Manual de gestión ambiental y social




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fecha de publicación24.10.2016
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2.3. Marco Presupuestal

Como se mencionó anteriormente, el contrato de crédito que firmó el Gobierno del Estado de Oaxaca con BANOBRAS, con apoyo e intervención del BM, asciende a $752’805,612.47.

Es importante mencionar que además del crédito de referencia, el Programa cuenta, para la implementación de ciertas acciones, con un cofinanciamiento a través de la CONAGUA por la cantidad de $506 621,500.00.

Dichos recursos se distribuyen de la siguiente forma:


Componente

Crédito

CONAGUA (APAZU)

Total

PforR (programa)

$592,155,000

$506,621,500

$1,098,776,500

AT (componente de asistencia técnica)

$131,590,000

-

$131,590,000

Accesorios financieros

$29,060,612

-

$29,060,612

Total Operación MAS Oaxaca

$752,805,612

$506,621,500

$1,259,427,112

3. Marco Regulatorio Relevante Al Mgas
A continuación se presenta el marco normativo e institucional que el MAS Oaxaca debe tomar en cuenta para la parte ambiental y social, con el fin de asegurar su cumplimiento.
CUADRO 2macintosh hd:users:juanjoseconsejo:desktop: iii. regulación.tiff

ANDAMIEAJE LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN DEL AGUA

Existen en México leyes, reglamento y normas oficiales que cubren todos los aspectos de la gestión ambiental, tanto a nivel federal como estatal y en muchos casos municipal.
3.1. Internacional
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. México en el año 1989 adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. A continuación los principales artículos del convenio de referencia:
ARTÍCULO 1. Reconoce a los pueblos tribales en países independientes a aquellos:

a) Cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una legislación especial.

b) Considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

(…)

ARTÍCULO 7. Los derechos de los pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes están definidos por:

a) En relación a los Pueblos Indígenas o Tribales, con el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

b) En relación al gobierno, éste deberá velar porque siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

c) Además, los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

(…)”
3.2. Federal
A continuación se transcriben los artículos más relevantes de los ordenamientos federales aplicables al Programa:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO 1. La sección III establece entre otros requisitos, que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios políticos para el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Adicionalmente, la base quinta de la Constitución, define la coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal en materia de: asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública. Sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

ARTÍCULO 2.La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.(…)

(…)

ARTÍCULO 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

ARTÍCULO 27.Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (sic DOF 20-01-1960) Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes (sic DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Impacto Ambiental (LGEEPA)

Este ordenamiento regula las obras a través del proceso de evaluación de impacto ambiental cuando las obras por su tamaño y/o relevancia reservadas a la gestión federal. Asimismo, de esta ley emanan las Normas Oficiales Mexicanas (Ver Anexo 1) para la prevención y control de la contaminación del agua. Éstas regulan la calidad de las descargas de aguas residuales tanto en cuerpos de aguas de propiedad de la nación como a los alcantarillados municipales, el reúso de aguas tratadas en diversas actividades y el manejo de biosólidos creados mediante el tratamiento de aguas.

El artículo 28 de la LGEEPA señala que la evaluación del impacto ambiental (MIA) es el procedimiento a través del cual la SEMARNAT establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Tiene como fin evitar o reducir al mínimo, los efectos negativos causados al medio ambiente. Para ello, el Reglamento define actividades que requerirán la previa autorización en materia de impacto ambiental de la SEMARNAT. Éstos están definidos en el cuadro 6 de este Manual.

A su vez, el artículo 7 de la LGEEPA señala las facultades que le corresponden a los estados. A continuación se transcribe dicho artículo:

ARTÍCULO 7o. Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;

II. La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación.

(…)

V. El establecimiento, regulación, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas previstas en la legislación local, con la participación de los gobiernos municipales;

VI. La regulación de los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos de conformidad con lo dispuesto por el ARTÍCULO 137 de la presente Ley;

VII. La prevención y el control de la contaminación generada por la emisión de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales al equilibrio ecológico o al ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como, en su caso, de fuentes móviles que conforme a lo establecido en esta Ley no sean de competencia Federal;

(…)

XVI. La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

(…)”Adicionalmente, el Art 28 de la LGEEPA y el Art 5 fracs. V y VI del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Impacto Ambiental señalan claramente el tipo (LGEEPA) y tamaño de obras (Reglamento IA) que serán sujetas a una evaluación ambiental Federal o de no ser el caso, éstas serán responsabilidad de las entidades federativas.

Ley Federal del Trabajo y su Reglamento y las normas STPS aplicables

Emana las normas de seguridad e higiene en el trabajo que en este programa se refieren a la protección de los trabajadores y la población afectada relacionada con la obra pública, así como con la operación de instalaciones de manejo y tratamiento del agua. Estos reglamentos están explícitos en el apartado 6.1. de este Manual.
Ley General de la Salud

La presente Ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ésta establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.
A continuación los principales artículos:

ARTÍCULO 122. Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para satisfacer los criterios sanitarios emitidos de acuerdo con la fracción III del artículo 118, así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos de agua que se destinan para uso o consumo humano.

(…)

ARTÍCULO 457. Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que por cualquier medio contamine un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, cuyas aguas se destinen para uso o consumo humanos que causen con riesgo para la salud de las personas.

(…)”

Ley de Aguas Nacionales (LAN) y sus reglamentos y las Normas Oficiales CONAGUA y SEMARNAT.

La LAN regula todo lo relacionado con las autorizaciones para el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales a través de un sistema de concesiones y pago de derechos y la calidad de las descargas procedentes de estos usos cuando sean vertidas a cuerpos de agua de propiedad de la nación. Asimismo, da la pauta para la expedición de normas que regulan las obras hidráulicas en el país. El caso que nos ocupa serían las relativas a: perforación y rehabilitación de pozos para extracción de agua; construcción de líneas de conducción y construcción de tanques para almacenamiento de agua.

A continuación los principales artículos de la lay de referencia:

ARTÍCULO 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

(…)

XXVIII. "Gestión del agua": Proceso sustentado en el conjunto de principios, políticas, actos, recursos, instrumentos, normas formales y no formales, bienes, recursos, derechos, atribuciones y responsabilidades, mediante el cual coordinadamente el Estado, los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, promueven e instrumentan el desarrollo sustentable en beneficio de los seres humanos y su medio social, económico y ambiental: (1) el control y manejo del agua y las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos, por ende su distribución y administración; (2) la regulación de la explotación, uso o aprovechamiento del agua; y (3) la preservación y sustentabilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad considerando los riesgos ante la ocurrencia de fenómenos climatológicos.

XXIX. "Gestión integrada de los recursos hídricos": Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con éstos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta Ley en relación con este concepto, se consideran primordialmente el agua y el bosque.

(…)

ARTÍCULO 13: "La Comisión", previo acuerdo de su Consejo Técnico, establecerá Consejos de Cuenca y órganos colegiados de integración mixta, conforme a la Fracción XV del Artículo 3 de esta Ley. La coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría referidas en la mencionada fracción están orientadas a formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca así como las demás que se establecen en este Capítulo y en los Reglamentos respectivos. Los Consejos de Cuenca no están subordinados a "la Comisión" o a los Organismos de Cuenca por lo que se debe considerar su pluralidad de intereses, demandas y necesidades hidrológicas que correspondan.

(…)

ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;

II. La gestión integrada de los recursos hídricos por cuenca hidrológica es la base de la política hídrica nacional;

II. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada, privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica;

IV. Los estados, Distrito Federal, municipios, consejos de cuenca, organizaciones de usuarios y de la sociedad, organismos de cuenca y "la Comisión", son elementos básicos en la descentralización de la gestión de los recursos hídricos.

V. La atención de las necesidades de: agua provenientes de la sociedad para su bienestar; economía para su desarrollo y del ambiente para su equilibrio y conservación; atención especial de dichas necesidades para la población marginada y menos favorecida económicamente.

(…)”

Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos e Históricos

Esta ley regula los permisos y seguimiento que debe hacerse cuando se realizan obras en polígonos establecidos por el INAH como áreas decretadas como zonas de protección o los procedimientos a seguir cuando en la realización de una obra se presentan hallazgos arqueológicos.

Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres

La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, y promover el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres define los siguientes criterios en el Título IV de dicha ley:

1. Los objetivos y acciones de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres.

2. La igualdad entre mujeres y hombres en la vida económica nacional.

3. La participación y representación política equilibrada de las mujeres y los hombres.

4. La igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres.

5. La igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil.

6. La eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo.

7. El derecho a la información y la participación social en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Ley General de Derechos Lingüísticos

En el artículo 7 de la ley de referencia se define que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Al estado le corresponde garantizar el ejercicio de los derechos previstos en dicho artículo conforme a lo siguiente: En el Distrito Federal y las demás entidades federativas con municipios o comunidades que hablen lenguas indígenas, los Gobiernos correspondientes, en consulta con las comunidades indígenas originarias y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas adoptarán e instrumentarán las medidas para que las instancias requeridas puedan atender y resolver los asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.
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