Competencias ciudadanas




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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

¿¿ ¿Dónde empiezan los Derechos Humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en los mapas. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo: el barrio en que vive; la escuela o la universidad en que estudia¿¿[1][1][1]

ELEANOR ROOSEVELT

El mundo ha identificado en la educación uno de los factores más importantes para asegurar la cohesión y la equidad social, en especial, en aquellos países en donde la pobreza y las brechas aún marcan una distancia de desigualdad muy grande entre sus ciudadanos.

El Gobierno Nacional entiende que las circunstancias culturales, sociales y políticas que han caracterizado a Colombia exigen hoy más que nunca per sonas formadas para ejercer una ciudadanía responsable, que les permita desarrollarse integralmente como seres humanos y que les dé plena libertad para crear y participar de manera activa y significativa en las transformaciones de su entorno.

Sin embargo, este objetivo ha tropezado con un problema, que si bien ha existido durante décadas en Colombia, durante los últimos años ha agudizado su presencia en las escuelas y colegios y afecta no sólo la integridad de los estudiantes, sino que se convierte en un detonante que puede inducirlos al abandono de sus estudios y conllevar al incremento de los riesgos asociados a la deserción. Se trata de la violencia escolar. Diversos estudios han encontrado una inmediata relación entre la intimidación, el acoso y la agresión, con manifestaciones como depresión, ansiedad, baja autoestima, menor rendimiento escolar, e inclusive suicidio en niños, niñas y adolescentes.

Es claro que cada experiencia que los estudiantes enfrenten en los Establecimientos Educativos, es definitiva para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de enfrentar y construir su proyecto de vida. De la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida depende no solo su bienestar sino la prosperidad colectiva.

En este contexto, uno de los mayores retos que tiene el país está precisamente en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar.

Si bien es evidente que se han dado pasos importantes en la construcción de marcos conceptuales, pedagógicos y operativos, acordes con la realidad del sector y con los diversos contextos, es importante establecer un marco normativo específico que desarrolle el principio constitucional de la responsabilidad compartida de instituciones educativas, familia, sociedad y Estado en la formación para la ciudadanía; defina sus funciones y facilite la aplicación de políticas intersectoriales donde la cooperación entre los diferentes actores sea el principio de acción y la herramienta para complementar y enriquecer la labor al interior de la institución educativa.

Con este referente, la política educativa de este Gobierno se estructura alrededor de una premisa fundamental: una educación de calidad es aquella que forma ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los Derechos Humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de inequidad. Una educación, centrada en la institución educativa, que permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural[2][2][2].

Por ello, desde el Plan Sectorial Educación de Calidad, el Camino de la Prosperidad, nos hemos impuesto la meta de impulsar una transformación educativa que genere en nuestros niños y jóvenes unas capacidades que les permitan enfrentar los retos de la sociedad contemporánea, mejorar su calidad de vida, respetar y solidarizarse con los otros, pensar el país de forma diferente y aportar su conocimiento, talento y creatividad a su desarrollo y crecimiento.

Es indudable que los Establecimientos Educativos, junto con los hogares, son los primeros espacios sociales, y tal vez los más importantes, para comprender la realidad, para establecer relaciones sanas, respetuosas y solidarias con los otros y con su entorno, para construir ciudadanía a partir de la participación y para entender la dimensión y el valor de la diversidad.

Es allí donde se siembra la semilla de la democracia, donde la ciudadanía se pone en práctica todos los días y se desarrollan las competencias necesarias para la transformación social.

Si el cambio se inicia en las instituciones educativas, este podrá transferirse a otras instituciones sociales y ponerse en práctica en diferentes contextos. Cada experiencia qu e los niños y jóvenes tengan en su escuela, será definitiva para su futuro y desarrollo personal.

Para que la política, programas, estrategias y actividades incidan de manera positiva en las actitudes y comportamientos de los niños y jóvenes, es necesario impactar la dinámica de interacción entre los estudiantes y su entorno, y no sólo centrarse en la formación en competencias disciplinares y el entrenamiento para el desarrollo de habilidades específicas. Es decir, se requiere transformar los ambientes de aprendizaje.

Si las políticas de la escuela ante la presencia de situaciones de difícil manejo, agresivas o violentas entre los estudiantes se fundamentan única y exclusivamente en el castigo, el miedo, la represión, las suspensiones y las expulsiones como mecanismos de control, como se ha manejado desde prácticas pedagógicas tradicionales, no es posible garantizar un clima escolar incluyente, participativo y democrático; ni se pueden facilitar procesos de integración escolar y pertenencia[3][3][3].

En relación con el clima escolar, la manera más exitosa de lograr la permanencia de los estudiantes en los establecimientos educativos y garantizar una educación de calidad que promueva espacios de formación ciudadanos en donde los estudiantes ejerzan sus Derechos Humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, es a través de dinámicas participativas y espacios de concertación y de resolución previos a las medidas coercitivas de última instancia.

Los resultados obtenidos a partir de distintos procesos impulsados por el Ministerio de Educación Nacional durante las últimas décadas demuestran que es prioritario avanzar en la consolidación de estrategias efectivas y articuladas, diseñadas con el fin de institucionalizar la apropiación de las competencias ciudadanas en el marco del ejercicio de los Derechos Humanos e introducir sus principios en las prácticas cotidianas de los actores de la comunidad educativa.

Son estas las razones que motivan al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, a la Ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo y a un grupo de Representantes a la Cámara liderados por Simón Gaviria, Telésforo Pedraza y Juana Carolina Londoño, a presentar de manera conjunta, a consideración del honorable Congreso de la República de Colombia, el ¿Proyecto de ley, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar¿.

La propuesta inicialmente fue presentada en el mes de mayo por la Ministra de Educación Nacional ante los Ministros, Altos Consejeros y Directores de las entidades vinculadas en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar que plantea el proyecto de ley. Recibió los aportes de la Vicepresidencia de la República, la Oficina de la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ¿OACNUDH¿, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio de Salud), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el ICBF y la Policía Nacional, aportes que fueron revisados e incorporados en el proyecto, fortaleciendo aspectos fundamentales como la ruta de atención, el enfoque de derechos, el sistema de información, la articulación con el Código de Infancia y Adolescencia, entre otros.

Así mismo, se puso a consideración de dos expertos internacionales: el doctor Ryan Burgess, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo y de la doctora Emily Vargas Directora del Institute for Reconstruction and International Security Through Education, invitada al Foro Educativo Nacional realizado en octubre de 2011, quienes resaltaron la integralidad y la articulación de la propuesta como factores fundamentales del éxito del sistema y de la ruta en relación con la formación en ciudadanía y la prevención y atención de la violencia escolar.

El proyecto igualmente fue discutido con el doctor Francisco Lloreda, Alto Comisionado para la Convivencia quien considera de suma trascendencia el proyecto que promueva la convivencia escolar.

La iniciativa legislativa que se presenta a continuación recoge los intereses de diversos sectores que han identificado la necesidad de fortalecer la convivencia escolar, la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el matoneo, teniendo como objetivo fundamental la promoción de los Derechos Humanos y el mejoramiento de la convivencia en los establecimientos educativos públicos y privados.

El proyecto de ley busca establecer el marco institucional para que el sistema educativo promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y media y contribuir con otras instancias y entidades a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de Educación ¿Ley 115 de 1994¿ mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar.

I. Realidades y desafíos de la formación  ciudadana

Una educación de calidad comienza por garantizar la protección integral a los derechos fundamentales de los niños, niñas y jóvenes en las escuelas y colegios.

Los estudios internacionales coinciden en señalar que el clima escolar es la variable que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes[4][4][4]. El clima escolar se refiere a las actitudes, creencias, valoraciones y normas que subyacen a las prácticas educativas, los logros académicos y las actividades propias de la escuela[5][5][5]. Demuestran que cuanto mayor es la calidad académica de la escuela, menor es el nivel de delito y delincuencia de sus integrantes. Revelan además que en los ambientes escolares donde se presenta menor ocurrencia de vandalismo, violencia física o verbal entre el alumnado y menor discriminación por razones raciales, lingüísticas o sociales, los estudiantes tienden a obtener mejores resultados en sus procesos de aprendizaje[6][6][6].

Construcción de ciudadanía: actitud ambivalente y de desconfianza

Un alto porcentaje de los modelos educativos que se implementan en el país con referencia a la formación en ciudadanía, corresponden a prácticas pedagógicas basadas en la transmisión de conocimientos, la memorización por parte de los estudiantes y su repetición en las evaluaciones[7][7][7]. Ello, sumado a los bajos desempeños en las pruebas SABER[8][8][8], plantea un reto en materia de calidad[9][9][9] educativa a favor de una educación que permita trascender la apropiación de contenidos académicos hacia el desarrollo de competencias ciudadanas y el ejercicio de los Derechos Humanos.

El estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía (ICCS 2009), en el que participaron 38 países con el fin de dar indicios sobre conocimientos, actitudes y prácticas de los estudiantes en relación con la identidad cívica, la participación ciudadana y los Derechos Humanos, permite afirmar que crecer en un entorno violento, tiene serias implicaciones en términos del desarrollo de competencias, actitudes y comportamientos orientados a la democracia[10][10][10].

Algunos resultados de este estudio muestran que el 60% de los estudiantes latinoamericanos que participaron en la prueba, reportaron haber sido víctimas de insultos por lo menos dos veces en el último mes, el 35% reportó haber experimentado agresiones físicas y el 34% recibió amenazas en el mismo periodo de tiempo.

Para el caso de Colombia, el 58% de los estudiantes reportó haber sido insultado, el 33% agredido físicamente y el 30% amenazado al menos dos veces durante el último mes. Con respecto al uso de la violencia por parte de los estudiantes, se presentan evidencias que permiten inferir que aquellos que demuestran un comportamiento positivo frente a su uso, tienden a presentar menores resultados en términos de sus conocimientos cívicos[11][11][11].

Colombia ocupó el segundo puesto entre los seis (6) países de Latinoamérica que participaron en este estudio. Sin embargo, cabe aclarar que el promedio de estos seis países fue inferior al promedio internacional alcanzado por todos los participantes[12][12][12].

Con respecto a los niveles de desempeño de nuestro país en la prueba, tan solo el 11% de los estudiantes se ubicaron en el nivel alto, mientras que el 21% de los estudiantes están en un nivel por debajo del básico. Si bien los resultados muestran un avance en los niveles de participación de los estudiantes y en el clima escolar, también revelan actitudes ambivalentes frente a la democracia, así como bajos niveles de confianza en las personas y las instituciones. Estos resultados refuerzan la urgencia de fortalecer los conocimientos, las actitudes y las habilidades necesarias para el ejercicio de los Derechos Humanos en la escuela y, más ampliamente, el ejercicio activo de la ciudadanía en el país.

Por su parte, el Estudio de Cox, 2010, ¿Oportunidades de aprendizaje escolar de la ciudadanía en América Latina¿, que realiza un análisis comparado de los currículos de educación cívica y ciudadana en seis países de América Latina[13][13][13], revela la riqueza temática de los currículos y estándares de la región, gracias al enfoque por competencias y al reconocimiento de que la educación ciudadana y para el ejercicio de los Derechos Humanos requiere acciones en todos los grados y áreas. Sin embargo, también hace evidentes algunas debilidades frente al tratamiento curricular de temas relacionados con la estructura institucional del Estado y los procedimientos a través de los cuales funciona un sistema político democrático, proponiendo retos importantes frente al alcance de la formación en competencias ciudadanas.

Violencia y acoso escolar: una alerta encendida

Con relación al tema de violencia escolar, el Informe Mundial de Violencia Contra los Niños elaborado por Naciones Unidas[14][14][14], define las principales formas de violencia que se presentan en la escuela, entre las que se encuentran el castigo físico y psicológico, el acoso, la violencia sexual y por razones de género, la violencia externa, las consecuencias de las bandas, las situaciones de conflicto, las armas y las peleas.

En el caso colombiano en cuanto a la violencia escolar, las pruebas SABER del año 2005 evidenciaron que en los últimos dos meses[15][15][15], el 29,1% de los estudiantes de 5º grado reportaron ser víctimas de matoneo escolar (llamado en inglés bullying[16][16][16]);uno o varios algunos, se cióete  el 21,9% de los estudiantes de 5º grado expresaron tener un compañero victimario, y el 49,9% de los estudiantes de 5º grado reportaron haber visto situaciones de matoneo en la escuela.

Por su parte, el estudio exploratorio sobre el fenómeno del matoneo o bullying, realizado en Cali por la Universidad Javeriana[17][17][17], encontró que el 43,6% de todos los encuestados[18][18][18] (as) admitió que alguna vez ha agredido a un compañero (a), ridiculizándolo, golpeándolo, excluyéndolo o con amenazas. El 16,4% de los entrevistados reveló que se encuentra solo en el momento en que es agredido. El 51,4% de todos los encuestados (as) dijo haber sufrido agresiones, siendo la ridiculización la forma más frecuente. El sentimiento posterior del 34% de los agresores fue de preocupación, en tanto que el 32,5% de los agresores se sintió satisfecho y el 30,9% no identificó algún sentimiento. El 58,7% de las agresiones ocurrieron en el salón de clase y el 18% en el patio de recreo.
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