Distribución de las Fincas y su Superficie y Uso Agrícola según Tamaños






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fecha de publicación28.01.2016
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RELATIFUNDIZACIÓN, MEGAPROYECTOS Y CAMPESINOS EN COLOMBIA



Un acelerado proceso de concentración de la tierra en manos de los más grandes productores ha ocurrido en Colombia en los últimos 10 años, a la vez que se ha reducido en forma dramática el área sembrada. La ampliación de área de grandes propiedades dedicadas a la ganadería extensiva es una verdadera relatifundización del país, en la cual la compra de tierras se consolida como un negocio en sí mismo y el precio pagado por las fincas no está determinado por su productividad agropecuaria, sino por las posibilidades de valorización del predio.

Puede detectarse el proceso tanto al comparar los resultados de las encuestas nacionales agropecuarias, como al compara los datos registrados en el catastro. Veamos:

Cuadro 1

Distribución de las Fincas y su Superficie y Uso Agrícola según Tamaños

Tamaño 1988 – 1996*

% Fincas

1988 1996

% de Tierra

1988 1996

% Uso Agrícola

1988 1996

Muy Pequeño (0 a 5 Ha.)

48.5 50.2

3.7 3.7

49.4 32.8

Pequeño (5 a 20 Ha.)

28.5 27.8

11.4 9.9

32.9 19.8

Mediano (20 a 50 Ha.)

11.6 11.8

14.4 14.0

18.3 11.2

Grande (50 a 200 Ha.)

9.4 8.0

34.8 28.2

10.6 7.3

Muy Grande (+ de 200) #

2.0 2.2

35.7 43.1

7.5 1.7

* 1996: Pedazos en el Segmento de la Muestra PSM

# 1996: hasta 1.000 Ha. o 1.200 Ha. Según Depto.

Fuentes:

Ministerio de Agricultura, Penagro, Total Departamentos, p.36

DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria, 1996

Cuadro 2

Distribución de los Predios y sus Superficies según Tamaños*

Tamaños Ha.

% Predios

1984 1997

% Área

1984 1997

0 a 100

96,9 97,4

40,0 34,5

100 a 500

2,7 2,3

27,5 20,5

+ de 500

0,4 0,3

32,5 45,0

*Excluidos departamentos con superficie predominantemente en resguardos indígenas

Fuente: RINCÓN, Claudia "Estructura de la Propiedad Rural y Mercado de Tierras", Tesis de postgrado U. Nacional, Bogotá 1997, sobre la base de información del IGAC.

Los datos de las encuestas agropecuarias guardan una coherencia muy grande con los del catastro y el hecho de que en la encuesta de 1996 (y en la de 1995) el segmento que concentra propiedad comience en las 200 ha. Se debe sólo a que se trata de pedazos de unidad de producción en el segmento de la muestra (PSM) es decir fincas incompletas. Por lo mismo en la encuesta de 1996 no hay pedazos de más de 1.200 Ha. Mientras que los predios del catastro se registran en la totalidad de su tamaño.

Una segmentación minuciosa de esta información del catastro la concentración más fuerte se produce en los predios de más de 2.000 Ha. Esto que tiene como paralelo en la encuesta de 1996 el crecimiento del área de los PSM de más de 500 y 1000 Ha.

Un estudio de CEGA en 1984 mostró que entre 1970 y 1984 la proporción de área cubierta por predios de más de 500 Ha. se redujo en forma importante, en favor de los predios entre las 20 y las 200 Ha. que ganaron un amplio porcentaje de superficie como resultado simultáneo de la modernización de la agricultura y la colonización. Es decir entre 1970 y 1984 se produjo el proceso inverso al ocurrido entre 1984 y 1997.

Ya en 1986 expuse como había datos que mostraban embrionariamente una posible inversión de la tendencia y el inicio de un nuevo proceso de concentración: el tamaño promedio de los predios de más de 1.000 Ha. pasó de 2.674 Ha. en 1970 a 3.562 Ha. en 1984 y algunas zonas como el Valle del Cauca (según CEGA) y en el Magdalena Medio (según la Universidad Cooperativa seccional Barrancabermeja) se registraban importantes. En Barrancabermeja 3.204 predios registrados en 1981 se concentraron en sólo 2.318 registrados en 1983. Efectivamente, el modelo de concentración del Magdalena Medio en torno a la construcción de la "Carretera de la Paz" con grupos paramilitares, compras de predios por narcos y especuladores y desplazamientos de población, se convirtió en el modelo dominante.

Hoy la concentración es más acelerada en cesar, Bolívar, valle, Quindío, Caquetá Y Putumayo, según el IGAC a lo que habría que agregar Meta Casanare y Chocó si tomamos los datos de las encuestas agropecuarias. La relatifundización se produjo como resultado de la conjunción de fenómenos económicos y políticos:

La expansión de los grupos paramilitares que han propiciado desplazamientos de población y apoyado procesos de concentración de la propiedad de la tierra en cabeza de narcotraficantes, ganaderos, especuladores y de los mismos dirigentes del paramilitarismo;

La economía del narcotráfico que produjo en primer lugar una nueva capa de compradores de tierra latifundistas, que elevó los costos del dinero y el crédito fortaleciendo las causas de especulación con la tierra y que al mismo tiempo generó una salida económica en las zonas de colonización a parte de los campesinos y jornaleros desplazados por la violencia o por causas económicas;

La apertura económica que aumentó en 700 % las importaciones de alimentos y provocó una drástica reducción del área sembrada, especialmente en cereales.

Aunque los cultivos permanentes fueron menos afectados por la crisis agrícola, no absorbieron el área que se dejó de sembrar en transitorios y se produjo en cambio una "praderización" para ganadería extensiva.

Según la encuesta agropecuaria de 1996, mientras en las unidades de producción más pequeñas se redujo en 33 % la proporción de área sembrada de las fincas, en las más grandes unidades esa reducción fue del 78%. Así se ha extremado la distribución del área sembrada según el tamaño de las fincas que ha caracterizado a Colombia y según la cual entre más grande sea la finca menos proporción de área sembrada tiene. En 1996 la distribución del área total sembrada del país por tamaño de finca era:

Cuadro 3

Porcentaje (%) del Área sembrada del país según tamaños de finca (PSM)

Tamaño Ha.

%

0 a 20

43,3

20 a 50

20,3

50 a 100

13,4

100 a 200

12,8

200 a 500

7,8

+ de 500

1,3

Fuente: DANE Encuesta Nacional Agropecuaria 1996

Esta distribución del área sembrada del país no obedece de ninguna manera a que las tierras útiles estén en las unidades pequeñas, que tienen una proporción de las tierras improductivas del país, cuatro veces más altas que el porcentaje de superficie total que poseen. En cambio las unidades más grandes tienen una proporción de las tierras improductivas de Colombia equivalente a la mitad del porcentaje de la superficie que poseen con respecto a la total nacional. Se trata de una relatifundización, es decir de la acumulación de la tierra en la gran propiedad con fines especulativos y no productivos.

Este proceso se verifica en medio de una realidad que está muy lejos de producir el cuadro de reducción de la población rural y en particular de reducción del campesinado que algunos se imaginaron para el fin del siglo. Aunque la población rural se ha reducido en términos relativos, ha seguido aumentando en términos absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993.

Otro tanto ha ocurrido con la población económicamente activa del sector agropecuario que pasó de 1,9 millones en 1938 a 2,7 millones en 1993. Aun más, los "trabajadores por cuenta propia" del sector (campesinos medios) pasaron de 600 mil en 1938 a 70 mil en 1964 y 800 mil en 1993. Se ha reducido en cambio y drásticamente desde 1964, el número de patronos del sector agropecuario, especialmente por la quiebra de los pequeños empresarios. En 1964 había 2,3 trabajadores agropecuarios por cuenta propia por cada empleador, mientras que en 1993 eran 4,7 cuenta propia por empleador. En el mismo período los jornaleros pasaron de 3,3 a 7,7 por empleador.

Es decir, el lento proceso de modernización del campo colombiano, no ha producido ni una reducción de la población rural en términos absolutos, ni una reducción del número de campesinos.

Como anotaba antes, no faltaron en el pasado los economistas dogmáticos que anunciaron que la funcionalidad del campesinado se extinguía y que se iba descomponer y de hecho se estaba descomponiendo "aceleradamente". Sin embargo analistas más juiciosos se dieron cuenta de la capacidad de la economía campesina para sostenerse a pesar de los procesos de diferenciación y descomposición y de las condiciones adversas.

El fenómeno característico de Colombia ha consistido en que tanto a población rural, como la dedicada a la producción agropecuaria y también el campesinado propiamente dicho, a la vez que han disminuido paulatinamente el porcentaje que representan con respecto a la población total del país, han aumentado continua e ininterrumpidamente su número.

Frente a tal realidad se enfrentó visión de Lauchlin Currie sobre el desarrollo, que ha guiado los planes oficiales colombianos desde hace 45 años. Currie consideró siempre como una misión histórica el rompimiento de este modelo demográfico. "Sobra mucha gente en el campo y en la agricultura" se ha repetido desde entonces.

En Colombia, sin embargo, todos los censos de población de este siglo, incluidos desde luego los de 1964, 73, 85 y 93 han seguido registrado el aumento de la población rural y de la dedicada a agricultura, ganadería, caza y pesca, e inclusive los trabajadores independientes en estas ramas de actividad y en el sector rural (aunque el aumento de campesinos jornaleros haya sido más veloz). Este resultado que podría ser una sorpresa para los dogmáticos, pero no para Currie quien pensaba que dada "la cantidad de personas de que se trata, debemos suponer la continuación de la agricultura tradicional por mucho tiempo" y "no podemos esperar que se movilice el grueso de la población rural.

Otro "desarrollista", Edith Whethem consideraba que "la política apropiada para un gobierno que persigue la eficiencia económica consiste en estimular el éxodo de la agricultura y la consolidación de predios por todos los medios que no creen una conmoción política intolerable". En 1966 Currie recordaba la recomendación de John Coppock de reducir anualmente en 4 % el número de personas dedicadas a la agricultura, que para Colombia significaba 800 mil agricultores menos en diez años, número cercano al de los desplazados por la violencia entre 1987 y 97.

Currie mismo recomendaba un programa deliberado de movilidad acelerada para conseguir la suficiente emigración del campo y partiendo del análisis histórico sostenía que la guerra puede tomar el lugar de un programa de movilidad acelerada (CURRIE, Lauchlin; "Desarrollo Económico Acelerado"; F.C.E. México, 1968, pg. 95) y se oponía a que el problema agrario fuera resuelto haciendo a muchos pequeños agricultores más eficientes y productivos pues esto mantenía "demasiada" gente en la agricultura (pg. 86)

La visión de un campo "moderno" con grandes fincas capitalistas mecanizadas como clave del desarrollo nacional fue la clave iluminó el Acuerdo de Chicoral y la clausura de la reforma agraria en la década de los 70.

Pero los diferentes programas desarrollistas con los cuales se quiso "modernizar" el campo reduciendo la población dedicada a la agricultura no surtieron el efecto de modernizar, ni el de "limpiar" las tierras de campesinos. A pesar de las 393.648 parcelas que, según Lemoin, perdieron los campesinos durante la Violencia de los 50, la población de fuera de las cabeceras municipales pasó de 6 millones en 1938 a 7 en 1951 y 8 millones 400 mil en 1964, en tanto que el número de trabajadores independientes dedicados a la agricultura pasó de 609 mil en 1938 a 719 mil en 1964. Ni siquiera la Violencia pudo evitar el aumento de población rural y campesina.

Es indudable que el campesinado ha demostró una capacidad de resistencia, tanto económica, como político-militar, expresada en movilizaciones gremiales y en movimientos guerrilleros. Un estudio de los datos de posición ocupacional del censo de 1993 muestra que los municipios con permanencia guerrillera tienen un alto porcentaje de población rural registrada como trabajadores por cuenta propia y empleadores (de un promedio de 1,5 asalariados por patrón).

El problema sigue siendo si se trata de "vencer" esa resistencia y eliminar a los "ineficientes agricultores tradicionales que cultivan tierras marginales en predios de tamaños antieconómicos" o en aceptar que el campesinado puede abrir una vía alterna de desarrollo económico y social si cuenta con el apoyo de programas masivos que lo doten de los medios de producción adecuado y le permitan tanto consolidar la economía campesina y la cultura propia, como desarrollar formas asociativas propias e iniciativas empresariales como granjero y cooperativista.

Esta alternativa que estuvo planteada anteriormente entre gran la agricultura y ganadería nacional y la mayoría de los campesinos, hoy se plantea en una escala mayor, entre la agricultura y ganadería mundial (extranjera) de alta productividad y megaproyectos e inversiones petroleras y mineras transnacionales, realizados en el país de una parte, y de otra parte la economía campesina nacional.

Es el resultado de la apertura económica que ha globalizado el problema agrario. Currie sabía que llegaría el momento en que la alta productividad agrícola y pecuaria de Estados Unidos y Europa y sus enclaves en diversos sitios del mundo enfrentaría a nuestras economías campesinas, luego tampoco este resultado puede considerarse imprevisto. El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la "vía terrateniente" sino especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita "limpiar" el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer mediante la guerra. Parecería que ahora sí llegó la hora del rompimiento (con la economía campesina). La apertura económica, la nueva Violencia con la gran masa de desplazados, así parecen anunciarlo. No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino especialmente hay guerra para que haya desplazados.

Entender el carácter radical de este fenómeno, comprender lo que pasa actualmente y ha pasado en los últimos años en el campo colombiano es posible sólo si inscribimos todo el escenario que he presentado con las cifras, en medio de la reestructuración impuesta a la economía Colombiana y al sector rural en particular.

Lo que prima ahora en el país y en otras naciones, es la perspectiva de la globalización del capital la que dinamiza o frena y determina absolutamente todo. Y dentro de esa globalización, a la cual estamos sometidos aquí y en cualquier otra parte del mundo, a Colombia se le han asignado unos papeles que tienen que ver con algunas sus características y especialmente con las necesidades del mercado mundial. Sabemos que existen unas prioridades dentro de las cuales no esta contemplado el sector agropecuario.

No estamos en la situación de la contrarreforma agraria del año 1973 tras el llamado Acuerdo de Chicoral, cuando se liquidaba la reforma agraria, pero se optaba por un sector agropecuario dirigido por la gran propiedad, a la cual se le asignaba la modernización del campo, para obtener el desarrollo agropecuario, considerando el sector rural como fundamental para el desarrollo del país.

De esa época, hace 25 años, a hoy, tenemos una situación muy diferente. El sector agropecuario es considerado, en la practica y en los planes de desarrollo globales de las transnacionales, como algo poco importante en Colombia, completamente subsidiario, secundario, complementario; donde lo único importante las mejores tierras, por su renta diferencial: las sabanas de Bogotá y Valle del Cauca, algunas tierras del Cesar, zonas de Córdoba y Urabá, la meseta de Ipiales - Guachucal- Aldana, es decir zonas privilegiadas por sus suelos y por lo mismo altamente rentables.

Y también aquellas producciones que por microclimas especiales, por ventajas comparativas especiales, pueden competir en el mercado mundial, que van desde las granadillas de Urrao - que entre otras cosas son producidas por beneficiarios dela reforma agraria - hasta la coca y amapola, por ejemplo, que tienen "ventajas comparativas", ya no la marihuana que es más rentable en el sur de Estados Unidos.

Dentro de ese esquema global, al sector agropecuario apenas se le asigna un pequeño papel. Hay otras ramas que son prioritarias, verbigracia, la exploración y explotación petrolera y minera, que se consideran asuntos fundamentales asignados a Colombia. También se priorizan las telecomunicaciones y la infraestructura vial terrestre, marítima y fluvial.

Es a partir de ahí que se realiza una contrarreforma agraria, porque son los sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno a lo que son los proyectos petroleros mineros, los megaproyectos eléctricos o viales y los proyectos de exploración biológica y genética que se realizan en diferentes sitios del país.

Cuatro proyectos viales terrestres-fluviales-portuarios deben ser especialmente mencionados:

A- El canal seco Atlático-Pacífico (Atrato-Truandó) y sus conexiones con el ferrocarril Medellín-Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereira.

B- La carretera Urabá-Maracaibo (Venezuela).

C- La intercomunicación río Orinoco-río Meta-Buenaventura;

D- La intercomuncación río de La Plata-Amazonas-Napo-Putumayo-Tumaco, con puerto fluvial y seco en Puerto Asís.

El canal seco que se llama Atlántico-Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. Delante de la construcción de ese canal se desarrolla un proceso expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la proyectada autopista Urabá Maracaibo. En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, Guaroa, se ha producido una masiva compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores. Últimamente ha comenzado el proceso de violencia en Puerto Asís.

Así el INCORA titule ahora, las gentes que reciben los títulos son unos desplazados desde antes de la titulación, supuestamente desplazados por la violencia pero realmente por el canal. La violencia se genera en torno a la riqueza y es apenas la forma para lograr unos objetivos de desterritorialización que afectan a las comunidades y benefician al capital y a los compradores de tierra.

Aunque hay millones de personas pobres, Colombia no tiene guerra por esa razón, sino porque hay riqueza. Y es en torno a esa riqueza que se genera la violencia y la contrarreforma agraria.

Lo que esta ocurriendo en el Choco, en el Cesar, o en el Meta es una contrarreforma agraria. Porque las comunidades negras del Chocó, así al fin aparezca el INCORA. Allí simplemente ellos eran las dueños de la tierra aunque no tuvieran títulos escritos. Nadie les hubiera cuestionado nunca que lo eran. Pero, los que ahora tienen titulo ya no son los dueños de la tierra aunque los tengan. La realidad de lo que ocurre es una contrarreforma agraria en torno a los megaproyectos y en relación con la cuestión minera y petrolera.

Por ejemplo, si analizan el proyecto de ley de Código de Minas que presentó el tristemente celebre Doctor Rodrigo Villamizar, el Gobierno, es un proyecto de contrarreforma agraria, que autoriza al Ministerio de Minas a expedir un titulo minero, y quien tenga un titulo minero le puede decir al que esté allí, sea indígena, campesino o inclusive terrateniente, que eso ahora no es de él. Como sabemos el Estado es propietario del subsuelo, pero resulta que lo que se quita al campesino es el suelo.

Entonces quienes se desmayaban porque decían que no podía haber expropiación por vía administrativa para reforma agraria, aprobaron en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes una expropiación, ya no sólo por vía administrativa sino por vía privada, porque quien hace la expropiación es la empresa minera, y no el Estado.

Si el campesino no negocia, el minero le entrega al alcalde una caución, le pide cual es el daño a la compensación que le tiene que dar al campesino, y a él lo sacan a la fuerza, y si el quiere reclama después el deposito que dejó la empresa minera en la alcaldía del municipio. Eso no es otra cosa que la privatización de la expropiación, pero no para expropiar a los grandes propietarios sino para los campesinos, e incluso indígenas, aunque la Constitución dice que los resguardos son inalienables.

Ese Código, a mi modo de ver, que ya fue aprobado en primer debate la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, resume la verdad de lo que esta pasando. Por lo tanto, aquí no hay reforma agraria sino lo contrario. El INCORA si hace cosas, pero es como un niño que con un pocillo sacando agua del mar. Sin embargo, ese Código de Minas todavía lo podemos detener. Empero, siguen y seguirán pasando fenómenos como el del Chocó.

Aquí el derecho de propiedad les importa cinco, porque es la propiedad de las comunidades, de los campesinos. Lo que importan son las empresas mineras, como las que están al lado del Brasil esperando que aprueben ese Código minero, para entrar al Guainía y para que les den títulos mineros sobre los resguardos indígenas. Los indígenas podrán demandar ante la OIT porque hay convenios internacionales, las comunidades negras y los indígenas tienen instrumentos legales de concertación y los están usando, pero los campesinos ¿ante quien demandarán cuando llegue las empresa minera a sacarlos como los sacaron ya de Caño Limón las petroleras?

Esa es la realidad. El Código de Minas, el vigente y el proyectado tienen concordancia con otras normas ya aprobadas: las famosas zonas petroleras y zonas mineras que la ley 160 les designa al INCORA, y la ley de orden publico, que dijo que todo campesino que estuviera a la redonda de un pozo petrolero, lo expropiaban. La Ley 160 de 1994 no sólo habla de pozos petroleros sino que cualquier recurso no renovable. Entonces si existe una cantera no pueden titular a cinco kilómetros a la redonda. Ese mandato, que está en la ley 160, es parte de una norma de contrarreforma agraria, de la expropiación de los campesinos, que se ha aplicado legalmente en Caño Limón y en Cusiana e ilegalmente a cientos de miles de campesinos..

Luego, entonces, dentro de este esquema, global, en Colombia el valor e importancia de la tierra y la pelea y violencia que hay allí, no se limitan ni son principalmente la vieja pelea entre los terratenientes y los campesinos. e indígenas. Se enfrentan intereses estratégicos, el acceso a recursos naturales y a vías, la valorización inmensa de los predios por los proyectos.

Sabemos que los derechos de los campesinos e indígenas están en la Ley 160 de 1994, son simplemente en tres renglones. Esta ley pretendió substituir la reforma agraria convencional con un subsidio al mercado de tierras, que beneficia unas 4 mil familias al año. Este sistema ofrecido en Brasil a 15 mil familias en 1997, sólo fue aceptado por 600 familias, en tanto que 150 mil familias conquistaron y se acogieron a planes de reforma agraria convencional por "desapropiación" o sea expropiación con indemnización.

Vemos como en los últimos dos años se han agudizado los conflictos en el país, los desplazados, las comunidades negras, los asesinatos de indígenas, las marchas campesinas e indígenas, los paros campesinos, y sin embargo, se sigue haciendo oídos sordos a esa situación e incumpliendo los compromisos con la gente.

Si no se cambia la óptica del presupuesto que se dedica a los campesinos, indígenas y comunidades negras y a la reforma agraria, el conflicto colombiano continuará agudizándose, y todos quienes queremos una Colombia en paz, seguiremos sumidos en una guerra que se intensifica todavía más ante la sordera de los dirigentes del país, quienes siguen pensando únicamente en cómo beneficiarse de la globalización, en cómo quedar bien ubicados allí y se olvidan que bajo tierra se prepara la erupción de un volcán.

Los campesinos insisten en construir polders como los holandeses, es decir en ganarle terrenos propios al océano de la globalización y la concentración de la propiedad. La historia enseña por una parte, que la resistencia campesina es diversa, muy amplia y recursiva y por otra parte, que el propio sistema necesita de la economía campesina y la utiliza y hasta resucita de una y otra forma.

La economía campesina ha sido y es capaz de sostenerse acudiendo a estrategias combinadas que han incluido su participación en producciones claves ligadas al mercado mundial como el café y la coca, la lucha social organizada, la incorporación de paquetes tecnológicos diversos a las explotaciones de las parcelas, la participación en actividades no agropecuarias y la venta de mano de obra de integrantes de la familia. Obviamente esta resistencia múltiple y relativamente exitosa ha sido aprovechada por el sistema que ha canalizado las divisas producidas por los campesinos, obtenido alimentos y especialmente mano de obra barata.

La cuestión radica en que esta subsistencia del campesinado al mantenerse en una situación de pobreza y marginalidad política relativa significa al mismo tiempo la encrucijada económica y política en que se encuentra Colombia. La crisis actual de la producción agropecuaria y especialmente la crisis de todo el espacio rural y la guerra, no pueden resolverse sin resolver también la situación del campesino.

En resumen, no hay duda de que el campesinado ha sido viable en tanto fenómeno real y existente, en la medida que ha hecho un continuo aporte a las economías nacional e internacional, representado especialmente en productos exportables generadores de divisas en el mercado internacional, alimentos para el consumo interno y fuerza de trabajo. Ha resistido parcialmente, tanto la competencia en el mercado, como la violencia ejercida para desalojarlo.

Para poder responder si será viable en el futuro, hay que constatar que además de haber aumentado la población dedicada al sector agropecuario (2 millones 400 mil personas en 1985 y 2 millones 700 mil en 1993), la vida rural se ha diversificado, creciendo las actividades no agropecuarias en el campo, indicando que la producción que se realiza adquiere una complejidad, expresada en una división del trabajo rural, no prevista en modelos clásicos. Mecánicos, técnicos agropecuarios, maestros, profesionales de la salud y numerosos transportadores y comerciantes hacen parte hoy de la población rural.

Tratar de romper la vida rural según el modelo clásico, choca no sólo con la resistencia campesina, sino con comunidades rurales complejas desde el punto de vista económico y social. En vez de tratar de quebrar esta dinámica comunitaria rural, podría tratársele como una enorme fuerza económica y política capaz de propiciar transformaciones desde la base de la sociedad.

Hoy la viabilidad de la economía campesina puede mantenerse aprovechando algunas de sus características:

1- Capacidad dedicarse a productos de amplia aceptación en el mercado mundial y de consolidarse por largos períodos en su producción (casos café y coca, granadillas de Urrao).

2- Conocimiento de sistemas agroecológicos de manejo especial, principalmente en la región andina y la amazonia pero también en otras.

3- Producción más barata de determinados bienes que son adquiridos por población que no tiene acceso a otros mercados.

3- Papel clave en la reproducción de la mano de obra.

Sin embargo mantenerse sólo en esos tres niveles sería prolongar la situación de crisis del país. Es necesario además que al reconocer el papel de la economía campesina se le considere como un sector estratégico, en la medida que se reconozca a las comunidades rurales como sujeto alternativo de desarrollo. Esto significa:

1- Reconocer poder con categoría estatal a las comunidades locales y sus autoridades propias;

2- Llevar a cabo una reforma agraria masiva que beneficie a un millón de familias, (no marginal para pequeños grupos de 5 o 10 mil familias al año);

3- Un programa de crédito masivo especial para campesinos (las tasas de interés de Colombia para campesinos son superiores a las tasas de interés de Estados unidos, Europa y Japón para corporaciones transnacionales);

4- Una renegociación de los términos de internacionales para el sector agropecuario colombiano, especialmente para garantizar los canales de mercadeo para los productos alternativos al narcocultivo;

5- Un programa cooperativo o asociativo masivo para que los campesinos asuman programas de mercadeo y procesamiento agroindustrial de productos rurales.

6- Valoración y programación de la producción, reproducción o conservación de recursos naturales renovables y respeto a la propiedad comunitaria de los recursos genéticos.

7- Contratos con comunidades campesinas para el manejo de zonas de importancia ecológica.

Esto cuesta, mucho, pero la pregunta está en si cuesta más que la guerra que se hace ahora tratando de cumplir el programa clásico de "limpiar" el campo para el desarrollo.

Es decir la discusión sobre la viabilidad del campesinado coincide con la discusión sobre la viabilidad de la paz. Los caminos violentos, como la guerra colombiana o los golpes de Estado en Chile o Indonesia o la dictadura de los sultanes malayos, son una alternativa. La otra es permitir y propiciar la participación masiva del campesinado en el modelo de desarrollo, no sólo la participación marginal de unos poquitos campesinos favorecidos por programas clientelistas que son compatibles y hacen parte de una política de guerra.

Muchos creen que la participación de las comunidades campesinas se trata de hacer talleres, seminarios, foros y especialmente comités sobre los programas del Estado. Aunque eso sea importante, el problema real de la participación es el del poder y el de la disposición de los medios económicos. Mientras no tengan poder, los comités serán abandonados por la gente que ve su inutilidad. Mientras los campesinos no puedan participar directamente en las decisiones, incluidas aquellas que se toman sobre convenios internacionales de comercio que afectan sus vidas, la participación no será real.

No se trata de "conservar" lo que hay, es decir la pobreza de años de dominación sobre los campesinos (y sobre los indígenas) sino de cambiar el modelo de dominación por el de participación y el de pobreza por el de desarrollo campesino como parte de una nueva economía nacional.

Héctor Mondragón

Asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia y del Consejo Nacional Campesino

Delegado de los indígenas en la secretaría operativa de la Comisión de Territorios

Consultor de la Agenda de Economía Campesina de la Misión Rural IICA

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