Ley: Salvo que del contexto de la norma se desprenda otra cosa, la Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas. Lgap




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REGLAMENTO A LA LEY DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA Y DEFENSA EFECTIVA DEL CONSUMIDOR


OBJETO DEL REGLAMENTO

ARTICULO 1.- Objeto del Reglamento. Este Reglamento tiene por objeto definir las reglas necesarias para la interpretación y aplicación de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, No. 7472 de 20 de diciembre de 1994.


DEFINICIONES

ARTICULO 2.- Definiciones. Además de las definiciones previstas en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, para los efectos de este Reglamento se entender por:
Artesano: La persona física o entidad de hecho o de derecho que adquiera productos terminados o insumos para producir, transformar o reparar bienes, mediante un proceso en el que la mano de obra resulta el factor predominante, dando por resultado un producto individualizado, en que quede impreso el sello personal y que no corresponda a la producción industrial mecanizada y en serie. El artesano se considerar como consumidor" para los efectos de la Ley y este Reglamento.
CNC: La Comisión Nacional del Consumidor.
CPC: La Comisión para Promover la Competencia.
ACAC: Área de Comercio y Apoyo al Consumidor del MEIC.
Ley: Salvo que del contexto de la norma se desprenda otra cosa, la Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas.
LGAP: La Ley General de la Administración Pública.
MEIC: El Ministerio de Economía, Industria y Comercio.
ONNUM: La Oficina Nacional de Normas y Unidades de Medida del MEIC.
Pequeño industrial: La persona física o entidad de hecho o de derecho, que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en la producción o transformación de artículos manufacturados y que califique como "pequeño empresario" bajo los criterios establecidos en la Ley de Impuesto sobre la Renta y su reglamento. El pequeño industrial se considerar como "consumidor" para los efectos de la Ley y de este reglamento.
Proveedor: Toda persona natural o jurídica, de carácter público o privado, que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores.
Publicidad engañosa: Todo tipo de información o comunicación de carácter comercial en que se utilicen textos, di logos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión, puedan inducir a engaño, error o confusión al consumidor, especialmente sobre:
a. El origen geográfico, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada.
b. Los componentes o integrantes del bien ofrecido, o el porcentaje en que concurren en el mismo.
c. Los beneficios o implicaciones del uso del bien o contratación del servicio.
d. Las características básicas del producto a vender o el servicio a prestar, tales como dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad u otra que sea juzgada razonable e indispensablemente en una normal contratación relativa a tales bienes o servicios.
e. La fecha de elaboración o de vida útil del bien, cuando estos datos se indiquen.
f. Los términos de las garantías que se ofrezcan.
g. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas.
h. Precio del bien o servicio ofrecido, formas de pago y costo del crédito.
Servicios comerciales: Los que preste una empresa o establecimiento mercantil a sus clientes, con o sin una relación personal con estos.
Servicios de técnicos o profesionales: Los que preste una persona física a sus clientes, mediando una relación personal y de confianza (intuitu personae), para la realización de una labor de carácter técnico o profesional.
Unidad Técnica: Según sea el caso, la Unidad Técnica de Apoyo de la Comisión para Promover la Competencia o de la CNC.
Ventas a domicilio: La compraventa en la que la negociación es efectuada y el contrato perfeccionado fuera del local o establecimiento del comerciante o proveedor, en virtud de la visita que este o sus dependientes hagan al comprador.

DELIMITACIÓN PROPÓSITOS ELIMINACIÓN TRAMITES

ARTICULO 3.- Delimitación de los propósitos de la eliminación de trámites. La eliminación de los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas, por parte de la Administración Pública, debe regirse por el propósito fundamental de proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, conforme a la Ley.
La Administración mantendrá una permanente actitud de autoevaluación para la eliminación de trámites y requisitos innecesarios, junto con la simplificación de los que permanezcan, como mecanismo que -aunado a la supresión de otros obstáculos al comercio- servir para promover la libre competencia y la apertura económica.

REGULACIONES ACEPTABLES A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

ARTICULO 4.- Regulaciones aceptables a la actividad económica. Se consideran como únicas regulaciones aceptables a la actividad económica las que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente.
También se consideran aceptables las regulaciones relativas a la promoción de la competencia, destinadas a prevenir las prácticas monopólicas y oligopólicas, según las defina la Ley, y las relativas al cumplimiento de estándares de calidad adoptados oficialmente.

CONCORDANCIA CON LEYES ESPECIALES Y CONVENIOS

ARTICULO 5.- Concordancia con leyes especiales y convenios internacionales. La revisión y eliminación de trámites y requisitos de regulación de las actividades económicas debe concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales. Esto significa que no pueden ser objeto de eliminación por parte de la Administración Pública, los trámites y requisitos que se encuentren expresamente previstos en leyes especiales y convenios internacionales, salvo por instrumentos de ese mismo rango.
Sin embargo, si deben ser objeto de revisión y, en su caso, de eliminación, los trámites y requisitos establecidos mediante reglamentos u otros actos administrativos, aunque se funden en disposiciones generales contenidas en leyes especiales convenios internacionales.

ALCANCES APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD

ARTICULO 6.- Alcances de la aplicación de estándares de calidad.
No podrá restringirse la importación de bienes ni su comercialización en el mercado interno con base en la aplicación de estándares de calidad que no sean los incorporados en los reglamentos técnicos de carácter obligatorio relativos a salud, seguridad pública o medio ambiente, salvo cuando los bienes se presenten u ofrezcan al público haciendo uso de información falsa, o que no corresponda a la verdadera calidad del bien, en cuyo caso se proceder de inmediato a denunciar ante la CNC.

SILENCIO POSITIVO

ARTICULO 7.-1 Silencio positivo. Toda solicitud de inscripción, registro, autorización o aprobación presentada ante la Administración Pública, relacionada con el cumplimiento de trámites y requisitos necesarios para el acceso de bienes

al mercado nacional o con regulaciones al comercio, debe ser resuelta por el órgano o ente correspondiente de la Administración Pública dentro de los ocho días hábiles. Dicho plazo se contar a partir de la presentación de la solicitud

completa en cuanto al cumplimiento de sus formalidades esenciales, entendidas estas como aquellas cuyo defecto u omisión sería causa de nulidad absoluta.
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, la gestión se entender aprobada. Para ejercitar los derechos que corresponda, bastar que el interesado exhiba la copia de su solicitud con una razón notarial que certifique que la misma fue presentada en forma completa y que la Administración no la resolvió en tiempo. Las oficinas públicas no podrán rechazar o desconocer la validez legal del derecho así acreditado.
Si la aprobación tácita a que se refiere este artículo implicara vicios de nulidad relativa o absoluta, se deber proceder conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública.
Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo positivo, corresponder a la CPC, como Comisión encargada de velar por el proceso de desregulación, ejercer las facultades previstas en el párrafo final del artículo 3º. de la Ley.
(1) Ver artículo 57 de este Reglamento.
(*) El artículo citado dice:
"ARTICULO 3.- Eliminación de trámites y excepciones. Los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir, entorpecer, ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. La administración pública debe revisar, analizar y eliminar, cuando corresponda, esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad.
Todo ello deber concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales, así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza.
Los estándares de calidad de los productos deben aplicarse a los bienes nacionales y a los importados, según las normas de calidad nacionales e internacionales, establecidas previa audiencia a los interesados.
Los trámites y los requisitos que deban cumplirse para el acceso de bienes producidos en el exterior al mercado nacional, así como las regulaciones al comercio que deban mantenerse, se rigen por el principio de celeridad en el procedimiento administrativo. Cumplidas las formalidades esenciales a cargo del administrado, la Administración Pública debe resolver lo pertinente en un plazo máximo de ocho días, según lo establezca el Reglamento de esta Ley.
Vencido ese plazo sin que haya resolución expresa, se tendrá por autorizada la solicitud del interesado.

Un trámite o requisito innecesario es el no esencial o indispensable al acto administrativo. Es necesario el trámite o el requisito que, de acuerdo con el interés público, sea insustituible y consustancial para concretar el acto. En el Reglamento de la presente Ley se deben precisar las características de los requisitos y los trámites esenciales por razones de salud, seguridad pública, medio ambiente y estándares de calidad, a tenor de lo dispuesto en este artículo.
La Comisión para promover la competencia, creada en esta Ley, debe velar permanentemente porque los trámites y los requisitos de regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores, mediante su revisión "ex post".
Además, debe velar, en particular, para que el principio de celeridad se cumpla y para que las regulaciones y los requisitos, que se mantengan por razones de salud, medio ambiente, seguridad y calidad, no se conviertan en obstáculos para el libre comercio.
Cuando los trámites, los requisitos o las regulaciones sean autorizados mediante silencio administrativo positivo, la Comisión de desregulación escoger algunos casos utilizando el mecanismo de muestreo al azar para exigir una explicación sobre las razones que motivaron ese silencio a los funcionarios responsables de esos casos. Si se determina una falta grave del funcionario, se proceder conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública."

DETERMINACIÓN CARÁCTER ESENCIAL DE REQUISITOS

ARTICULO 8.- Determinación del carácter esencial de requisitos y trámites. Con el fin de determinar las características de los requisitos y los trámites que deber n mantenerse en virtud de ser esenciales, la CPC establecer categorías de regulaciones en función de la materia a la que se refieran (salud humana, animal, vegetal, seguridad nacional, protección del ambiente y prevención de practicas que induzcan en error al consumidor).
Sobre cada categoría de regulaciones dar audiencia a los órganos o entes de la Administración Pública que tengan competencia reguladora en la materia y a los interesados, para que se manifiesten sobre las regulaciones vigentes y los trámites y requisitos que consideran esenciales. El plazo de esta audiencia será no menor a diez días hábiles y no mayor a dos meses.
Una vez analizada la información recibida, la CPC remitir un informe en cada caso al Poder Ejecutivo, recomendando la eliminación de aquellos trámites que a su criterio no sean esenciales. Este informe podrá ser parte del dictamen que elabore la CPC sobre los análisis costo beneficio que realicen los órganos y entes reguladores conforme a la Ley, o bien podrá rendirse en cualquier otro momento.


REMISIÓN PERIÓDICA DE INFORMACIÓN

ARTICULO 9.- Remisión periódica de información de los entes y órganos de la Administración Pública a la CPC. Para efectos de que la CPC pueda ejercer su función de velar porque los trámites y requisitos de regulación al comercio cumplan con las exigencias anteriores, todos los entes y órganos de la Administración Pública deber n remitirle en forma semestral un informe con todas las regulaciones que hayan emitido durante el semestre y aquellas que se encuentren en proceso de elaboración.


CRITERIOS Y FORMATO ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

ARTICULO 10.- Criterios y formato de los análisis costo beneficio. La CPC definir los criterios en los cuales deben basarse los análisis costo-beneficio a que se refiere el párrafo primero del artículo 4 de la Ley, así como el formato al que deben ajustarse. Lo anterior ser comunicado por la CPC a todos los entes y órganos de la Administración Pública responsables de elaborar esos análisis. La comunicación se hará al menos tres meses antes del vencimiento del plazo de un año contemplado en el transitorio I* de la Ley.
(*) El transitorio citado dice:
"TRANSITORIO I.- Todos los entes y los órganos de la Administración Pública tienen el plazo de un año, a partir de la vigencia de esta Ley, para realizar los análisis costo-beneficio de los trámites y los requisitos mencionados en el artículo 4, con el fin de eliminar los innecesarios y agilizar los que deban mantenerse.
Dentro del plazo previsto en el párrafo anterior, los jerarcas de los entes y las órganos de la Administración Pública deben comunicar, a la Comisión para promover la competencia, el resultado del estudio y los cambios realizados, so pena de incurrir en falta grave en el desempeño de sus funciones y de ser declaradas responsables, de conformidad con los artículos 190 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. Sin embargo la obligación se mantiene si dentro de ese plazo no se cumple con lo estipulado allí."

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.

ARTICULO 11.- Inscripción y registro de productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios.
Independientemente de los análisis costo beneficio a que se refiere la Ley, la CPC podrá solicitar en cualquier momento a los órganos y entes de la Administración Pública involucrados en la inscripción o registro de laboratorios o productos farmacéuticos, medicinales, alimenticios, agroquímicos y veterinarios, un informe técnico sobre la procedencia de mantener regulaciones en esas áreas.

Con base en estos informes, la CPC analizar la conveniencia de modificar, simplificar o eliminar cualquier trámite o requisito de inscripción o registro y lo comunicar al Poder Ejecutivo para los efectos pertinentes.
Los informes técnicos que remitan los órganos o entes de la Administración Pública a la CPC no son vinculantes para esta.
Asimismo, la CPC podrá emitir su recomendación al Poder Ejecutivo con base en los elementos técnicos de que disponga y criterios de conveniencia y razonabilidad, en caso de que un informe no le sea remitido dentro del mes siguiente a la fecha en que haya sido formalmente solicitado al órgano o ente respectivo.
Al solicitar los informes técnicos a los órganos o entes de la Administración Publica, la CPC también solicitar el criterio de las entidades representativas de intereses de carácter general o corporativo afectados por la revisión de los trámites y requisitos de inscripción y registro. El plazo ser igual al indicado en el párrafo anterior.
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