Competencias ciudadanas




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Ausencia de un desarrollo normativo pertinente

El artículo 17 del Decreto número 1860 de 1994, median te el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales de la escuela, contempla mecanismos de regulación y control en los establecimientos educativos, que incluyen la construcción de normas de conducta de alumnos y profesores para garantizar el mutuo respeto y la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.

Establece además los procedimientos para resolver con oportunidad y objetividad los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad, los cuales se materializan en los manuales de convivencia escolar. Sin embargo, estos manuales no contemplan mecanismos para actuar frente a lesiones o faltas graves que impliquen la vulneración de derechos.

En términos generales, se observa que la legislación colombiana ha centrado sus esfuerzos en regular problemáticas que afectan la convivencia, el ejercicio positivo de la ciudadanía y la vivencia de la sexualidad. Las propuestas legislativas para el tratamiento de estas problemáticas intentan, generalmente, penalizar determinados comportamientos para reducir el impacto de sus consecuencias en la sociedad.

Muchos de estos proyectos y estrategias de intervención se encuentran centrados en tratar particularmente los riesgos asociados a las problemáticas a través del individuo, y no tienen en cuenta la influenciade la familia, la comunidad educativa ni el contexto general en el que ocurren estos comportamientos[37][37][37].

Ante el aumento de situaciones que afectan de manera preocupante la convivencia escolar y luego del análisis de las implicaciones sociales de este fenómeno, el Congreso de la República ha debatido cerca de 27 iniciativas legislativas que proponen mecanismos para la prevención y corrección del acoso escolar, el hostigamiento, el maltrato y otras formas de violencia en escuelas y colegios.

Muchas de estas iniciativas buscan prevenir el embarazo adolescente e implementar estrategias de carácter preventivo para erradicar la violencia estudiantil y brindar una educación sexual integral, como mecanismo preventivo de comportamientos de riesgo y en general de vulneración de los Derechos Humanos.

Particularmente el sector educativo ha desarrollado estrategias que buscan transformar conductas asociadas con la violencia juvenil, comportamientos sexuales de riesgo, abuso de drogas ilícitas y delincuencia, entre otros.

Pese a los esfuerzos mencionados, actualmente Colombia no cuenta con una legislación a nivel escolar que actúe frente a la vulneración del ejercicio de los derechos, especialmente de los sexuales y reproductivos, y que promueva la construcción de ciudadanos conscientes, activos y responsables.

IV. Estructura conceptual y material  del proyecto de ley

El proyecto de ley se plantea en un marco conceptual positivo[38][38][38], centrado en el desarrollo humano y el fomento de competencias. Toma en consideración el contexto de la familia, la comunidad y el desarrollo social, político y económico de las poblaciones.

El elemento fundamental del proyecto es la promoción de la formación ciudadana y la confo rmación de un sistema nacional para la atención y coordinación de acciones entre los distintos sectores, alrededor de la convivencia escolar y la educación para la sexualidad, en el marco de la corresponsabilidad de los estudiantes, la familia, la sociedad y el Estado, para mitigar y prevenir la violencia escolar, y se establece una ruta de atención integral que orienta a todos los actores del sistema sobre las acciones específicas y las instituciones con las que debe hacer contacto para la promoción de los derechos y la formación ciudadana como factores que les permiten a los estudiantes desarrollar competencias para la vida; la protección para garantizar el ejercicio de sus derechos; y la atención ágil, oportuna, pertinente y eficiente en el caso en que se vulneren sus derechos por problemáticas que puedan surgir en los contextos escolares.

La implementación del sistema, de acuerdo con la Ley 489 de 1998, no implica la asignación de nuevas funciones para ninguna de las instituciones que lo conformen, sino la estructuración de las mismas alrededor de un mismo objetivo: la sana convivencia escolar, en atención a los principios de coordinación y descentralización que definen tanto la Constitución como las leyes de organización del Estado.

El enfoque de competencias ciudadanas considera que las intervenciones potencian su impacto en tanto que se les brinda a los sujetos las herramientas necesarias para un desarrollo humano positivo en interacción con los diferentes contextos en los cuales interactúa[39][39][39].

En la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, se propone el fomento de competencias y habilidades, la construcción de políticas públicas saludables, la creación de entornos físicos y ambientales favorables, el fortalecimiento de la acción comunitaria, la reorientación de los servicios de salud, la comunicación, la participación ciudadana y la concertación, como elementos fundamentales para el desarrollo social y el bienestar de niños, niñas y jóvenes[40][40][40].

De igual forma, el sector educativo en el mundo establece que no basta con dar conocimiento a los estudiantes, sino que es necesario generar herramientas para que ellos logren desarrollar habilidades y actitudes que les permitan responder de manera autónoma y responsable en cualquier contexto que la vida les proponga.

De esta manera, organismos como la UNESCO han planteado que la educación es el ¿proceso¿ de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente en¿ la comunidad nacional e internacional y en beneficio de ellas, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos¿[41][41][41].

En el mismo sentido, la Declaración y Plan de Acción Integrado sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia (1995) reiteran el compromiso de los Ministros de Educación de liderar una política educativa que fomente valores, actitudes y aptitudes para el fortalecimiento de los Derechos Humanos, la paz y la democracia, que promueva el entendimiento entre los diferentes pueblos del planeta, que tenga como prioridad a los niños y jóvenes expuestos a las diferentes formas de discriminación, e involucre a toda la sociedad como responsable de ayudar a la escuela en el desarrollo educativo de los estudiantes[42][42][42].

Por ello, en los últimos años, la promoción de competencias ciudadanas y la convivencia pacífica en contextos escolares han cobrado relevancia significativa en tanto que el bienestar de los niños y de los jóvenes es ahora consider ado como un elemento fundamental para el progreso social, económico y político de todos los países de las Américas[43][43][43].

Además de no representar funciones adicionales para las entidades vinculadas al Sistema, el proyecto utiliza estructuras, comités y sistemas de información ya existentes, por lo cual su implementación resultará más sencilla, natural y económica. Las funciones señaladas para los comités de convivencia serán ejercidas por los Comités Municipales, Distritales o Departamentales que hacen parte de los Consejos Territoriales de Política Social. La organización de los comités de convivencia en los diferentes niveles (escolar, territorial y nacional) garantiza la armonización de sus acciones y el respaldo de las decisiones a la institución educativa.

El sistema girará en torno a las necesidades escolares de convivencia y no a intereses particulares, con lo cual su impacto implicará la transformación de las relaciones en la escuela y a unos mejores resultados para cada uno de los vinculados tanto en el sistema nacional de convivencia como en la ruta de atención integral.

Actualmente, existen sendas rutas para cada entidad que debe responder por la garantía o protección de los derechos en diferentes espacios y en particular para la institución educativa. El proyecto plantea la creación de una ruta de atención integral que articulará estas rutas para potenciar su impacto.

Estructura material

El proyecto de ley está compuesto por cinco (5) capítulos y treinta y tres (33) artículos, a través de los cuales se da origen y se organiza el Sistema Nacional en el marco de la descentralización administrativa. Define específicamente la responsabilidad y alcances de la misma para el sector educativo en el tema de convivencia escolar, y señala las herramientas que deben generarse cuando la problemática de la convivencia se sale del manejo del contexto educativo.

Merece la pena resaltar que este proyecto de ley presta especial atención a la promoción de mecanismos al interior de los establecimientos educativos que contribuyan con el mejoramiento de la convivencia escolar como el fortalecimiento del manual de convivencia y la creación del Comité Escolar de Convivencia, herramientas que permiten un manejo integral, participativo y efectivo de las situaciones de violencia escolar, o vulneración de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.

Así mismo, el proyecto da un impulso especial al fortalecimiento de la figura del psicoorientador en los establecimientos educativos, a partir de reconocer el papel importante que estos desarrollan en el propósito de lograr mejores ambientes de aprendizaje en la escuela.

Los contenidos específicos del Proyecto se describen a continuación:

El CAPÍTULO I está integrado por dos (2) artículos. Contiene las disposiciones generales y el objetivo del proyecto. Precisa algunas definiciones generales indispensables para la comprensión del marco conceptual del Sistema como competencias ciudadanas, educación para la sexualidad y para el ejercicio de los Derechos Humanos y convivencia escolar; así como algunas otras de carácter específico que reflejan nuevas realidades en las escuelas y colegios como el matoneo o bullying y el ciberbullying o ciberacoso escolar, necesarias para especificar el alcance de aplicación de la ley.

El CAPÍTULO II, se refiere a la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Está integrado por once (11) artículos . Define sus objetivos, principios, las instancias que lo conforman en los niveles nacional (Comité Nacional de Convivencia Escolar), territorial (Comités Municipales, Distritales o Departamentales de Convivencia Escolar) y escolar (Comité de Convivencia Escolar) y las funciones de cada una de ellas. Estipula que el Sistema Nacional de Convivencia Escolar debe regirse por los principios de participación, corresponsabilidad, autonomía y diversidad.

El CAPÍTULO III desarrolla diez (10) artículos. Precisa las funciones que deberá cumplir el Sector Educativo ¿conformado por el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos educativos¿, como parte del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. Incluye disposiciones sobre la responsabilidad de los Directores o Rectores, y de los Docentes en el marco del Sistema, además del papel que deben jugar los proyectos pedagógicos, el manual de convivencia y la participación de la familia alrededor de la convivencia escolar y la formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

El CAPÍTULO IV, integrado por cuatro (4) artículos, define el alcance de la participación y las competencias del Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, las Personerías y las entidades que conforman el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, como entidades parte del Sistema de Convivencia Escolar.

El CAPÍTULO V, en siete (7) artículos que lo componen, establece las tres herramientas por medio de las cuales opera el Sistema de Convivencia Escolar: el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y sus componentes y la orientación psicosocial especializada en establecimientos educativos.

Como se mencionó al inicio de este documento, el Ministerio de Educación Nacional está comprometido con establecer una política de educación de calidad que permita formar ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan los Derechos Humanos, cumplan sus deberes sociales y convivan en paz. Una educación de calidad que permita generar oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las brechas de inequidad, y que t enga como centro el desarrollo de la institución educativa, teniendo en cuenta la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural.

Para el logro de este objetivo es prioritario contar con las herramientas que permitan, a partir del reconocimiento de la responsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, crear las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder a una educación de calidad, que no solo desarrolle en ellos habilidades de carácter cognitivo, sino que los oriente hacia el ejercicio consciente, respetuoso y responsable de sus derechos, permitiéndoles enfrentarse a los retos que nos plantea nuestra condición de ciudadanos, en torno a la construcción de sociedades en donde podamos convivir gracias al fortalecimiento de los ideales de la democracia y el Estado Social de Derecho.

Cordialmente,

María Fernanda Campo Saavedra, Ministra de Educación Nacional; Juana Carolina Londoño, Simón Gaviria Muñoz, Telésforo Pedraza Ortega, Representantes a la Cámara.

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL

El día 21 de marzo del año 2012 ha sido presentado en este despacho el Proyecto de ley número 201, con su correspondiente exposición de motivos, por Mineducación, honorable Representante.

El Secretario General,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo

 
 
[1][1]         Eleanor Roosevelt, ¿En nuestras manos¿, en: OCNUDH y MEN. ABC. La enseñanza de los Derechos Humanos.

 

[2][2]         Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Noviembre de 2010, página 265.

 

[3][3]         Norris M. Haynes, Christine Emmons and Michael Ben-Avie. Yale University, Child Study Center. Journal of educational and psychological consultation, 8(3), 321-329. 1997. School climate as a factor in student adjustment and achievement.

 

[4][4]         SERCE. Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe. Resumen Ejecutivo. 2008 en: http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001606/160659S.pdf. Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE, 2006), desarrollado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

 

[5][5]         Mc Evoy y Elker, 2000. Antisocial Beha viour, Academic Failure and School Climate. Journal of Emotional and Behavioural Disorders. Vol. 8 Nº 3.

 

[6][6]         Jesús Duarte, María Soledad Bos, Martín Moreno. Banco Interamericano de Desarrollo. 2010. Los docentes, las escuelas y los aprendizajes escolares en América Latina: un estudio regional usando la base de datos del SERCE.

 

[7][7]         MEN. Educación de calidad el camino para la prosperidad. 2010 en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-259478.html

 

[8][8]         Ibíd.

 

[9][9]         Como resultado de la IV Reunión Interamericana de Ministros de Educación en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) llevada a cabo en Trinidad y Tobago en 2005, se creó el Sistema Regional para el Desarrollo y Evaluación de las Competencias Ciudadanas (SREDECC) con el fin de fomentar políticas educativas para el fortalecimiento de la educación ciudadana y para el ejercicio de los Derechos Humanos en los países de la región. En el marco de dicha iniciativa se han adelantado diversas acciones que han develado la situación actual así como los retos principales de la educación para el desarrollo de las competencias ciudadanas en la región.

 

[10][10]     Reimers, F. (2007). Civic education when democracy is in flux: The impact of empirical research on policy and practice in Latin America. Citizenship and Teacher Education.

 

[11][11]     IEA (2011). ICCS 2009 Latin American Report. Civic Knowledge and attitudes among lower-secondary students in six Latin American countries.

 

[12][12]     ICFES (junio 2010) Resumen Ejecutivo Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía ¿ ICCS 2009.

 

[13][13]     Cox, C. (2010) Opor tunidades de aprendizaje escolar de la ciudadanía en América Latina: currículos comparados. Bogotá: BID. En: http://sredecc.org/Foro/Informe_rft_regional/index.html.

 

[14][14]     Pinheiro, P. (2006). Informe Mundial Sobre la Violencia Contra los Niños y Niñas. Organización de las Naciones Unidas.

 

[15][15]     Se refiere a los dos últimos meses respecto al momento de aplicación de las SABER 2005.

 

[16][16]     Actitudes y comportamientos, a través de los cuales, de manera constante y deliberada, se acosa, persigue, agrede o amenaza, a uno o varios alumnos.

 

[17][17]     Paredes. M. Teresa, Martha Cecilia Álvarez, Leonor I. Lega, Ann Vernon (2006). Estudio exploratorio sobre el fenómeno de Bullying en la ciudad de Cali, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.

 

[18][18]     Se efectuaron 2.542 encuestas a estudiantes de sexto, séptimo y octavo grados de catorce colegios de la ciudad, con el fin de identificar la presencia del problema y ¿en caso de existir¿ de establecer las formas específicas de manifestación, teniendo en cuenta edad, género y estrato socioeconómico.

 

[19][19]     La Encuesta Nacional de Deserción fue aplicada por el Ministerio de Educación Nacional entre 2009 y 2010, mediante dos estrategias complementarias: (i)Aplicación a una muestra representativa de la comunidad educativa de los Establecimientos Educativos Oficiales (Directivos-Docentes-Estudiantes) 46.530 estudiantes de quinto de primaria a undécimo grado, 21.840 docentes, 2.916 directivos y a 94 Secretarios de Educación, de todos los departamentos del país y (ii) Aplicación a hogares (con el DANE-UNAL).

 

[20][20]     Si bien esta cifras corresponde a promedios nacionales, se encuentran tres (3) entidades territoriales certificadas en educación donde las razones de desvinculación asociadas al maltrato de compañeros es superior al 50%, en dos (2) entidades territoriales certificadas en educación es superior al 40% y en ocho (8) entidades territoriales certificadas en educación es superior al 30%.

 

[21][21]     < /span>Si bien esta cifras corresponde a promedios nacionales, se encuentra una (1) entidad territorial certificada en educación donde las razones de desvinculación asociadas al conflicto y la violencia en el colegio es superior al 50% y en ocho (8) entidades territoriales certificadas en educación es superior al 40%.

 

[22][22]     Si bien esta cifras corresponde a promedios nacionales, se encuentra una (1) entidad territorial certificada en educación donde las razones de desvinculación asociadas al maltrato de profesores y directivos es superior al 40% y en siete (7) entidades territoriales certificadas en educación es superior al 30%.

 

[23][23]     El último año referido a la aplicación de la ENDE.

 

[24][24]     Se refiere a reuniones distintas a la entrega de boletines.

 

[25][25]     Doctor en Educación de la Universidad de Ha rvard, profesor de la Universidad de los Andes y experto en violencia escolar.

 

[26][26]
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