Informe de comentarios a la Ley producido en 2007 por el Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento Jurídico y del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección de Derechos de Grupos Vulnerables (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)




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ARTÍCULO 31°: Son funciones del Órgano Consultivo:


  1. Supervisar de oficio o por denuncia de particulares las condiciones de internación por razones de salud mental, en el ámbito público y privado.

  2. Realizar recomendaciones a la autoridad de aplicación

  3. Realizar propuestas de modificación a la legislación en salud mental tendientes a garantizar los derechos humanos

  4. Requerir información a las instituciones públicas y privadas que permita evaluar las condiciones en que se realizan los tratamientos

  5. Requerir la intervención judicial ante situaciones irregulares

  6. Informar a la Dirección Nacional de Salud Mental periódicamente sobre las evaluaciones realizadas y proponer las modificaciones pertinentes.

  7. Controlar que las derivaciones que se realizan fuera del ámbito comunitario cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 26 de la presente ley.

  8. Controlar el cumplimiento de la presente ley, en particular en lo atinente al resguardo de los derechos humanos de las personas que tengan padecimientos psíquicos o se encuentren bajo tratamiento de su salud mental.


Comentario: Entre las funciones del Órgano de Revisión deberían incorporarse las siguientes:

  1. Llevar un Registro con toda la información sobre los pacientes internados en cada institución.

  2. Formular denuncias penales o querella cuando tenga conocimiento de una acción u omisión que pueda presumirse constitutiva de un delito de acción pública.

  3. Poner en conocimiento de lo actuado a los jueces competentes y expresar su opinión como “amigo del tribunal” (amicus curiae).

Por otra parte, el inciso e) debería establecer que la información sobre las condiciones de los tratamientos pueda también ser requerida a la autoridad judicial interviniente.

CAPÍTULO X

CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON LAS PROVINCIAS



ARTÍCULO 32°: El Estado Nacional realizará convenios con las jurisdicciones para garantizar el desarrollo de acciones conjuntas tendientes a garantizar los principios expuestos en esta norma. Dichos convenios incluirán:

  1. Cooperación económica y financiera de la Nación.

  2. Cooperación para la realización de programas de capacitación permanente con participación de las universidades

  3. Creación en cada una de las jurisdicciones de órganos consultivos similares a los que se crean por la presente ley, los que actuarán en coordinación con el órgano nacional.


CAPÍTULO XI

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Comentario: En este punto cabe señalar la necesaria reforma de algunas normas del Código Civil que conforman el régimen de capacidad allí establecido a fin de readecuar conceptos e institutos de la legislación vigente.

En este sentido, sería recomendable la modificación del Libro I Sección I Título X incorporando la obligación de que el juez al momento de resolver sobre la declaración de incapacidad, formule, en base al diagnóstico integral del equipo de salud, una gradación de la misma, estableciendo específicamente las capacidades preservadas de la persona, y aquellos actos que en consecuencia puede realizar por sí misma.

Para este fin podría utilizarse la figura de la inhabilitación establecida en el artículo 152 bis del Código Civil, con las modificaciones y alcances correspondientes.

Por último, y teniendo en cuenta que la disminución de las capacidades puede ser de carácter transitorio, la ley debería establecer un plazo periódico de revisión judicial de oficio sobre el grado de incapacidad oportunamente declarado.

ARTÍCULO 33°: Modifícase el Título X, Libro Primero, Sección Primera del Código Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:



“TÍTULO X

DE LAS PERSONAS INCAPACITADAS E INHABILITADAS
Art. 140- Ninguna persona será inhabilitada sin que previamente haya una declaración por Juez competente, en base a evaluación interdisciplinaria de profesionales universitarios en el área de salud mental, que justifique la conveniencia de tal medida.
Comentario: Como fuera expresado en los párrafos precedentes, la utilización de la figura de la inhabilitación al momento de resolver sobre las limitaciones a la capacidad de una persona, se presenta como la alternativa adecuada para garantizar los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales. Es por esto que entendemos apropiada la incorporación a este artículo de dicha figura, así como también la exigencia de la evaluación interdisciplinaria.

Sin embargo, en virtud de la técnica legislativa (el artículo 140 utiliza la figura de la inhabilitación y el resto del título habla de incapacidad, hasta el artículo 152 bis), no queda claro si la referencia a la inhabilitación se realiza distinguiéndola de la incapacidad, o si se están utilizando de manera indistinta.
Art. 141- Se declaran personas con incapacidad por razones de salud mental solamente a aquellos que tengan graves limitaciones para dirigir su persona o administrar sus bienes en grado tal que ponga en riesgo su patrimonio, su salud o su vida de forma clara.
Comentario: Esta propuesta también la consideramos respetuosa del enfoque de derechos que debería promover el proyecto. No obstante, se propone una leve modificación a la redacción del artículo para evitar confusiones en su interpretación. “Se declaran personas con incapacidad por razones de salud mental solamente a aquellos que en virtud de un padecimiento psíquico tengan graves limitaciones para dirigir su persona o administrar sus bienes en grado tal que ponga en riesgo su patrimonio, su salud o su vida de forma clara”.
Art. 142- La declaración judicial de incapacidad no podrá hacerse sino a solicitud de parte y después de una evaluación interdisciplinaria de salud mental.
Comentario: Reiteramos el comentario del artículo anterior, y la conveniencia de la incorporación del enfoque interdisciplinario a la materia.
Art. 143- En la evaluación interdisciplinaria deberá constar no sólo el diagnóstico sino también la situación social de la persona y una descripción detallada de cuáles son las limitaciones precisas que le impone la enfermedad o trastorno, así como también una descripción de las capacidades que posee. Deberá contener además el tiempo estimativo de rehabilitación total o parcial.
Comentario: La modificación propuesta de esta norma es de suma importancia, y refleja lo manifestado en el comentario inicial de este capítulo. En este sentido, la reforma del Código Civil debería apuntar a la modificación de la declaración de incapacidad, la que debería realizarse en base a un diagnóstico integral del equipo de salud, y graduarse, estableciendo específicamente las capacidades preservadas de la persona, y aquellos actos que en consecuencia puede realizar por sí misma.
Art. 144- Los que pueden pedir la declaración de incapacidad son:

  1. El esposo o esposa no separados personalmente ni divorciados vincularmente, o convivientes;

  2. Los parientes de la persona;

  3. El Ministerio de Menores;

  4. El respectivo cónsul si la persona fuese extranjera.


Comentario: Resulta adecuada la propuesta de derogación del inciso 5 de este artículo, el que permitía que cualquier persona del pueblo, cuando el demente sea furioso, o incomode a sus vecinos, pueda solicitar la declaración de incapacidad.
Art. 145- No podrá declararse incapacidad a personas menores de catorce años
Art. 146- No podrá declararse la incapacidad de una persona cuando una solicitud igual se hubiese declarado ya improbada, aunque sea otro el que la solicitase, salvo que expusiese circunstancias sobrevinientes a la declaración judicial
Art. 147- Interpuesta la solicitud de declaración de incapacidad, debe nombrarse para el demandado un curador provisional que lo represente y defienda en el pleito, hasta que se pronuncie la sentencia definitiva. En el juicio es parte esencial el Ministerio de Menores. El demandado tiene derecho a designar un abogado de confianza o que se le designe uno de oficio desde el inicio del proceso y hasta que finalice la declaración de incapacidad o inhabilitación, si esta se determinase.
Comentario: La designación de un abogado que represente y defienda los intereses del paciente es fundamental e indispensable en todo proceso judicial en el que se debata la capacidad de la persona.
Art. 148- Cuando la situación de incapacidad aparezca notoria e indudable el Juez mandará inmediatamente recaudar los bienes de la persona denunciada y entregarlos bajo inventario a un curador provisorio, para que los administre.

Art. 149- Si el denunciado fuere persona menor de edad, su padre o su madre o su tutor ejercerán las funciones del curador provisorio.
Art. 150- La cesación de la incapacidad por el parcial o completo restablecimiento, sólo tendrá lugar después de un nuevo examen interdisciplinario hecho por profesionales, y después de la declaración judicial, con audiencia del ministerio de Menores.
Art. 151- La sentencia sobre incapacidad y su cesación, sólo hacen cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos declarados en éste código: más no en juicio criminal, para excluir una imputación de delitos o dar lugar a condenaciones.
Art. 152- Tampoco constituye cosa juzgada en el juicio civil, para los efectos de que se trata en los artículos precedentes, cualquier sentencia en un juicio criminal que no hubiese hecho lugar a la acusación por motivo de la incapacidad del acusado, o que lo hubiese condenado como si no estuviese incapacitado.
Art. 152 bis- Podrá inhabilitarse judicialmente:

  1. A quienes por trastornos de salud mental, alcoholismo o adicciones estén expuestos claramente a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su persona o patrimonio.

  2. Los disminuidos en sus facultades, cuando sin llegar al supuesto previsto en el artículo 141 de este Código, el juez estime que del ejercicio de su plena capacidad pueda resultar un daño inminente a su persona o patrimonio.

  3. A quienes por la prodigalidad en los actos de administración y disposición de sus bienes expusiesen a su familia a la pérdida del patrimonio. Sólo procederá en este caso la inhabilitación si la persona imputada tuviere cónyuge, ascendientes o descendientes y hubiese dilapidado una parte importante de su patrimonio. La acción para obtener esta inhabilitación sólo corresponderá al cónyuge, ascendientes y descendientes.

Se nombrará un curador al inhabilitado y se aplicará en lo pertinente las normas relativas a la declaración de incapacidad.

Las personas inhabilitadas podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo para los que esté expresamente limitado por la sentencia de inhabilitación, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
Art. 152 ter- La declaración judicial de incapacidad o inhabilitación deberá determinar claramente en base a la evaluación interdisciplinaria:

  1. Cuáles son las funciones que quedan limitadas por la declaración

  2. Las facultades específicas del curador que se derivan de lo establecido en el inciso anterior.

  3. Cuál es el tiempo por el cual se declara la inhabilitación, tomando en cuenta el plazo estimativo de rehabilitación. La declaración no podrá exceder un plazo de cinco (5) años. Transcurrido el plazo determinado se deberá realizar una nueva evaluación interdisciplinaria a partir de la cual se podrá renovar, cancelar o modificar la declaración de inhabilitación.


Comentario: La incorporación de este artículo representa la posibilidad de que el juez, al momento de resolver, deba establecer las capacidades limitadas de la persona, evitando las declaraciones de incapacidad absolutas, restrictivas de derechos humanos fundamentales.


ARTÍCULO 34°: Modifícase el artículo 473 del Código Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:


“Art. 473- Los actos anteriores a la declaración de incapacidad podrán ser anulados, si la causa de la interdicción declarada por el Juez existía públicamente en la época en que los actos fueron ejecutados.

Si el trastorno que genera la incapacidad no era notorio, la nulidad no puede hacerse valer, haya habido o no sentencia de incapacidad contra los contratantes de buena fe y a título oneroso”

ARTÍCULO 35°: Modifícase el artículo 479 del Código Civil el que quedará redactado de la siguiente forma:


“Art. 479 - En todos los casos en que el padre o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad, podrá también nombrar curadores por testamento a los mayores de edad o con declaración de inhabilitación o incapacidad”

ARTÍCULO 36°: Derógase el artículo 469 del Código Civil.




ARTÍCULO 37°: Derógase el artículo 475 del Código Civil.




ARTÍCULO 38°: Derógase el Art. 482 del Código Civil



Modificaciones al Código Penal:
El artículo 34 del Código Penal establece en el inciso 1 que:

No son punibles:

1º. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso.
Como primer punto, cabe señalar que las medidas de seguridad impuestas por el juez penal, una vez declarado el sobreseimiento o la absolución de la persona imputada, resultan inconstitucionales. Es decir que la aplicación de estas medidas basadas en las características personales responde al criterio del derecho penal de autor, contrario a los principios constitucionales de inocencia y de legalidad.

Por lo expuesto, consideramos que en el supuesto mencionado en el párrafo anterior (esto es, una vez declarado el sobreseimiento o la absolución), debería preverse en la legislación penal, que el juez interviniente al considerar que el imputado sufre algún padecimiento mental, solicite la intervención de la justicia civil.

Asimismo, es importante señalar que al regular las medidas de seguridad durante el proceso, los Códigos Procesales Provinciales, respeten las garantías antes mencionadas.

ARTÍCULO 39°: Abrógase la Ley 22914.



ARTÍCULO 40°: Las leyes de salud mental de las diferentes jurisdicciones seguirán en vigencia en la medida en que no contradigan los derechos y garantías establecidos en la presente ley. Las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adaptar sus legislaciones, incluida la procesal, a las disposiciones que aquí se establecen.

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