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Sentencia T-608/11

Referencia: expediente T-3045533
Acción de tutela instaurada por Alba Rocío Cano Román, actuando como agente oficiosa de William García Yepes, contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS.
Magistrado Ponente

JUAN CARLOS HENAO PÉREZ.
Colaboró: Alejandra Tarazona Zambrano

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil once (2011)

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio y Juan Carlos Henao Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Nacional y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná, Caldas, el veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011), en la acción de tutela instaurada por Alba Rocio Cano Román, actuando como agente oficiosa de William García Yepes, contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas-CORPOCALDAS.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos.

Los hechos relatados por el accionante en la acción de tutela se resumen así:
1.1. Indica la accionante que el estado de salud de su esposo es crítico; tiene secuelas de TEC severo, con cuadraplesia espástica y afasia mixta, por lo que se encuentra completamente inmovilizado.
1.2. Los médicos recomendaron para el tratamiento de su esposo terapia con animales-delfines, caballos, perros labradores o loros. En principio, se optó por un perro, pero éste le produjo alergias al señor García y el tratamiento se debió suspender.
1.3. Por lo anterior, se inició el tratamiento con un loro. Dice la accionante que durante el tiempo en que el loro convivió con el señor García, el resultado fue bastante benéfico, observándose un significativo avance en su desarrollo motriz.
1.4. El 17 de febrero de 2011, funcionarios de CORPOCALDAS visitaron el hogar de los accionantes y le “quitaron” el loro por ser éste una especie protegida de fauna silvestre. Dice la accionante que en repetidas oportunidades se dirigió a CORPOCALDAS solicitando la devolución del loro. Sin embargo, su pretensión no fue satisfecha.
1.5. Narra la tutelante que la falta del loro ha implicado un deterioro en el desarrollo motriz del accionante, puesto que el tratamiento que hasta la fecha había sido exitoso fue suspendido forzosamente. Señala además que, “al no ponderar CORPOCALDAS (…) el minimo (sic) daño causado al medio ambiente, con el enorme beneficio y correlativo enorme daño, causado a un ser humano, con el decomisó (sic) del loro que utilizaba para hacer mas llevadera, la ya bien complicada, vida diaria.”1 Por lo tanto, CORPOCALDAS vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana del señor García.
2. Pruebas relevantes aportadas al proceso.
A continuación se enlistan las pruebas relevantes allegadas al proceso:


    1. Fórmula médica firmada por la fonoaudióloga tratante, en donde establece la importancia del loro.2

    2. Orden médica, donde no es clara la firma del médico que la expide3, en la cual se reitera que el loro hace parte del tratamiento del señor García.4

    3. Copia del registro de nacimiento del señor García, en donde se encuentra la anotación que señala que éste se encuentra interdicto por demencia de acuerdo a la providencia del 9 de enero de 2009.5

    4. Derecho de petición de la accionante de fecha 21 de febrero de 2011 solicitando la devolución de la lora.6

    5. Respuesta al derecho de petición de fecha 3 de marzo de 2011.7

    6. Derecho de petición de la señora Elsa Victoria Flórez, auxiliar de enfermería, de fecha 21 de febrero de 2011, solicitando la devolución del loro.8

    7. Respuesta al derecho de petición de fecha 3 de marzo de 20119.

    8. Copia de la historia clínica del señor William García Yepes.10

    9. Copia de la cédula de ciudadanía de la señora Alba Rocio Cano Román.11

    10. Acta de recuperación de fauna y flora silvestre y subproductos de CORPOCALDAS.12


3. Solicitud de tutela.
El nueve (9) de marzo de dos mil once (2011), la señora Alba Rocio Cano Román, como agente oficiosa del señor William García Yepes, interpuso acción de tutela contra la Corporación Autónoma Regional de Caldas- CORPOCALDAS, por considerar que la entidad accionada vulneró los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana del señor García con la incautación de un loro que era parte de una terapia de rehabilitación. En consecuencia, solicita que CORPOCALDAS le entregue de inmediato el loro.
4. Intervención de la parte demandada: CORPOCALDAS.
Por medio de escrito presentando el 17 de marzo de 2011, la apoderada judicial de CORPOCALDAS solicitó que se denegara la acción de tutela. Indicó que el 7 de febrero funcionarios de la corporación, durante un operativo de control de tráfico de fauna silvestre, escucharon sonidos característicos de una lora en una vivienda. Acudieron al recinto en donde se les permitió el ingreso de forma voluntaria. En la vivienda se encontró el loro objeto de discusión. Al estudiar las características del ave se encontró que es un loro frente azul de la especie Amazona Amazonica, AVES: PSITACIDAE, el cual pertenece a la fauna silvestre nacional, al ser un animal que habita el territorio nacional y no ha sido objeto de “domesticación, mejoramiento genético o cría regular”13. Señaló que en el momento en el que fue incautada el ave, esta presentaba señales de maltrato animal, como las plumas de vuelo cortadas, sobrepeso, estrés, plumaje opaco, entre otras señales.
Adicionalmente, la apoderada indicó que CORPOCALDAS actuó conforme a la legislación nacional y a la jurisprudencia. Al respecto citó la sentencia T-760 de 2007, en la cual se trata un caso por hechos similares. En esa oportunidad, esta Corte determinó que la recuperación del animal se había hecho cumpliendo los preceptos legales. Concluye diciendo que en este caso se actuó conforme a la ley y en aras de la protección del ave.
II. SENTENCIA OBJETO DE REVISIÓN.
Conoció de la causa en única instancia el Juzgado Promiscuo de Familia de Chinchiná, Caldas, el veinticuatro (24) de marzo de dos mil once (2011). Sostuvo el juez, con base en lo esbozado en la sentencia T-760 de 2007, que la “accionante no presentó permiso, autorización o licencia para el ejercicio de la caza ni justificó la tenencia sobre la especie animal, ni se probó las formas de zoocria previstas en la Ley 611 de 2000, sujetandose a los parámetros del desarrollo sostenible.”14 Agrega que la lora es considerada como una especie perteneciente a la fauna silvestre colombiana, sobre la cual prima el provecho colectivo a un ambiente sano. Afirmó el juez que el animal presentaba señales de maltrato animal, por lo que en la actualidad el tratamiento que debe brindársele al ave es para que ésta pueda volver a su medio natural. Señala, que la Corporación en diferentes oportunidades le informó a la accionante sobre los animales que podía tener. Por lo que concluye que el decomiso de la lora se ajustó a la normatividad y denegó la acción.
III. ACTUACIÓN SURTIDA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
1. Por medio de auto del veintiuno (21) de junio de dos mil once (2011), el Magistrado Sustanciador solicitó a CORPOCALDAS información sobre el estado actual del ave y posible readaptación de la misma. Adicionalmente, solicitó a la IPS Chinchiná, a la ESE Hospital San Mateo y a la EPS Saludcoop, información relacionada con el diagnóstico y la orden de tratamiento médico con animales. Finalmente, se solicitó a la Asociación Colombiana de Ornitología que informara si un ave de fauna silvestre, puede readaptarse a su medio natural y si sería pertinente que un ave que estuvo en cautiverio volviera al lugar de donde fue “incautada” con las indicaciones de cuidado pertinentes.
2. En respuesta a tales requerimientos, la Secretaría de esta Corporación recibió la respuesta de CORPOCALDAS, IPS CHINCHINÁ, ESE Hospital San Mateo, EPS Saludcoop y de la Asociación Colombiana de Ornitología. Las pruebas aportadas al expediente serán conocidas más adelante en el aparte del caso concreto.
IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.
Competencia.


  1. Es competente esta Sala de la Corte Constitucional para revisar la decisión proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9°, de la Constitución Política y en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto 2591 de 1991.




  1. El expediente de la referencia fue escogido para revisión por medio del auto del veintiocho (28) de abril del año dos mil once (2011), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro.


Problema jurídico y esquema de resolución.


  1. La Sala estima que, para resolver el caso concreto, debe dar respuesta al siguiente problema jurídico: ¿vulneró la entidad accionada el derecho del accionante a una vida digna y a la salud, al negarse a devolver al cautiverio a un animal de fauna silvestre que es parte del tratamiento de rehabilitación de un trauma craneoencefálico severo con secuelas?


A fin de resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a: i) la procedencia de la acción de tutela; ii) la Constitución Ecológica y la protección al medio ambiente sano; iii) Los derechos de los animales; iv) Pautas para el aprovechamiento de la fauna silvestre; v) Alcances del derecho a la salud; vi) El precedente fijado en la sentencia T-760 de 2007. Finalmente, se resolverá el caso concreto.
Procedencia.


  1. La acción de tutela, en virtud del artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, procede contra cualquier acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, amenace violar o viole los derechos constitucionales fundamentales. Para su procedencia como mecanismo sumario para la protección de los derechos se han establecido dos requisitos básicos de procedibilidad: la subsidiariedad y la inmediatez.


5. El primero de ellos, la subsidiariedad, se deriva del inciso tercero del artículo 86, en consonancia con el numeral primero del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales, la acción de tutela “sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.” Sin embargo, también la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que en cada caso en concreto se deberá analizar la efectividad de los demás mecanismos judiciales que el sujeto tiene a su disposición para determinar su eficacia e idoneidad con miras a la protección adecuada de los derechos afectados, o en su caso, la viabilidad de la protección constitucional por vía de la acción de tutela.
6. El segundo requisito, la inmediatez, de creación jurisprudencial15, busca asegurar que la tutela se utilice como una reacción judicial eficaz frente a la violación o amenaza grave, actual y vigente de los derechos fundamentales, y que al mismo tiempo garantice la debida salvaguarda de la seguridad jurídica. En efecto, se ha establecido en la jurisprudencia que si bien la tutela puede ser interpuesta en cualquier tiempo y en ese orden técnicamente no tiene un límite temporal para su interposición que pueda ser determinado a priori, sí debe ser presentada dentro de un término razonable.
La Constitución ecológica y la protección al medio ambiente sano dentro del ordenamiento nacional.
7. En un principio la normatividad nacional se limitaba a regular las relaciones entre personas, entendiendo que la regulación respecto del uso de los recursos naturales se limitaba a su propiedad, puesto que la naturaleza estaba ahí para servir al desarrollo de la humanidad. De lo que se evidencia una visión netamente utilitarista del medio ambiente, así la apropiación y uso de los recursos naturales podía hacerse sin limitación alguna, de forma indiscriminada, en aras del progreso de la humanidad. Dentro de la legislación nacional, al respecto se encontraba normatividad aislada referente al uso de algunos recursos naturales tales como las aguas16 y bosques.
Sin embargo, en Colombia, luego de la Declaración de Estocolmo, la cual se mencionará más adelante, el gobierno nacional expidió la Ley 23 de 1973,17 por medio de la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos Naturales y protección al medio ambiente y se dictan otras disposiciones.18
En virtud de las facultades conferidas por la Ley 23 de 1973, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 2811 de 1974, por medio del cual se expidió el Código de Recursos Naturales y Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en adelante el CRNR. Dicho texto, reafirmó lo dicho en la Ley 23 de 1973 y adicionalmente reguló la propiedad y uso de los recursos naturales, entre otras cosas. Para esta época, se puede afirmar que hay una evolución respecto de la normatividad ambiental, puesto que se busca una sistematización de la misma, y por tanto se hace una codificación, dando nacimiento al “derecho ambiental” colombiano.
Con la expedición del CNRN y de la Ley 23 de 1973, hubo un cambio dentro del ordenamiento jurídico respecto de la concepción del medio ambiente y del uso de los recursos naturales. La Ley 23 de 1973, estableció en los artículos 1° y 2°:
Art. 1. Es objeto de la presente ley prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales renovables, para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del Territorio Nacional.
Art. 2. El medio ambiente es un patrimonio común; por lo tanto su mejoramiento y conservación son actividades de utilidad pública, en las que deberán participar el Estado y los particulares. Para efectos de la presente Ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la atmósfera y los recursos naturales renovables.

De lo que se evidencia un cambio radical en la concepción del medio ambiente, encaminado a un uso adecuado de los recursos, entendiéndose que son limitados, que su conservación es esencial para la preservación de la humanidad y un deber tanto de particulares como del Estado. Nótese, que en este punto el discurso de conservación de los recursos apuntaba a la protección de la humanidad, conservando un matiz utilitarista respecto de la naturaleza en relación al hombre.
Así, uno de los cambios más radicales que introdujo el CRNR, se relacionan con las modificaciones que introdujo respecto del ambiente, estableciendo que éste es un patrimonio común, cuyas actividades son de interés social y donde el objetivo de la normatividad es lograr la preservación, reestructuración, mejoramiento, conservación y utilización de recursos naturales renovables. Dentro de las modificaciones que se introdujeron con la codificación, una que debe ser resaltada es la incluida en el artículo 43, que dice:
ARTICULO 43. El derecho de propiedad privada sobre recursos naturales renovables deberá ejercerse como función social, en los términos establecidos por la Constitución nacional y sujeto a las limitaciones y demás disposiciones establecidas en este código y otras leyes pertinentes.
Éste Código fue demandado bajo el argumento de que el ejecutivo se había excedido en sus facultades al expedir el estatuto, especialmente por las disposiciones que modificaron algunas normas del Código Civil. Por medio de la sentencia C-126 de 1998, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de las normas demandadas. Respecto de las reformas al Código Civil que se generan por la expedición del CRNR, dijo:
(…) esta Corporación considera que la decisión gubernamental de modificar ciertas normas civiles es totalmente congruente con la finalidad de la regulación ecológica que se quería expedir en ese momento, puesto que uno de sus objetivos, tal y como lo establece la ley habilitante y las primeras normas del propio código, era lograr un aprovechamiento racional y una adecuada conservación de los recursos naturales renovables.
En el fondo, se podría decir que la finalidad del código fue la de crear una legislación ambiental en el país, por lo cual decidió sustraer de la legislación civil ciertas materias relacionadas con el uso de los recursos naturales. (…) lo propio de una norma ambiental es que considera a la naturaleza no sólo como un objeto de apropiación privada o social sino como un bien jurídicamente tutelable, con lo cual la relación normativa entre la naturaleza y la sociedad se transforma (…). El pensamiento ecológico y las normas ambientales implican entonces un cambio de paradigma, que obliga a repensar el alcance de muchas de las categorías jurídicas tradicionales, ya que la finalidad del derecho se amplía. En efecto, el ordenamiento jurídico ya no sólo buscará regular las relaciones sociales sino también la relación de la sociedad con la naturaleza, con el fin de tomar en cuenta el impacto de las dinámicas sociales sobre los ecosistemas, así como la repercusión del medio ambiente en la vida social.”
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