Competencias ciudadanas




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Deserción escolar: una consecuencia a enfrentar

La Encuesta Nacional de Deserción Escolar (ENDE) 2009[19][19][19] señala que entre las razones asociadas a la desvinculación de los estudiantes figuran el maltrato de compañeros con una participación del 13%[20][20][20], el conflicto y la violencia en el colegio con 15%[21][21][21] y el maltrato por parte de profesores y directivos también con un 13%[22][22][22].

 

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Porcentaje de estudiantes de establecimientos educativos oficiales que se desvincularon en primero o segundo grado, según razones de desvinculación.

El 9.8% de los estudiantes perciben discriminación en el colegio y el 9.7% de ellos se sienten discriminados, en tanto que el 10,6% de los estudiantes reporta la presencia de pandillismo o vandalismo en el establecimiento educativo en el último año[23][23][23]. Si de participación se trata, el 31,6% de los estudiantes manifiestan que han participado en las decisiones que se tomaron en el establecimiento en el último año, el 43% de los estudiantes han participado en programas de convivencia y los docentes manifiestan que el 23,11% de los padres de familia se reúnen[24][24][24] con los docentes para ver cómo van sus hijos.

El Cyberbullying: un fenómeno en ascenso

Además de golpes, burlas, chantajes y discriminación, los niños y jóvenes utilizan el ciberespacio, las redes sociales y demás herramientas tecnológicas digitales interactivas, como herramientas para el acoso escolar (Internet, telefonía móvil y video juegos online).

Las diferencias de este nuevo sistema de acoso, ligado a la era tecnológica, tienen que ver con:

1. El ciberespacio es un entorno de socialización que además de tener identidad propia (es en sí mismo un ¿lugar¿), es transversal al resto de espacios: familia, escuela y comunidad.

2. Acosador y víctima no tienen siquiera que conocerse y las situaciones de bullying y ciberbullying no van siempre ligadas. Muchas veces es cierto que el acoso escolar se complementa con acecho virtual, pero no necesariamente. Puede incluso que un conflicto online entre compañeros derive en bullying al trasladarse al otro espacio que las partes comparten: el Establecimiento Educativo.

3. No hace falta ser fuerte para acosar en el espacio virtual. Tampoco quien sea poco sociable o tenga alguna característica que lo diferencia de su grupo de iguales, se convierte en víctima potencial de ciberacoso. Muy al contrario, ocurre en ocasiones que quien sufre bullying se transforma en acosador en el ciberespacio.

4. El Ciberbullying, según Enrique Chaux[25][25][25], tiene varios agravantes, como la permanencia e insistencia en el acoso, ahora es de 24 horas. ¿Antes cuando un joven era intimidado en el colegio, al menos descansaba mientras no estaba en él¿, ahora se evidencia la propagación y persistencia total del acoso.

5. El Ciberbullying, según los expertos, multiplica los efectos del acoso escolar tradicional, ya que expone a la víctima a escenarios online de gran aforo, en d onde decenas de personas pueden animarse a decir cualquier cosa, lo que implica la publicidad de la agresión.

En Colombia, medios periodísticos como el diario El Tiempo han alertado sobre el crecimiento del cibermatoneo ¿como lo han denominado¿, teniendo en cuenta los datos del Grupo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, quienes afirman que en el año 2009 las denuncias por cibermatoneo crecieron en un 300%[26][26][26].

El Gobierno comparte esta alerta en el sentido de que si bien el tema de la violencia en las instituciones educativas ha atraído la atención de las autoridades docentes del orden nacional, es necesario exponer la presencia de otras formas de acoso escolar, si se quiere más sofisticadas, que escapan de los conocimientos necesarios con los que cuentan muchos educadores y padres de familia, con el ánimo de hacerles frente de manera adecuada e impedir su propagación.

Derechos Sexuales y Reproductivos: por la dignidad, la libertad y la igualdad

Todos los seres humanos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida sexual y reproductiva, a gozar de una óptima salud sexual y reproductiva, y a vivir su sexualidad libre de discriminación, limitaciones o violencias[27][27][27].

Los derechos sexuales y reproductivos son un componente fundamental de los Derechos Humanos. Son aquellos Derechos Humanos interpretados desde el punto de vista de la sexualidad y reproducción (¿), cuya garantía es requisito fundamental para el goce de una vida sexual plena y libre[28][28][28]. Se reconocen de forma específica, así no estén enunciados explícitamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con ellos, la sexualidad y la reproducción se reconocen como campos para el ejercicio de la dignidad, la libertad y la igualdad; independiente de las situaciones o de las condiciones que diferencian a unos de otros.

La dignidad es la propiedad o condición humana por la que se fundan y se erigen los Derechos Humanos y por consiguiente los derechos sexuales y reproductivos. Constituye un bien inalienable, no enajenable y no transferible, que aspira a la integridad como un mínimo que garantiza la vida en condiciones deseables.

La libertad se configura como una capacidad humana o un bien individual posible por el ejercicio de la razón, la voluntad y el conocimiento necesario para determinar los fines, los medios y los límites de la acción humana. Esto significa que la libertad es la cualidad por la cual las personas, en reconocimiento y dignificación de sí mismas y de quienes le rodean, se desarrollan como sujetos capaces de decisión, de autonomía en la acción y de transformación.

El carácter de igualdad pone de presente la urgencia histórica de superar toda forma de discriminación desventajosa hacia individuos o poblaciones, proponiendo en su lugar, relaciones basadas en el principio de la equidad. Con esta cualidad se señalan las características específicas de los grupos sociales y se sustenta el tratamiento particular a tales condiciones. Con la equidad, cada persona (o cada grupo social) se considera como igual, semejante y, al mismo tiempo, diferente.

Los principios de dignidad, libertad e igualdad, se materializan, progresivamente, a trav és de prácticas, procesos y compromisos del conjunto de los actores sociales.

En tanto se posibilitan las condiciones materiales e inmateriales para la toma de decisiones y para el desarrollo pleno de la sexualidad y de la vida misma, las vulneraciones o limitaciones al ejercicio de los Derechos Humanos sexuales y reproductivos se asocian significativamente a la ocurrencia de situaciones críticas en ámbitos del desarrollo humano y de la salud pública como embarazos tempranos y/o no deseados y eventualmente su interrupción en condiciones de riesgo; obstáculos para la planificación familiar; afectaciones a la salud sexual y reproductiva (ITS-VIH/SIDA, entre otras); explotación sexual o trata de personas; discriminación por condiciones de género, preferencia genérica u orientación sexual; ejercicio y naturalización de múltiples violencias en los contextos del hogar, la pareja, el trabajo o la comunidad (violencia sexual, familiar, genérica, generacional).

En Colombia existen alrededor de nueve millones de adolescentes, de los cuales cerca del 51% son mujeres. Las estadísticas muestran que de 1986 a 1995 la fecundidad en las adolescentes pasa de 70 nacimientos a 89 por cada mil mujeres. En 2005 alcanza los 90 nacimientos y para 2010 llega a los 84 nacimientos[29][29][29].

A este fenómeno, se suma el aumento de distintas patologías que afectan a las mujeres como enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA y cáncer de cuello uterino. El promedio diario de notificación de casos ha aumentado de 11 en 2000 a 18 en 2009[30][30][30].

Por su parte, el estudio realizado por la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, encuentra que en 2007 la Fiscalía General de la Nación reporta 16.742 víctimas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Uno de los datos más alarmantes muestra que 722.000 niñas y mujeres colombianas han sido violadas una o más veces a lo largo de su vida.

Durante el período 2008-2009 se registraron en Colombia diversos tipos de violaciones de los Derechos Humanos de la población LGBTI. Las más frecuentes: violencia por prejuicio, vulneración del derecho a la vida a través de amenazas, intentos de homicidio y homicidios consumados, y restricción violenta al libre desarrollo de la personalidad, manifestada a través de expresiones de violencia física y verbal, además de robos y extorsiones[31][31][31].

Finalmente, según la encuesta de Conocimiento, Actitudes y Prácticas en Educación para la Sexualidad ¿ CAP, aplicada en 2008 a 4.155 estudiantes entre 14 y 16 años de cuatro departamentos diferentes del país, es posible constatar que los jóvenes tienen dificultades para apropiarse de los derechos sexuales y reproductivos, e identifican roles de género inequitativos independientemente de los distintos contextos sociales, junto con la negación de la diversidad sexual, expresada en actitudes de exclusión ante personas con orientación sexual diversa y el predomino de patrones culturales de masculinidad que asumen al hombre como un ser agresivo y dominante.

Embarazo en adolescentes: un problema  de salud pública

Según la Academia Nacional de Medicina, el embarazo en adolescentes se ha convertido en uno de los más graves problemas de salud pública del país. Los reportes indican que el 22% de la población adolescente ya es madre, lo que hace de Colombia el país con la mayor tasa de incidencia de embarazo adolescente en Latinoamérica, como lo refleja el informe de la Agencia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2008.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), realizada por Profamilia y presentada en 2010, revela que el 19% de las adolescentes (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo. El embarazo adolescente en Colombia disminuye 1 punto porcentual con respecto a 2005 cuando alcanza el 20%. La edad promedio en que las mujeres sostienen su primera relación sexual es de 18 años.

Como se dijo anteriormente, en 2010 las adolescentes presentan una tasa de 84 nacimientos por mil mujeres. Con relación al año 2005, la fecundidad adolescente en la zona urbana disminuyó de 79 a 73 nacimientos por mil, en tanto que en la zona rural baja de 128 a 122 nacimientos por mil mujeres.

Las proporciones de adolescentes que ya son madres disminuyen en relación con la ENDS 2005, en Bogotá y en la región Central, en tanto que aumentan en las otras regiones, sobre todo en la Orinoquía y la Amazonía.

La proporción de mujeres embarazadas de su primer hijo, entre las que tienen educación primaria, disminuye de 7% a 5% y, entre las mujeres con educación superior aumenta del 1.6% a 3%.

Los mayores porcentajes de embarazadas están en Bolívar, Sucre y Córdoba con un 6%. Los menores se encuentran en San Andrés y Providencia con un 1.2%, en Huila, Magdalena y Boyacá se encuentra un 2 % y en Medellín un 2.2%. En Caldas y Nariño aumentan las proporciones de adolescentes embarazadas.

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años  que han sido madres o están en embarazo  (Total Nacional).

 

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Sin embargo, persisten las diferencias entre lo urbano y lo rural, casi sin variaciones entre los distintos periodos analizados.

 

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Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años  que han sido madres o están en embarazo  (Urbano/Rural)

Los derechos sexuales y reproductivos representan un pilar fundamental para el ejercicio de la ciudadanía, entendida más allá de la simple posibilidad de tomar decisiones en el ámbito público (elegir y ser elegido), ya que implica la posibilidad (¿) de tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo y vida en los campos de la sexualidad y la reproducción[32][32][32].

El panorama nacional en relación con el Sistema Nacional propuesto por el proyecto de ley

El panorama anteriormente descrito, que involucra elementos tan diversos que afectan la convivencia escolar como el matoneo y el cibermatoneo, y los problemas relacionados con la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes hacen urgente la intervención del Estado, de la familia y de la sociedad en acciones y estrategias que se complementen y articulen en el marco de la corresponsabilidad.

Teniendo en cuenta los estudios aquí citados, el problema de la violencia escolar y de las consecuencias que acarrea, adquiere una dimensión importante en términos de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes en el país. Intervenir hoy en las causas del matoneo evitará que en el futuro inmediato se presenten situaciones con un costo social y económico mucho más significativo: deserción escolar, embarazo adolescente, maternidad y paternidad adolescente, atención médica y psicológica especializada, hospitalización, suicidios y privación de la libertad.

Las cifras y casos de violencia escolar y matoneo que casi a diario presentan medios de comunicación nacionales e internacionales permiten concluir que la gravedad de esta situación se refleja en la creciente frecuencia de estas conductas. De no intervenirse de inmediato, estas situaciones pasarán de ser casos puntuales y particulares a ser parte de la cotidianidad escolar.

Actualmente diversas instituciones estatales, organismos multilaterales de cooperación y ONG realizan esfuerzos para incidir en las causas y reducir las consecuencias de la violencia escolar. Estas acciones, en su gran mayoría, suelen ser ajenas a la dinámica institucional y al contexto de la escuela, y su impacto y pertinencia resultan poco relevantes.

De articularse estos esfuerzos de manera estratégica en torno al logro de un mismo objetivo, teniendo en cuenta la dinámica de formación para la ciudadanía y el desarrollo de competencias básicas que implementa la institución educativa en el marco de su proyecto pedagógico institucional, orientada al fomento de la convivencia y la promoción de relaciones sanas, placenteras y pacíficas, el resultado de estas intervenciones será más relevante para los niños, niñas y adolescentes y en el futuro para el conjunto de la juventud colombiana.

Es bajo esta premisa que se plantea esta propuesta legislativa que pretende la creación de un sistema nacional fundamentado en principios de participación, corresponsabilidad, autonomía y diversidad, que se implementa mediante herramientas que permiten fomentar e incentivar acciones de diferentes instancias orientadas a la promoción y protección de la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el fomento de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, así como par a la prevención y la mitigación de la violencia escolar.

II. Marco jurídico y de política pública

Hacia la creación de un Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos

Normatividad internacional

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25 que ¿toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda y en especial los servicios sociales necesarios¿.

Esta disposición es refrendada por las Naciones del Mundo a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y se proponen medidas que deben ser adoptadas por los Estados Partes con el propósito de garantizar el pleno disfrute de ese derecho. Entre ellas se encuentran la reducción de la mortalidad y de la morbilidad infantil y el sano desarrollo de los niños. También se establecen indicadores para definir grupos de riesgo prioritario (niños), y se enuncian principios de salud pública haciendo énfasis en la salud ocupacional y la prevención de enfermedades.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 26, determina que los Estados Partes se deben comprometer a adoptar providencias (internas y de cooperación internacional) especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, que fija dentro de sus metas la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos conocimientos de la ciencia médica y condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna[33][33][33].
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