Productos de tabaco – Requisitos de empaquetado y etiquetado. Cajetilla de cigarrillo control / ministerio de salud y proteccion social – Competencia integral para revisar empaques o cajetillas de cigarrillos / principio de la revision integral – Aplicación




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I.3- Consideró que se incurrió en violación de los artículos 1º, 4º, 6º, 20 y 58 de la Constitución Política; 13, parágrafo 1°, 26 y 33 de la Ley 1335 de 2009 y 6º de la Resolución núm. 3961 de 2009.
Explica así los cargos:
1. Falta de competencia y violación del principio de legalidad.
Estima que el Ministerio de Salud y de la Protección Social no tiene competencia para controlar la información contenida en la totalidad del empaque de cigarrillos, pues ésta es específica para controlar las frases de advertencia y pictogramas que ocupan el 30% del empaque, tal como lo prevén los artículos 13 de la Ley 1335 de 2009 y 6º de la Resolución núm. 3961 de 2009.
Que lo anterior implica que la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud y Protección Social no ostenta una competencia general para controlar el resto del contenido de la información que se encuentra en el empaque, es decir, que la aprobación de los pictogramas y advertencias nada tiene que ver con el resto de la información sobre la cual la sociedad tiene legítimamente el derecho de transmitir en el empaque.
Consideró que la entidad no tiene competencia para controlar el cumplimiento de las prohibiciones contenidas en los artículos 13 de la Ley 1335 de 2009 y 5º de la Resolución núm. 3961 de 2009, toda vez que dicha competencia la tiene la autoridad de policía, según los términos de los artículos 26 y 33 de la ley citada, pues el control fijado por la ley para los asuntos relacionados con la promoción son posteriores a la comercialización y no dentro del proceso de aprobación de pictogramas y, por ello, son las normas contenidas en el Código de Policía las que rigen el procedimiento en caso de que se haya presentado una violación a las prohibiciones.
Que, además, el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición fue expedido por el Director de Promoción y Prevención, cuando la competencia fue asignada expresamente a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, a través de la Resolución núm. 3961 de 2009, y además, el artículo 16 del Decreto 4107 de 2011, no le asignó a la Dirección de prevención ninguna de las funciones que ahora pretende ejercer.
Considera que si en gracia de discusión se aceptara que la competencia ha sido ejercida correctamente, la valoración que ha hecho es desproporcionada e irrazonable, porque las características intrínsecas de los productos, no son publicitarias ni promocionales y deben ser transmitidas a los consumidores de forma obligatoria, por las siguientes razones:
. La expresión “Click & On”, describe un nuevo mecanismo en los cigarrillos que le permite al fumador oprimir la cápsula ubicada en el filtro del mismo, para liberar el contenido adicional de mentol, por tanto, la expresión “ON” no pretende, como lo juzga el Ministerio, informar que se pretende “avivar un sentimiento o pasión”; que a este sistema se le denomina “featuring convertible”, porque se trata de una nueva presentación; anota que la pésima traducción hecha por la entidad sobre la palabra “featuring” es demostrativa de su arbitrariedad.
. La expresión “Click & Roll” describe un nuevo mecanismo en los cigarrillos que le permite al fumador oprimir la cápsula ubicada en el filtro, luego hacer presión con el mismo, girar el cigarrillo para esparcir el contenido de mentol de la cápsula, de manera que convierte un cigarrillo normal en uno de mentol, luego no se trata de “enrolar”, como lo sugiere el Ministerio, expresión por demás ajena a las reglas de mercadeo de la compañía, que es totalmente consciente de que el consumo debe ser responsable.
. La expresión “Krystal Frost”, que tiene la correspondiente protección marcaria, no puede entenderse en el sentido de que al fumarse, el cuerpo reduce su temperatura.
. La expresión “Filter Kings” es técnica, que se refiere a las calidades del producto, en el sentido de destacar el sistema de filtro ínsito en el cigarrillo, y la palabra King sólo genera el efecto en el consumidor de reconocer una de las características especiales del producto que consume.
. La expresión “Frozen Nights”, además de referirse a las características del producto, en ninguna parte infiere o señala expresamente que debe ser consumida en épocas de frío, porque si así fuera no se vendería en la Región Caribe.
2. Censura. Expropiación.
Considera que el Ministerio no tiene control ilimitado y está impidiendo a la sociedad transmitirle al público mensajes legítimos que describen las calidades del producto y, además, hace una expropiación sin indemnización, ya que la mayoría de la información se refiere a lemas comerciales anteriores a las nuevas regulaciones sanitarias y cuenta con autorizaciones administrativas del mismo Estado Colombiano, que reconoce su propiedad privada y la posibilidad de su uso.
3. Violación al principio de confianza legítima.
A través de PROTABACO S.A.S. y de la sociedad, se ha presentado tres veces a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio, la solicitud de aprobación de las artes de advertencias sanitarias de los empaques de cigarrillo de su titularidad, las cuales fueron aprobadas para el período anual de julio de 2010 a julio de 2011 y julio de 2011 a julio de 2012, así como todas las etiquetas de todos los empaques de cigarrillos, en las cuales aparecían las frases ahora cuestionadas.
Que la Administración cambió bruscamente su posición contradiciendo sus propios actos; que si los actos fueron permisivos, tolerantes y reiterados, dieron expectativas de duración de una norma; debe ser protegido por el Estado en virtud de los principios de la buena fe, la legítima confianza y la seguridad jurídica, según lo ha interpretado la Corte Constitucional; que en este caso dichos principios fueron quebrantados porque los actos acusados lesionaron la confianza legítima que había depositado en el actuar de la Administración sobre la interpretación y alcance de las disposiciones de la Resolución núm. 3961 de 2009 y de las etiquetas.
4. Violación al principio de igualdad.
Señala que ha recibido un tratamiento desigual respecto de solicitudes similares hechas por otras compañías.
I.4- CONTESTACION DE LA DEMANDA.
El Ministerio de Salud y Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda, con los siguientes argumentos:
Consideró que las razones jurídicas de la actora desconocen el devenir institucional de la entidad en lo que se refiere al proceso de implementación del primer tratado internacional de salud pública jurídicamente vinculante, como lo es, el Convenio Marco para el Control del Tabaco del año 2003 – CMCT de la OMS 2003, de la Organización Mundial de Salud.
Que en el anterior sentido el país ya desarrolló un análisis sobre la importancia del control del consumo de tabaco como factor de riesgo atribuible a las enfermedades crónicas no transmisibles, en los debates de las Leyes 1109 de 2006 y 1335 de 2009, cuando el Congreso definió que era necesaria la estricta regulación del tabaco y estableció los instrumentos más eficaces para la efectiva implementación de las medidas de intervención propuestas; que este proceso ha venido decantándose con apoyo de la sociedad civil organizada, las sociedades científicas y con base en documentos técnicos de la OMS.
Considera que la evaluación de pérdidas pecuniarias y la presunta afectación alegada por la actora es el resultado de un análisis financiero y privado que implica un enfoque descontextualizado del ciclo económico y que dista de la que le corresponde hacer al Estado, es decir una evaluación económica, social y pública que involucre todos los costos que el consumo de este producto implica para la sociedad: la muerte, la muerte prematura, la enfermedad y la discapacidad, lo que supone los costos de atención en salud que son financiados con los recursos del Presupuesto General de la Nación, con impuestos generales, los recursos de las entidades territoriales desde sus ingresos corrientes y los aportes a la seguridad social que hacen los ciudadanos; que estos costos son crecientes, evitables y no sostenibles para el sistema, de no lograrse un control efectivo del consumo y exposición al tabaco.
Anotó que todas las medidas diseñadas en el Convenio Marco tienen como fin reducir el consumo y la exposición al tabaco, por tanto no se deben estimar pérdidas comerciales por parte de una industria que produce y comercializa el producto, pues esta es una consecuencia circunstancial de la Ley.
Expone como argumentos a favor de las medidas tomadas las siguientes:
Que en virtud de la Constitución Política, es el ente rector en materia de salud correspondiéndole la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Salud y del Sistema General del Seguridad Social en Salud, así como dictar normas técnicas, administrativas y científicas de obligatorio cumplimiento para el sector; el Decreto 4107 de 2011 “Por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Salud y Protección Social y se integra el Sector Administrativo de Salud y Protección Social”, en su artículo 1º fijó como objetivo dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política pública en materia de salud, salud pública y promoción social en salud.
Las implicaciones del consumo de tabaco sobre la salud humana.
A partir de los años 50 se han publicado estudios que muestran la asociación entre el consumo de tabaco y la presencia de enfermedades que identifican la clara asociación entre el carcinoma de pulmón y el hábito de fumar, mostrando que este efecto varía de acuerdo con la cantidad fumada; así mismo mencionan que una parte de la mortalidad se debe al carcinógeno en el humo del tabaco que se introduce en su cultivo o preparación.
Que dichos estudios explican que el consumo de cigarrillo e inhalar el humo han sido un factor importante en el aumento de carcinoma broncogénico, bronquitis crónica, cáncer de pulmón y del tracto respiratorio superior y digestivo superior, tuberculosis pulmonar, enfermedades coronarias sin hipertensión, úlcera péptica, cirrosis de hígado y alcoholismo, infarto al miocardio, entre otras enfermedades; que los estudios sugieren que no existe un nivel seguro de consumo de cigarrillos y que también es notable la reducción de la mortalidad que sigue al abandono del hábito de fumar.
Señaló que a partir de los estudios se ha demostrado la clara asociación que existe entre el consumo de tabaco y la aparición de enfermedades, que han soportado la implementación de políticas públicas para el control del tabaco, lideradas por la Organización Mundial de la Salud – OMS y recientemente, por la Organización de Naciones Unidas – ONU con la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de Nueva York, de la cual Colombia es signataria.
Anotó que se estima que la mayor parte de fumadores en el mundo iniciaron el consumo antes de los 18 años, y de éstos el 25% lo inició antes de los 10 años y es preocupante el mercadeo agresivo de las tabacaleras que ha llegado a los jóvenes por medios de fácil acceso, como vallas publicitarias, películas, internet, revistas, eventos musicales y deportivos; que la industria del tabaco ha promocionado los cigarrillos a las mujeres por medio de imágenes seductoras pero falsas, de vitalidad, esbeltez, emancipación, refinamiento y atractivo sexual.
Indicó que en Colombia se han realizado diversos estudios para conocer la magnitud del consumo de tabaco en la población, que han aportado a la construcción y orientación de acciones en salud pública y además existen estadísticas de mortalidad atribuibles al consumo de tabaco; frente a la mortalidad registrada en el año 2009 por el DANE, se evidenció que 13.759 personas murieron a causa del consumo de tabaco, lo que representa el 14,3% de la mortalidad en Colombia.
Advirtió que mientras la actividad de la producción de tabaco genera altos ingresos a la industria, representa un elevado costo para el sistema de salud y de las familias de personas fumadoras, de lo que se concluye que la pretensión de la industria es desproporcionada y parcializada, pues es netamente financiera; que los costos unitarios y totales comparados frente al beneficio, indican que éste es absolutamente menor.
Frente a la publicidad y el consumo de tabaco, la entidad, soportada en diferentes estudios que cita, expresó:
Que se reconoce que el efecto de la publicidad del tabaco y su consumo, influye en la actitud de los adolescentes no fumadores y los hace propensos a probar el cigarrillo.
Se identificó que los estímulos externos, como la publicidad relacionada con el tabaco, provocan ansiedad y reactividad neuronal principalmente en fumadores moderadamente dependientes, y que la actividad neuronal en los fumadores con alta dependencia es probablemente desencadenada por estímulos internos, como el síndrome de abstinencia, pero no obstante, la publicidad parece afectar igualmente a los fumadores y no fumadores, incrementado el peligro especialmente para los no fumadores.
Que se ha concluido que las comunicaciones de los medios juegan un papel importante en la formación de conocimiento, opiniones, actitudes y conductas relacionadas con el tabaco; la publicidad del tabaco ha estado dominada por tres temas, a saber: la provisión de satisfacción (frescura, sabor y suavidad), el apaciguamiento de las inquietudes acerca de los peligros de fumar, y el establecimiento de relaciones entre el hábito de fumar y algunas condiciones deseables (independencia, éxito social y atracción sexual); apuntan a diversos grupos de población hombres, mujeres, jóvenes, adultos, clase trabajadora, estudiantes etc., para incentivar el consumo; existe una relación causal entre la publicidad y promoción del cigarrillo y su mayor consumo.
Que entonces los fundamentos para implementar una prohibición integral de la publicidad y la promoción del tabaco incluyen: las consecuencias de su consumo para la salud; la naturaleza engañosa de varias campañas de promoción; la inevitable exposición de los jóvenes a estas campañas; el rol de la publicidad en el incremento del consumo en la población, especialmente entre los jóvenes, las mujeres y las minorías étnicas; la incapacidad de la industria tabacalera para autoregular eficazmente sus prácticas de marketing y la ineficacia de las prohibiciones parciales.
Aseveró la entidad que la intervención más efectiva para lograr una disminución en el consumo de tabaco es el aumento de los impuestos, seguida por la restricción de la publicidad, sobre todo en el empaque, es decir, en la presentación del producto, incluyendo características como descriptores, color y logo; diseño funcional como tamaño, forma y mecanismo de apertura de la cajetilla; que para la industria el paquete atrae la atención, describe el producto y ayuda en la selección de la marca, por lo que es clave para la promoción del tabaco y debe estar sujeto a control.
Explicó, soportado en estudios, que entre las restricciones que se pueden lograr en la cajetilla se encuentran: textos e imágenes de advertencia que ocupen por lo menos el 50% de la cajetilla; que los textos de marca sean uniformes entre las empresas tabacaleras; que el color de la cajetilla sea uniforme, que el nombre de la marca tenga una restricción por tamaño, y que se evite utilizar nombres como “light”, que engañan al consumidor haciéndolo pensar que el efecto tóxico es menor.
Que Colombia no es ajena al consumo de tabaco y exposición al humo, por tal razón, el Ministerio amparado en la evidencia científica, debe recoger la normatividad que sobre el control del tabaco se encuentra presente en el ordenamiento jurídico colombiano y de esta forma demostrar que la actuación relativa a la solicitud de retiro de frases promocionales del etiquetado de las referencias en controversia, es ajustado a derecho y prueba del cumplimiento de los compromisos internacionales, en concordancia con la Ley 1109 de 2006, la Ley 1335 de 2009 y demás normas concordantes.
Resaltó que en desarrollo de principios constitucionales, se establece una protección reforzada a ciertos sectores de la población como los niños y los adolescentes, y por lo tanto, las medidas tendientes a desincentivar el consumo de tabaco van dirigidas especialmente a este grupo, por ser el más propenso estadísticamente al consumo de tabaco.
Que, además, en un Estado Social de Derecho el concepto de salud pública tiene un carácter esencial porque se busca prevenir la enfermedad, prolongar la vida, promocionar y mantener la salud mental, física y social y la rehabilitación ocupacional a través de esfuerzos organizados de la sociedad en los distintos niveles para el saneamiento del medio ambiente, control de las enfermedades transmisibles, educación en higiene personal, organización de los servicios médicos y de enfermería y el desarrollo de la maquinaria social para asegurar a cada uno de los ciudadanos un estándar de vida adecuado para el mantenimiento de la salud.
Explicó que la facultad de intervención es amplia, porque si bien existe la libre actividad económica y la iniciativa privada, el Estado puede racionalizarla en los servicios públicos y privados con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, como lo ha señalado la Corte Constitucional; que la Constitución Política no solo permite sino que ordena la intervención, la cual se ubica en un contexto de tensión entre dos criterios valorativos, el libre mercado y la libertad de empresa, de una parte, y el derecho a la vida, la integridad física y la salud, de la otra; que la intensidad de la intervención se refuerza con la serie de compromisos internacionales asumidos por el Estado Colombiano en materia de protección de la salud.
Que de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones, la labor de dirección en el sector salud se expresa de muchas maneras; es así como enuncia los principios básicos del sistema, como son los de equidad, obligatoriedad, prevención y calidad.
Adujo que dentro del contexto anterior, en donde la labor de los Estados no puede ser pasiva, en cuanto impacta la política en salud, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado medidas para hacer frente a la epidemia de tabaquismo y desarrollar los compromisos adquiridos en el Convenio Marco, que se conoce como el Plan de medidas IMPOWER, que cumplidos conjuntamente, evitarán que las personas jóvenes se inicien en el hábito de fumar; ayudará a los actuales fumadores a abandonarlo, protegerá a los no fumadores de la exposición del humo ajeno y liberará a los países y a toda la población del daño que causa el tabaco, más aún en la población pobre.
Dichas medidas incluyen: vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención; proteger a la población de la exposición al humo del tabaco, como sería disponer de lugares sin humo de tabaco; ofrecer ayuda para dejar de consumir tabaco; advertir de los peligros del tabaco, especialmente en los paquetes, de forma gráfica y además prohibir expresiones que indiquen que un determinado producto de tabaco es menos perjudicial que otro; hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio; elevar los impuestos al tabaco.
Para el caso concreto, explicó que de conformidad con lo expuesto, la entidad sí tiene competencia para la evaluación integral del empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco y sus derivados.
Adujo que la Ley 1335 de 2009, que constituye un desarrollo del Convenio Marco, destaca los mecanismos para el control del tabaco y sus derivados, en cuanto a su consumo, venta, publicidad, promoción y patrocinio, programas de salud y educación y sanciones, por lo que los actos administrativos acusados no desconocen el principio de legalidad y fueron proferidos conforme a la facultad prevista en dicha Ley, en la Resolución núm. 3961 de 2009 y en la normatividad vigente sobre el control del tabaco reconocida por Colombia a través de la Ley 1109 de 2006, de modo que el Ministerio de Salud y Protección Social es la autoridad que define las políticas en materia de regulación de consumo de tabaco, en concordancia con las funciones dirigidas a la protección integral del derecho a la salud de la población.
Que el artículo 13 de la Ley 1335 de 2009, sobre el empaquetado y etiquetado del tabaco o sus derivados dispuso que el Ministerio dentro de los tres meses siguientes a su entrada en vigor, procedería a reglamentarlo, por lo cual expidió la Resolución núm. 3961 de 2009, en la que si bien se regula el tema de las advertencias, también se regula el tema de las prohibiciones, por lo cual cuando realiza la revisión previa del producto que se va a comercializar, debe verificar los elementos previos; explicó que, por ejemplo, no es coherente que en la cajetilla coexista una persona al borde de la muerte o aquejada de alguno de los males que produce el consumo de tabaco, con la expresión “disfrute”, de la misma manera que no puede competir con frases o expresiones que, por el contrario, incentivan el consumo.
Insiste en que no puede perderse de vista que las cajetillas de los cigarrillos constituyen un instrumento fundamental para su promoción, especialmente en países donde existen fuertes restricciones publicitarias por televisión, radio y medios escritos, por lo que la tarea de la entidad consiste en determinar en cada caso los efectos que produce en los consumidores.
Consideró que lo anterior está estrechamente asociado con el derecho a saber y estar informado, lo que encuentra sustento en la protección al consumidor establecida en la Ley 1480 de 2011, de manera que si se pretende que el lenguaje de la advertencia sea efectivo, debe ser confrontado con el entorno mismo de la cajetilla, de lo contrario puede generar ambigüedad.
Precisó que se debe diferenciar entre el control previo que se realiza en la entidad y el control posterior que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio.
Aclaró que si bien la Resolución núm. 3961 de 2009 alude a la entonces Dirección General de Salud Pública, prevista en el artículo 19 del Decreto-Ley 205 de 2003, la Dirección de Promoción y Prevención asumió sus atribuciones en lo que tiene que ver con la prevención, control y comunicación de los riesgos de enfermedades no trasmisibles y salud ambiental, entre otros aspectos, tal y como se infiere del artículo 16 ibídem.
Finalmente aseveró que lo que debe incluir la cajetilla tiene que ver no solo con la advertencia en sí sino con la correspondencia de los textos que se incorporen y que en todo caso la revisión técnica que realiza comprende todos los aspectos que integran el empaque y la etiqueta, y es tan rigurosa que el legislador exigió la verificación de aspectos como el tipo de letra, la ubicación, el porcentaje, lo que refleja el carácter altamente reglado.
Respecto a la censura y expropiación invocada por la actora, señaló que el control previo que realiza la entidad respecto de las simulaciones de etiquetado y empaquetado le permite solicitar el retiro de cualquier elemento publicitario y/o promocional presente, incluyendo lemas y marcas en cuanto no se afecte el derecho de propiedad sobre ellas sino su uso, ante la protección de derechos superiores como la vida y la salud.
Argumentó que la Corte Constitucional en la sentencia C-830 de 2010, señaló que la publicidad comercial de productos de tabaco, puede ser objeto de limitación por parte del Estado, porque existen razones de salud pública, sin que pueda concluirse que una regulación de esta naturaleza coarta el derecho a la información.
Que la salud es un derecho fundamental que prevalece sobre la libertad de expresión, por lo cual la figura de la expropiación no es aplicable en este caso, bajo el entendido de que en ningún momento ha adquirido el derecho de dominio sobre los lemas comerciales de la sociedad actora, pues son de su propiedad; que simplemente lo que se pretende con su retiro de los empaques de cigarrillos es la protección de los consumidores y no consumidores de un producto altamente nocivo para la salud.
Precisó que además en el ordenamiento jurídico colombiano la propiedad y la actividad empresarial tienen una función social que implica obligaciones.
Que en el caso concreto, las frases y elementos registrados como marcas mixtas y nominativas, que debieron ser retirados de las cajetillas, no constituyen calidades del producto, argumento que fue utilizado por la actora para rebatir las decisiones de la entidad en la vía gubernativa. Sobre dichas expresiones, la entidad señaló:
. Click & On. El vocablo “on” es universalmente conocido como encendido para cualquier dispositivo electrónico y no es propio ni natural de un cigarrillo y, el término “click” necesariamente alude a la acción previa para encender y tampoco tiene correspondencia con el acto de fumar; esta presentación promueve un atributo que, además de ser ajeno al acto de fumar, incentiva el uso a los menores de edad porque es más propensa a usar productos saborizados y consideran que son menos adictivos; con la activación del mecanismo se libera el sabor mentolado del cigarrillo, característica que es ajena a las propiedades intrínsecas del cigarrillo; que además se resalta una imagen con un claro contenido tecnológico dirigido a la población joven.
. Click & Roll. Son expresiones ajenas al cigarrillo y están relacionadas con el efecto de dejarse envolver en una actividad una vez es accionado u oprimido el botón que libera el mentol y está relacionado con la socialización que entraña el inicio de la adicción al tabaco, lo cual resulta atractivo a los menores y los jóvenes.
. Krystal Frost. En este caso la actora se limita a indicar que la interpretación del Ministerio es irrazonable pero no formula una posibilidad interpretativa; en realidad ni cristal ni la escarcha que se forma en algunas neveras (no frost), tienen alguna afinidad con el cigarrillo; las expresiones tienen un propósito ajeno al acto de fumar que es esencialmente cálido; la expresión destaca el frío, la frescura, lo helado.
. Frozen Nigths. Al igual que en el caso anterior, no existe relación ni referente intrínseco que permita alguna afinidad con el cigarrillo; la expresión destaca el frío, la frescura, lo helado.
. Filter Kings. Tampoco en este caso hay una propiedad del tabaco que se destaque; se ignora cómo los Reyes se asocian al tabaco, salvo que se realicen relaciones culturales o sociales u otros aspectos que son propios del tabaco.
Concluye en que si se repara en las mencionadas palabras para caracterizar el producto, difícilmente podría pensarse que describen a un cigarrillo, producto del tabaco o algo que se le asemeje; están relacionadas con frases como actividad, frialdad, transparencia, dominio o predominio, operación electrónica, atributos que pueden ser considerados como antagónicos a esta clase de mercancías, pero que son utilizadas constantemente en la estrategia publicitaria.
. Respecto de la presunta vulneración de la confianza legítima, señaló que las medidas de salud pública utilizadas para la implementación de la política de control de tabaco son progresivas y su aplicación se encuentra sustentada en la evolución de la evidencia científica mundial y de las buenas prácticas que otros países han implementado, de conformidad con el ordenamiento jurídico y los instrumentos de protección del derecho a la salud.
Explicó que el artículo 13 de la Ley 1335 de 2009, que desarrolla el tema del etiquetado y empacado de productos de tabaco, establece que la periodicidad en la rotación de las advertencias sanitarias “se hará como mínimo anualmente según la reglamentación que expida el Ministerio de la Protección Social”, lo cual es reiterado por el artículo 3º de la Resolución núm. 3961 de 2009.
Que, entonces, las advertencias sanitarias contenidas en los empaques de cigarrillos deben ser rotativas anualmente, y el Ministerio procede a revisarlas y efectúa el control acerca de cada referencia, proceso que implica tanto la verificación de los requisitos formales de advertencia como la revisión de frases, elementos pictográficos, figurativos, logos y todos aquellos elementos que puedan constituir publicidad o promoción del tabaco y que afecten el impacto del mensaje publicitario.
Concluye que entonces la garantía de la confianza legítima en las actuaciones entre los particulares y la Administración, no impone a ésta la imposibilidad de adoptar cambios en la legislación o en las estrategias de implementación de políticas públicas que resulten ser una mejor adecuación del texto constitucional, luego las disposiciones acusadas no resultan sorpresivas ni excesivas respecto de los derechos de la parte actora, en tanto existe una legislación que permite la adecuación de los productos derivados del tabaco a las nuevas circunstancias de hecho y de derecho relacionadas con la salud pública a nivel mundial.
. En relación con el cargo relacionado con el derecho a la igualdad, incluido en la reforma de la demanda, advirtió que la actora no expuso ninguna razón que le sirviera de sustento; trajo a colación que mediante oficio de 4 de febrero de 2013, solicitó el retiro de las expresiones “ice press” y “presiona el filtro y activa la cápsula ice ball” presentes en la referencia Marlboro Ice Xpress”, que transforman la calidad del producto a uno más mentolado.
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