Resumen: El presente artículo intenta contribuir al debate que se ha generado en torno a la apertura legal que se realizó a los transgénicos en nuestro país.




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Procesos de legalización de los transgénicos en Bolivia

M. Bárbara Giavarini

Resumen: El presente artículo intenta contribuir al debate que se ha generado en torno a la apertura legal que se realizó a los transgénicos en nuestro país. Teniendo en cuenta dos momentos: el año 2005 con la soya transgénica y el 2011 con la Ley de Revolución Productiva y Comunitaria con semillas de las que Bolivia no sea centro de origen.

Así mismo, identificar las principales multinacionales que controlan las semillas genéticamente modificadas y los riesgos que implica el uso, producción y consumo. Y por último, la resistencia que se realizó por parte de organizaciones sociales como el Consejo Nacional Ayllus y Markas del Qullasuyo – CONAMAQ a la inclusión de transgénicos en la Ley.

Palabras clave: transgénicos, centro de origen, riesgos, soberanía alimentaria.

1. Introducción

Los sistemas agroindustriales de producción en base a la biotecnología se han extendido a países de Sudamérica. Entre las principales semillas transgénicas que son parte de este sistema de producción están la soya, el maíz, la canola y el algodón. Argentina por ejemplo comenzó a liberar la semilla de soya transgénica round up ready RR a partir de 1996 (Teubal, 2006). Esto permitió posicionar a la soya transgénica como uno de sus principales productos de exportación. En el caso de Brasil la siembra legal de soya transgénica tuvo lugar el año 2004, aunque ya se producía de manera ilegal antes de 1998 (Vidal, 2012). Paraguay por su parte comenzó a cultivar soya transgénica en 1999, pero al igual que Brasil, entró de forma ilegal (Bioptimistas, 2005).

Estos sistemas de producción han traído una serie de problemas no sólo a pequeños productores locales, sino también a comunidades indígenas en cuanto al uso y tenencia de tierras. Por otro lado han generado y siguen generando daños ambientales irreversibles, como la contaminación de suelos, de agua y de semillas.

Frente a esta monopolización de saberes y de semillas, es que se están tomando acciones y respuestas alternativas. México es uno de los ejemplos más claros en cuanto a la lucha que está asumiendo en la defensa del maíz1. Brasil es otro lugar donde mínimamente se está llevando a cabo la recuperación de tierras contaminadas por la producción de soya, por organizaciones como el MST.

En nuestro país, contrariamente, parece ser que se está apostando y alentando la masiva producción de estos alimentos, como ocurrió con la legalización de la producción de soya transgénica el 2005. Así mismo la Ley N. 144 de 26 de junio de 2011 o Ley de la Revolución productiva Comunitaria Agropecuaria ha generado conflictos2 -en torno al tema de los transgénicos-, y parece apuntar al mismo horizonte.

  1. La biotecnología y las multinacionales una nueva forma de acumulación

Las nuevas formas de acumulación del capital, están asentadas en las nuevas tecnologías como la biotecnología, es así, que los organismos genéticamente modificados (OGM), son resultados de su aplicación en el campo de la agricultura y la alimentación. En la actualidad las multinacionales tienen el monopolio de los transgénicos y los agroquímicos.

De las miles de compañías de semillas e instituciones públicas de mejoramiento que existían treinta años atrás, solo diez compañías controlan ahora más de dos tercios de las ventas mundiales de semillas patentadas. De las docenas de compañías de plaguicidas que existían hace treinta años, diez controlan ahora casi el 90% de las ventas de agroquímicos en todo el mundo. De casi mil empresas biotecnológicas emergentes hace 15 años, diez tienen ahora los tres cuartos de los ingresos de la industria. Y seis de los líderes de las semillas son también seis de los líderes de los plaguicidas y la biotecnología. (ETC, 2008)

Estas grandes multinacionales, no sólo controlan la venta de las semillas sino que también patentan las semillas, es decir, que asumen la propiedad intelectual de dichas semillas, motivo que prohíbe guardar las semillas3.

Según el -“grupo ETC”- (2008) para el 2007, son diez las principales multinacionales que controlan las semillas a nivel del mundo están, Monsanto (EUA), DuPont (EUA), Syngenta (Suiza), Groupe Limagrain (Francia), Land O’ Lakes (EUA), KWS AG (Alemania), Bayer Crop Science (Alemania), Sakata (Japón), DLF-Trifolium (Dinamarca), Takii (Japón). Por otro lado, afirma que el 89% del comercio de agroquímicos (plaguicidas) está controlado por otras diez empresas multinacionales, seis de ellas también participan del negocio de las semillas.

Las principales semillas que se comenzaron a comercializar y por ende a cultivar fueron las de maíz y soya. Es decir, las multinacionales tienen en su poder la producción y comercialización de semillas y agrotóxicos a nivel mundial.

En este sentido, lo que se está produciendo es una forma de acumulación de capital desmedida, pues las cifras (ETC, 2008) señalan un creciente monopolio de la producción y comercialización tanto de semillas, como de los plaguicidas y herbicidas.

  1. Los riesgos de producir bajo el sistema de la biotecnología

Las consecuencias de estas formas de acumulación del capital están fuertemente vinculadas al acceso y control de los recursos naturales (principalmente tierra y semillas) y a la disputa de dos paradigmas contradictorios. Por un lado la producción de cultivos a gran escala (con semillas híbridas o genéticamente modificadas, insumos químicos) y por otro, el sistema basado en pequeños sembrados con insumos nacionales ecológicos y orgánicos a bajo costo y accesibles a los productores pobres (Shiva, 2007, pág. 46). Entonces y tal como Escobar menciona, este campo, corresponde al de la ecología política.

Joan Martínez Alier (2002) define ecología política como el estudio de los conflictos de distribución ecológica. Con esto quiere decir, conflictos en el acceso y en el control sobre los recursos naturales, particularmente como una fuente de subsistencia, así como los costos por la destrucción ambiental (Escobar, 2010, pág. 23).

En este sentido, la introducción de la biotecnología, al modelo capitalista convierte a la naturaleza en un objeto manipulable, de sometimiento y principalmente mercantilizable. Esto implica un sistema de producción que alienta el monocultivo, condicionando y destruyendo los sistemas locales de producción y la biodiversidad

Así, se da el cambio de sistemas controlados por los campesinos, a sistemas controlados por las corporaciones de agroquímicos y semillas y, por ende, por lo institutos internacionales de investigación (Rivera, 2011).

En el caso paraguayo, este sistema de producción ha causado una serie de efectos también sobre las comunidades indígenas en cuanto al uso y tenencia de la tierra

La referida expansión del cultivo se da también a expensas de comunidades indígenas cuyas tierras toman en arriendo los empresarios, a pesar de prohibiciones expresas consignadas en la Ley 904/81 que establece el estatuto de las comunidades indígenas (Fogel & Riquelme, 2005).

En consecuencia se destruyen las semillas de origen, se desplazan los saberes locales de producción, se rompen los tiempos de producción y la rotación de cultivos, por un lado, y se amplían las fronteras agrícolas por la erosión de suelos y la contaminación de tierras por el uso agroquímicos4. Por ende se aumenta la comercialización de tierra así como el desplazamiento forzoso de los productores y de las poblaciones.

Del mismo modo, el efecto sobre la salud de los que consumen éstos alimentos transgénicos, ha sido demostrado científicamente verificándose una serie de alergias, tendencias cancerígenas, esterilidad e incluso la muerte.

La tecnología agrícola basada en organismos genéticamente modificados ha desembocado en un callejón sin salida... ni es más productiva, ni es más barata, ni es más amistosa con el medio ambiente. Tampoco es claro que sea inocua para la salud humana (Nadal, 2009)

Las fumigaciones han llevado a casos de intoxicaciones, muertes5 y contaminación de fuentes de agua.

A nombre de incrementar la productividad y reducir costos, la inserción –muchas veces– de forma ilegal de semillas transgénicas ha significado la perdida de semillas de origen y el paso a depender de las multinacionales que las patentan. Esta es una, sino la mas importante forma de control de la cadena de producción, ya que todos los productores deben comprar estas semillas de sus “creadores”.

Todas las semillas transgénicas se encuentran patentadas y están controladas por seis multinacionales (Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, Basf), por lo que provocan una dependencia absoluta de los campesinos y agricultores hacia esas multinacionales y criminalizan a las víctimas de contaminación (Red en defensa del Maíz, 2009).

Todos los transgénicos están patentados y son propiedad de 6 transnacionales. Monsanto controla el 86 por ciento de éstos, y con Syngenta y Dupon-Pioner, cerca del 95 por ciento. (GRAIN, 2009)

Estas multinacionales, están ampliando sus fronteras progresivamente no a países del norte, sino también a países de Sudamérica, África, Asia y Europa6. Ello por supuesto va en detrimento de la soberanía alimentaria, Y de las formas propias de producción local, porque genera dependencia de las semillas transgénicas y los agrotóxicos o endeudamientos y suicidios como ocurre con los campesinos indios.

Los campesinos indios, hoy en día gastan más de 1,32 trillones de rupias en semillas y químicos bajo el régimen de la globalización. El cambio de las semillas polinizables y almacenables, a las semillas híbridas no renovables y GM, ha provocado altos niveles de pérdidas en los cultivos, deudas y suicidios de campesinos. Las semillas no sólo son costosas, sino que tienen que comprarse cada estación junto con pesticidas y herbicidas costosos (Shiva, 2007, pág. 47)

Pero ante todo los productores dejan de ser dueños de las semillas. Las estrategias para ingresar en los países y poder ampliar sus ganancias, han sido por medio de las políticas de liberación económica, de tratados de libre comercio como el ALCA7, el TLC8 o de los llamados ajustes estructurales del que han sido parte muchos países.

La apertura a los transgénicos por los gobiernos, quita todo el significado de soberanía, precisamente a la Soberanía Alimentaria, porque entrega la base de reproducción de la vida, la semilla. Como el caso del gobierno mexicano que comenzó a experimentar con el maíz transgénico –siendo centro de origen–, colocando en riesgo su patrimonio genético alimentario más importante. Entregando así la soberanía alimentaria, dándoles la llave de toda la red alimentaria a unas pocas transnacionales (GRAIN, 2009).

Varios son los justificativos de las multinacionales respecto a los transgénicos, como el de generar mayor productividad, mayores ingresos, exportación, paliar la “crisis alimentaria”. Sin embargo, son simples estrategias de las que se han valido para insertar paquetes tecnológicos en los cultivos –incluso de manera clandestina– para luego legalizarlos en convenios con los gobiernos (Bioptimistas, 2005; Fogel & Riquelme, 2005). Es un discurso falso y funcional a las multinacionales, plantear que se va a alcanzar la soberanía alimentaria con el uso y el consumo de transgénicos9, ya que han sido pensados en términos de generación de ingresos y ampliar la exportación.

Consecuentemente, esto ha traído una serie de desastres y costos sociales que se han manifestado en infinita cadena de efectos irreversibles, tanto para la tierra en la que se los produce, para quienes los producen y consumen, tal el caso de países como México, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, y desde el 2005 Bolivia con la soya transgénica.

  1. Apertura a la producción de soya transgénica en Bolivia

Según el documento de la RALLT (2011) en 1992 la fundación boliviana PROIMPA10 hizo la solicitud al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) para ingresar semillas de papas transgénicas en Bolivia11. Sin embargo, sólo a fines de 1998, se dio paso a la realización de dichas pruebas, en el marco del proceso de evaluación de riesgos establecido en el Reglamento de Bioseguridad promulgado en julio de 1997 (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).

En 1997 una organización dedicada a la investigación que se llama PROIMPA recibió semilla de papas transgénica para ser probadas acá, estas papas venían de Inglaterra de la Universidad de Leeds y esta universidad en un convenio seguramente pidió que se hagan las pruebas en Bolivia (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).

Una vez las organizaciones sociales se informaron sobre el tema iniciaron movilizaciones logrando, finalmente, parar estas pruebas. No hay que olvidar, además que la región andina es centro de origen de la papa (Catacora, 2006; Borda, 2008; Molina & Copa, 2008)

El año 2000 el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB), autorizó tres solicitudes para realizar experimentos con papa y algodón. PROIMPA fue, otra vez, una de las autorizadas. Pero esta institución tuvo nuevamente que postergar su iniciativa, por el rechazo de varias organizaciones.

Detrás de dichas solicitudes, se encontraba la Empresa Monsanto una de las multinacionales que produce más del 90% de las semillas transgénicas del mundo y sus respectivos pesticidas, la que se encargó de monitorear y cubrir los gastos de la metodología.

La realización de pruebas de campo del algodón Bt y soya transgénica de Monsanto fue encargado al Comité Regional de Semillas, el cual incluye entre su miembros representantes de empresas comercializadoras de insumos agrícolas. Los costos del monitoreo y metodología fueron cubiertos por MONSANTO (Villegas, 2008).

Fue la acción la CSUTCB que en el año 2000, –en ese entonces a la cabeza de Felipe Quispe “el Mallku” – exigió la derogación de los decretos 24663 y de Bioseguridad12. Tras el cerco de más de un mes a la ciudad de La Paz esta movilización, logró frenar el proceso de evaluación de solicitudes transgénicas del Comité de Bioseguridad (Molina, FOBOMADE, 2011).

Es importante señalar que el ingreso de alimentos transgénicos también se dio por medio de donaciones que venían de los Estados Unidos, en los que, al igual que Ecuador y Colombia, se encontró maíz transgénico Starlink que estaba prohibido para consumo humano en los Estados Unidos (Villegas, 2008).

En Santa Cruz, tras la conclusión del primer encuentro Internacional por la Soberanía Alimentaria, en julio del 2002, se realizó una marcha contra los transgénicos protagonizada por varias organizaciones sociales, ecologistas, productoras, campesinas, etc.,: Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas de Bolivia, Asociación de Productores Ecológicos de Bolivia, Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia y Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).

Esta finalizó en el Hotel Los Tajibos, donde se llevaba a cabo el Seminario Panamericano de Semillas que pretendía que una serie de expertos recomendaran al gobierno boliviano levantar el Decreto 25929 que suspendía las pruebas con transgénicos (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007). En efecto el Decreto sólo tuvo vigencia desde el 2000 hasta el 2003 y bajo una reinterpretación más bien burocrática de los funcionarios de la Dirección de Bioseguridad, autorizaron otra prueba de campo con soya RR, eludiendo el procedimiento y fue a partir de ello siguieron las solicitudes por organizaciones nacionales como Fundación de Desarrollo Agrícola de Santa Cruz - FUNDACRUZ y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).

Ambas organizaciones presentaron sus solicitudes al Comité, para realizar pruebas a mayor escala con el fin de evaluar aspectos económicos, sin embargo mientras se discutía la solicitud de FUNDACRUZ fue aprobada rápidamente la solicitud de ANAPO, con observaciones y de la misma manera el Informe del Tercer Ensayo de Campo de Monsanto (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007)

Fue recién el 1 de julio de 2005, en el gobierno de Carlos D. Mesa, cuando se legalizó el ingreso de la soya transgénica, mediante Decreto Supremo 28225. Este decreto incumplía una serie de normas en el proceso de autorización de la soya transgénica. Y a pesar de que las organizaciones sociales –incluso en ese entonces el diputado Evo Morales– rechazaban dicha legalización, por lo que el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo – FOBOMADE con la adhesión de distintas organizaciones13 presentó un recurso de inconstitucionalidad, que fue declarado improcedente14 (Molina & Copa, FOBOMADE, 2007).

Como corolario el 2011 ni el mandatario Evo Morales, ni Nemesia Achacollo –actual Ministra de Desarrollo Rural– se pronunciaron sobre la inserción de los transgénicos en la Ley de Revolución Productiva.

  1. Nueva apertura a los transgénicos en la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria

Es importante hacer un preámbulo respecto al tratamiento de los transgénicos en la nueva Constitución. La Constitución Política del Estado aprobada en grande y en detalle en Oruro el año 2007 mencionaba en el artículo 408: “Se prohíbe la producción, importación y comercialización de transgénicos” (Bolivia, 2007). La Constitución consensuada en el parlamento el 2008, mencionaba: "La producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley"(Bolivia, 2009).

Posteriormente, estos artículos fueron modificados, aprobándose los transgénicos, en el Parlamento como resultado de una negociación del gobierno con los representantes del movimiento separatista de la Media Luna (Villegas, 2008, pág. 182).

Entonces este pase, –poco consultado y difundido– de la prohibición a la regulación, fue una concesión a los que pertenecían en aquel entonces a la llamada “Media Luna” básicamente el sector agro exportador.

Segú un artículo de SENA – FOBOMADE (2001), la Ley de Revolución Productiva tiene origen en el proyecto de Ley de Estrategia Plurinacional de la Década Productiva15. Sin embargo, fue a raíz de la conformación de una comisión tripartita, –integrada por técnicos de los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Aguas y Autonomías–, que se cambió el nombre de la ley y otras propuestas para mejorar el texto (SENA -FOBOMADE, 2011).

El proyecto de ley de “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” comenzó a ser tema de debate cuando se introdujeron artículos en los que se permitía el ingreso de transgénicos, pese al rechazo de éstos artículos por parte de CONAMAQ una de las organizaciones del Pacto de Unidad.

A pesar de ello, la Ley pasó sin ninguna observación por parte del legislativo e ingreso a la cámara de senadores, la que tampoco modificó los artículos que son completamente contradictorios con la Constitución Política del Estado. Hay que recordar que establece entre sus principios la armonía y equilibro con la Madre Tierra, complementariedad, corresponsabilidad, transparencia, Vivir Bien, reciprocidad y solidaridad, alimentación adecuada y la soberanía alimentaria16.

Entre los artículos específicos que fueron cuestionados y rechazados por el CONAMAQ, está el artículo 15 que menciona específicamente que:

No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana17.

Y el inciso 5 del artículo 19 que indica para lograr la soberanía alimentaria “Se establecerán disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados”18.

Pero el ingreso –aunque sea controlado– de semillas genéticamente modificadas y su comercialización contradice los principios básicos de la soberanía alimentaria.

Básicamente, el trasfondo de esta incorporación de los paquetes tecnológicos da pie a la producción de alimentos transgénicos y con un claro trasfondo de “comercialización”, que implica dentro del sistema de producción, la exportación. Los dos artículos son contrarios a lo que se establece en el artículo 255 de la Constitución Política del Estado:

Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; prohibición de importación, producción y comercialización de organizamos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente19.

Pero también hubo un cuestionamiento debido a que los artículos fueron introducidos por la comisión tripartita, ya que el documento –en su formato inicial– que había sido trabajado por las organizaciones del Pacto de Unidad no mencionaba los transgénicos.

Hemos trabajado la ley, hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe, nos han prometido siguen prometiendo, el señor Alfaro que es asambleísta siguen diciendo que no está en la ley, el ministro de la presidencia que no está en la ley, siguen diciendo, ahora sí lo han sacado esos dos artículos y así se promulga y cuando compremos en la gaceta y no está personalmente mi autoridad va pedir disculpas públicamente (Quispe, 2011).

Es claro que no fueron las organizaciones las que plantearon el ingreso de los transgénicos, sin embargo tampoco existió un cuestionamiento –a excepción del CONAMAQ– frente a estos artículos.

Poco o nada se ha dicho del porqué se agregaron estos artículos dentro de la ley, sin embargo es evidente que existió una presión de las empresas agroindustriales de Santa Cruz20, que ya desde enero del 2011 venían pidiendo como la ANAPO, que se permita el ingreso de transgénicos bajo el discurso del alza de los precios de carburantes

Los alimentos que consume la población boliviana bajarán de precio si el Legislativo aprueba el proyecto de Ley de la Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria que permite el uso de semillas transgénicas para que se incremente la oferta de alimentos en el mercado interno (Pérez, 2011).

Ya se consumen productos transgénicos en Bolivia, lo que queremos es producir más con menos costo de producción, contaminar menos el medio ambiente y evitar aplicaciones de herbicidas….lo que proponemos al Gobierno es incorporar a la planta un gen resistente a una sequía, a fenómenos climatológicos y plagas (Ibíd.).

Dichas declaraciones sobre la reducción de costos y, mayor producción, a partir de la legalización de las semillas transgénicas se oculta tras el discurso de “beneficiar a la población” tal como señala la siguiente declaración:

El objetivo de sus productores es beneficiar a toda la población porque se preparará los alimentos para enfrentar las inclemencias del tiempo generada por los desajustes climáticos derivados del calentamiento global (Ibíd.).

Sin embargo, ya se han visto experiencias como la soya en Brasil y Argentina y el maíz en México, que este tipo de aperturas legales a los transgénicos traen únicamente beneficios a los agroempresarios y no así a los productores locales, ya que van dejando desastres ambientales y ampliando la frontera agrícola.

Varios fueron los intentos del CONAMAQ e inicialmente de otras organizaciones como AOPEB para reanudar el debate en torno a los transgénicos, incluso se intentó añadir el artículo 13 del proyecto referido a políticas de intercambio y comercialización, que disponga la prohibición y uso de productos genéticamente modificados (SENA -FOBOMADE, 2011).

Hablamos con el señor Canciller y dijimos, muy bien, si es necesario reglamentar los transgénicos, pero hagámosla en otra ley, como el artículo 409, que da mención a regular los transgénicos (Quispe, 2011)

Podemos leer minuciosamente la ley, la ley abre la puerta para introducir, comercializar, el consumo de productos genéticamente modificados, introduce, abre la puerta, eso contrapone porque, porque el artículo 409, establece regular los transgénicos que ya están en Bolivia, y hablamos en el Pacto, hablamos con el canciller, esa Ley de Revolución Productiva debe ir de olor a la Pachamama, no olor a las transnacionales, evidentemente tiene que ser una regulación pero amparado en el artículo 409 de la Constitución Política del Estado (Quispe, 2011)

De este modo, el CONAMAQ manifestó su rechazo a los artículos 15 y 19 de la entonces nueva Ley que ponía en peligro la soberanía alimentaria.

Esta ley contrapone la Constitución Política del Estado, nacional e internacional y contrapone el derecho natural de la Madre Tierra y el derecho de los pueblos indígenas (Quispe, 2011).

Por ello CONAMAQ decidió no firmar el documento que debía ser aprobado por consenso entre todas las organizaciones del Pacto de Unidad, así lo mencionaron en pronunciamiento público.

El CONAMAQ advierte a la Asamblea Legislativa Plurinacional que el Pacto de Unidad son las 5 organizaciones nacionales y las decisiones se aprueban en consenso y no por mayoría, de manera que el documento de propuesta tienen que tener las 5 firmas de los contrario no tiene valor legal ni legítimo en el cual el CONOMAQ no firmó ni firmara esta propuesta de Ley, porque no está de acuerdo con los productos transgénicos (Organismos Genéticamente Modificados) que atentan contra la Pachamama (Madre Tierra), vida, biodiversidad y la salud de toda la humanidad (CONAMAQ 2011).

Del mismo modo se manifestaron también distintas organizaciones como AOPEB21, CIOEC22, MST-B23 y alrededor de 44 instituciones internacionales, entre ellas la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI que en una carta pública expresó su preocupación,

Nos ratificamos en nuestro rechazo rotundo a los transgénicos e instamos al Gobierno y al Parlamento boliviano a derogar los artículos de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria que permiten el ingreso de organismos genéticamente modificados. El futuro de nuestra megabiodiversidad, de la vida, de la Madre Tierra y de las reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas, está en sus manos. Esa es su responsabilidad histórica y confiamos en que sabrán actuar en concordancia con ella (CAOI, 2011).

Del mismo modo, la Coordinación Nacional de la CLOC- Vía Campesina de Brasil en carta abierta al Presidente menciona,

Los transgénicos son actualmente la principal herramienta de dominación capitalista en la agricultura, pues coloca el dominio de las semillas en manos de algunas empresas transnacionales. También impone la utilización de químicos y agrotóxicos (herbicidas, fungicidas, insecticidas). Tristemente le decimos que nuestro país después de liberar los transgénicos, se transformó en el mayor consumidor de agrotóxicos del mundo. Esa realidad trae consecuencias devastadoras para la vida humana y para la biodiversidad (CLOC, 2011).

Así mismo continua,

…tenga en cuenta (Presidente Evo Morales) que la aprobación de esta ley, con la presencia de los referidos artículos 15 y 19, significará contradecir todo lo que fue manifestado por Bolivia en los diversos foros internacionales, incluido la Cumbre de la Madre Tierra en Cochabamba, y eso significará romper con la alianza con los sectores indígenas, campesinos, ambientalistas en Bolivia, en todo el continente y en el mundo (CLOC, 2011).

Del mismo modo, instituciones como el Centro de Documentación e Investigación de Bolivia - CEDIB24, FOBOMADE25, y varios colectivos, realizaron manifestaciones y marchas en contra de dichos artículos. Sin embargo el 26 de junio del 2011 –a propósito del 32 aniversario de la CSUTCB– se promulgó la nueva Ley de Revolución Productiva, en un acto en el Coliseo Julio Borelli, con la participación de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad, a excepción del CONAMAQ.

  1. Conclusiones

Con la aprobación de la Ley de Revolución Productiva, no sólo se rompió el llamado Pacto de Unidad, base de apoyo organizacional del gobierno actual, sino que también se puso en peligro –específicamente con los artículos 15 y 19– la soberanía alimentaria.

Asimismo, todo el discurso enunciado, difundido y defendido nacional e internacionalmente por el Presidente Evo Morales, en torno al respeto de la Madre Tierra, la lucha de los pueblos y su derecho a la autodeterminación, la defensa de los recursos naturales, el agua, la tierra y las semillas queda deslegitimado frente a algunas organizaciones sociales.

De este modo, es probable que el problema se extienda más allá de la producción de alimentos transgénicos, teniendo en cuenta que esto implicará –además de la producción y consumo de alimentos dañinos– un modelo de producción condicionado al monocultivo, bajo un sistema de control de semillas que no precisamente está en manos de los productores, al igual que los respectivos agrotóxicos.
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