Ley: Salvo que del contexto de la norma se desprenda otra cosa, la Ley No. 7472 de 20 de diciembre de 1994 y sus reformas. Lgap




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f. Gastos de etiquetado, timbre de colegios profesionales, si estos no han sido incorporados en la misma póliza.
g. Dos meses de financiamiento a la tasa de interés activa, promedio interbancario, que se determinar del promedio cobrado, a la fecha de la aceptación de la póliza por los bancos estatales para la actividad; y se aplica al precio CIF de la mercadería valuada al tipo de cambio de la misma fecha.
Para la conversión a moneda nacional del valor CIF de la mercadería importada se utilizar el tipo de cambio interbancario vigente a la fecha del pago de la obligación, cuando la compra es al contado; y cuando sea al crédito se aceptar una proyección a 90 días máximo, utilizando el promedio de devaluaciones de los 90 días anteriores a la aceptación de la póliza.
El plazo de proyección para el tipo de cambio a aplicar, estar limitado por el que sea menor entre el plazo que se estipule en las condiciones de crédito y la combinación de los plazos de recuperación del crédito por ventas y de rotación de inventarios.


ELIMINACION RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS

ARTICULO 24.- Alcances de la eliminación de restricciones no arancelarias a las importaciones y exportaciones. La eliminación de las restricciones no arancelarias a las importaciones y exportaciones de productos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 6* de la Ley, se entiende referida a toda licencia o permiso establecido por ley o reglamento. Se exceptúan los permisos previstos en las regulaciones que se mantengan por ser esenciales para la protección de la seguridad nacional, para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, la protección de la salud o la seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Igualmente, se exceptúan los expresamente previstos en leyes especiales o convenios internacionales, en particular todos aquellos permisos, licencias o contingentes contemplados en los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y en la Ley de Ejecución de los Acuerdos de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, No. 7473 de 19 de diciembre de 1994.
En este mismo sentido, las normas administrativas sobre etiquetado de productos importados deber n estructurarse y aplicarse de modo que no puedan llegar a convertirse en una barrera no arancelaria, ya sea por su excesiva complejidad, porque otorguen atribuciones de interpretación discrecional a la Administración u otro motivo semejante. La CPC tendrá competencia para examinar y solicitar la revisión de estas normas cuando, en su criterio, violen lo dispuesto en este artículo, tanto de oficio como a petición de parte interesada.
(*) El artículo citado dice:
"ARTICULO 6.- Eliminación de restricciones al comercio. Se eliminan las licencias y toda otra autorización para el ejercicio del comercio, así como las restricciones para ejercer actividades comerciales, en virtud de la nacionalidad y sin perjuicio de la normativa particular en materia laboral y migratoria.
Se eliminan todas las restricciones que no sean arancelarias y cualesquiera otras limitaciones cuantitativas y cualitativas a las importaciones y exportaciones de productos, salvo los casos señalados taxativamente en el
artículo 3 de esta Ley y en los términos allí expresados.
La Administración Pública puede establecer, excepcionalmente, mediante decreto ejecutivo y previa recomendación favorable de la Comisión para promover la competencia, licencias de importación o exportación. Esta medida se propone restringir el comercio de productos específicos, cuando existan circunstancias anormales o desórdenes en el mercado interno o externo, debidos a fuerza mayor, caso fortuito y toda situación que genere o pueda generar un problema grave de desabastecimiento en el mercado local, que no pueda satisfacerse acudiendo a los mecanismos del mercado, o cuando estos deban aplicarse en virtud de restricciones negociadas o impuestas por socios comerciales, mientras estas circunstancias excepcionales subsistan, a juicio de esa Comisión, en los términos expresados en el párrafo siguiente. En todo caso, las causas que motivaron la medida deben revisarse dentro de períodos no superiores a seis meses.
En los casos mencionados en el párrafo anterior, la Administración Pública debe realizar un estudio técnico que sustente esa medida; además, debe recabar el parecer de la Comisión para promover la competencia y puede apartarse de ella mediante decisión razonada. Antes de resolver sobre su procedencia, los términos y las condiciones de la restricción, esa Comisión debe conceder una audiencia escrita a los interesados, por un término de cinco días, sobre el citado estudio.
Se reconoce la facultad de las cámaras y las asociaciones privadas para autorregular su actividad económica, para garantizar la prestación eficiente de servicios a la sociedad, con estricta observancia de los principios ‚éticos y de respeto por la libertad de concurrencia de los agentes económicos y para prevenir las conductas que en esta Ley se prohíben y sancionan. La participación de esas entidades no podrá limitar el libre acceso al mercado correspondiente ni impedir la competitividad de nuevos ajustes económicos.
El Poder Ejecutivo reglamentar la presente norma y, en particular, la facultad de esas entidades para establecer registros de personas y empresas que se dediquen a la actividad respectiva."


REGISTRO POR PARTE DE CAMARAS Y ASOCIACIONES

ARTICULO 25.- Establecimiento de registros por parte de las cámaras y asociaciones privadas. Las cámaras y asociaciones privadas pueden establecer registros de conformidad con sus normas estatutarias y el régimen jurídico privado que les es aplicable.
A los registros que se establezcan con base en el artículo 6 de la Ley se aplicar n los siguientes principios generales:
a. Sus efectos estar n limitados a los asociados a la respectiva cámara o asociación privada, es decir, los registros no tendrán efectos sobre terceros ajenos a la organización, salvo que voluntariamente se acojan.
b. No podrán basarse en regulaciones discriminatorias.
c. No podrán emitirse regulaciones que constituyan violaciones a las normas sobre competencia y defensa efectiva del consumidor contempladas en la Ley.
d. En ningún caso este tipo de regulaciones podrán constituir, directa o indirectamente, restricciones a la entrada de agentes económicos, afiliados o no afiliados a la respectiva cámara o asociación, al mercado de bienes o servicios de que se trate.

DISPENSA DE PROFESIONALES O TECNICOS

ARTICULO 26.- Dispensa de profesionales o técnicos. Cualquier persona con interés legítimo y directo podrá solicitar a la CPC que se dispense, total o parcialmente, la participación de profesionales y técnicos en los trámites o los procedimientos para el acceso de bienes al mercado nacional y en otras regulaciones al comercio.
La CPC podrá acordar la dispensa, previa audiencia por diez días al órgano o ente de la Administración Pública que tenga competencia reguladora en el asunto.
No procede dispensar la participación de profesionales y técnicos cuando esta sea exigida por regulaciones que se hayan mantenido después de los análisis costo beneficio correspondientes, por ser requisitos esenciales en los términos de la Ley y este Reglamento.

ACREDITAMIENTO

ARTICULO 27.- Acreditamiento. Para el acreditamiento de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, como organismos de certificación y laboratorios de prueba y ensayo o verificación de mercado, se estar a lo dispuesto en los decretos ejecutivos vigentes, emitidos por la Administración correspondiente según la materia de que se trate.
No obstante, dichos decretos ejecutivos deber n ser sometidos al análisis costo beneficio y a revisión según las normas contenidas en la Ley y este Reglamento.


PRINCIPIO GENERAL
ARTICULO 28.- Principio General. Se prohíben los monopolios públicos o privados, así como las prácticas que impidan o limiten la competencia, impidiendo el acceso de competidores al mercado o promoviendo su salida. La Administración Pública debe proteger el ejercicio de la libertad de empresa y promover la libre

competencia.


EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL

ARTICULO 29.- Excepciones al principio general. Las únicas excepciones al principio general contenido en el artículo anterior son las siguientes:
a. Servicios públicos sujetos a concesión, regulados por ley especial.
b. Los monopolios del Estado creados por ley especial, mientras subsistan, para celebrar las actividades expresamente autorizadas en dichas leyes, en áreas tales como seguros, depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista, fabricación de alcohol etílico para consumo humano y su comercialización para consumo interno, refinación de petróleo y distribución de combustibles, servicios telefónicos, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y de agua.

INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTICULO 30.- Inicio de los procedimientos. Los procedimientos ante la CPC, que puedan resultar en la imposición de alguna de las sanciones previstas en el artículo 25* de la Ley, se iniciar n por denuncia o de oficio.
La denuncia deber ser presentada ante la Unidad Técnica de la CPC. Si fuere presentada en otra dependencia del MEIC, el funcionario que la reciba deber remitirla sin demora a la citada Unidad Técnica.
Los procedimientos se iniciar n de oficio mediante acuerdo de la CPC, debidamente fundamentado.
(*) El artículo citado establece:
"ARTICULO 25.- Sanciones. La Comisión para promover la competencia puede ordenar, mediante resolución fundada y tomando en consideración la capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja las disposiciones contenidas en el Capítulo III de esta Ley, las siguientes sanciones:
a. La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica o concentración de que se trate.
b. La desconcentración, parcial o total, de cuanto se haya concentrado indebidamente, sin perjuicio del pago de la multa que proceda.
c. El pago de una multa, hasta por sesenta y cinco veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber declarado falsamente o haberle entregado información falsa a la Comisión para promover la competencia, con independencia de otras responsabilidades en que incurra.
d. El pago de una multa, hasta por cincuenta veces el monto del menor salario mínimo mensual por retrasar la entrega de la información solicitada por la Comisión para promover la competencia.
e. El pago de una multa, hasta por seiscientas ochenta veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en una práctica monopolística absoluta.
f. El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna práctica monopolística relativa.
g. El pago de una multa, hasta por cuatrocientas diez veces el monto del menor salario mínimo mensual, por haber incurrido en alguna concentración delas prohibidas en esta Ley.
h. El pago de una multa, hasta por setenta y cinco veces el monto del menor salario mínimo mensual, a las personas físicas que participen directamente en las prácticas monopolísticas o concentraciones prohibidas, en representación de personas jurídicas o entidades de hecho o por cuenta y orden de ellas. En el caso de las infracciones mencionadas en los incisos del e) al h) de este artículo que, a juicio de la Comisión para promover la competencia, revistan gravedad particular, esta Comisión puede imponer como sanción una multa equivalente al diez por ciento (10%) de las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal anterior o una hasta por el diez por ciento (10%) del valor de los activos del infractor. De esas dos multas se impondrá la que resulte m s alta.
Para imponer tales sanciones deben respetarse los principios del debido proceso, el informalismo, la verdad real, el impulso de oficio, la imparcialidad y la publicidad, los cuales informan el procedimiento administrativo estipulado en el Libro Segundo de la Ley General de la Administración Pública.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión para promover la competencia, mencionado en los incisos d) a h) de este artículo, la Comisión certificar el adeudo, que constituye título ejecutivo, a fin de que, con base en ‚l, se plantee el proceso de ejecución en vía judicial, en los términos que se dispone en el Código Procesal Civil."


RESPONSABILIDAD DEL DENUNCIANTE

ARTICULO 31.- Responsabilidad del denunciante. La responsabilidad del denunciante, en caso de denuncia calumniosa, se regir por lo previsto en la legislación penal correspondiente.


ARTICULO 32.- Requisitos. La denuncia ante la CPC deber constar por escrito, en idioma español y ser firmada por el interesado u otra persona a su ruego. El denunciante también podrá presentarse directamente ante la CPC o cualquier otra dependencia del MEIC.
En este caso, el funcionario correspondiente levantar acta de la denuncia, que suscribir el interesado, y la remitir de inmediato a la Unidad Técnica de la CPC.

CASOS DE INFRACCION AL ART. 64 DE LA LEY

ARTICULO 33.- Casos de infracción al artículo 64 de la Ley.

En los casos de infracción al artículo 64* de la Ley, que sean competencia de la CPC, se proceder en la misma forma prevista respecto a la CNC en el artículo 48 de este Reglamento.
(*) El citado artículo dice:
"ARTICULO 64.- Documentos e información. Los comerciantes, a requerimiento de la Comisión para promover la competencia, de la Comisión Nacional del Consumidor y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, están obligados a:
a. Entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los documentos que se consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus funciones. La información suministrada es confidencial y el funcionario que viole el secreto de los datos confidenciales incurre en falta grave en el ejercicio de sus funciones.
b. Permitir, en forma gratuita, la toma de muestras de los productos para verificar la calidad o la exactitud de la información suministrada al consumidor.
La negativa de entrega, la falsedad o la inclusión de datos inexactos o incompletos, en los documentos requeridos, debe ser sancionada como falta grave por las respectivas comisiones, según proceda. Cuando las faltas se cometan en virtud de la solicitud formulada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, este remitir esos documentos a la comisión competente para la sanción.
Las facturas de las ventas a mayoristas deben consignar el nombre del vendedor y del comprador, sus respectivos números de cédula, de persona física o jurídica, así como la identificación de los productos o los servicios transados.
Los órganos y los entes de la Administración Pública deben suministrar la información que les solicite la Comisión para promover la competencia y la Comisión nacional del consumidor, para el ejercicio de sus funciones."


CALIFICACION DE ADMISIBILIDAD

ARTICULO 34.- Calificación de admisibilidad. Recibida una denuncia, la Unidad Técnica deber preparar un informe preliminar para la CPC, incluyendo un análisis de aspectos tales como la legitimación del denunciante, la observancia de los requisitos mínimos previstos en la LGAP y los elementos probatorios existentes.
La Unidad Técnica deber poner en conocimiento de la CPC la denuncia en la sesión inmediata siguiente a la fecha de presentación de la misma. En dicha sesión la Unidad Técnica presentar el informe preliminar a que se refiere el párrafo anterior, salvo que requiera m s tiempo para prepararlo, caso en el cual la CPC podrá acordarlo así.
Al conocer la denuncia, o en cualquier momento antes del acto formal de inicio del procedimiento, la CPC podrá acordar el rechazo de plano de la denuncia, en los supuestos previstos en la LGAP.

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