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Asunto: Violación a derechos humanos ambientales, culturales, económicos y sociales


Nombre:

Dirección:

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COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

DOCTOR RAÚL PLASCENCIA VILLANUEVA

PRESIDENTE

SEXTA VISITADURÍA GENERAL

PERIFÉRICO SUR 3469

COLONIA SAN JERÓNIMO LÍDICE

DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

C.P. 10200

P R E S E N T E.
ASUNTO: SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES POR

EL POSIBLE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA

SIEMBRA COMERCIAL DE MÁIZ TRANSGÉNICO

Y PRESENTACION DE QUEJA.
_____________________________, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos el ubicado en ______________________________________________________________________, y con número telefónico ________________, ante esa Comisión Nacional comparezco para exponer que:
De la manera más respetuosa, solicito de Usted la intervención de ésta H. Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de que se decrete medidas cautelares de manera urgente consistentes en que las autoridades que adelante se señalan, se abstengan de otorgar los permisos y dictámenes favorables solicitados para la siembra de maíz transgénico para fines comerciales, así como conocer de la presente queja, al estimar que ésta cae dentro del ámbito de su competencia, toda vez que con la creación de la Sexta Visitaduría General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es ahora competente para conocer asuntos laborales, ambientales, culturales y de carácter económico y social, todo ello debido a las reformas en la Ley de esta H. Comisión publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2012.
Que con fundamento en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 3º, 4º, 5º, 6o, fracciones I, II, inciso a), VII, VIII, XIII, 24, 25 y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 9º, 10º, 26, 61, 76, 79, 80, 94, 116 a 118 (medidas cautelares) y demás aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos vengo a denunciar los actos y omisiones ilegales e injustos que realiza el Presidente de la República C. Enrique Peña Nieto, y los secretarios de Estado del Poder Ejecutivo Federal, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, y demás funcionarios de la administración pública federal que resulten responsables, por la violación de derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación, al medio ambiente sano derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, teniendo entre otras consecuencias desnutrición, insuficiencia alimentaria y carencia de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
Con fundamento en los artículos 40 de la Ley de la CNDH; 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, con el objeto de evitar la imposible restitución en el goce de nuestros derechos solicito de manera urgente la aplicación de medidas cautelares, consistentes en que las autoridades integradas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaria Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), incluyendo la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), se abstengan de otorgar los permisos y dictámenes favorables que están solicitados para la siembra de maíz transgénico para fines comerciales hasta en tanto se resuelva el fondo de la queja.
Asimismo, vengo a presentar queja ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación a los artículos 1o, párrafos primero, segundo y tercero, artículo 2o, apartado B, segundo párrafo, fracción III, artículo 4o, párrafos tercero y séptimo, y articulo 27, fracción XX, párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias y tratados internacionales firmados por el gobierno de México, que ordenan y reglamentan el derecho a la alimentación sana, nutritiva y de calidad, entre otros derechos.
Por lo anterior, me permito señalar lo siguiente:
1. LOS SUJETOS DE LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.
Los sujetos de la violación a derechos humanos de los hechos que a continuación se narran resulta la (el) abajo signante en mi carácter de consumidor de productos de maíz, los campesinos, los apicultores, los grupos indígenas y el pueblo de México en general.

2. HECHOS QUE CONSIDERO CONSTITUTIVOS DE LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS.
Los hechos que considero constitutivos de la violación de derechos humanos consisten en el otorgamiento de permisos para la siembra experimental y piloto de maíz genéticamente modificado (GM) expedidos por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de la Secretaria Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las seis solicitudes de permisos en etapa comercial que en este momento se encuentran en evaluación y análisis por parte del mismo SENASICA, dependiente la SAGARPA y de la DGIRA, vinculada a la SEMARNAT, de las cuales pido se ordene la instrumentación de las medidas cautelares conducentes, dada la posibilidad de que las autoridades involucradas expidan los permisos y dictámenes favorables en fechas próximas (ver Tabla 1.- Estatus de solicitudes de siembra de maíz GM), a pesar de opiniones en contrario de organismos científicos y académicos, incluso organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) que recomiendan aplicar el Principio Precautorio1 frente a la liberación comercial de esta clase de cultivos en México, al ser centro de origen y de diversidad genética de maíz, debiendo entender como “centro de origen” de plantas cultivadas una zona geográfica en donde se encuentra un máximo de diversidad del cultivo y en el que coexisten o coexistieron sus parientes silvestres2. Ante el hecho de que las autoridades mexicanas no pueden garantizar que no habrá más casos de flujo genético de estos transgenes a variedades nativas de maíz y sus parientes silvestres, además de afectación a insectos polinizadores y otros insectos no blanco, aunado a que como consumidor es vulnerado mi derecho a elegir qué productos deseo consumir, al no implementarse el etiquetado obligatorio de este tipo de productos destinados a consumo humano, debido a que la legislación en materia de salud y de bioseguridad de OGM no prevé su etiquetado, asimismo tampoco existen mecanismos de trazabilidad3 para poderlos detectar dentro de los canales de comercialización en caso de que hubiera la necesidad de retirarlos del mercado por incidentes de riesgo o evidencia de daño a la salud humana ante nueva evidencia científica o técnica que surgiera a futuro; haciendo imposible su retiro del mercado.
Ante la duda e incertidumbre que aún se cierne sobre ellos, demando aplicación del principio precautorio.
Tabla 1.- Estatus de solicitudes de siembra de maíz GM.

Solicitudes de siembra de maíz GM

2013

2012

2011

2010

2009

Total

Etapa experimental

--

18

59

67

34

178

Etapa piloto

8

30

17

9

--

64

Etapa comercial

--

6

--

--

--

6

Fuente: Datos tomados de la página del SENASICA, actualizada al 19 de marzo de 2013.



  1. AFECTACIÓN AL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.


Se atenta contra el artículo 4º Constitucional, ante la omisión del Estado mexicano de garantizarnos como ciudadanos el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; el derecho a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar; el ejercicio de los derechos culturales, junto con el acceso y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa; el derecho de acceso a la información contemplado en el artículo 6º de la Carta Magna es también contravenido; así como el derecho a un desarrollo nacional sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales (artículo 25 Constitucional).
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a la alimentación como un derecho humano. Éste se incorporó posteriormente al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 114), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, entre ellos México. En este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas considera que “la alimentación es un requisito para la supervivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental” (Resolución 35/70, del 5 de diciembre de 1980).

La interpretación técnica y la definición más precisa de este derecho figura en la “Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” 5 (1999) que sobre el derecho a una alimentación adecuada señala: “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” …” (Numeral 6 de la Observación).“…El Comité considera que el contenido básico del derecho a la alimentación adecuada comprende lo siguiente: la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada (Numeral 8 de la Observación). En este último sentido (subrayado del suscrito), “que los alimentos deban ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados significa que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles” (Numeral 11 de la Observación).

Además el Numeral 19 de la Observación señala que (subrayado del suscrito): “Las violaciones del derecho a la alimentación pueden producirse por actos realizados directamente por los Estados o por otras entidades insuficientemente reguladas por los Estados. Entre ellos cabe señalar: derogar o suspender oficialmente la legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a la alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos o grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación como si es activa; impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario en los conflictos internos o en otras situaciones de emergencia; adoptar legislación o políticas que sean manifiestamente incompatibles con obligaciones jurídicas anteriores relativas al derecho a la alimentación; y no controlar las actividades de individuos o grupos para evitar que violen el derecho a la alimentación de otras personas; o, cuando es el Estado, no tener en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales relativas al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros Estados o con organizaciones internacionales”. “Los Estados Partes, como un componente de su obligación de proteger los recursos alimentarios básicos para el pueblo, deben adoptar medidas adecuadas tendientes a garantizar que las actividades del sector privado y de la sociedad civil sean conformes con el derecho a la alimentación” (Numeral 27 de la Observación).
El numeral 32 de la Observación señala que: “Toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a una alimentación adecuada debe tener acceso a recursos judiciales adecuados o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. Todas las víctimas de estas violaciones tienen derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición. Los defensores nacionales del pueblo y las comisiones de derechos humanos deben ocuparse de las violaciones del derecho a la alimentación.

Las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”6, aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, de noviembre de 2004, establecen varios lineamientos que vale la pena retomar dado que la incertidumbre y la falta de certeza absoluta llevan aparejada la falta de acceso a la información de sus ciudadanos sobre lo que consumen, su origen y procedencia, derecho que nos es negado a los consumidores mexicanos por no prever el etiquetado los transgénicos para consumo humano, por tanto la población no podemos conocer y decidir qué comer.
La Directriz No 9 establece el deber de los Estados de proteger a los consumidores, idea que se desarrolla más ampliamente en la Directriz No 10 que habla de nutrición, donde además se hace referencia al reconocimiento de la alimentación como una parte vital de la cultura de las personas y se alienta a los Estados a tener en cuenta las costumbres y tradiciones con respecto a la alimentación. La Directriz No 10 también destaca la importancia de la participación de todas las partes interesadas, incluidas las comunidades locales, en la formulación, aplicación, gestión, seguimiento y evaluación de programas tendentes a incrementar la producción y consumo de alimentos sanos. Además del acceso a mercados para sus pequeños productores. En la Directriz No 3 habla de estrategias para la realización del derecho a la alimentación, se alienta a los Estados a revitalizar el sector agrícola nacional mediante políticas especialmente diseñadas para fortalecer a los pequeños productores rurales que practican sistemas tradicionales de explotación. Señala también el valor de incluir a las asociaciones de estos pequeños productores como a otros sectores de la sociedad civil en el diseño de planes estratégicos de producción agrícola y alimentaria. Con respecto a los sistemas de mercado, la Directriz No 4 insta a los Estados a promover los mercados locales y regionales de pequeña escala, con el objeto de aumentar la seguridad alimentaria especialmente de las zonas rurales pobres.

En el tema específico de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), el Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, en visita oficial a México realizada del 13 al 20 de junio de 2011, señaló en su Declaración Final7, en materia de organismos genéticamente modificados para el caso del maíz, que: “El problema de los cultivos transgénicos tiene una resonancia particular en México, dada la importancia del maíz en la cultura mexicana. Durante su misión, el Relator Especial ha analizado los últimos datos científicos sobre los posibles riesgos ecológicos del cultivo de maíz transgénico en México, así como la evolución jurídica y política desde la emisión de la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticamente Modificados en 2005. El Relator Especial observa que el cultivo de maíz transgénico en México plantea graves riesgos a la diversidad de variedades nativas de maíz. Esto se debe a las características del flujo de genes del maíz, el polen es capaz de recorrer largas distancias, pero también se debe, a los hábitos de intercambios de semillas de los agricultores mexicanos. De hecho, el intercambio de semillas de un productor a otro representa más del 85% de las fuentes de semillas de maíz a nivel nacional (la cantidad industria de semillas del 5.2% (sic)). Además, parece que la gran mayoría de las variedades de maíz transgénico están siendo evaluadas actualmente teniendo una relevancia incierta, en comparación con los principales problemas agronómicos de México, ya que estas variedades poco abordan los problemas principales, como la resistencia a la sequía o la habilidad para cultivar en suelos pobres. El Relator Especial concluye que no parece haber ninguna otra razón para estos ensayos de campo, que la de ser el primer paso en un proceso gradual que en última instancia conduce a la comercialización de maíz transgénico a gran escala. La expansión de los cultivos de maíz transgénico a escala comercial, y la consiguiente desaparición gradual de las variedades locales, podría aumentar la dependencia de los agricultores en una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de las patentes sobre las variedades, que constituyen una industria muy acaparada. El Relator Especial concluye que la continuación del programa que conducirá a la introducción de maíz transgénico en México podría ser un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación en México, y que no sería lo que al país le interesa. También desvía la atención de los encargados de las políticas públicas lejos de las cuestiones más vitales, tales como la erosión del suelo o la resistencia al cambio climático, y contribuye a reforzar la creencia de que las opciones tecnológicas puede resolver la inseguridad alimentaria. El verdadero problema que debe formularse es si esta vía de desarrollo agrícola puede reducir la pobreza rural y la desigualdad, y si es sostenible en el largo plazo. El Relator Especial señala a este respecto que la introducción de maíz transgénico en México podría resultar en una pérdida de la biodiversidad agrícola, que constituye un elemento fundamental en el futuro frente a las amenazas y cambios impredecibles causados por el cambio climático. Pero en el largo plazo, la mejora continua de las variedades criollas por las prácticas de los agricultores de almacenar, resembrar y el intercambio de semillas que mejor se adapte a los entornos específicos es crucial para asegurar el flujo de germoplasma necesarios para apoyar futuras crisis, que son, por definición, imprevisibles. (…) La introducción y propagación de maíz transgénico en México no beneficiaría más a los agricultores, puesto que llevaría a los agricultores mexicanos a depender de manera progresiva de los proveedores de insumos, protegidos por los derechos de propiedad intelectual, que hacen de la agricultura excesivamente cara. El Relator Especial observa a este respecto que algunos de los expertos mexicanos más respetados en la biodiversidad recientemente advirtió en contra de la aceleración del desarrollo de los cultivos transgénicos. Advirtieron sobre la presencia de importantes problemas que aún no han sido abordados, tales como el riesgo de que los pequeños agricultores el cultivo de variedades nativas de maíz encuentren cultivos que contienen genes de plantas transgénicas, y podrían ser demandados por infringir derechos de propiedad de los titulares de patentes. La aplicación agresiva de los acuerdos de uso de la tecnología en los EE.UU. por Monsanto ha demostrado la importancia de este problema”.

El Relator Especial recomienda que las autoridades mexicanas: (i) declaren lo antes posible, el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad del maíz, permitiendo al mismo tiempo, posibles programas de investigación en entornos estrictamente limitados; (ii) tomar medidas para regular la creciente concentración en el sector de las semillas y apoyar a los pequeños propietarios en el establecimiento de bancos comunitarios de semillas y otros sistemas de semillas que preservan y mantienen la agro biodiversidad, (iii) mejorar el acceso a la información sobre las pruebas de campo existentes y la elaboración de un análisis independiente de sus impactos ecológicos, agronómicos, económicos y sociales, (iv) fortalecer aun mas in situ los programas de conservación de la diversidad del maíz mediante el aumento de los incentivos a los agricultores dependiendo de las variedades locales por su contribución a la agro biodiversidad agrícola, como complemento de la conservación ex situ de recursos genéticos por el Centro Nacional de Recursos Genéticos.
A nivel nacional, el derecho a la alimentación fue reconocido en nuestra Carta Magna mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011, con la adición de un párrafo al artículo 4° Constitucional que indica: ''Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará”, así como la modificación al artículo 27° que establece: ''El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca''.
Así pues, no basta con la producción de alimentos, sino que estos alimentos deben tener la calidad de ser sanos, es decir, inocuos, lo que implica que estos alimentos no causen daño a la salud humana, lo que actualmente aún no se actualiza en los OGM, toda vez que su inocuidad ha sido puesta en duda en diversas ocasiones, a través de diversos estudios científicos, por lo que hasta la fecha, nadie ha demostrado que exista una certeza absoluta de la inocuidad de éstos alimentos, debiendo prevalecer en consecuencia, el principio precautorio, adoptando medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo para la salud pública o el medio ambiente (para ver un listado de artículos científicos89 que los cuestionan, se puede consultar la página electrónica: http://semillasysalud.wordpress.com/estudios-sobre-los-efectos-en-la-salud-de-los-transgenicospagina/ )
Con el objeto de tener claridad respecto de la clase de maíces GM que se pretenden comercializar, al momento, las modificaciones genéticas que se quieren introducir versan sobre dos características:
1) NK603-6 (Roundup Ready) desarrollado por la empresa Monsanto: Maíz tolerante al herbicida glifosato obtenido por medio de la introducción de dos copias del gen de la enzima 3-enolpiruvil-shiquimato-5-fosfato sintasa (EPSPS), proveniente de la cepa CP4 de la bacteria del suelo Agrobacterium tumefaciens. Autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en 2002 para consumo animal y humano.
2) DAS-Ø15Ø7-1 (o TC1507) desarrollado por la empresa Piooner-Dupont: Maíz que expresa el gen cry1F (BT) para la protección contra algunos insectos lepidópteros como es el gusano barrenador europeo (Ostrinia nubilalis; phosphinothricina (PPT), tolerante a herbicida, específicamente glufosinato de amonio. Autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) en 2003 para consumo animal y humano.
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