claro vicio de ilegalidad, por violar las exigencias del P.B.C. Desde tal plataforma, sostiene que en modo alguno podría arribarse a una conclusión como la sentada por el juez a quo, en la medida en que el Pliego es claro en su literalidad y el canon ofrecido por la firma viola sus exigencias. Así postula que, a más de confusa, la apreciación del magistrado ha desoído por completo lo requerido por el art. 29 del P.B.C., que obliga a ofrecer un canon de como mínimo el 5% de la facturación mensual.

Alega, a todo evento, que el hecho de que su parte haya ofrecido un canon del 10% calculado sobre los importes efectivamente percibidos (y no sobre el total de los facturados) –proceder que a criterio del sentenciante de grado se apartaría también del sistema impuesto por el art. 29 del P.B.C.-, no es argumento útil para purgar el vicio que porta la propuesta de Fresenius, toda vez que, en caso de considerar que ninguna de las ofertas se ajustaba al Pliego de Bases y Condiciones, deberían haberse descartado ambas por inadmisibles, declarando la licitación desierta, sin que sea posible adjudicar a una de las ofertas que ostenta un vicio grave, con el argumento de que la otra, en el mismo ítem (vg. canon), exhibe un vicio también. Por lo expuesto, postula que la oferta básica de Fresenius debió ser rechazada, lo cual hubiera arrastrado -a su vez- a la oferta variante que resultó finalmente adjudicada.

Desautoriza, desde otro plano, la intelección practicada por el a quo respecto de los arts. 7 y 25 del P.B.C. y del destino que, en el razonamiento de aquél, debían seguir las mejoras introducidas en el establecimiento.

Expone, sobre el tópico, que el hecho de que ambos preceptos dispongan que en caso de realizarse mejoras en el establecimiento aquellas quedarían en favor de la Comuna, implica que ellas deberán ser afrontadas por el adjudicatario, ya que de lo contrario –es decir, si fuera el propio Municipio quien costeara las mejoras- dicha aclaración no tendría razón de ser.

Concibe desacertado que el a quo haya desvinculado las normas en cuestión (arts. 7 y 25 del P.B.C.), ya que sostiene que el art. 7 se encuentra receptado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el cual precisamente por su generalidad es aplicable tanto a la oferta básica como a la propuesta alternativa.

Sin perjuicio de ello, esgrime que el art. 25, inserto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares –y aplicable exclusivamente a la propuesta alternativa-, contiene idéntica previsión que el art. 7, desde que establece que en caso de que los oferentes desearan incorporar más sillones a los mínimos exigidos, podrán presentar alternativas que incluyan la adaptación y/o ampliación del sector indicado, disponiendo que todas las mejoras quedarán en beneficio del concedente.

Con ello, reitera que el pronunciamiento de grado ha enfocado erróneamente el problema, habida cuenta que –aún aceptando que ambas normas no pueden analizarse en forma correlacionada (lo cual, insiste, de modo alguno es así)-, la sola aplicación del art. 25 del P.B.C. dejaría igualmente al descubierto el vicio de ilegalidad manifiesta que afecta a la oferta alternativa de la empresa Fresenius Medical Care S.A. y la desviación de fondos públicos que ella encierra, puesto que se estaría suscribiendo encubiertamente un contrato de concesión de obra pública sin cumplir con los requisitos que la normativa aplicable establece para ello.

Menos aún coincide con la idea esbozada por el juez de grado, por la que afirmó que es de la propia esencia de las ofertas alternativas que éstas puedan apartarse de las prescripciones del P.B.C., confiriendo al oferente una mayor libertad a la hora de exhibir y plantear su propuesta.

Tras remitirse por razones de brevedad a lo dicho sobre el punto en el escrito de demanda, argumenta que la oferta –sin importar si es básica o alternativa- jamás puede apartarse de las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales, en tanto que dicho instrumento no es sino la ley misma de la licitación.

Sin desmedro de lo anterior, denuncia que –aunque se aceptare la posibilidad de que las ofertas alternativas pudiesen alejarse en cierta medida de lo dispuesto por el P.B.C.-, la sentencia resultaría igualmente contradictoria, por contener un vicio que la haría caer en el absurdo, ya que ha sido el propio juzgador quien afirmó –en el considerando 5.1.a. del fallo- que la incorporación de las mejoras en beneficio del concedente constituía uno de los requisitos de admisibilidad de la oferta alternativa y, más luego, al referirse específicamente a dicho tema señaló que se trataba de un aspecto del P.B.C. respecto del cual el proponente podía apartarse.
Critica por último el pronunciamiento impugnado, en cuanto entendió que las mejoras que debían quedar en beneficio exclusivo del concedente eran sólo aquellas que excedieran de la propuesta básica y que, por el contrario, las que fueran consecuencia directa de la oferta del servicio a implementar se regirían por su formulación, esto es, serían adelantadas por el licitante y descontadas de los cánones a vencer. Arguye, sobre el tópico, que “… se trata de una interpretación completamente libre –por no decir forzada- del Pliego de Bases y Condiciones, tanto general como particular…”, ya que la conclusión sentada no surge de pasaje alguno de su texto (ni expresa ni tácitamente) y choca de modo palmario con las previsiones de los arts. 7 y 25 del P.B.C.

Hace reserva del Caso Federal y solicita, con todo, que se haga lugar al recurso de apelación incoado por su parte.

3. El Municipio accionado replica el memorial a fs. 97/101.

Aduce, liminarmente, que el recurso interpuesto no cumple con los requerimientos básicos impuestos por la legislación, atento no constituir una crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se intenta revocar.

No obstante, manifiesta que el proceso licitatorio ha sido totalmente transparente y sujeto a las normas legales, por lo que –a su entender- resultan estériles los argumentos de la contraria que intentan persuadir de una supuesta violación a los principios de igualdad y legalidad en el marco de la licitación.

Valiéndose de citas autorales define a la oferta alternativa y explica, de conformidad con ello, que los esfuerzos de la apelante de diferenciar entre oferta alternativa y oferta variante carecen de total interés, en tanto la oferta alternativa será siempre diferente a la básica requerida en el P.B.C.

Sostiene que el art. 25 del P.B.C. permite la presentación de propuestas alternativas que incluyan mayor cantidad de sillones para diálisis que los mínimos exigidos –no sólo la adaptación sino también la ampliación del sector indicado para la oferta básica-, sin desconocer que -para poder hacerlo- se debe presentar también la oferta básica.

Alega que la firma Fresenius S.A. ha presentado su propuesta básica de conformidad con lo requerido por los arts. 1° -que define a los servicios licitados con carácter general- y 26 del P.B.C. –que describe a los recaudos mínimos exigidos para satisfacer la oferta básica- (conf. “Memoria y Descripción de los Servicios Ofrecidos”; fs. 80/90, 94/95 y 258/259).

Refiriéndose al porcentual (canon) que el art. 29 del P.B.C. fija para retribuir los servicios concedidos y el ofrecimiento patrimonial perpetrado por Fresenius S.A., indica que dicha empresa, al firmar el Pliego, ha aceptado todas las condiciones impuestas por el licitante, quedando obligada a abonar, en concepto de canon, el equivalente al 5% de la facturación mensual. De allí que –en su parecer- la propuesta de la entidad debe entenderse como que ofreció la suma de $ 2.000,= con un mínimo equivalente al citado porcentaje y que, por tanto, no existe contradicción entre su oferta y lo exigido por el Pliego. Recuerda, también, que la actora se apartó de aquella norma del Pliego, cuando presentó una oferta en contradicción con su art. 29 –en tanto ofreció abonar un porcentaje calculado, no sobre la facturación, sino sobre los servicios efectivamente cobrados-. Aduce así que, con ello, el cobro quedaría siempre supeditado a la mayor o menor diligencia del concesionario en el trámite de la cobranza y sujeto a sus unilaterales declaraciones de cobro, de no siempre fácil control.

Se explaya sobre los distintos criterios de selección existentes, agregando que, al adjudicar una concesión pública, deben tenerse en cuenta, además del precio, la calidad e idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

Subraya que, no existiendo en el caso violación a la ley, emerge el impedimento plasmado en el art. 15 del P.B.C. -que veda todo tipo recurso contra el acto administrativo de adjudicación-, habida cuenta que –en su visión- no es legalmente posible para los oferentes cuestionar los criterios de valoración aplicados por la “Administración” para determinar cuál es la “oferta más conveniente” (como lo hicieron, en el caso, el Centro Municipal de Salud y el Depto. Ejecutivo Municipal para concluir que la oferta de Fresenius S.A. era la más conveniente).

Concluye, para más, que es principio recibido en el derecho que no se admiten las nulidades por las nulidades mismas. Por consiguiente, discurre que –al haberse decidido que la oferta de la apelante no era admisible ni conveniente- su petición estaba vaciada de legitimidad y legitimación, y por ende, debió ser rechazada.

En lo que concierne al destino de las mejoras previstas por el P.B.C., manifiesta que la recurrente no ha advertido que, al tratarse de una propuesta alternativa, ella no se encuentra alcanzada por todas las exigencias y las previsiones del Pliego, en tanto pueda cumplir con el objeto licitado. Precisamente por tratarse de una propuesta que constituye un proyecto propio del oferente –prosigue-, éste puede apartarse de algunas de las exigencias del P.B.C., pues se trata de una propuesta diferente en la forma de prestar el servicio, pero manteniendo el cumplimiento de lo principal de la licitación. Entiende así que, a partir de lo dispuesto por el art. 25 del Pliego, se desmorona todo intento de teñir de ilegalidad a la propuesta adjudicada y al acto mismo de adjudicación.

Finalmente, manifiesta que –sin perjuicio que no es del caso indagar sobre la valoración de la oferta-, no caben dudas de los beneficios que representará la remodelación del Hospital, mejora que –más allá de que sea abonada parcialmente con el canon mensual- conlleva una financiación gratuita de la obra a largo plazo.

Solicita, en consecuencia, el rechazo del recurso impetrado por la actora.

II. Considero que el recurso no puede prosperar.

1. La parte accionante (Sucesión de Guillermo Ramón Saa), representada judicialmente por su Administradora, Señora María E. Domínguez, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Tres Arroyos, solicitando la anulación del acto administrativo de adjudicación -dictado con fecha 12-02-2007 en el marco de la licitación pública N° 1/2006; v. fs. 298 expte. adm. N° 4525-C-2006-, por el que se dispuso: (i) otorgar la concesión de los Servicios de Nefrología, Hemodiálisis y DPCA del Centro Municipal de Salud del Partido de Tres Arroyos a la empresa “Fresenius Medical Care Argentina S.A.”, adjudicándole así la licitación en cuestión por resultar su propuesta alternativa la más conveniente a los intereses municipales; (ii) rechazar la oferta formulada por el Sucesorio de Guillermo Ramón Saa y, asimismo, las observaciones perpetradas por su parte contra la oferta realizada por “Fresenius S.A.” [cfr. fs. 19 vta., ap. 2 del escrito inicial].

El magistrado de grado rechazó en todas sus partes la demanda entablada [v. fs. 75/83], al entender que la decisión impugnada no adolecía de vicios que acarrearan su nulidad. Para ello respaldó –en primer lugar- la legitimidad de las ofertas (básica y alternativa) efectuadas por la adjudicataria (Fresenius Medical Care S.A.), en tanto sostuvo que aquellas proposiciones –en su visión ajustadas al P.B.C.- no resultaban violatorias de los principios de igualdad y legalidad que imperan en toda licitación. Del mismo modo, juzgó que la valoración de las propuestas llevada a cabo por el órgano licitante –plasmada a la postre en el acto de adjudicación (v. fs. 298 expte. cit.)- no ostentaba defectos o irregularidades, concluyendo –así- que debía ser confirmada en su totalidad.

2. Habiendo sido suscitada la intervención de esta Alzada, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora [v. fs. 89/94], corresponde abordar los agravios dirigidos contra el pronunciamiento en cuestión. Veamos:

a. Esgrime en primer término la apelante que: i) la “oferta básica” de la firma Fresenius Medical Care S.A. jamás fue analizada por la “Comisión de Preadjudicación”, cuando lo que en realidad debió hacerse –añade- es cotejar dicha oferta con la propuesta básica de su parte, como única vía posible para fundar adecuadamente su caracterización como oferta más conveniente en el marco de la licitación; (ii) que, por el contrario, solamente se ha comparado la “oferta alternativa” de “Fresenius Medical Care S.A.” con la “propuesta básica” de su parte, traduciéndose ello en una clara violación al principio de igualdad entre los oferentes.

Considero que, dadas las circunstancias del caso, la crítica de la actora mal podría prosperar. Ello por cuanto:

(i) De un lado, observo -a diferencia de lo sostenido por la apelante- que la proposición básica de Fresenius Medical Care S.A. sí fue meritada y analizada por el órgano municipal, en el seno de las actuaciones administrativas iniciadas con motivo de la licitación [v. Expte. N° 4525-C-2006 que en este acto tengo a la vista]. Da cuenta de ello el informe glosado a fs. 280 (Contaduría Municipal, donde se ponderaron los aspectos contables y fiscales de ambos oferentes) y, particularmente, el dictamen de la “Comisión de Preadjudicación”, en el que se volcaron los antecedentes y opiniones recogidos a lo largo de la tramitación [cfr. fs. 297, de fecha 31-01-2007]. Todos ellos tomados como propios por la “Dirección Técnica y Administrativa del Centro de Salud”, que fue quien -finalmente- dictó el acto administrativo de adjudicación [v. fs. 298, del 12-02-2007]. (ii) Además de ello, y si en definitiva no se practicó una comparación más profunda y exhaustiva entre cada una de las propuestas (como así se arguye en el libelo recursivo) fue, precisamente, -y más allá de la deficiente terminología que pudo haberse empleado- porque la “Dirección Técnica y Administrativa del Centro de Salud Municipal” consideró, al resolver, que la postulación de la actora resultaba en rigor inadmisible, al no reunir dos de las exigencias mínimas requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones (1. adecuada manifestación de bienes –art. 8° inc. “g”, en tanto describió sólo el activo omitiendo declarar el pasivo-; y 2. inexistencia de impedimentos para ser admitido como oferente -art. 6°, ya que se concluyó, a partir del vínculo laboral existente entre la doctora María E. Domínguez y el Dr. Javier A. Valotto con la comuna de Tres Arroyos y el Centro Municipal de Salud, que aquéllos se hallaban aprehendidos por las causales de incompatibilidad para contratar de aplicación al caso), cuestionamientos respecto de los cuales –valga subrayar- la interesada no ha formulado la más mínima crítica en esta instancia jurisdiccional.

Entonces, si bien es cierto que dicha contingencia fue nominada por la Administración como “rechazo” de la oferta por “desventajosa” [v. fs. 298, art. 2°, expte. adm. citado], no lo es menos que los considerandos del acto impugnado –y sus antecedentes inmediatos– me llevan a concluir que, en puridad, no se trató de otra cosa más que de la declaración de inadmisibilidad formal de la oferta básica presentada por la “Sucesión de Guillermo Ramón Saa”.

Por ende, aquella inadmisibilidad excluía de plano toda posibilidad de que su propuesta básica fuera sometida al juicio de conveniencia que concierne ejercer a la autoridad licitante, atento transgredir expresamente disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones y, con ello, faltar a la legalidad que debe campear en el marco de toda licitación (arg. doct. C.S.J.N. Fallos 311:2831; 316:2454 consid. 14°, entre otros).

Sabido es que, por contraposición a inconveniente, oferta inadmisible es aquella que no se ajusta a las bases y pliegos generales elaborados por el licitante (conf. Farrando, Ismael “Contratos Administrativos”, Ed. Lexis Nexis, Primera Edición 2002, pág. 124 y ccds.), lo que hace que quede marginada en un estadio previo, por adolecer de alguno de sus requisitos reglados (ya sea subjetivos, objetivos o formales), de la etapa procedimental en la que el licitante deberá ponderar, estimar, valorar y a la postre adjudicar -entre todas las propuestas que hayan superado el umbral de legalidad impuesto por el P.B.C.- aquella que resulte más conveniente al interés público (conf. arg. Dromi, José Roberto “La licitación Pública”, Ed. Astrea., 4ta. Reimpresión, pág. 354 y ss.).

(iii) Y al haberse declarado la inadmisibilidad de su oferta, imprescindible resultaba para la accionante desbaratar los reparos y objeciones que le enrostrara el licitante al decidir su exclusión (vale recordar: inadecuada manifestación de bienes e incompatibilidad para ser admitido como oferente), para así, colocarse en condiciones de confrontar –eventualmente- los aspectos concernientes a la oferta de su concurrente (“Fresenius Medical Care S.A.”) y, en general, la observancia del principio de juridicidad en el marco de la licitación.

Empero, nada ha dicho la accionante respecto de aquellos señalamientos que conspiraron contra la admisión formal de su propia proposición. Por ende, al consentir con su silencio las razones por las cuales se la apartó del procedimiento de selección, la recurrente no ha hecho más que sepultar –pues ya nada la conectará con él- su interés para controvertir o cuestionar aquellas otras decisiones adoptadas por la autoridad en procedimiento licitatorio concernientes a la admisibilidad y/o pertinencia de la oferta formulada por la restante oferente (“Fresenius S.A.”). Aceptar lo contrario, importaría tanto como habilitar procesalmente a quien, por obra de su propia conducta, ha trasmutado su legitimación originaria en un mero interés por el cumplimiento de la legalidad, status jurídico insuficiente para configurar un “caso” o controversia contencioso (arg. art. 13 del C.P.C.A.), pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que se requiere para acudir a la jurisdicción (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 65.100 “Acción de Amparo c. Estado de la provincia de Buenos Aires”, sent. del 10-X-2007).

Es que si bien es cierto que los oferentes desplazados detentan a priori legitimación ad causam para cuestionar las decisiones administrativas dictadas en el marco del procedimiento de selección de contratistas en el que han sido partes (conf. art. 13 del C.P.C.A.), en tanto son titulares de una situación jurídica exclusiva y excluyente, no lo es menos que dicha condición o titulo jurídico presupone que aquéllos, al tomar intervención en el iter reglado, hayan formulado su oferta de conformidad con las reglas de la licitación (doct. S.C.B.A. causas B. 54.879 “Mecafer S.A.”, sent. del 1-XII-1992; B. 55.210 “Ciccone Calcográfica S.A.”, sent. del 27-VII-1993; B. 56.735 “Cielmec S.A.”, sent. de 24-X-1995; B. 59.131 “Farmacia Manes”, sent. del 12-V-1998; B. 57.150 “Humbertmann Soc. Res. Lim.”, sent. de 6-IV-1999; B. 62.916 “Copacabana S.A.”, sent. del 19-IX-2001).

Siendo ello así, mal podría sostenerse que la parte actora –quien aceptó tácitamente la improponibilidad formal de su ofrecimiento- ha postulado su oferta en sintonía con las bases y condiciones del Pliego ni, mucho menos, que se encuentra legitimada para inmiscuirse y confrontar la juridicidad del derrotero procedimiental seguido con posterioridad a su exclusión (firme). En tales términos, habré de avalar la posición que, tanto en el responde de demanda [cfr. fs. 64, ap. “e”] como en su réplica a la apelación [v. fs. 100, seg. Párrafo] sostuvo la accionada para oponerse al progreso de la acción.

b. Por las razones brindadas, no incumbe a este Tribunal evaluar los agravios que la apelante ha dirigido con el fin de demostrar la ilegitimidad de las ofertas formuladas por la firma “Fresenius S.A.” (básica y alternativa) y, con ello, la nulidad del acto administrativo de adjudicación; más allá del acierto o desacierto de lo decidido en la esfera comunal y del abordaje que hiciera –en demasía- el entonces juez de grado. Tal es mi modo de ver y mi conclusión sobre el tema controversial.

3. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 89/94, confirmando –por los fundamentos dados- la solución que porta el fallo impugnado. Las costas de esta Alzada deberían distribuirse en el orden causado, de conformidad con lo prescripto por el art. 51 inc. 1° del ritual.

Voto, en consecuencia, la cuestión planteada por la negativa.

El señor Juez doctor Riccitelli, por idénticos fundamentos a los brindados por la doctora Sardo y con el mismo alcance, vota la cuestión planteada también por la negativa.

De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente

SENTENCIA

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la accionante a fs. 89/94, confirmando –por los fundamentos dados- la solución que porta la sentencia impugnada en cuanto rechazó en todos sus términos la demanda incoada. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado, atento lo normado por el art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.

2. Estése a la regulación de honorarios que por separado se practica en cuanto a los trabajos profesionales llevados a cabo ante esta Alzada.

Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría. FDO. ELIO HORACIO RICCITELLI – ADRIANA MABEL SARDO. MARIA GABRIELA RUFFA, Secretaria

similar:

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconEn la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconEn la ciudad de Mendoza, a los veinticinco días del mes de Marzo...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconBuenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 11 días del...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconEn la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los ocho...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconEn la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de octubre de dos...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconAuto de ejecución de obligaciones de entrega de cosas genéricas o...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconLos diez grandes descubrimientos científicos del añO 2009 según science
«top ten» con los descubrimientos científicos más importantes del año. En esta ocasión, el ranking en el que cualquier investigador...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconSantiago, dieciocho de noviembre de dos mil diez

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez icon1,68%) respecto al mes de marzo del año 2010, una situación que no...

A los 10 días del mes de agosto del año dos mil diez iconBogotá, D. C., veintiuno (21) de octubre de dos mil diez (2010)




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com