Manual de gestión ambiental y social




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Anexo 6. Líneas Generales de Trabajo con Comunidades Indígenas y Afromestizas
Marco Internacional

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), junto con el Convenio 107 es el instrumento jurídico internacional con carácter vinculante que protege y regula los derechos de las comunidades étnicas en diferentes áreas de sus intereses. Fue aprobado por la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 1969.

El Convenio 169 no es una Declaración de los máximos derechos indígenas, sino una norma que se considera esencial y mínima mediante la cual han llegado los países a un consenso a nivel internacional. Incorpora muchas demandas y reclamos indígenas y los convierte en derechos internacionales reconocidos. Los conceptos básicos del Convenio son el respeto y la participación, respeto a la cultura, religión, la organización social y económica y a la identidad propia.
Marco Nacional
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 20. La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con

sus usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y den asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.


II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizandola participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Marco Estatal
Ley de Derechos sobre los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca (LDPICIEO). Esta Ley establece los derechos y obligaciones de los de los pueblos y comunidades. Sus disposiciones constituyen las prerrogativas mínimas para la existencia, pervivencia, dignidad y bienestar de dichos pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 51. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios indígenas en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad vigente.
Artículo 52. Los pueblos y comunidades indígenas y el Estado a través del Instituto Estatal de Ecología, conforme a la normatividad aplicable, convendrán las acciones y medidas necesarias tendientes a la conservación de su medio ambiente y a otras formas de protección de los recursos naturales, de tal modo que éstas sean ecológicamente sustentables y técnicamente apropiadas, así como compatibles con la libre determinación de los pueblos y comunidades para la preservación y usufructo de sus recursos naturales.
Artículo 53. Las obras y proyectos que promueva el Estado, las organizaciones o los particulares que impacten a los pueblos y comunidades indígenas en sus recursos naturales, deberán ser discutidos, analizados y consensados previamente con dichos pueblos y comunidades.
Artículo 57. Con el propósito de salvaguardar la integridad de los territorios indígenas y de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas de los efectos de la contaminación y el deterioro ambiental, éstos tendrán derecho a exigir la reparación del daño ecológico correspondiente a la fuente emisora con previo dictamen del Instituto Estatal de Ecología o de las autoridades federales componentes.
Estrategia de Participación y Consulta Previa

La estrategia de participación de las comunidades indígenas que se propone en este marco, contiene los siguientes aspectos: (i) mecanismos de participación de las comunidades indígenas para la toma de decisiones durante el planteamiento; (ii) implementación y evaluación, de acuerdos con la estructura social, cultural y las prácticas tradicionales; (iii) formulación de programas y proyectos del plan de desarrollo o de la estrategia.

El Fundamento del Desarrollo del Proceso de Consulta

  1. El acatamiento de las disposiciones legales sobre los derechos de las comunidades indígenas.

  2. El reconocimiento, respeto y garantía plena de la cultura y la salvaguarda de su futuro y supervivencia.

  3. La resolución responsable de los impactos sobre el medio ambiente y la cultura generados por el Subproyecto.

Las Condiciones Básicas del Proceso de Consulta Previa

  • Realizar reconocimiento de las comunidades involucradas en el Subproyecto.

  • Desarrollar un programa de información clara, oportuna y veraz acerca del subproyecto.

  • Crear y promover espacios de reflexión para decisiones internas sobre cómo debe adelantarse el procedimiento de consulta y concertación, actividades y tiempos.

  • Efectuar de manera participativa el análisis y decisión acerca del enfoque de los estudios que deben realizarse previamente a cualquier decisión.

  • Definir la estrategia de coordinación interinstitucional.

  • Creación e implementación de programación y desarrollo de los talleres formativos, pedagógicos y de retroalimentación.

  • Crear y promover espacios para la toma de decisiones frente a las propuestas de modificación, condiciones para su ejecución, planes de prevención y mitigación de los impactos, compensaciones y participaciones.

  • Concertación (construcción de acuerdos) a través de la convalidación y la protocolización de las actuaciones.

De acuerdo con los lineamientos antes mencionado, el subproyecto durante su ejecución se buscará que todas las decisiones y acuerdos a los que se lleguen en el proceso de consulta, sean plenamente conocidas por las comunidades en su conjunto.

Estrategia General para Implementar el Proceso de Consulta Previa110

Cuando se presente el caso, se podrá organizar, el proceso de Consulta Previa según el siguiente esquema de acción:

  1. Estrategia de información sobre el proceso de coordinación general.

  2. Estrategia de articulación interinstitucional.

  3. Estrategia de intervención directa con comunidades.

  4. Estrategia de control, seguimiento y validación de acciones y acuerdos.

Fases del Proceso de Consulta

a. Planeación e Instalación del Proceso

Las etapas de la planeación son adaptables a las particularidades de cada subproyecto, de tal manera que no se restrinjan, ni lesionen las tradiciones culturales de las comunidades. Cada consulta tiene su singularidad y es con la comunidad consultada que ésta se construye.

Las etapas de la planeación se enmarcan en los siguientes pasos:

Construcción del escenario de la consulta: Parte del contexto socio-económico, ambiental, cultural, político-institucional, en que vive la comunidad o los actores sociales relacionados con los subproyectos.

Las comunidades deben ser integradas al proceso para recoger sus inquietudes. En el caso de pequeños subproyectos, el análisis debe hacerse de acuerdo con la dimensión de la obra o actividad.

Coordinación interinstitucional: La instancias ejecutoras deberá mantener contacto con las entidades estatales de carácter local, regional o nacional, según sea el caso, que tengan competencia para que la consulta mantenga la investidura de proceso público. Esto a su vez permite el acompañamiento de los organismos vinculados, para que ejerzan su labor de control respectivo.

Proceso de acercamiento e información: En esta fase la agencia ejecutora buscará un acercamiento efectivo con las comunidades indígenas a través de las vías más expeditas (líderes reconocidos y sus organizaciones legitimas) a fin de lograr la confianza de los actores en el subproyecto. En esta etapa se fortalecerá la información mutua entre las partes lo cual facilitará la intervención adecuada del subproyecto. Esta fase es muy importante dado que retroalimentará los mecanismos de coordinación, la caracterización socio- ambiental de los estudios, la identificación de los problemas y la definición de mecanismos de solución de manera participativa. Cualquier asunto de interés que tenga importancia para la comunidad será más fácil de abordar cuando existe una adecuada comprensión de la dinámica social y cultural (cosmovisión) por parte de los actores responsables de la ejecución del Proyecto.

Encuentros de instalación: Es la iniciación oficial del proceso de consulta el cual debe realizarse preferentemente, en la zona del asentamiento, con la presencia de las autoridades de la comunidad, la comunidad misma, los representantes del subproyecto y las autoridades estatales competentes.

Consideraciones para la Identificación, Evaluación y Mitigación de Potenciales Impactos Negativos

El Subproyecto debe considerar todas las medidas necesarias para evitar y/o mitigar cualquier daño a los bienes de las comunidades y a la vida humana. Por lo tanto, es comprensible valorar que algunas actividades específicamente la construcción y/o ampliación sistemas de agua potable y la vinculación de la misma, con una perspectiva más amplia de manejo de cuencas hidrográficas puedan afectar de manera directa o indirecta a estas comunidades, por ello se deben considerar los siguientes aspectos:

  • Manejo integral de las cuencas productoras agua que implique importantes esfuerzos de ordenamiento territorial.

  • Subproyectos de construcción, modificación y/o ampliación de sistemas de agua potable. Construcción de sistemas de desagüe que implique algún impacto negativo a los bienes comunales.

1 Un Plan Común para un Bien Común, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C., enero de 2014

2 Para las empresas contratistas se podrían establecer otros esquemas de capacitación en los que se aprovechen los servicios de Colegios de profesionistas, instituciones de educación superior, Cámaras de Construcción, etc. con base en convenios establecidos con la CEA.

3 La CEA podrá establecer los programas de Capacitación en esta materia según le sea conveniente en tiempos y duraciones, pero debiendo garantizar que al inicio de las obras, tanto supervisores como contratistas hayan recibido la capacitación necesaria.

4 Esto se espera que sea muy variable entre los distintos municipios beneficiados por el Programa debido a sus capacidades y regulaciones establecidas.

5 Este cuadro refleja las afectaciones más comunes de estas actividades y no constituye un tratamiento exhaustivo del tema. Debe usarse únicamente como una referencia y los impactos ambientales y sociales deben analizarse en cada caso.

6 Es este tipo de obras, se considera “altamente riesgoso” para la legislación nacional el uso de gas cloro.

7 Las cláusulas de licitaciones y contratos aquí presentadas están basadas en diversos tipos de contratos que realiza CEA y SAPAO, y su redacción y contenido podrá variar según el caso; sin embargo, se ha subrayado aquellos conceptos que se consideran indispensables que aparezca en los clausulados correspondientes para el tema de este Manual.

8 El Especialista Ambiental es la persona o personas contratadas por el Promovente para estas actividades con el perfil profesional acordado con el Banco.

9 Este proceso se describe en el Capítulo 6 de este informe

10 Consultar el Protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indígenas de conformidad con estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
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