Resguardos indígenas naturaleza de las ips indígenas / ips indígena naturaleza jurídica




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Motivación cultural



Nuestro derecho universal a desarrollar a desarrollar modelos propios de atención en salud a partir de nuestras medicinales tradicionales y de las formas de desarrollarnos con los modelos médicos occidentales.


  1. No obstante el avance constitucional y normas específicas posteriores con el decreto 1811 de 1990 (gratuidad, consulta y derecho a formar personal propio de manera concertada) y la Resolución 5078 (fomento y respeto de las medicinas tradicionales), la Ley 100 de 1993 vinieron con su lógica mercantil a barrer con todas sus posibilidades alcanzadas, pues nos metió en la misma bolsa como agentes del mercado.


Por tal motivo, es preciso abrir un espacio al interior de la Ley 100 de 1993 que reconozca nuestras especialidades, dinámicas y propuestas en salud y que retorne los avances jurídicos, en aras de fortalecer lo cultural y por esa vía asegurar la efectividad real de los sistemas de salud y la reproducción real, tanto material como espiritual de nuestros pueblos


  1. No sólo se puede desconocer, sino que deben fomentarse las posibilidades preventivas de nuestras formas de vida y curativas de nuestro conocimiento y nuestros recursos, hoy amenazados por el deterioro de nuestros territorios, incluidas las reservas forestales y vegetales de donde surgen los tratamientos tradicionales, la persecución de nuestros sabios como Momo, The Wala, Curaca, Guerjaya, Jaibana, Payé, entre otros y en muchos casos la muerte de ellos por las pésimas condiciones de vida en que se desenvuelven.


Motivación socioeconómicas.
Nuestra forma particular de reproducción material y espiritual, es decir, de la existencia de economías tradicionales en relación diversa y variable con el modelo económico nacional.



  1. Esta condición determina dos situaciones básicas: En primer lugar, nuestro perfil epidemiológico es consecuencia directa de la forma como vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y en segundo lugar, el acceso de los servicios de salud no puede estar mediado por el dinero, en la medida de que nuestras economías no están diseñadas para generar excedentes monetarios sino sociales.


La ley 100 de 1993 desconoce esta situación y por ello nos mete en un POS que en primer lugar recorta la integridad y universalidad de los servicios y en segundo lugar, en lo que nos cubre no se compadece con nuestras necesidades.
Por otro lado, la ley 100 de 1993 desconoce los avances constitucionales y legales, cuando reduce para los afiliados al sistema lo que antes era un derecho total a la gratuidad, ahora es un derecho parcial subsidiado. Igualmente, la Ley 100 de 1993 y a falta de desarrollo constitucional no prevén que para acceder a los servicios de salud, no basta cubrir el servicio institucional, sino que tenemos que salvar las distancias, los medios de comunicación, las barreras lingüísticas, el acercarse a los centros urbanos y para ello no contamos con recursos.

Nuestra pertenencia a municipios con NBI entre el 80% y el 100%



Nuestros pueblos viven en territorios ubicados en municipios de estrato 5 y 6, es decir, con el NBI por encima del 80%. Esta situación, estadísticamente está ligada a bajo desarrollo de infraestructura, de las instituciones del estado, a deterioro ambiental instalado o en curso, a prevalencia e incidencia alta de enfermedades inmunoprevenibles, baja cobertura hospitalaria y escasos recursos y capacidad de generación municipal, además de altos niveles de violencia y del recrudecimiento del conflicto armado.
En particular las instituciones de salud, o son inexistentes y precarias o no tienen capacidad para volverse competitivas ni generadoras de ingresos, a lo que se le suma la disminución del situado fiscal que está llevando a los hospitales a su quiebra y progresiva desaparición, dejando de existir de paso, la única posibilidad de atención para nuestras comunidades en el nivel local.

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