Informe de comentarios a la Ley producido en 2007 por el Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento Jurídico y del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección de Derechos de Grupos Vulnerables (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)




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ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO ASISTENCIAL



ARTÍCULO 12°: En tanto se define el campo de la salud mental como interdisciplinario, las diferentes profesiones que componen el equipo profesional tendrán los mismos deberes, obligaciones y derechos en cuanto a la organización de la tarea y del sistema de atención; y deberes y obligaciones diferenciadas de acuerdo a su formación disciplinar. Los diferentes profesionales universitarios que integran los equipos están en igual condición para ocupar los cargos gerenciales y de conducción de los equipos y/o de las instituciones.

CAPÍTULO VI

INTERNACIONES




Comentario: Sería recomendable que la ley incluyera una clasificación de las internaciones en:

- Voluntaria: toda aquella internación en la cual el paciente consiente la indicación profesional o la solicita por sus propios medios o a través de su representante legal.

- Involuntaria: toda aquella internación que procede cuando a criterio del equipo profesional interdisciplinario mediare situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros.

ARTÍCULO 13°: La internación debe concebirse como último recurso terapéutico en caso que no sean posibles los abordajes ambulatorios. La misma se llevará a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario y/o social.


La internación es un instrumento técnico importante en el tratamiento y no puede ser aplicada en forma aislada sino que debe articularse con otras medidas y acciones comprendidas en el proceso terapéutico. Estas deberán apuntar a la creación y funcionamiento de dispositivos para el abordaje previo y posterior a la internación, favoreciendo el mantenimiento de vínculos, contactos y comunicación de las personas internadas con sus familiares, allegados y con el entorno laboral y social, garantizando la atención integral.

ARTÍCULO 14°: La duración de un proceso de internación debe ser lo más breve posible y estará en función de criterios terapéuticos, que serán interdisciplinarios.


En ningún caso la internación será indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado deberá proveer las soluciones adecuadas a través de los organismos públicos competentes, incluyendo planes de vivienda, planes sociales y/o laborales, casas de medio camino y otras medidas que apunten a la restitución o promoción de los lazos sociales.
Comentario: Consideramos importante establecer un plazo perentorio de duración de la internación, la que cesará una vez cumplido dicho plazo, o extinguida la situación que le dio origen.
ARTÍCULO 15°: Toda disposición de internación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Evaluación y diagnóstico interdisciplinario.

  2. Datos acerca de la identidad y el entorno familiar.

  3. Motivos que justifican la internación

  4. Autorización de la persona o del representante legal cuando corresponda.


Comentario: Debería agregarse como 5º requisito, la determinación del plazo de duración de la internación.

Asimismo, en el inciso 1 debería preverse que la evaluación y el diagnóstico, además de interdisciplinario, sea integral.
ARTÍCULO 16°: En los casos en que la persona no estuviese acompañada por familiares, la Institución que realiza la internación en colaboración con los organismos públicos que corresponda procurará realizar los contactos con los familiares o lazos afectivos que la misma tuviese o indicase.

La Institución deberá brindar colaboración a todos los requerimientos de información que realice el Órgano Consultivo de Derechos Humanos y Salud Mental que se crea en el artículo 29 de la presente Ley y todo aquello que ayude al cumplimiento de las funciones establecidas en el art. 31.
ARTÍCULO 17°: La internación involuntaria o forzada de una persona sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo profesional mediare situación de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros. La certificación de internación deberá por lo menos contar con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas.

Para que proceda la internación involuntaria además de los requisitos comunes a toda internación, debe hacerse constar:

  1. Dictamen profesional que determine la situación de riesgo inminente a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas, que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona.

  2. Ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento

  3. Informe acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera, constando detalles acerca de la duración y alcance de las mismas


Comentario: Debería incorporarse al inciso 2 que la ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento deba ser comprobada mediante diagnóstico integral.

Con relación al inciso 3 sería necesario agregar los motivos por los que fracasaron las instancias previas implementadas.
ARTÍCULO 18°: La internación involuntaria deberá comunicarse obligatoriamente, en un plazo de 48 horas hábiles, al Juez competente. El mismo podrá:

  1. autorizar, si evalúa que están dadas las causales previstas por esta ley,

  2. requerir informes extras de los profesionales tratantes o indicar peritajes externos, siempre que no perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación involuntaria.

  3. denegar, en caso de evaluar que no existen los supuestos necesarios para la medida de internación involuntaria, en cuyo caso procederá el alta de forma inmediata.

En caso de no expedirse se considerará autorizado, hasta tanto el Juez no determine lo contrario.
Comentario: Es importante destacar que el juez nunca puede autorizar una internación basada en supuestos de peligrosidad de manera abstracta, sino que corresponde indagar acerca de la situación real del presunto enfermo, sus relaciones personales, su red social, y sólo luego examinar, en concreto, la eventualidad de que pueda cometer en lo inmediato actos dañosos de importancia.
ARTÍCULO 19°: La persona internada involuntariamente tendrá derecho a designar un abogado de su confianza. Si no lo hiciera el Estado deberá proporcionarle uno.
ARTÍCULO 20°: No corresponde intervención del Juez al momento del alta, externación o permisos de salida, que resultan una facultad exclusiva del equipo profesional tratante. Sólo deberá informarse de estas novedades y el Juez no podrá impedirlas en ningún caso. Tampoco puede el Juez ordenar por sí mismo una internación involuntaria.
Comentario: Es importante que la ley establezca la obligatoriedad de la notificación de toda externación al Órgano de Revisión creado por la ley.
ARTÍCULO 21°: Habiendo autorizado la internación involuntaria, el Juez deberá solicitar informes con una periodicidad no mayor a sesenta (60) días corridos a fin de re-evaluar si persisten las razones para la continuidad de dicha medida, y podrá en cualquier momento disponer su inmediata externación.
Comentario: En este punto, sería importante que la ley regule de manera expresa el supuesto de prórroga de la internación.

En caso de considerarse necesaria la prolongación de la internación la misma deberá ser solicitada y fundamentada por el equipo interdisciplinario. El plazo de dicha prolongación también será de carácter perentorio y procederá por el más breve lapso posible y de manera excepcional.

La prórroga debe ser notificada al juez y al resto de las partes del proceso, como también al órgano de revisión. Ante la notificación de la solicitud de prórroga por parte del equipo técnico, el juez debería dar intervención de manera obligatoria al Cuerpo Médico Forense. Una vez recibidos todos los informes técnicos, el juez tendrá las mismas facultades que al momento de resolver sobre la internación involuntaria, es decir, autorizar, solicitar informes extras o denegar la solicitud de prórroga efectuada.

Por último, cumplido el plazo de la prolongación de la internación o extinguida la situación de crisis que le dio origen cesará de manera automática la medida.
ARTÍCULO 22°: Transcurridos los primeros sesenta (60) días en el caso de internaciones involuntarias o noventa (90) días en el caso de internaciones consentidas, el Juez o la institución respectivamente, darán parte al Órgano Consultivo que se crea en el artículo 29 de la presente ley.
ARTICULO 23°: En caso de internación de personas menores de edad o declaradas incapaces, se procederá del mismo modo que en el caso de internaciones involuntarias.
Comentario: Sería recomendable incluir en la ley un capítulo especializado para Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido, para el caso que se requiera la internación de un niño, niña o adolescente, se deberían aplicar las disposiciones generales de la ley de salud mental que se sancione siempre que ésta no contradiga las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de Jerarquía Constitucional y de la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La citada Convención establece que los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad. Asimismo reconoce el derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y establece en cabeza de los estados la obligación de asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible.

En igual sentido establece que los Estados deben reconocer el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por la autoridad competente para los fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido de todas las demás circunstancias propias de su internación. Cabe señalar que la internación de niños, niñas y adolescentes debe llevarse a cabo siempre en un establecimiento especializado, separado del de los adultos, y cuyo personal sea especialmente capacitado en materia de niñez y adolescencia.

Por su parte la ley 26.061, siguiendo los estándares fijados por la Convención, establece que en materia del derecho a la educación que los niños, niñas, y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y reconocidos por esa ley y crea el deber de los Organismos del Estado, la familia y la sociedad de asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una vida plena y digna.

Finalmente en este punto, es importante tener en cuenta lo establecido por la observación Nro 4 del Comité de Derechos del Niño, que entre sus consideraciones destaca las siguientes:

(…) deben tenerse en cuenta los derechos especiales de los adolescentes impedidos y facilitar asistencia para que los niños/adolescentes impedidos tengan acceso efectivo a una enseñanza de buena calidad. Los Estados deben reconocer el principio de igualdad de oportunidades en materia de enseñanza primaria, secundaria y terciaria para los niños/adolescentes impedidos, siempre que sea posible en escuelas normales.” (punto 19)

(…) Los adolescentes con perturbaciones mentales tienen derecho a tratamiento y atención, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que viven. Cuando sea necesaria la hospitalización o el internamiento en un establecimiento psiquiátrico, la decisión debe ser adoptada de conformidad con el principio del interés superior del niño. En caso de ingreso en un hospital o asilo, debe concederse al paciente el máximo posible de oportunidades para disfrutar de todos sus derechos que le son reconocidos en la Convención, entre ellos los derechos a la educación y a tener acceso a actividades recreativas (…)” (punto 29)

(…) Garantizar el acceso de los adolescentes a la información que sea esencial para su salud y desarrollo y la posibilidad de que participen en las decisiones que afectan a su salud (en especial mediante un consentimiento fundamentado y el derecho a la confidencialidad), la adquisición de experiencia, la obtención de información adecuada y apropiada para su edad y la elección de comportamientos de salud adecuados (…) Garantizar que todos los adolescentes puedan disponer de instalaciones, bienes y servicios sanitarios con inclusión de servicios sustantivos y de asesoramiento en materia de salud mental, sexual y reproductiva de cualidad apropiada y adaptados a los problemas de los adolescentes (…)” (punto 39)

Por último, es importante destacar que conforme al artículo 27 de la ley 26.061, el abogado que represente al niño en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, debe estar preferentemente especializado en niñez y adolescencia.

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