Resumen El valor económico de la captación de agua de alta calidad, como un servicio ambiental generado por el manejo y conservación de la cuenca alta de los ríos Segundo,




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El reto de “aprender haciendo”


En seguimiento al ejemplo liderado por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), de aplicación práctica del conocimiento y el valor de la educación pragmática para contribuir a la conservación del patrimonio natural, la ESPH optó por esta modalidad para cumplir con su objetivo de protección efectiva y uso sostenible de las fuentes de agua. Aprendiendo de las experiencias practicas en el uso sostenible y no destructivo de los recursos naturales, la ESPH planteó que para la conservación de las fuentes de agua locales, era necesario adoptar una orientación similar a la trilogía que gobierna la Estrategia de Conservación de la Biodiversidad. En este sentido, se formularon los siguientes pasos: “proteger, valorar, usar y pagar” como piedra angular del proceso.
Al igual que muchas iniciativas de conservación en el país, el reto de conservación y uso sostenible no destructivo de la biodiversidad, implicaba un proceso de “aprender haciendo”(Jenkins, Gámez y Smith, 2002). Para el objetivo de la ESPH, una ventaja adicional de adaptar un esquema similar al PSA, consistía en la viabilidad de compartir el costo de la protección de las fuentes de agua con la población local beneficiada. De esta forma se apela a la participación ciudadana y se delega en los beneficiarios finales del acueducto, una parte de la responsabilidad de la gestión de la salud de las fuentes de agua que les abastecen.
Por este medio, la ESPH aplicaría un principio del Manejo Integrado de Recursos Hídricos (MIRH), al inducir que quienes se benefician “aguas abajo”, compensen a aquellos “aguas arriba” por la protección del área que provee las aguas que consumen.
Al desarrollar un PSA por protección de fuentes de aguas, la ESPH lograría parte de su objetivo sin imputar restricciones a los propietarios de los terrenos donde se encuentran ubicadas, y además les otorgaría un incentivo monetario directo y tangible. Así el PSA se percibe como un mecanismo con el que el desarrollo económico y los beneficios que recibe la sociedad se compensan con el pago que los mismos otorgan a los productores del servicio, en ese caso los propietarios públicos (como los Parques Nacionales) y privados de los bosques.
No obstante el reconocimiento formal de la importancia del recurso hídrico para el bienestar social y desarrollo económico local, y de plasmarlo dentro del PSA como un servicio ambiental prioritario, era fundamental desarrollar una justificación técnica y económica de este valor. Esta representaba la primera vez en Costa Rica en que se presentaba una intención formal de un proveedor de servicios públicos de introducir un beneficio o costo ambiental como parte de la estructura de una tarifa. Como se carecía de estudios previos que sugirieran aproximaciones para estimar el imperativo valor económico-ecológico de la función del bosque y ecosistemas en el ciclo hidrológico. Al no existir antecedentes de esa naturaleza, era necesario desarrollar una metodología para internalizar este tipo de rubro dentro de las tarifas para el abastecimiento de agua los diferentes sectores usuarios.
En general, aunque existía conocimiento del tema y la experiencia del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) en lo relacionado a reforestación de cuencas, manejo de bosque y secuestro de carbono, no había experiencia paralela en materia de recurso hídrico. No obstante, la experiencia del PSA impulsado por FONAFIFO desde 1997, generó importantes lecciones en el desarrollo de arreglos institucionales y uso adecuado de instrumentos económicos y de política (Castro, Gámez, Olson y Tattenbach, 2000). La replica a nivel local de esa experiencia, constituía para la ESPH un interesante reto y oportunidad para hacer operativa en una fase experimental, el aporte del servicio ambiental como un componente de manejo integrado de recurso hídrico en las microcuencas de interés.

Experimentando con las herramientas de la valoración económica


Para explorar el medio para implementar medidas de protección expeditas y recursos económicos para financiarlas, la ESPH adoptó el conocimiento sobre valoración económica-ecológica del recurso hídrico disponible en el país (Castro y Barrantes, 1998 y CINPE-UNA, 1995). El propósito era cumplir con un objetivo utilizando, combinando y aplicando una serie de instrumentos de política económica. La aplicación practica de una serie de recomendaciones técnicas, harían de la ESPH una experiencia piloto en que se captura y reinvierte el beneficio económico del servicio ambiental prestado por el adecuado manejo de cobertura boscosa en las áreas donde se encuentran las fuentes de agua. Como resultado práctico, se deseaba una estructura de pago por servicio ambiental que, a) dé contenido económico al recurso hídrico, b) involucre la participación de los servicios públicos y usuarios y c) que genere implicaciones de política para los usuarios finales del recurso (Castro y Barrantes, 1998).
La metodología utilizada para el estudio de valoración económica incluye un primer componente de estimación del presupuesto hídrico del área de estudio (Castro y Barrantes, 1998). Las áreas comprendidas corresponden a las partes media y altas de las micro-cuencas de los ríos Segundo, Ciruelas, Bermúdez, Tibás y Para, ubicándose entre los 1000-2200 msnm. Esta área alberga importante zonas de recarga de los acuíferos mas grandes del Valle Central (Solano, Robinson y Morera 1996 en Robinson et al. 1998). Las condiciones de alta precipitación de hasta 3500 mm de agua por año, que se presenta en esta región, reflejan su gran potencial hídrico para el futuro abastecimiento hídrico de la gran área metropolitana (Programa de Manejo de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles, Vol. 4, 1998). El segundo componente del estudio fue el de cuantificación física de la oferta y demanda de agua por distintos sectores usuarios.
Con base en la información de estos dos componentes se procedió a elaborar una valoración económica-ecológica del recurso. Esta se fundamentó en el análisis bajo el concepto del costo de oportunidad de uso del suelo y los costos de reemplazo ambientales (ESPH-SEED, 1999). Se utilizó información referente a usos tradicionales de la tierra para determinar el nivel de costo asociado al sacrificio del uso actual para destinar las tierras a un régimen de conservación con incentivos económicos, para la protección del área de recarga. Este componente incluyó la medición de la “disposición-de-pago” de los consumidores mediante un levantamiento de información estadísticamente representativo (Castro y Barrantes, 1998). La finalidad es no sólo de identificar la voluntad de pago del consumidor de agua, sino también para conocer el grado de aceptación, viabilidad y efectividad que podría tener el uso de un instrumento de política económica, tales como los precios monetarios para el cobro del servicio ambiental (Castro y Barrantes, 1998).
Los resultados finales de la investigación revelaron que aproximadamente un 92% de usuarios del acueducto manifestaron un claro acuerdo sobre la necesidad de la protección del bosque en las áreas de recarga (Cordero, 2002). El interés se expresó con una favorable aceptación a la incorporación de valores adicionales en la tarifa para contribuir a la protección de áreas de recarga por el beneficio que como usuarios reciben ambientales (ESPH-SEED, 1999). Estos valores ambientales se analizaron bajo los enfoques de costo de oportunidad del uso del suelo y costo de recuperación de las áreas en sobreuso (ESPH-SEED, 1999). Esos valores están asociados directamente con los costos de desarrollar actividades de protección y recuperación boscosa en las microcuencas y comprenden todos los gastos anuales que deben realizarse en función de la protección de bosques, reforestación, y restauración de áreas en potreros.
El prolongado esfuerzo de educación ambiental de Costa Rica, empezaba a rendir frutos en cuanto a la percepción del ambiente y su relación con la calidad de vida de la población. La favorable voluntad de pago de los ciudadanos de Heredia sugirió un alto grado de conciencia ambiental y niveles de ingreso adecuados, en los que el consumidor considera importante participar con su apoyo económico a proteger a futuro la buena salud de las fuentes y áreas de recarga que lo benefician.
Una vez aproximado el costo de oportunidad/ha/año se podía ponderar la importancia del bosque en función del servicio ambiental hídrico mediante una encuesta al sector residencial que atiende ESPH Los resultados muestran una ponderación de 41.4% como importancia que tiene el bosque en función del recurso hídrico y el restante es atribuible a otros servicios ambientales (ESPH-SEED, 1999). Este porcentaje se consideró que representa la proporción del costo de oportunidad que debe ser compensado por los usuarios del agua a los dueños de la tierra involucrados en protección de áreas de aproximadamente 7000 ha. (ESPH-SEED, 1999).
Para estimar un valor para la función de captación de agua de los bosques, se consideró como variable económica el costo de oportunidad de la actividad ganadera (ESPH-SEED, 1999). Se tomó en cuenta los rendimientos netos de los flujos de ingresos y egresos de la ganadería lechera, por ser la actividad que compite con la disponibilidad de bosque en esa área. La capacidad de captación de los bosques, refleja su importancia principalmente en época seca y años marcados por el fenómeno de El Niño. El cálculo del costo de oportunidad por hectárea, se hizo considerando los costos de producción anuales y los ingresos totales anuales, para luego estimar los ingresos netos de la actividad que es el valor del dato que interesa para el cálculo del valor de captación ambientales (ESPH-SEED, 1999).
Ante una racionalidad económica de pago por la protección de las existencias de bosque y la recuperación de terrenos en sobreuso, ya sea con plantaciones forestales o sucesión natural; los productores en el área de estudio, aceptaron como compensación mínima montos cercanos a los ¢23000/ha/año, asumiendo el compromiso de conservación por un periodo de diez años (Castro y Salazar, 2000). En esta forma alternativa a los usos tradicionales de la tierra en la zona, se percibe a la conservación como una opción que permite optar por formas de ingreso alternativas.


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