A la dirección gerencia del centro/ Área




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A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL CENTRO/ ÁREA

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D./Dª………………………………………………………………………., con DNI número……………y domicilio a efectos de notificaciones en la c/……………………………………………….de……………………… enfermero/a de este ………centro/área………., ante esta Dirección Gerencia comparezco y DIGO:
Que soy personal estatutario/ laboral con categoría profesional de enfermero/a y en la actualidad estoy prestando mis servicios en el ……………………………………
Que con fecha 1 de marzo de 2016 he tenido conocimiento de una Nota Informativa relativa a la aplicación en esta Comunidad Autónoma del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros en el Servicio Gallego de Salud. Y tras la lectura de la misma me veo en la obligación de manifestarle mi desacuerdo con algunos comentarios y afirmaciones que, a mi juicio carecen de apoyo jurídico y pueden contravenir la normativa aplicable.
A tal fin, por medio del presente escrito, procedo a trasladarle las siguientes
CONSIDERACIONES
PRIMERA.- En el apartado de la atención primaria y especializada, en lo referido a la visita o atención a domicilio, no puede sostenerse, como hace la Nota, que la actuación de las enfermeras/os se sujete a las guías y protocolos de asistencia que tengan instaurados en los Centros de Atención Primaria y Atención Especializada.
Semejante previsión choca frontalmente con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto, actualmente en vigor, que exige en su apartado 1 que los protocolos y las guías indicadas deban ser elaborados en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Y conforme señala el apartado 4 del citado artículo 6:
Los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, una vez elaborados por la Comisión Permanente de Farmacia, serán validados por la persona titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y publicados en el «Boletín Oficial del Estado» mediante la resolución correspondiente, para su aplicación”.
De esta manera, si los protocolos y guías preexistentes o en vías de aprobación en Galicia no cumplen con estos requisitos que exige la norma actualmente vigente en cuanto a su elaboración, validación y publicación, para poder ser aplicables, difícilmente se puede establecer en una Nota Informativa como la comentada, la pervivencia, aunque sea transitoria, de los mismos, pues al hacerlo así se está vulnerando lo fijado en una norma reglamentaria dictada al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad, según se advierte en la disposición final primera del Real Decreto.
En este punto es relevante traer a colación la Disposición Final 1ª del Real Decreto que establece lo siguiente:
Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.16 ª de la Constitución que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad”
Quiere ello decir que nos encontramos ante normativa básica del Estado por lo que la Comunidad Autónoma de Galicia no puede “reglamentar” ni en contra ni más allá de lo ya previsto por el Real Decreto.
SEGUNDA.- En cuanto a la campaña de vacunación, más allá de lo que señala el artículo 19 de la Ley General de Salud Pública, respecto de la prevención de problemas de salud, al encomendar a las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, el impulso de acciones de prevención primaria, como la vacunación, complementadas con acciones de prevención secundaria como son los programas de detección precoz de la enfermedad, o del calendario de vacunación acordado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo cierto es que no hay ninguna mención ni remisión legal a ningún protocolo y menos a una prescripción médica implícita.
Lo que sí existe es la consideración y clasificación de las vacunas por el órgano competente (la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) como medicamentos sujetos a prescripción médica. Y por ello, se debe aplicar el artículo 3.2 del Real Decreto, que exige que para que el enfermero/a pueda ejercer sus competencias en este campo que previamente el correspondiente profesional prescriptor (entendamos el médico) haya determinado previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir, validado conforme a lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto. A ello se añade el correspondiente seguimiento, por parte del profesional sanitario que haya determinado el protocolo o la guía aplicable.
Por ello, sólo cabe concluir que la interpretación que se realiza en este punto en la Nota choca frontalmente con lo establecido en el Real Decreto, y en tal sentido, no es conforme a derecho.
TERCERA.- Culmina la Nota Informativa con una referencia expresa a la responsabilidad civil y patrimonial de los profesionales de enfermería del Servicio Gallego de Salud, manifestando que la misma está cubierta en los términos y condiciones establecidas en la póliza suscrita al efecto, póliza que se puede consultar, tal y como añade la Nota, en el portal web de la Consellería de Hacienda.
A este respecto, cabe señalar que el artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, en su vigente redacción, define el seguro de responsabilidad civil como aquél por el que
“…el asegurador se obliga, dentro de los límites establecidos en la Ley y en el contrato, a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho”

En esta misma línea, el artículo 76 de la indicada Ley otorga al asegurador el derecho a repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero.
Por su parte, la póliza de Responsabilidad Civil y Patrimonial que tiene suscrita la Xunta de Galicia – incluido su personal sanitario - excluye expresamente de su cobertura (apartado 3.3.6.):
Daños que tengan su origen en actos dolosos o derivados de la infracción o incumplimiento voluntario e injustificado de las normas que rigen las actividades objeto del seguro…”
Con semejantes previsiones, resulta evidente que no cabe proclamar sin más la cobertura por parte de un seguro de responsabilidad civil de cuando la actuación del asegurado se produce al margen de las normas jurídicas que regulan y delimitan su ejercicio profesional, de manera que, en contra de lo que se dice en la Nota, mucho nos tememos que no haya fundamento que permita a la referida póliza de seguro de la Xunta de Galicia cubrir la eventual responsabilidad de un enfermero/a que, en su quehacer profesional produzca un daño, si dicha actuación ha vulnerado lo establecido en la normativa aplicable, como puede ser, por ejemplo, la previsión del artículo 3.2., párrafo segundo, del Real Decreto 954/2015, de 23 de noviembre, que obliga a que para la indicación, uso y autorización de dispensación de un medicamento sujeto a prescripción médica, se deba contar antes con el diagnóstico, la prescripción y la determinación del protocolo a aplicar por parte del profesional prescriptor (normalmente, un médico), así como a su seguimiento por este último.
Por eso, en la mayoría de pólizas de este tipo de seguro se excluyen expresamente las responsabilidades civiles derivadas de actos u omisiones intencionadas, dolosas o fraudulentas, así como la que pudiera resultar de la inobservancia dolosa de las disposiciones relacionadas con el riesgo asegurado.
CUARTA.- A modo de conclusión, hemos de señalar que es, por tanto, el propio Real Decreto, tras la indebida modificación de su artículo 3.2., el que va a producir graves perjuicios para los ciudadanos, los pacientes, y el Sistema Sanitario en su conjunto, no solamente por incluir previsiones contrarias a la Ley del medicamento, sino también por fracturar la colaboración tan necesaria entre médicos y enfermeros que venía realizándose en el ámbito de los equipos multidisciplinares.
A la ralentización de la atención sanitaria que va a suponer esta nueva reglamentación, al trasladar al profesional prescriptor la responsabilidad de toda la gestión de los pacientes, incluyendo el seguimiento de los mismos, no puede sumarse la imposición al enfermero/a de actuaciones que sean contrarias al Real Decreto, que pueden llegar a ser consideradas como intrusismo profesional, además de vulnerar lo establecido en el Código Deontológico de la Enfermería española, cuyo artículo 58 establece que
la Enfermera/o no debe aceptar el cumplimiento de una responsabilidad que no sea de su competencia”.
Obligación complementada por lo establecido en el artículo 62, a cuyo tenor:
las relaciones de la Enfermera/o con sus colegas y con los restantes profesionales con quienes coopera deberán basarse en el respeto mutuo de las personas y de las funciones específicas de cada uno”
Y el artículo 63 determina que
para lograr el mejor servicio a los pacientes, la Enfermera/o colaborará diligentemente con los otros miembros del equipo de salud y respetará siempre las respectivas áreas de competencia”.
No debe olvidarse que para el enfermero/a, el incumplimiento de estos principios supone vulnerar su ética profesional y la obligación de respetar las normas deontológicas que el propio Tribunal Constitucional ha considerado como auténticas “leyes profesionales de obligado cumplimiento”.
Por ello, debe quedar claro que ningún/a enfermero/a puede ni debe ser compelido a hacer lo que no le está permitido hacer, a tenor del Real Decreto, y especialmente su artículo 3.2. Por ello, las instrucciones que se dicten habrán de respetar siempre la libre y legítima conducta de los profesionales de enfermería que a partir de ahora se limiten a cumplir los mandatos de la citada norma reglamentaria, sin que merezcan ningún tipo de reproche por actuar según señala su tenor literal.
En virtud de todo ello,
SOLICITO: que teniendo por presentado este escrito, se sirva adoptar las medidas necesarias para que pueda prestar mis servicios profesionales con plena sujeción a la normativa aplicable, de manera que no se me intenten imponer actuaciones que no se incluyan dentro de mis competencias, y se salvaguarde mi ejercicio profesional con arreglo al conjunto de normas que lo regulan.

En……………………………….., a ……….de………………….de 2016


Fdo.-………………………………..


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