3. Manual Escolar y Representación




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CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

A. Colombia en las dos últimas décadas del siglo XX: El telón de fondo del proyecto de memoria nacional………………………………………………………………………… 1

B. Balance historiográfico………………………………………………………………… 16

C. Referencias Conceptuales……………………………………………………………. 26

1. Nación………………………………………………………………………………….. . 26

2. La Memoria ……………………………………………………………………………... 30

3. Manual Escolar y Representación……………………………………………………. 39

D. Fuentes…………………………………………………………………………………. 43

E. Metodología…………………………………………………………………………….. 45

CAPÍTULO I: EL PROYECTO EDUCATIVO INTEGRADOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES ENTRE 1974-1996: EL INACABADO INTENTO POR LA INTERIORIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO…………… 48
1.1. Del Decreto 080 de 1974 al Decreto 1419 de 1978: Los fundamentos del proyecto educativo diversificador………………………………………………………………….. 48

1.2. El decreto 1002 de 1984 y su reglamentación: La renovación curricular entre la diversificación y la preocupación por la integración…………………………………… 57

1.3. La Ley General de Educación de 1994: ¿Inicio de un nuevo proyecto educativo?65

1.3.1. Las propuestas de Fecode………………………………..……………………… 66

1.3.2. Anotaciones sobre el proceso de aprobación de la Ley General de Educación: 1992-1994…………………………………………………………………………………. 73

1.3.3. Los contenidos de la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación………… 80

1.3.3.1. Los objetivos de la educación………………………………………………….. 80

1.3.3.2. El concepto de educación y algunos aspectos curriculares…………………. 82

1.3.3.3. El control de la educación y la preocupación por la democracia……………. 86

1.3.4. Reglamentación de la Ley General de Educación: El decreto 1860 de 1994 y la Resolución 2343 de 1996…………………………………………………………………. 89
1.4. El proyecto de creación de la memoria nacional a través de la educación: De las disciplinas independientes a las Ciencias Sociales Integradas 1948-1990………………………………………………………………………………………….. 94

1.4.1. Del decreto 2388 de 1948 a los programas analíticos de 1963: Ciencias Sociales para la Nación y formas activas de enseñanza………………………………………… 94

1.4.1.2. La potenciación de la historia patria…………………………………………… 94

1.4.1.3. Los Programas Analíticos de Estudios Sociales de 1963…………………….. 97

1.4.2. Un nuevo intento por reformar la enseñanza de las Ciencias Sociales 1971-1990……………………………………………………………………………………….. 105

1.4.2.1. El borrador de Melo y Jaramillo Uribe (197?)………………………………… 105

1.4.2.2. El proyecto integrador como base de los marcos curriculares de Ciencias Sociales ……………….…………………………………………………………………. 110

1.4.2.3. Sobre las Ciencias Sociales Integradas: Orientaciones Generales……….120 1.4.2.4. Propuesta de Programa Curricular para Octavo Grado de Educación Básica Secundaria (1990)……………………………………………………………………….. 125

1.4.3. Entidades internacionales, textos escolares y enseñanza de la historia: 1984-1996……………………………………………………………………………………….. 129
CAPITULO II: ELEMENTOS SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS MANUALES ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES EN LA DÉCADA DEL NOVENTA: AUTORES, HISTORIOGRAFÍA Y FUENTES……………………….. 144
2.1. La formación de los autores de textos escolares: Entre historiadores y licenciados………………………………………………………………………………. 144 2.1.1. Los historiadores………………………………………………………………... 144

2.1.2. Los licenciados…………………………………………………………………. 153

2.2 El proceso de producción de los manuales escolares de Ciencias Sociales: Una mirada desde los autores……………………………………………………………… 158

2.2.1. Sobre la vinculación de los autores: La importancia de las relaciones personales………………………………………………………………………………. 158

2.2.2. El proceso de producción de los textos desde adentro…………………….. 161 2.2.3. La elaboración de los contenidos de los textos ………..…………………. 164

2.3. Breve digresión sobre la historia de la Historia en Colombia………………… 169

2.3.1. Características principales de la historiografía colombiana: Auge y Caída de la Academia Colombiana de Historia…………………………………………………... 170

2.3.2. Características principales de la historiografía colombiana: De los Revisionismos Históricos a la Historia Universitaria………………………………………………….. 173

2.4. Apuntes sobre las fuentes empleadas en los textos escolares y su relación con la producción académica…………………………………………………………………. 180

2.4.1. Las fuentes de los textos escolares: Entre las obras de divulgación y otros textos escolares……………………………………………………………………………….. 180

2.4.2. Anotaciones sobre la producción historiográfica en torno al siglo XIX…….... 183

CAPITULO III: LAS REPRESENTACIONES SOBRE LA HISTORIA DE “COLOMBIA” EN EL SIGLO XIX: LOS CONTENIDOS DE LA MEMORIA NACIONAL……………………………………………………………………………… 191

3.1. La Historia Política…………………………………………………………………. 192

3.1.1. El origen de la nación no era el mismo de la República: La Nación hasta 1830……………………………………………………………………………………… 192

3.1.2. “Nuestro siglo XIX”: De los acontecimientos de 1830 a las reformas de medio siglo………………………………………………………………………………………. 198

3.1.3. El Federalismo: Auge y caída de los Radicales………………………………. 203

3.1.4. La Regeneración………………………………………………………………… 208

3.2. La Historia Socioeconómica y los contenidos de Geografía………………….. 216 3.2.1. De la crisis post-independentista a la “inserción en la economía mundial”… 216 3.2.2. Sobre la Historia Social del siglo XIX y los contenidos de Geografía…….. 222 3.2.2.1. El orden social……………………………………………………………….. 222

3.2.2.2. De las “otras” colonizaciones y la Colonización Antioqueña…………….. 225 3.2.2.3. Colombia una nación de regiones aisladas………………………………… 229 3.2.2.4. Sobre los contenidos de Geografía………………………………………… 233

3.3. La Historia Cultural………………………………………………………………. 238

3.3.1. Colombia una nación culta: Entre la Educación y la Literatura…………… 238 3.3.2. Breves alusiones a las otras artes…………………………………………… 241

3.4. A modo de cierre………………………………………………………………… 242

CAPÍTULO IV: ORIENTACIÓN DIDÁCTICA DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE CIENCIAS SOCIALES DE OCTAVO GRADO………………………………….. 247

4.1. De la materialidad los textos……………………………………………………. 249

4.2. Objetivos de la Educación en general, integración y metas de las Ciencias Sociales……………………………………………………………………………….. 257

4.2.1. Los objetivos de la educación en general……………………………………. 257

4.2.2. La integración de las Ciencias Sociales……………………………………… 260 4.2.3. Los objetivos de las Ciencias Sociales en octavo grado: La Historia Nacional……………………………………………………………..…………………. 263

4.3. Los contenidos de la memoria nacional a evaluar……………………………. 266

4.4. Las formas de enseñanza………………………………………………………. 272

4.5. A manera de conclusión………………………………………………………… 276

CONCLUSIONES…………………………………………………………………… 281

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………… 293

INTRODUCCIÓN

A. Colombia en las dos últimas décadas del siglo XX: El telón de fondo del proyecto de memoria nacional.

Después del Frente Nacional, pero sobre todo en la década de los ochenta el país vivió una profunda crisis social y política. De acuerdo con Francisco Leal Buitrago, la nueva ola de violencias que experimentó Colombia a partir de esta década evidenció las grandes dificultades del Estado para dar solución a los múltiples conflictos que atravesaban la sociedad. Para este autor, la crisis se puede caracterizar como de legitimidad de la sociedad civil en las instituciones públicas, toda vez que el Estado no se encontraba en la capacidad de hacer cumplir las reglas establecidas para resolver diferentes conflictos e intereses en disputa. La ausencia de credibilidad se expresaba no sólo en la privatización de la justicia o la pérdida del monopolio de la fuerza sino también, en el deterioro de los mecanismos que soportaban el sistema político como el clientelismo bipartidista o la incapacidad para tramitar los intereses de la sociedad por canales institucionales. Esta situación se veía agravada por las difíciles condiciones sociales y económicas en que se encontraba la mayoría de la población y por la violencia que azotó a todo el territorio nacional con nuevas formas y actores.1

La crisis tuvo como marco y expresión patente el conflicto armado protagonizado por el enfrentamiento entre guerrillas y Estado. En esta década se intentaron dos modelos de resolución del conflicto que contribuyeron al agravamiento de la crisis del establecimiento y la exacerbación de la violencia. El primero de ellos fue desarrollado por el gobierno de Belisario Betancur, quien asumió la presidencia en 1982 bajo la premisa de generar las condiciones para finalizar el conflicto a partir de la negociación con los insurgentes. Esta postura generó una ruptura respecto al modelo represivo de Julio César Turbay, ya que reconocía como necesaria una salida negociada a la crisis política que afectaba al país, lo que implicó el reconocimiento –y a veces protagonismo- político de las guerrillas. A su vez, Betancur propuso la ejecución de una serie de reformas sociales y políticas que pretendían desactivar las “condiciones objetivas” del conflicto. La opción por negociar se tradujo en tímidos y problemáticos avances como la amnistía de 1982 y la tregua con algunas guerrillas durante 1984.

No obstante estas buenas intenciones, el modelo de Betancur contó con un sinnúmero de obstáculos y oposiciones desde diferentes sectores que finalmente acabaron con la negociación. En primer lugar, los partidos políticos tradicionales no apoyaron decididamente los intentos de paz del presidente, llegando incluso a oponerse a las reformas sociales propuestas como en el caso del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR). En segundo lugar, la mayor oposición provino del estamento castrense, el cual venía de ser el encargado de resolver el “orden público” por la vía exclusivamente militar, de allí que considerara que su papel se veía disminuido con el reconocimiento a la guerrilla como actor político. El proceso de paz de Belisario se vino abajo no sólo por la oposición dentro del establecimiento sino también por la pérdida de legitimidad de la guerrilla debido a acciones como la toma del Palacio de Justicia en 1985 y la masacre de Tacueyó, acontecimientos que restaron credibilidad a las intenciones de paz de la insurgencia. Finalmente, fallas procedimentales como la dispersión de las comisiones del gobierno o la falta de claridad en las condiciones de negociación produjeron la ruptura de los diálogos, a lo que se sumaron las intenciones de la insurgencia por fortalecerse militarmente y la debilidad política del presidente.2

El segundo modelo de solución del conflicto armado fue propuesto por el presidente Virgilio Barco, electo para el cuatrienio 1986-1990. En líneas generales, este modelo también partía del diagnóstico de que la violencia en el país se debía a causas estructurales, aunque optó por no dar demasiado protagonismo a las guerrillas en la negociación de las reformas sociales, concentrándose en el problema del desarme, la desmovilización y la reinserción de los alzados en armas. La política social fue un asunto que se definía sin la guerrilla, dirigida a zonas donde hubiera una fuerte presencia subversiva para ir restando el apoyo hacia esta. La segunda mitad del gobierno de Barco se enfocó en hacer de la negociación con el M-19 el eje de la política de paz, obteniendo un resultado significativo al haberse dado la desmovilización en 1990 y sumar a otros grupos insurgentes como el EPL, el Quintín Lame y el PRT a una negociación con el gobierno entrante. A pesar de estos logros, la crisis política y social no se detuvo, agravándose no sólo la legitimidad de las instituciones del Estado sino también de la misma insurgencia. Cabe anotar además, que estos modelos no buscaban en su momento resolver los problemas sociales y políticos profundos que aquejaban al país sino solamente disminuir la intensidad de la violencia, de allí que las medidas tomadas no resolvieran la crisis en que se sumía el país.3

La crisis de la década del ochenta tuvo su máxima expresión en la nueva ola de violencias que ensangrentaron a la nación. Una de las principales características de esta nueva ola fue la desactivación de los motivos partidistas tradicionales, presentándose una heterogeneidad de actores y móviles como nota distintiva de este periodo. Por una parte, las guerrillas experimentaron un incremento en su militancia y fortalecimiento militar, traduciéndose en la ampliación del control territorial. Ello se dio gracias a cierta relegitimación que obtuvieron por la represión desatada durante el gobierno de Turbay y la vigencia del Estatuto de Seguridad, así como por el aprovechamiento de las negociaciones con Betancur. La fuerza obtenida los llevó a plantearle a la clase política la necesidad de formular cambios institucionales en pos de la construcción de una nueva democracia para el país.4 Esta situación demostraba una tendencia en las guerrillas –a excepción del ELN- por hallar soluciones políticas a la confrontación, aunque tales intenciones se verían afectadas por un contexto de violencia más amplio signado por el paramilitarismo y el narcotráfico.

Precisamente, la violencia se incrementó debido a la acción conjunta y sostenida de estos dos nuevos actores. El narcotráfico venía penetrando la sociedad colombiana desde la década del setenta con la complacencia de varios sectores sociales, económicos y políticos, quienes no vieron problema para que este negocio ganara un lugar en la sociedad colombiana extendiendo su influencia a todas las esferas. No obstante, la necesidad de cuidar sus propiedades y de ganar mayor influencia en la política y en la vida regional, los llevó a crear ejércitos privados que chocaría inicialmente con las guerrillas (por la extorsión y el secuestro) para luego enfrentarse con el Estado. Debido a los asesinatos de personalidades como Rodrigo Lara Bonilla, el gobierno de Betancur se lanzó a una primera guerra contra el narcotráfico, retomada por Virgilio Barco con mayor fuerza, puesto que la capacidad desestabilizadora de los narcotraficantes había aumentado poniendo en riesgo al Estado mismo. La amenaza no sólo afectaba a funcionarios del gobierno, sino también a jueces, periodistas y a todos aquellos considerados como enemigos. De allí se desató una ola de narcoterrorismo que enfrentaría Barco, que con el asesinato de Luís Carlos Galán llevaría al gobierno a asumir una posición menos laxa, reformulando la lucha antidroga considerada hasta ese momento, menos importante que la solución al conflicto con las guerrillas.5

La violencia narcotraficante se vio complementada y articulada a otra forma de violencia naciente como fue la del paramilitarismo, auspiciado no sólo por el poder mafioso sino por terratenientes, comerciantes y sectores de la fuerza pública en las regiones de fuerte presencia guerrillera. Apoyada por estos sectores, la lucha antisubversiva tomó las horribles formas del asesinato selectivo por motivos políticos (por citar un caso entre miles, recordemos el asesinato de Héctor Abad Gómez) o las masacres contra campesinos considerados colaboradores de la guerrilla (Segovia por ejemplo), cuando no la de amenazas a grupos vulnerables y las desapariciones de activistas o luchadores sociales. El auge esta violencia se dio coetáneamente a los esfuerzos de paz de Betancur, contando con la complacencia y el apoyo de sectores de la fuerza pública, quienes auparon la organización de grupos de autodefensa –amparados por la ley 48 de 1968- para defenderse de la guerrilla. Esta “razón” estaba acompañada de la necesidad de eliminar cualquier conato de reivindicación social que pusiera en riesgo –según la perspectiva de los organizadores de estos grupos- la estabilidad de la nación y de la democracia.

Con base en ello, desde 1982 se organizaron grupos de justicia privada al servicio de ganaderos y narcotraficantes en el Magdalena Medio tales como el denominado Muerte a Secuestradores “MAS” con epicentro en Puerto Boyacá. Hasta 1986 se dio una primera etapa de conformación de estos grupos, que arremetería constantemente contra la Unión Patriótica, funcionarios públicos y activistas sociales, al tiempo que realizando acciones de “limpieza social” contra grupos considerados indeseables para los patrones de conducta “normales”. Con la masacre de La Rochela en 1989, (Santander) el Estado volvió la mirada hacia este nuevo actor, que había estado protegido tanto por el apoyo de algunos militares como por la indiferencia de gran parte del Estado frente a los crímenes cometidos por estos grupos, que había derivado en una impunidad absoluta en materia judicial. La década del ochenta facilitó la aparición de estos grupos, gracias a un repunte de las guerrillas y de las luchas sociales que justificaban la permanencia de las concepciones de la seguridad nacional en amplios sectores de la sociedad colombiana, complementando el aumento del poder de los narcotraficantes en regiones aisladas carentes de cualquier presencia estatal. De acuerdo con Jorge Orlando Melo, la existencia de paramilitares o autodefensas era una muestra más de la profunda debilidad estatal que significaba la claudicación del principio del monopolio de la fuerza que debía regir en un Estado de Derecho. Esta debilidad se manifestaba en la impunidad por los delitos cometidos por los paramilitares, producto en gran medida de las amenazas a la rama judicial cuando no por negligencia de la rama judicial.6

Gran parte de la acción de los grupos paramilitares y de la posición de las Fuerzas Armadas era justificada por una aparente amenaza comunista que se cernía sobre la democracia colombiana. Lo cierto, es que los movimientos sociales, particularmente el campesino y los llamados “cívicos” alcanzaron importantes niveles de movilización en la primera mitad de la década para luego descender, en otras cosas, debido a la persecución a la que fueron sometidos. Siguiendo a León Zamosc, la crisis de legitimidad afectó al campesinado en tres frentes: Por un lado, las luchas campesinas por tierras e infraestructura no encontraron un tratamiento por canales pacíficos e institucionales por parte de los gobiernos, lo que se agravó con el agotamiento del clientelismo como medio para tramitar los conflictos sociales en el campo. De esta manera, la acción colectiva del campesinado empujó al régimen a pensar en la necesidad de resolver las tensiones no con viejos métodos sino a partir de la negociación directa con el alto gobierno, lo que significaba no sólo una lucha por la satisfacción de necesidades materiales sino también por la incorporación política y la reformulación de la democracia en el campo.

La crisis de legitimidad también se presentó en el campo desde el plano político. La presencia de guerrillas en zonas de colonización obstaculizó la creación de una organización política campesina que llevara más lejos las demandas sociales. La propuesta reformista de Betancur abrió las posibilidades para un trato no represivo a las movilizaciones, postura que fue retomada por Barco quien apostó por negociaciones directas con los campesinos. No obstante, la ampliación de la participación se veía refrenada por la posición de los militares-paramilitares frente a la protesta social y los resabios de la clase política tradicional. Finalmente, el “país mafioso” también penetró el campo con el fin de asegurar territorios para el negocio del narcotráfico y lavar dinero a través de la compra de tierras. La presencia de este actor implicó no sólo la disminución de la movilización sino la concentración de la tierra en un nuevo grupo, agravando la construcción de nuevas relaciones políticas avizoradas en las movilizaciones campesinas.7

Por su parte, los movimientos cívicos también contaron con un considerable aumento de su capacidad movilizadora. Este incremento se dio no sólo por la reivindicación de una serie de derechos para la satisfacción de necesidades materiales sino también como reacción política tanto al bipartidismo como a la izquierda tradicional. De allí que en los primeros años de la década se dieran intentos por crear Coordinadoras Populares a nivel regional que aglutinaban los diferentes movimientos locales. Al tiempo que se organizaban los pobladores urbanos locales, se dio un fortalecimiento de la insurgencia y de movimientos políticos de izquierda ligados a aquella, tales como la Unión Patriótica, A Luchar y el Frente Político. Para Luís Alberto Restrepo, esta convergencia no se puede interpretar como el exitoso auge del movimiento popular unitario, sino que debe entenderse como la interferencia de las guerrillas y los movimientos políticos en la dinámica de los movimientos cívicos. Tal relación tenía como fin obtener el oxígeno político para la insurgencia y la izquierda formal que los movimientos cívicos contenían como expresión renovada del descontento popular. Al finalizar la década se asistió a un decrecimiento de la movilización producto de la interferencia citada que puso en la mira de los paramilitares a las organizaciones de base en las regiones.8

Ante esta situación, los actores institucionales mantuvieron posiciones cercanas a la complacencia con la crisis y en todo caso, poco proclive a la solución de la situación de violencia y descomposición de las instituciones públicas. La posición de los partidos tradicionales fue sin duda clave para mantener y profundizar la crisis de representatividad, toda vez que se hallaban inmersos en prácticas clientelistas seculares con intereses solamente electorales. La situación vivida a fines de los ochentas llevó a un agotamiento de los partidos que no podían tramitar los intereses y demandas de la sociedad frente al Estado, obstaculizando la realización de reformas políticas urgentes. Como agravante, en esta década se dio un aparente apoliticismo de las Fuerzas Militares. Decimos aparente ya que tras el Frente Nacional las FFMM adquirieron gran autonomía del poder civil para manejar el conflicto armado, situación que permitió la connivencia y apoyo a organizaciones paramilitares para ejecutar operaciones ilegales contra la insurgencia y los movimientos sociales. Todo esto con base en el del arraigo que tuvieron las doctrinas de seguridad nacional y del “enemigo interno” desde los años aciagos del gobierno Turbay. Tal situación se tradujo en la oposición a los intentos de negociación, la puesta en marcha de la llamada guerra sucia, propiciando la pérdida de legitimidad de las Fuerzas Armadas.9

Por su parte, los gremios mantuvieron una posición ambigua respecto a las iniciativas de diálogo para solucionar la crisis. En las declaraciones públicas afirmaban un apoyo total a los gobiernos de Betancur y Barco, sin tratar temas como las reformas sociales y económicas que afectarían directamente sus intereses. Simultáneamente, algunos líderes gremiales llegaron a manifestar públicamente la desconfianza hacia el gobierno por su incapacidad para defender el orden público y el aumento de las posibilidades de la participación popular a nivel local. Finalmente, la jerarquía católica mantuvo un bajo perfil durante la crisis, manteniéndose alejada del protagonismo público, a excepción de las recomendaciones que se formulaban en las encíclicas y documentos episcopales sobre la necesidad de hallar soluciones a la violencia. Los llamados de la Iglesia Católica en sus niveles más altos fueron una combinación de moralismo (críticas al aborto, por ejemplo) con crítica social centrada en la demanda por reducir la violencia y la urgencia por respetar los derechos humanos.10

La década del ochenta no sólo se caracterizó por la existencia de una nueva ola de violencias multiformes que desbordaron los canales institucionales. Los gobiernos de este decenio, especialmente el de Betancur, intentaron acometer una reforma política que generara unas mínimas condiciones para que las tensiones sociales cedieran a favor de la tranquilidad pública. De esta forma, los intentos negociadores se acompañaron en el plano político de un proceso de apertura política que tuvo en la descentralización y en la reforma municipal su aspecto más novedoso. En primer lugar, la reforma político-administrativa impulsada por Betancur tuvo como objetivo fortalecer los fiscos municipales a través del aumento de las transferencias de la nación y del mejoramiento en la recaudación de los impuestos locales. En segundo lugar, las atribuciones legales de los municipios fueron modificadas para asumir nuevas responsabilidades, principalmente las relacionadas con los servicios públicos, la educación y la salud. Un tercer ámbito tendiente al fortalecimiento de la democracia fue el de la ampliación de la legitimidad del Estado a través de nuevos canales institucionales de representación de los diversos intereses. Los mecanismos implementados que pretendían ampliar la participación ciudadana fueron: la elección de alcaldes locales, la participación en las juntas directivas de las Empresas Públicas Municipales y la creación de las Juntas Administradores Locales.11

Esta reforma fue el resultado de la convergencia de diferentes fuerzas sociales que venían presionando una reformulación de la democracia en el país. El gobierno de Betancur por su parte asumió esta posibilidad como una salida a la crisis social e institucional, pues era en las regiones en donde la violencia y la falta de legitimidad del Estado se manifestaban permanentemente. Las implicaciones de la reforma no se quedaron allí, puesto que fue entendida y desarrollada como una oportunidad para que los sectores tradicionales redefinieran su hegemonía política a nivel local frenando el paso a las pretensiones democratizadoras que entrañaba la reforma. En el mismo sentido, se puso sobre la mesa la importancia y necesidad de reformular la relación entre el Estado central y los gobiernos locales, y con ello, la pertinencia de enrumbarse hacia un proceso de modernización administrativa y de ampliación de la autonomía política que pusiera fin al centralismo centenario inspirado en la Constitución de 1886 que parecía estar agotado.12

La reforma municipal representó sólo una de las medidas del establecimiento por ampliar la democracia y recuperar la legitimidad del régimen político que se hallaba en crisis. La preocupación por reformular la democracia había llegado a propuestas de reforma más amplias. Muestra de ello, fueron las iniciativas por modificar la Constitución de 1886 en los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay, quienes pretendieron introducir algunos cambios a la carta constitucional en materia de administración de justicia y modernización del Estado debido a la situación de orden público. La negación de tales intentos por parte de las altas cortes no fue más que la más clara expresión de la rigidez del régimen político. En el marco de la crisis de violencia generalizada y descrédito de las instituciones públicas, el presidente Virgilio Barco retomó la idea reformista contando con la misma suerte de sus antecesores. La apuesta de Barco se dio en dos actos. Inicialmente, pretendió realizar un plebiscito para derogar la norma que impedía modificar la Constitución sólo por el Congreso, vía que fracasó gracia a la oposición del Partido Conservador. Posteriormente, Barco optó por tramitar la reforma a través del legislativo, tropezándose con la inclusión de una medida que prohibía la extradición para los narcotraficantes, situación que obligó al ejecutivo a desistir del proyecto.13

La insistencia del gobierno Barco por propiciar cambios en el orden constitucional sembró el interés en diferentes sectores por llegar a la construcción de un nuevo marco de convivencia para la sociedad colombiana. A ello se sumó un contexto no sólo marcado por la violencia política, la intolerancia social y la desestabilización del narcoterrorismo, sino también por la apertura política e ideológica facilitada por el fin de la Guerra Fría. Esto se tradujo en la posibilidad de negociación entre diferentes sectores sociales y políticos con intereses diversos. La realización de elecciones locales en marzo de 1990 sirvió de escenario para la inclusión de una papeleta a través de la que se podía manifestar la ciudadanía sí estaba de acuerdo con la realización de reformas a la Carta de 1886. Iniciativa de algunos estudiantes de universidades privadas conocida como la Séptima Papeleta, que contó con el apoyo de los medios de comunicación y varios sectores de la política nacional que veían la necesidad de acometer reformas a una constitución centenaria.

La inclusión de la séptima papeleta sólo fue el primer paso para la elaboración de una nueva Constitución Política. Aunque hubo un importante apoyo a la propuesta, la viabilidad de la misma sólo se dio cuando se realizó el conteo oficial por parte de la Registraduría de los votos depositados y la autorización para que en las elecciones presidenciales, a realizarse el 27 de mayo de 1990, se incluyera una consulta sobre la posibilidad para convocar a una Asamblea Nacional Constitucional. Los resultados de estos comicios dieron como ganador a César Gaviria al tiempo que hubo un voto afirmativo para la realización de la Asamblea, entrelazando el destino de la nueva Constitución al gobierno entrante. Gaviria asumió desde un inicio la tarea por sacar adelante la nueva constitución, tal y como lo evidenció el llamado a una reunión para acordar un pacto político en que se definieran algunos aspectos de la Asamblea, entre los que se destacaban la conformación, el temario y los controles sobre el espacio constituyente. Para algunos autores, este hecho es interpretado como la reedición de la exclusión política y la “perversión” de una oportunidad por crear una verdadera democracia.14

Gracias a una lectura alternativa de la figura del Estado de Sitio, el gobierno de Gaviria declaró esta situación con el fin de convocar a las elecciones en el mes de diciembre para elegir a los constituyentes. En el segundo semestre de 1990 se dio inicio a las mesas de trabajo para diseñar la nueva Carta Magna y se obtuvo el aval de la Corte Suprema de Justicia sobre el decreto de Estado de Sitio. No obstante, la Corte introdujo modificaciones importantes a la propuesta de Gaviria, ya que prescribió que el temario sobre el que versaría la reforma constitucional contendría más puntos que el borrador presentado por el gobierno, además de permitir el cambio de constitución y no sólo una reforma de la existente a través de la participación del constituyente primario, es decir, el pueblo. Las elecciones fueron realizadas el 9 de diciembre con baja participación, arrojando unos resultados que determinarían el devenir de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Los grandes triunfadores de la jornada fueron la Alianza Democrática M-19 y el Partido Liberal que obtuvieron la mayoría de las curules, mientras que el Conservatismo quedó relegado debido a la fragmentación con la que se presentó a las elecciones. Junto a estas fuerzas políticas, la ANC dio cabida a sectores marginados como los indígenas y las iglesias cristianas.

El 5 de febrero de 1991 inició sesiones la Asamblea Nacional Constituyente compuesta por 70 miembros. Debido a la novedoso del mecanismo empleado para reformar la Constitución, al interior de la ANC se dieron varias discusiones sobre su funcionamiento y alcances. Así pues, elaboraron el reglamento interno que permitió la organización para adelantar las discusiones mediante comisiones y subcomisiones de trabajo, a la vez que se eligió la Mesa Directiva. Las comisiones permanentes tenían como fin organizar la discusión entre las diferentes fuerzas políticas sobre los principales temas que compondrían el nuevo texto constitucional, presentado en la primera plenaria que se celebró entre mayo y junio. La composición diversa no permitió mayores alianzas programáticas al interior de las comisiones.15 Respecto a la presidencia de la ANC se optó por una dirección colegiada que recogió las principales fuerzas políticas: Antonio Navarro Wolf por la AD-M19, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Álvaro Gómez Hurtado por un sector del Conservatismo. La ANC sesionó desde el 5 febrero hasta el 4 de julio de 1991, día en que se aprobó la nueva Constitución, publicada oficialmente el 25 de septiembre.

¿Cómo se puede interpretar lo que sucedió constitucionalmente en el primer semestre de 1991? Al respecto, podemos encontrar tres visiones sobre el significado de la Constitución Política de 1991, cada una de las cuales responde a una posición política que se acerca o toma distancia del carácter democrático y “emancipatorio” de esta nueva carta. La primera interpretación refiere que el proceso constituyente de 1991 y su resultado pueden ser entendidos como el momento de consolidación de la democracia colombiana, que pese a sus limitaciones y dificultades ha mantenido desde la creación del Frente Nacional un régimen democrático. En segundo lugar, encontramos una postura que si bien no niega que la Constitución de 1991 representó avances importantes en la construcción de una democracia más amplia, paralelamente se venía fraguando la entrada del país en el modelo neoliberal de desarrollo, situación que impidió la concreción de las reformas propuestas en el terreno político generando una tensión todavía no resuelta. Por último, desde una orilla menos complaciente con la existencia de una democracia colombiana, se entiende la Constitución Política como el resultado jurídico de un reacomodo de las relaciones entre capital y trabajo, a favor del primero, en donde lo más importante fue la ambigüedad del texto constitucional que permitió a la clase política tradicional adecuarse a las exigencias de una nueva fase de acumulación del capital, bajo su forma neoliberal.

Para la primera visión, el proceso constituyente de 1991 tuvo tres características centrales que confirmarían que Colombia pese a todo es una democracia y que esta “coyuntura estratégica” alcanzó su consolidación. Por una parte, la Constitución habría sido ante todo un pacto político en el que los acuerdos entre diferentes fuerzas y en diferentes momentos terminaron primando sobre cualquier pretensión de hegemonía de un proyecto unilateral. De esta manera, tanto el pacto propuesto por Barco en 1989 a los conservadores como la manera “consensuada” en que se tomaron las decisiones al interior de la ANC o los pactos que se dieron para elegir a la Mesa Directiva fueron expresiones de ese carácter consensual de la nueva Constitución. Cabe anotar que tales acuerdos no se dieron en el terreno de los proyectos de nación sino solamente en las decisiones necesarias para dar viabilidad a la ANC, lo que supuso una apertura controlada del espacio político pues sólo pudieron acordar quienes alcanzaron cierta representatividad en la coyuntura.

Sin embargo, los consensos alcanzados tuvieron un sentido pragmático e inmediatista cuyo fin era dar curso a las discusiones y facilitar la toma de decisiones al interior de la ANC. De los trece títulos de la carta, diez alcanzaron a concretarse mediante el acuerdo. Esta situación se dio entre otras cosas, gracias a la no preponderancia de ninguna de las fuerzas políticas con capacidad para imponer un solo proyecto. Además, influyeron otros factores como la amplitud de las temáticas y la fragmentación de los partidos políticos tradicionales que los obligó a hacer coaliciones. Así mismo, la existencia de un contexto de tolerancia y no polarización ideológica a nivel internacional gracias al fin de la Guerra Fría, posibilitó diferentes alianzas. Para esta perspectiva, solamente el pragmatismo de los partidos y movimientos políticos posibilitó la elaboración de la nueva carta constitucional, producto de variados y disimiles intereses tal y como se puede apreciar en los contenidos de la Constitución.

La consolidación de la democracia colombiana que habría representado la Constitución de 1991 se tradujo en una amplia gama de reformas al régimen político con el objetivo de instituir la democracia participativa. Para esta visión, los principales aportes fueron el establecimiento de las tres ramas del poder público interrelacionadas y equilibradas; la modernización del Estado y la moralización de la administración pública; la intención por restar el poder de los partidos tradicionales para abrir el sistema político a nuevas fuerzas minoritarias. Ello se expresó en medidas concretas como la eliminación de los auxilios parlamentarios y la creación de un régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas; la restitución al legislativo de iniciativa en materia económica y la posibilidad de ejercer control político al ejecutivo además del fortalecimiento de la descentralización política con la elección popular de gobernadores. En la rama judicial se pretendió combatir a la impunidad y así recuperar la legitimidad del Estado, mediante la creación de nuevas instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la reformulación de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Los cambios progresistas no se limitaron a la modernización del Estado y a los cambios en el régimen político. La ANC se concentró en la proclamación de una amplia carta de derechos, incorporando a los derechos civiles y políticos los denominados Derechos Humanos de segunda y tercera generación (económicos, sociales, culturales y colectivos). Además, contempló la creación de mecanismos judiciales para exigir su cumplimiento, entre los que se destacaron la acción de tutela y la acción popular. Finalmente, avanzó en aspectos culturales como la separación entre la Iglesia y el Estado, el reconocimiento a la diversidad de cultos así como el de la multiculturalidad y plurinacionalidad del país. Los analistas han planteado que tales cambios pueden ser tomados como la muestra de la gran complejidad y diversidad de la sociedad colombiana de inicios de la década, además de expresar la apertura y profundización de la democracia colombiana actualizándola a los nuevos paradigmas de los derechos humanos y la multiculturalidad. Otra interpretación sugiere que la Constitución no fue más que una “colcha de retazos” demasiado pretenciosa, abigarrada y contradictoria.16

La segunda interpretación sobre el significado de la Constitución critica la mirada de la consolidación de la democracia en la medida en que esta descuida los elementos estructurales (socioeconómicos principalmente) que incidieron en la toma de decisiones de los actores políticos. Para Luís Javier Orjuela, exponente de la segunda mirada, el país vivió a principios de los años noventa dos procesos de reestructuración simultáneos que determinaron el alcance de la apuesta democrática de aquel entonces. Por un lado hubo un importante cambio constitucional que pretendía ayudar a solucionar las trabas del sistema político vigente y por el otro, se dio una progresiva apertura económica con marcados visos neoliberales que empujó al país a una “inserción en la economía mundial”. El planteamiento central de esta concepción radica en que cada una de estas transformaciones constituyó un modelo de sociedad distinto y contradictorio, de allí que las tensiones entre cada proyecto social condujeron a un escenario de fragmentación social que afectó a la sociedad colombiana, con agravantes como el clientelismo, la corrupción y el patrimonialismo.

Con base en ello, la Constitución fue el resultado no sólo de una voluntad pactista de las principales fuerzas políticas sino de la concurrencia de diferentes factores estructurales en los que se combinaron elementos progresistas y auténticamente democráticos con intereses y necesidades del capital transnacional. En primer lugar, la Constitución fue presentada como un pacto de paz entre algunas guerrillas y el Estado y entre este y los narcotraficantes. En segunda instancia, también se arguyó la necesidad ampliar el sistema político a partir de la promoción de la democracia participativa, de allí que no sólo se hablara de la exclusión política sino también de la social y económica, lo que explica la consagración del “Estado Social de Derecho”. En el mismo sentido, la Carta del 91 pretendió el fortalecimiento y relegitimación del Estado, especialmente respecto a la justicia, la garantía de los derechos humanos, el reconocimiento de la diversidad cultural y las medidas para “limpiar” la política mediante organismos de control (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Contraloría). Finalmente, el proyecto democrático logró una recuperación de lo social a partir de la inclusión de tesis del liberalismo social, como el reconocimiento de la función social de la propiedad privada.17

Aunque esta segunda visión reconoce los avances en cuanto a la ampliación y reformulación de la democracia se refiere, introduce en el análisis el proyecto neoliberal que se venía dando desde la década del setenta y que cobró mayor fuerza durante el gobierno de César Gaviria. La reestructuración económica que sufrió el país desde finales de la década del ochenta consistió en la orientación del desarrollo nacional hacia la economía exportadora. Este enfoque pretendía modernizar tecnológicamente el sector productivo del país y estimular su productividad y competitividad mediante la apertura al mercado internacional. Bajo la administración del “Revolcón” se aceleró la apertura económica con reformas que facilitarían el aumento de la competitividad del país a través de la venta de diferentes empresas públicas. Según Orjuela, la apertura no favoreció a la economía nacional por igual, muestra de ello fueron las críticas de gremios como la SAC y FEDEGAN a la liberalización del mercado interno. Más aún, con las medidas tomadas se propiciaron efectos desastrosos no esperados –según el credo neoliberal- como la concentración del ingreso en cuatro grandes grupos económicos, el aumento del desempleo, el atraso tecnológico de la industria nacional y la fragilidad general de la economía cuya máxima expresión fue el auge de la especulación financiera. Esto facilitó la introducción de capitales ilegales producto del negocio del narcotráfico.

La coexistencia del modelo neoliberal expresado en la apertura económica y el del liberalismo social con la Constitución de 1991 como símbolo, generó una serie de contradicciones en la década del noventa que trajo como consecuencia la agudización de los conflictos sociales y una mayor fragmentación social. Una primera tensión se dio en relación al gasto público que para el modelo neoliberal debía disminuirse al máximo, mientras que en el modelo constitucional la garantía de los derechos sociales y económicos exigía un incremento del gasto social. De esta forma, la búsqueda de legitimidad por parte del régimen se veía truncada por las restricciones al gasto de las políticas neoliberales, que terminaron focalizando el presupuesto a la defensa y gastos de funcionamiento del Estado. En segundo lugar, aunque se esperaba mejorar la representación política, tal iniciativa se chocó con la fragmentación de las diferentes fuerzas políticas, la pervivencia de la clase política tradicional y la debilidad de los nuevos movimientos políticos. Finalmente, el modelo neoliberal afectaba la capacidad redistributiva del Estado Social de Derecho, incidiendo en las posibilidades para conciliar intereses y propiciando una mayor polarización social. Esto se tradujo en hechos como la disminución en la remuneración por trabajo, aumento del desempleo y del subempleo, entre otros. El enfrentamiento entre los dos modelos se simbolizó en la polémica por decisiones de la Corte Constitucional y las medidas adoptadas por el Banco de la República.18

La tercera visión sobre las transformaciones acaecidas a inicios de la década del noventa es la planteada por Jairo Estrada Álvarez. Para este autor, más allá del proceso democratizador que se dio, el significado profundo del mismo reside en la adecuación de todo el ordenamiento jurídico a las exigencias de la acumulación capitalista en tiempos de neoliberalismo y globalización. Con base en ello, el autor se dio a la tarea de estudiar el proceso de implementación del neoliberalismo en Colombia, reconociendo antecedentes en los gobiernos de López Michelsen y Turbay. No obstante, el verdadero proceso de implementación se dio entre 1990 y 1991 a partir de una serie de reformas y cambios jurídicos que conformaron las bases de un orden jurídico neoliberal. La Constitución de 1991 fue entonces, un momento importante para la consolidación del proyecto neoliberal permitiendo desde el marco constitucional la profundización de la desregulación de la economía desde 1992 hasta 1998.

El gobierno de César Gaviria fue un punto de inflexión en los proyectos de la elite por abrir la economía nacional a la dinámica internacional de la economía. Apoyado en la debilidad del gremio cafetero y en el peso cada vez más fuerte que adquirieron profesionales con estudios en el exterior, Gaviria presentó su proyecto como el paso de una economía cerrada a una abierta y de un Estado arcaico a uno moderno, anunciado la llegada al futuro. En la segunda legislatura de 1990 se sancionaron una serie de reformas a los principales mercados de la economía sentando las bases para una posterior apertura a partir de la lógica del mercado libre. Con la ley 50 de 1990 se expidió una reforma laboral que redujo ostensiblemente los derechos que tenían los trabajadores, a través de medidas como la reducción del precio de los contratos de trabajos, la flexibilización de la jornada laboral y de contratos de trabajo y en general todas aquellas prerrogativas del trabajador tenía contra los despidos. El argumento central para acometer estos cambios era la necesidad de proteger a los asalariados y propiciar una adaptación a las nuevas condiciones de producción signadas por el uso de nuevas tecnologías.

A la par que se creó una nueva normatividad laboral, se dieron cambios en el mercado de bienes y servicios, de capitales y de telecomunicaciones. Respecto al primero, se dieron pasos importantes para establecer un régimen de libre importación exponiendo el aparato productivo nacional para forzarlo a una innovación tecnológica y con ello al aumento de la competitividad. También se emprendió una reforma financiera para estimular el flujo de capitales mediante la privatización de varios bancos estatales, al tiempo que se levantaron las restricciones a la inversión extranjera. En cuanto al mercado de las telecomunicaciones, fue objeto de una desregulación a partir del concepto de servicio público y de concesión, permitiendo la prestación del servicio por parte de empresas privadas llamadas operadores. En el mismo sentido, se reformularon las condiciones para la provisión de nueva infraestructura necesaria para “la inserción en la economía mundial”, obra ya no sólo del Estado sino también del sector privado a través de las concesiones portuarias y la construcción de carreteras. Estas medidas se acompañaron de una reforma tributaria que enfatizó en los impuestos indirectos, ampliando el porcentaje del IVA y la base gravable.

El Estado tuvo que adecuarse a las nuevas circunstancias con el fin de cumplir un número reducido de tareas al servicio del sector privado que iba asumiendo nuevas funciones, especialmente en el manejo de la economía. En el marco del conflicto armado, el Estado tuvo que priorizar la prestación de los servicios de seguridad y defensa para garantizar unas mínimas condiciones de orden público para el desarrollo de la actividad económica. En segundo lugar, el Estado tuvo como prioridad el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, facilitando condiciones de igualdad para la competencia de los actores privados en las diferentes actividades económicas. La tercera tarea del Estado estaba relacionada con la satisfacción de las “necesidades básicas” de los “grupos más vulnerables” de la población, lo que implica garantizar una adecuada distribución del ingreso. La reformulación del Estado para el neoliberalismo se acompañó de otros discursos como el de la descentralización asociada a la profundización de la democracia y la reducción del déficit fiscal.

La sanción de estas reformas constituyó la puesta en marcha del proyecto neoliberal que entraría a determinar estructuralmente el proceso constituyente de 1991. La tesis central al respecto sugiere que en las fuerzas políticas que concurrieron en la elaboración de la Constitución primó la dispersión y el eclecticismo con apariencia progresista, de allí que la correlación de fuerzas luego del 4 de julio de 1991 expresado en el “nuevo” Congreso, posibilitó la apropiación neoliberal de la Carta Constitucional. Para comprender la articulación de la Constitución con el proyecto neoliberal que inauguró la década del noventa, Estrada propone el concepto de Constitución Económica, consistente en la fijación de los fundamentos políticos y jurídicos de la intervención del Estado en la economía y la regulación de las relaciones entre el Estado y el mercado. A pesar que la Carta de 1991 no proclamó explícitamente un modelo económico, era obvio que se refería a la economía de mercado mediante la defensa de la propiedad privada y la garantía de la libertad económica (tanto de empresa como de competencia). Tal situación lleva al autor a hablar de una economía social de mercado en cuyos desarrollos legales adquirió un carácter neoliberal.

De esta manera, la ambigüedad de la Constitución en cuanto al modelo socioeconómico adoptado se expresó en diferentes figuras que a la postre recibieron un manejo más cercano a los postulados neoliberales. En primer lugar, El Plan Nacional de Desarrollo dividido en plan general y plan de inversiones facilitaba la combinación de planteamientos políticos y técnicos susceptibles de ser manejados por parte del ejecutivo de clara tendencia neoliberal. En el mismo sentido, la elaboración del presupuesto complementó la prelación del enfoque del ejecutivo sobre las otras ramas del poder público, cerrando las posibilidades para que primaran otros criterios en la asignación de recursos. Por su parte, el régimen de transferencias que fortalecería la descentralización sufrió una serie de restricciones ligadas a indicadores de eficiencia en la gestión y racionalización del gasto público, lo que afirmaba la política de control del déficit del gobierno central. La interpretación de los servicios públicos como parte de las necesidades básicas insatisfechas, se convirtió en la política social del modelo neoliberal al vincular al mercado a ciertos grupos sociales que legitimarían el establecimiento del modelo. Por último, la independencia de la Banca Central entregaba el manejo de la política monetaria a las fuerzas del mercado relegando los criterios políticos, sin mencionar la forma “antidemocrática” en que se elegía la Junta Directiva.

Dentro del articulado transitorio que se definió para ejecutar los preceptos constitucionales, se encontraba el artículo 20 en el que se profundizaban medidas de corte neoliberal como la supresión y fusión de entidades e industrias públicas bajo el argumento de superar el crónico déficit fiscal y mejorar la eficiencia del Estado. A ello se sumaron más de 62 decretos de reforma del Estado. Con base en la nueva Constitución, en los dos últimos años del gobierno de Gaviria y durante la administración de Samper se profundizó en la desregulación de la economía. Más allá del conflicto que se dio entre aperturistas radicales, representados por Rudolf Hommes y Armando Montenegro y “gradualistas” encabezados por Ernesto Samper y José Antonio Ocampo, lo cierto es que entre 1992 y 1998 se mantuvo la apertura económica. Esta nueva fase de aceleración se manifestó en la sanción de nuevas leyes y la creación por parte del Estado de mercados para el sector privado.

A manera de ejemplo se pueden mencionar la ley 100 de 1993 en la que la seguridad social se abrió a la operación por la empresa privada así como la creación del mercado de los servicios públicos domiciliarios, a cuya prestación renunció el Estado para dar paso a los contratos de concesión, el desmonte de subsidios y la prelación de la lógica costo-beneficio (Ley 142 de 1994 de servicios públicos o ley 37 de 1993 de comunicaciones). Simultáneamente, se emprendió una agresiva política de privatizaciones en infraestructura, servicios financieros, públicos e industrias, justificada por la necesidad que tenía el Estado de adquirir recursos para sufragar el gasto social, más aún, cuando varias de las empresas vendidas simbolizaban la ineficiencia estatal contra la que se tenía que luchar. Esto se complementó con la promoción de la inversión extranjera (Ley 9 de 1991, decretos 517 de 1995 y 1295 de 1996), la asignación de recursos (Ley 60 de 1993) y la expansión del mercado de capitales (Ley 35 de 1993).19

Sobre las interpretaciones del significado de la Constitución de 1991 en este trabajo entenderemos que el país se enrumbó desde finales de la década del ochenta en la demanda por ampliar el régimen político, máxime cuando la situación de violencia y de crisis de legitimidad exigía la búsqueda de soluciones tanto del establecimiento como de las fuerzas sociales y políticas vigentes. Sin desconocer la importancia de los cambios políticos que representó la Constitución, consideramos que no se puede desconocer la existencia del proyecto neoliberal que en materia económica se desplegó desde el gobierno de Gaviria. Igualmente no pretendemos fijar la última palabra sobre el fracaso o no de la Constitución. Lo que nos interesa es resaltar cómo en el periodo mencionado las ideas de la democracia participativa y el desarrollo socioeconómico tuvieron un papel importante en el proyecto de nación que se concretó en la Constitución Política de 1991. Estos conceptos incidieron de una u otra forma en la configuración de la política educativa desde la década del setenta, convirtiéndose en los objetivos más importantes para el Estado.

Así pues, este contexto social, político y económico fue el telón de fondo que coincidió con el diseño y puesta en marcha de una serie de reformas educativas que llevaron a la creación de las Ciencias Sociales Integradas como un área importante para la apropiación y promoción de comportamientos democráticos y actitudes favorables hacia el desarrollo económico. En este proceso, las Ciencias Sociales a través de los manuales escolares elaborados por las editoriales privadas, procuraron re-elaborar una visión del pasado nacional que se acoplara a las condiciones históricas referidas. No obstante, surgen algunas preguntas relacionadas con el papel de la educación en Ciencias Sociales en el fortalecimiento y puesta en marcha del proyecto democrático y la legitimación o no del modelo capitalista que se también se reformuló a inicios de la década del noventa. De esta manera, ¿Qué tipo de memoria nacional se pretendía transmitir sobre el proceso de formación de la nación colombiana a través de los textos escolares de Ciencias Sociales en los primeros años de la década del noventa? ¿Cómo se relacionó el proyecto educativo en general y en Ciencias Sociales en particular, con la creación de las bases de un nuevo régimen político expresado en la Constitución Política? ¿Quiénes fueron los encargados de elaborar el relato histórico sobre el origen de la nación dirigido a la población escolar?¿Cómo se articularon las actividades evaluativas incluidas en los textos escolares de Ciencias Sociales en el proyecto de construcción de la memoria nacional?

Para dar respuesta a estos interrogantes procuramos construir esta representación historiográfica sobre el proyecto de creación de una memoria nacional a través del sistema educativo entre 1984-1997. Específicamente, determinamos las principales orientaciones del proyecto educativo general y el de Ciencias Sociales en particular, que sirvió de marco para la elaboración de los manuales escolares de Ciencias Sociales. Igualmente se esbozó un perfil de los autores de los textos escolares articulado a un análisis de las fuentes empleadas en la elaboración de las representaciones de la historia del siglo XIX presentes en los manuales. Acto seguido, describimos y analizamos los principales acontecimientos, procesos históricos que constituyeron las representaciones de la historia de Colombia en el siglo XIX presentes en los manuales escolares para octavo grado. El trabajo se cierra con la mención de las actividades evaluativas propuestas en los textos escolares como el momento educativo en que se corroboraría el aprendizaje o no de las representaciones históricas.

El periodo de trabajo se estructuró con base en diferentes criterios de acuerdo a las distintas temporalidades de los componentes del problema de investigación. Por un lado, el proyecto educativo que se inició a mediados de la década del setenta presentó hacia 1984 un momento importante de reimpulso con la creación de las áreas integradas como parte de la reforma curricular, la cual continuó desarrollándose hasta mediados de la década del noventa con la Ley General de Educación (1994) y la sanción de los indicadores de logro en 1996. Dentro de este primer marco temporal se encuentran los manuales escolares empleados en el trabajo, elaborados bajo las directrices planteadas por el Ministerio de Educación cuyas fechas de publicación están en el rango 1991-1997. Con base en estos dos elementos se optó por definir el periodo de estudio entre 1984 y 1997. Así pues, esta introducción consta además de una breve relación de los principales trabajos realizados con base en manuales escolares, que fueron retomados para el desarrollo de nuestra investigación. Igualmente se exponen los principales referentes conceptuales a los que se acudió con el fin de afinar la comprensión de la información empírica recabada. Finalmente, procedemos a caracterizar las fuentes documentales empleadas, al tiempo que ofrecemos al lector algunas consideraciones metodológicas aplicadas en el tratamiento de la información.

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