Competencia de la autoridad administrativa en materia tributaria




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UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO

DERECHO PROCESAL FISCAL

UNIDAD IV

FORMALIDADES DEL PROCEDIMIENTO FISCAL
4.1 en materia fiscal Procedimientos no contenciosos

En la materia fiscal, como parte de la materia administrativa, encontramos procedimientos no contenciosos y procesos contenciosos. Como ya se han explicado los procedimientos no contenciosos se refieren al trámite que la ley señala para cumplir o establecer alguna situación jurídica y para ello efectuar trámite correspondiente ante autoridades administrativas por parte del interesado o representante legal. Resulta así, que cualquier trámite o procedimiento administrativo, se tiene que dar como una relación jurídica entre autoridad e interesado. El procedimiento no contencioso, al que nos referimos, debe ser atendido y resuelto por la autoridad que la ley señale, esto es de quien resulte competente.

A) Competencia de la autoridad administrativa en materia tributaria. En materia tributaria la distribución de competencia la encontramos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; en la Ley del Servicio de Administración Tributaria; en el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; en el Código Fiscal de la Federación; etc. La competencia más común es la territorial, de ésta suerte es competente la autoridad de la circunscripción territorial en que se lleva a cabo el acto generador de obligaciones tributarias.

B) Trámite digital. Anteriormente el trámite obligado era por escrito. Actualmente el artículo 18 del CFF señala "toda promoción... deberá presentarse mediante documento digital que contenga firma electrónica avanzada". Este artículo potestativamente dispensa exclusivamente de cumplir con el trámite digital a quienes se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.

C) Requisitos formales del trámite. En cualquier procedimiento en materia tributaria se deben cumplir requisitos de forma y fondo. Los requisitos de forma son aquellos que se refieren a los datos o requisitos identificatorios del asunto y no a la esencia o cuestión del asunto, así son formalidades: el hecho de que conste por escrito, el nombre, denominación o razón social del contribuyente, domicilio fiscal, domicilio convencional, autoridad a quien se dirige la promoción, firma electrónica avanzada, etc. Son de fondo los relativos al asunto a que se refiere él trámite, o sea los hechos y fundamentos legales aplicables al caso concreto.

D) Principios aplicables a los procedimientos en materia tributaria. En los procedimientos fiscales y en general en los administrativos, entre otros principios, se aplican los siguientes:

1. Principio de economía. El procedimiento debe efectuarse buscando la mayor economía de tiempo, de esfuerzo y de costo; y por ello el promovente debe presentar todos los hechos, o situaciones de derecho de que tenga conocimiento para evitar una sucesión de procedimientos, pues si no lo hace de esta forma puede perder el derecho de hacer valer aquéllos hechos o situaciones que no invoque, al acudir en su inicial promoción.

2. Principio de definitividad. Este procedimiento tiene relación con el de economía procesal, y consiste en que los hechos o situaciones que se resuelvan quedan firmes y ya no es posible invocar otros, o los mismos, en otro procedimiento, salvo que se trate de cuestión de la cual no se tenía conocimiento, como son los hechos supervenientes.

4.2 Medios probatorios

En los procedimientos no contenciosos, y en los contenciosos, el interesado, al promoverlos, señala hechos, pero para obtener posible resolución a favor, debe probar la existencia de esos hechos.

Probar significa poner en evidencia, demostrar, y ello obliga a que, quien afirme un hecho deba probarlo, es decir, presentar evidencias para que la autoridad, o a quien interese el procedimiento constate por medio de sus sentidos el hecho que se pone en evidencia.

Las pruebas son piezas fundamentales en un procedimiento, pues son las que acreditan las afirmaciones que se hacen las partes y en ello incluimos el procedimiento fiscal. Así por ejemplo, la autoridad fiscal en sus facultades de comprobación fiel cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo del contribuyente requiere a éste de que exhiba las formas de declaraciones presentadas al fisco por parcialidades ya vencidas, es decir, el fisco está suponiendo el hecho de que el contribuyente no presentó las declaraciones, y el contribuyente podrá probar, es decir, demostrar que sí lo hizo, exhibiendo copia de las citadas declaraciones y con ello evidenciar que si cumplió.

En diversos preceptos del CFF, y de otras leyes tributarias, éstas se refieren a diversos tipos de pruebas como son documentos (incluyendo diskets, C.D., microfilms), dictámenes periciales, confesión de hechos, etc.

El artículo 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en el capítulo dedicado a las pruebas nos dice:

Artículo 40.- En los juicios que se tramiten ante el Tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.

En los artículos 43 y 44 de la ley mencionada se señalan reglas para el desahogo de las pruebas pericial y la testimonial. A su vez los artículos 45 y 4G hacen referencia a las pruebas documentales y a la valoración ele las pruebas.

Del examen de las leyes tributarias podemos señalar que se admiten como regla general, toda clase de medios probatorios, y que las pruebas que generalmente se encuentran son:

lo. La confesional. Limitada en la forma que aparece en el artículo 40 de la Ley. La prueba confesional es el reconocimiento de un hecho que puede acarrear consecuencias desfavorables para la persona que lo confiesa. La confesión no puede recaer sino sobre hechos que sean propios o le consten a quien produce la confesión y ésta a la vez se clasifica en Judicial y Extrajudicial.

A) La judicial. Es la formulada ante autoridad con carácter judicial y con sujeción a formalidades procesales. La confesión ante juez puede ser "bajo protesta de decir verdad", y si se declara falsamente se incurre en el delito de falsedad de declaraciones. Este tipo de confesión no es aceptada en materia fiscal, como ya quedó señalado.

El valor de la prueba confesional tiene valor probatorio pleno si es expresa y generalmente se produce en los escritos de demanda y contestación de la demanda respecto de los hechos que se señalan en esos escritos.

B) La confesión extrajudicial. Es aquella que la persona produce fuera de juicio y que consta en algún documento o escrito, como puede ser un informe o carta.

El artículo 130 del CFF en forma similar al artículo 40 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al referirse a la confesional, manifiesta que ésta prueba no la acepta en el trámite del recurso de revocación si la confesión tiene por objeto que la autoridad absuelva posiciones: pero si se trata de informes de la autoridad respecto de hechos que consten en los expedientes o documentos que obren en su poder si se acepta como confesión lo que se afirme en dichos informes. El valor de la prueba confesional que se desprenda de esos informes es pleno, es decir, se considera que los hechos afirmados son ciertos y verdaderos y no admiten prueba en contrario, a excepción de que los hechos afirmados por la autoridad se refieren a declaraciones de verdad o a manifestaciones de hechas de particulares.

2o. La testimonial. Es aquel medio de prueba que consiste en la declaración de una persona, que no es parte en el procedimiento o del proceso, pero que tiene conocimiento de hecho o hechos, cuyo esclarecimiento interesa para la decisión del asunto.

El testigo resulta ser una persona, que sin figurar en la relación jurídica del procedimiento o proceso, concurre a declarar por ser su obligación, salvo el caso de excusa legal para no hacerlo. El testimonio se rinde cumpliendo las formalidades que marca la ley apercibiéndose al testigo de que "se conduzca con verdad", pues de no ser así puede incurrir en delito. Generalmente el testigo singular sólo se le asigna el valor de indicio, y cuando son varios testigos sus testimonios quedan a la libre apreciación de la autoridad.

En materia fiscal el CFF en su artículo 130 al referirse al recurso de revocación señala que no es admisible la prueba testimonial. En el artículo 44 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo al referirse a las pruebas admisibles sí se acepta la prueba testimonial y se regula su desahogo. El valor de la prueba testimonial en el juicio contencioso administrativo esta señalado en la fracción III del artículo 46 de la citada ley que señala "quedará a la prudente apreciación de la Sala".

3o. La pericial. Consiste en el medio de prueba que se requiere para apreciar un hecho de forma objetiva, veraz, precisa, de carácter científico o técnico, y para lo cual se acude a quien tenga esa preparación para que emita su opinión que responda a las cuestiones o preguntas que sobre el hecho se le plantean, utilizando para ello procedimientos científicos o técnicos para el estudio o análisis de esas « cuestiones y producir respuestas y conclusiones.

El perito resulta ser, una forma de asistencia profesional y técnica a magistrados a quienes presta sus conocimientos y experiencia, sobre materias de su conocimiento y para ello debe cumplir dos condiciones esenciales:

a) Preparación o competencia en la materia en que vaya a versar la prueba, y b) Imparcialidad, que se refiere al aspecto de honestidad del perito, quien debe atender únicamente a los aspectos objetivos del asunto y no dejarse influir por el interés de alguna de las partes. La imparcialidad de un perito puede ser cuestionada y a esa situación se le denomina recusación, es decir, un perito puede ser recusado cuando se considere que el dictamen que pueda rendir pueda ser parcial, sea porque guarde parentesco, amistad o enemistad, afecto, interés etc.; con alguna de las partes, a la que pueda beneficiar o afectar el resultado de la prueba pericial.

El dictamen o documento que emita el perito debe satisfacer los siguientes requisitos:

L- Debe ser objetivo, es decir, el perito no debe hacer suposiciones o consideraciones de índole subjetiva

2. - Debe ser preciso, o sea, contestar en forma clara, sin vaguedades o reticencias a las cuestiones planteadas.

3. - Debe ser completo, situación que se refiere a que el perito debe contestar todas las cuestiones sujetas a su estudio.

Por lo general la ley señala que las partes interesadas en un procedimiento, o en un proceso, puedan designar el perito de su elección, y a quien le corresponda resolver el asunto puede, si las opiniones de los peritos de las partes son contradictorias, designar un perito denominado tercero en discordia.

El perito y el testigo no son parte de la relación jurídica, concurren a aportar elementos para acreditar o desvirtuar hechos, pero su participación se distingue entre otras cosas por las siguientes razones:

1. El testigo declara sobre hechos que le constan por haberlos apreciado personalmente; el perito estudia los hechos, que no le constan para opinar de ellos en forma científica o técnica.

2. El testigo conoció el hecho cuando este se produjo; el perito estudia el hecho cuando este ya aconteció.

3. El testigo puede ser cualquier persona siempre y cuando le consten los hechos; el perito solo puede ser quien tenga los conocimientos en la ciencia o arte de los hechos que deba estudiar.

En relación a este tema se señala la siguiente jurisprudencia:

DESIGNACIÓN DE PERITO PARA EL AVALÚO DE BIENES EMBARGADOS, NO CAUSA AGRAVIOS AL EMBARGADO.- En términos del artículo 175 del Código Fiscal de la Federación, la base para la enajenación de bienes inmuebles embargados será el avalúo y para negociaciones el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el Reglamento del mismo Código, el cual, en todo caso será notificado personalmente al embargado por parte de la autoridad, quien de no estar conforme con la evaluación hecha, podrá hacer valer el recurso de revocación debiendo designar en el mismo el perito de su parte; de donde se deduce que la pura designación de perito valuador por parte de la autoridad, en nada agravia al deudor, pues a lo único que se limitará el perito designado, será a emitir su dictamen en donde fije el valor de los bienes embargados, y si el deudor no está de acuerdo con el valor asignado, tiene a su alcance el recurso de revocación, en el cual se establece la posibilidad de designar un perito de su parte, para que fije el valor que a su juicio considere correcto, y en caso de discordancia con el fijado por el perito de la autoridad, cabe además la posibilidad de designar un perito tercero.

Juicio No. 1469/99-09-01-3.- Resuelto por la Sala Regional del Sureste, el 14 de marzo del 2000, aprobada por unanimidad de votos.-Magistrada Instructora: Analicia Vega León.- Secretario: Lic. Nahúm Ruiz Mendoza.

Cuarta Época. Instancia: Primera Sala Regional Noroeste. (Cd. Obregón) R.T.F.F. Año I. No. 4. Noviembre 1998. Tesis: IV-TASR-VII-27 Página 108

El CFF, en su artículo 231 señalaba el procedimiento para la designación y desahogo de la prueba pericial en la materia tributiva, siendo aplicable supletoriamente en lo no previsto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. El valor de la prueba pericial queda "a la prudente apreciación", según lo señalan los artículos 130 y 234 fracción II del CFF. (Este criterio, a nuestro juicio, sigue siendo válido pues la regulación del CFF ya derogada se ha conservado en esencia en la nueva Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo).

En relación al desahogo de pruebas, se transcribe la siguiente jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PRUEBA PERICIAL.-SU DESAHOGO.- Si de las constancias de autos de un juicio de nulidad se observa que, al admitirse a trámite una prueba pericial ofrecida por la actora se requirió legalmente a las autoridades demandadas para que adicionaran los cuestionamientos del oferente o propusieran los suyos, y estas así lo hicieren en términos de la ley, luego entonces que dicha probanza se encuentra integrada tanto con los cuestionamientos iniciales presentados por el enjuiciante como con los adicionales propuestos por su contraria y, en tal virtud, para su perfeccionamiento, es decir, para su adecuado desahogo, es necesario que los peritos de las partes se refieran a todos ellos, e igualmente el perito tercero en discordia que en su caso se hubiese designado. En este orden de ideas, cuando alguno de los mencionados peritos rinde su dictamen en forma parcial, por no haberse referido a todos los cuestionarios propuestos por las partes, lo conducente en la especie es proveer lo necesario para el completo desahogo de la mencionada prueba pericial, con el fin de no dejar en estado de indefensión a su oferente, ya que de esa forma no serviría para acreditar la pretensión por la cual se ofreció, pero de ninguna manera procede conceder termino a las partes para formular alegatos.

Juicio de competencia atrayente No. 17/89.- Resuelto en sesión de 22 de noviembre de 1990, por unanimidad de 6 votos.- Magistrado ponente: José Antonio Quintero Becerra.- Secretaria: Lic. Rosana E. De la Peña Adame. R.T.F.F. tercera época año III No. 35, noviembre 1990, pág. 19

4o. La documental. Que incluye todo tipo de material escrito y además la reproducción de documentos, como son microfilms, fotografías, diskettes, etc.; A la prueba documental también se le llama literal y es la que aparece materializada en los objetos en que aparece la escritura, imágenes, símbolos, signos etc. Generalmente los documentos son los escritos, pero también los son las fotografías, copias fotostáticas, diskettes, microfilms etc.

Los documentos se pueden clasificar en públicos y privados:
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