Texto completo del proyecto de ley 248 de 2013 camara "por el cual se redefine el sistema integral de seguridad social en salud" y la exposicion de motivos




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Nuevo modelo aseguramiento público en salud
El actual modelo de aseguramiento y prestación ha resultado insuficiente frente a la demanda de servicios e incluso en algunos casos ineficiente, evidenciando las fallas estructurales que requieren en esa medida de una intervención inmediata del Estado para corregir problemas de organización, estructura y procesos que no es posible pasar por alto. Por ello, resulta necesario replantear el esquema diseñado por la Ley 100 de 1993 que con su esquema de aseguramiento y prestación no ha dado el resultado esperado después de casi 20 años de haber sido creado.
Sin duda, los pronunciamientos jurisprudenciales así como las progresivas previsiones ya adoptadas deben servir de marco y base para la reestructuración del sistema. En efecto, las políticas creadas en torno a la atención primaria en salud, la unificación de regímenes y los principios que rigen el sistema desde una perspectiva integral fortalecen el derecho a la seguridad social, pero para que este se torne en real, palmario, exigible como derecho fundamental pero no absoluto, requiere de una regulación acorde con las finalidades de cobertura universal que hoy se plantean.
Mediante la Ley 100 de 1993 el Congreso de la República creó el Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga y determinó su operación, estructura y financiación. Este fondo se constituyó como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud, administrado por un encargo fiduciario, propendiendo por garantizar que la solidaridad del sistema funcionara y llegara a todos los niveles de la población a través de las distintas subcuentas que estructuran el mismo.
El Fondo de Solidaridad y Garantía manejaba los recursos de manera independiente dentro de cada subcuenta y destinaría exclusivamente dichas finalidades consagradas para estas en la ley, de manera que los intereses y rendimientos financieros que produjeran cada una de ellas se incorporarían a las respectivas subcuentas, con la finalidad de realizar un sostenimiento del sistema acorde con la finalidad del mismo.
A través del Decreto 1283 del 23 de julio de 1996 se reglamentó el funcionamiento del Fosyga, de manera tal que se indicó que cada subcuenta del Fosyga se manejaría de manera independiente y bajo la figura del encargo fiduciario, que evidenciara un mayor control y gestión de los recursos que se destinaban para el Sistema de Seguridad Social en Salud.
Por medio de los Acuerdos número 083 del 23 de diciembre de 1997 y número 110 del 28 de octubre de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, se autorizó el recobro de los medicamentos no cubiertos por el plan de beneficios al fondo de solidaridad y garantía cuyo costo excediera el monto de los que estuviesen dentro del plan obligatorio de salud.
Sin embargo, este esquema de financiamiento para las coberturas no POS ha sido insuficiente, pero para dar solución de fondo a este tema se requiere una reforma estructural bajo la cual sea el Estado no solo el garante, sino el asegurador de la prestación de los servicios de salud.
Adicionalmente, para la financiación de lo no incluido en el plan único de beneficios en salud (PUBS), estará a cargo del asegurador público que dará aplicación a los principios de integralidad y suficiencia.
Por otro lado, se hace importante definir en forma clara el nuevo rol que cumplirán en el sistema las Empresas Promotoras de Salud en aras de que se dediquen contundentemente a las funciones de promoción en salud y prevención de enfermedades. “Se esperaba que bajo la Ley 100 las EPS compitieran en función de la calidad en sus servicios –incluidas las actividades de promoción y prevención– y no por precio, en la medida en que el Estado le reconoce a cada EPS un pago fijo por afiliado, llamado Unidad de Pago por Capitación (UPC). Sin embargo, esto no ha sucedido” (Informa Nacional de Competitividad 2012 – 2013). Ahora, como Administradores de Servicios de Salud –ADSS-, tal y como se propone en este proyecto, estas instituciones, tan cruciales en el sistema, deben ser y comportarse como verdaderas garantes que gestionan el riesgo de salud de sus afiliados a través, no sólo de intervenciones individuales, sino familiares y de la comunidad.
De igual modo, se organizan las condiciones necesarias para un régimen de transición viable para las finanzas del sistema y sano para la salud de la población, toda vez que resulta imperante el hecho de que por cambios en el sistema, no haya lugar a traumas en el bienestar de los afiliados y usuarios.
Rectoría y dirección del sistema a cargo del Estado
Bajo la normatividad vigente, el Constituyente de 1991 estableció la forma organizativa de Estado Social de Derecho fundado en el principio de la dignidad humana, lo cual impide que cualquier persona sea tratada como una mercancía valorable en dinero. De ahí que la persona se constituya en el sujeto, la razón de ser y el fin del poder político. Apreciación que está en conexión con un amplio catálogo de derechos constitucionales como: la protección de la familia; la mujer durante el embarazo y después del parto; el apoyo especial a la mujer cabeza de familia; la seguridad social de los niños; la protección y formación integral de los adolescentes; la protección y asistencia de las personas de la tercera edad; la atención especializada a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales; etc.
La salud aparece reconocida constitucionalmente en el artículo 49 bajo el carácter de servicio público a cargo del Estado. Lo cual conlleva a garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
La Constitución de 1991 entrega, así, al Estado: el organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; establecer las políticas en la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control; establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares; y determinar los aportes a su cargo bajo las condiciones señaladas en la ley. También prevé que los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad, precisando que la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria.
De esa manera y con base en el fundamento constitucional, se debe reforzar la acción del Estado y por ende su responsabilidad como garante de la efectiva prestación del servicio de salud, de forma que lo que se pretende es precisamente radicar en cabeza del Estado el aseguramiento.
Política farmacéutica a nivel nacional
La formulación y aplicación de una política farmacéutica a nivel nacional resulta no solo conveniente sino determinante dentro de la estructura del Sistema de Seguridad Social en Salud. Las falencias que ha presentado el tema farmacéutico han coadyuvado al desencadenamiento de la crisis del sector, dada su trascendencia a nivel operativo, prestacional y a su relación directa sobre la efectividad real del derecho a la salud.
Los diversos intereses y la trascendencia económica de los intereses en juego hacen que esta política deba tener como pilares el acceso real con calidad, bajo la regulación de aspectos centrales de operación dentro del sistema general de seguridad social así como una actualización anual para asegurar el cumplimiento del principio de progresividad.
Es por ello que las condiciones, principios y criterios básicos para su posterior regulación deben enmarcarse en la presente ley para garantizar la calidad, accesibilidad y uso racional en todos los niveles de atención en los regímenes contributivo y subsidiado.
Defensoría Pública de la Salud
En vista de la profunda necesidad por fortalecer el sistema, legitimarlo y proteger plenamente los derechos de los usuarios al sistema de seguridad social en salud, se propone crear, sin incurrir en nuevos gastos a la nación, la figura de la Defensoría Pública de la Salud. Ello, como unidad especial dentro de la Defensoría del Pueblo a cuyo cargo estarán todas las funciones referidas a la representación, asesoría, acompañamiento y orientación de los beneficiarios del servicio público de salud.
La estructura y organización de la Defensoría Pública de Salud serán adoptadas conforme el régimen propio de la Defensoría del Pueblo y mediante reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Su aparición implica la eliminación del defensor del usuario en salud, cuyas evidencias y muestras de efectividad no son abrumadoras.
Jurisdicción de la Protección Social
El constante crecimiento de las tareas a cargo de los sistemas de seguridad social, así como el paralelo incremento en los conflictos generados por la aplicación del derecho en ese ámbito, motiva la necesidad para las sociedades de evaluar y plantear opciones sobre la mejor manera de enfrentar la solución de dichos conflictos a través de la intervención de la Rama Judicial.
Otra circunstancia de especial ocurrencia en este campo es la relacionada con los constantes cambios normativos y la fuerte incidencia en el de la jurisdicción constitucional provocada por el incremento en el uso de acciones de tal índole y la dificultad operativa y práctica de dar respuesta oportuna y especializada en temas del resorte de la seguridad social, caracterizada además por su interdisciplinariedad y su carácter novedoso en el ámbito del derecho.
Toda reflexión sobre esta materia debe ser integral y comprender tanto la posibilidad de especializar funcionarios judiciales, como el establecimiento de procesos particulares y la redefinición de procedimientos, inclusive desde la actuación propia de las operadoras de la seguridad social, en buena medida de carácter privado.
Se trata en el proyecto de elaborar una propuesta previa sobre el punto, que sirva para la reflexión que adelantará el país en materia de reajuste a su sistema de justicia, para que dentro de él se consideren los aspectos relacionados con la conveniencia de contar con jueces especializados y esquemas de soporte diferenciados en materia de seguridad social.
Ya no se trata simplemente de ajustar la Ley 100 de 1993 y las normas que la reforman, sino de diseñar e implementar nuevas alternativas que incidan frontalmente en las causas estructurales de los problemas que hoy padecemos.
Con la anterior motivación, presento ante ustedes, honorables congresistas, este proyecto de ley para reformar de manera contundente la estructura del sistema de seguridad social en salud, esperando que sirva como plataforma para crear un nuevo y mejorado estado de cosas en cuanto al acceso y garantía de los servicios de salud de todos los colombianos.

De los Honorables Congresistas,

HOLGER HORACIO DÍAZ HERNÁNDEZ,

  Representante a la Cámara /// Departamento de Santander
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