Informe de comentarios a la Ley producido en 2007 por el Equipo Interdisciplinario de Asesoramiento Jurídico y del Programa de Salud Mental y Derechos Humanos de la Dirección de Derechos de Grupos Vulnerables (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación)




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ARTÍCULO 41: El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará la presente Ley dentro de los noventa días de su sanción.



ARTÍCULO 42: De forma.
Conclusiones finales
Como primer punto cabe señalar que el proyecto presenta un claro enfoque de derechos humanos en materia de salud mental, conformando un modelo legislativo respetuoso de los estándares previstos en la normativa internacional en términos de protección integral del derecho a la salud de las personas con padecimientos mentales.
En este sentido, la ley promueve prácticas que tienden a la desinstitucionalización de los pacientes al establecer la prohibición de la creación de nuevas instituciones manicomiales y la consideración de la internación como una medida de último recurso, limitada en el tiempo y autorizada una vez agotadas previamente instancias de tratamiento ambulatorio.
Otro de los aspectos a resaltar es el abordaje interdisciplinario que el proyecto establece para el tratamiento de la salud mental, basado en la asistencia integral de cada paciente. Este enfoque que promueve la interacción de las distintas disciplinas al momento de llevar adelante un diagnóstico o tratamiento eficaz tiende a garantizar la protección integral de todos los derechos humanos de las personas con padecimiento mental.
Por otra parte, resulta muy interesante la creación de un Órgano Consultivo, que entendemos debería denominarse Órgano de Revisión, el que posee facultades de contralor y de consultor sobre los diversos aspectos de la temática de la salud mental.
Por último, es de suma relevancia el análisis del instituto de la capacidad y las reformas que el proyecto propone. Sin embargo, entendemos que podría profundizarse la reforma del Código Civil e incorporar al texto la reforma de un artículo del Código Penal, tal como fuera expresado en los comentarios correspondientes.

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Nuestro país tiene una larga historia de transformacio­nes en el ámbito de la atención a la problemática de la “salud–enfermedad mental”, con experiencias alternativas al manicomio que estuvieron acompañadas por “movimientos revindicadores” de los derechos de los enfermos mentales internados

La creación de servicios de psicopatología en hospitales generales fue, en el segundo período de los años 70, un avance técnico–político para el área de la salud mental y significó una aceptación de la insuficiencia del modelo asilar tal como se la desarrollaba en los hospitales monovalentes. Una experiencia relevante en este sentido fue la que se desarrolló en el “Hospital Evita” de Lanús, con la Dirección de Mauricio Goldemberg. Las transformacio­nes allí realizadas y las concepciones innovadoras en lo relativo al tratamiento del problema de la salud mental, permitieron la constitución de un marco teórico–técnico y político–sanitario que trascendió el ámbito médico para incorporar y legiti­mar, por primera vez, la presencia de otras disciplinas, y por lo tanto de otros encuadres terapéuticos.

Ya a medidos de los años 70 el “Instituto Nacional de Salud Mental” propone la redefinición de las políticas a partir de las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud. Entre sus lineamientos generales se menciona “la incorporación de aspectos sociales en la planificación de las políticas del área”.

A partir de la apertura democrática que viviera nuestro país desde 1983, la salud mental fue caracteri­zada como una de las priorida­des del sector salud. Sobre la base de un informe OPS/OMS se pudo llegar a la conclusión de que dicha prioridad se debió al deterioro del área con un marcado menoscabo de las instituciones monovalentes, un elevado costo del cuidado de la salud mental y, por lo tanto, una alta carga financiera para el subsector público.

En este período se puso en marcha rápida­mente un proyecto de organización nacional del área. Así fue como se crearon los denominados “programas participati­vos nacionales”, que instalaron la cuestión de la desinstitucionalización. La propuesta fue acompañada por grupos de profe­sionales que intentaban poner en el primer plano del esce­na­rio político sanitario la discusión acerca de la institu­ción manicomial. En ese momento se planteó la democra­tización de las relaciones de poder institucional, a través de la genera­ción de cambios sus­tan­ti­vos en los modelos de abordaje. Esta iniciativa posi­bilitó la creación de propues­tas alternativas en los servicios, y una fuerte tendencia a la disminución de las internaciones en los manicomios. En distintos lugares se iniciaron experiencias puntuales de modificaciones en las prác­ticas cotidianas, principalmente en salas de pacientes crónicos, intentando modelos más abiertos en el seno de la institución (asambleas, trabajos grupales, talleres, etc.) e implementando estrategias extramuros (trabajo con familias, articulación interinstitucional, etc.).

Los avances que se lograron en ese contexto fueron interesantes. En primer lugar, se consolidó un “acuerdo político–técnico” que posibilitó la creación de direcciones y/o programas de salud mental en el 90% de las jurisdicciones, además de la construcción de un “foro federal interpartidario, interdisci­plinario e intersecto­rial” y la organización de una “red de servicios asisten­ciales estata­les”. Asimismo se avanzó en la capacitación de “equipos de conducción” de las direcciones y/o programas provinciales y en la capacitación de funcionarios del área Metro­poli­tana y provincia de Buenos Aires. También se desarrollaron seminarios para los trabajadores (profesionales y no profesionales) tanto desde la Nación, como desde las provincias y/o regiones. Un hecho importante en la capacitación lo constituyó la creación de la “Residencia Nacional Interdisciplinaria en Salud Mental”, dirigida a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y enfermeros con inserción en los centros de salud y los hospitales generales.

A partir de la década del ’90 este proceso comenzó a desarticularse. La Dirección Nacional no volvió a tener relevancia en la generación de acciones políticas en el área y los programas pasaron a ser responsabilidad de cada provincia. En ese contexto en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, esta Dirección pierde jerarquía y pasa a ser Instituto de Salud Mental, para posteriormente convertirse en Unidad Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable.

A pesar de esto en las distintas jurisdicciones se continuaron desarrollo experiencias –algunas muy incipientes, otras con mayor grado de consolidación– que desarrollaron prácticas alternativas a la internación psiquiátrica, los ejemplos más acabados de este modelo son la provincia de Río Negro y la de San Luis.

También la Provincia de Tierra del Fuego ha sostenido un modelo de atención no manicomial, en base a servicios de salud mental en los Hospitales Generales con un dispositivo de internación compartido y de carácter breve. La muy escasa tasa de derivaciones que se generan desde el Hospital Regional de Ushuaia demuestra como, en un contexto de relativo buen funcionamiento de los distintos dispositivos estatales, es posible sostener un modelo sin instituciones cerradas.

Continuar, promover y afianzar estas experiencias y cambios a nivel nacional es una deuda que aún tiene el Estado Nacional en el marco de la defensa de los Derechos Humanos de las personas con padecimiento mental.

En el contexto actual en el que vivimos abordar la problemática de la salud-enfermedad atención en lo mental se constituye en un problema relevante para la salud pública y requiere una urgente resolución.

Para dar contenido a esta urgencia sólo basta mirar algunos datos de estudios recientes que estiman que el 25% de la población mundial padece uno o más trastornos mentales o de comportamiento a lo largo de su vida; que una de cuatro familias tiene al menos uno de sus miembros con padecimientos mentales (OMS, 2001); que la cargas que representa el familiar enfermo no es sólo emocional sino económica y que el impacto de la enfermedad mental es además de negativa, prolongada (UK 700 Group, 1999).

Según datos preliminares PROSAM- MSN, en la Argentina existen 54 instituciones con internamiento crónico: –1 colonia nacional; 11 colonias y 42 hospitales psiquiátricos provinciales-. La cantidad de personas internadas en instituciones públicas estatales es de alrededor de 21.000 –14.000 en colonias y 7.000 en hospitales psiquiátricos-.

Los antecedentes de legislaciones jurisdiccionales como son la ley 2440 del año 1991 de la provincia de Río Negro o la ley 448 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionada en el año 2000 constituyen modelos de avance en términos de reconocimiento del derecho de acceso a la salud y la defensa de los derechos humanos de las personas con padecimiento mental.

Sin embargo, en paralelo a los avances en cuanto a la concepción de la salud mental que hemos descripto anteriormente, se produce también por otro lado un verdadero retroceso, que consiste en el sobre-uso de psicofármacos para tratar situaciones o conflictivas que, consideramos, requerirían de otro tipo de abordajes.

Este grave problema que enfrenta el campo de la salud mental es la tendencia cada vez más marcada a la “medicalización”. Recientes informes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de Naciones Unidas demuestran un incremento en el uso de “drogas lícitas”, en particular ansiolíticos y antidepresivos, que estaría a punto de superar al de las ilícitas en el mundo. Si bien esto se explica en buena medida por la falta de control en la venta de medicamentos, también es cierto que en muchos casos tales consumos, que a veces se convierten en adictivos, comienzan a desarrollarse a partir de prescripciones médicas y constituyen el resultado exitoso de una estrategia de marketing de los laboratorios que los fabrican.

La aparición de la psicofarmacología constituyó sin duda un avance científico importante en el tratamiento de las enfermedades mentales. Pero la presión de los laboratorios que buscan colocar sus productos a como dé lugar sumado a una falta de regulación efectiva de los medicamentos en nuestro país, ha generado un aumento del consumo indebido, a veces bajo prescripción médica innecesaria, y a veces sin indicación profesional, en un contexto social donde se visualiza a cualquier estado de displacer como anormal y a los medicamentos como soluciones mágicas. Entendemos que es necesario cambiar radicalmente ese escenario que lejos de mejorar el estado de la salud mental de nuestros ciudadanos agrega un problema extra y para nada menor, como lo es la adicción a los psicofármacos. Por eso proponemos, en el articulado de este proyecto de ley, la importancia de un abordaje interdisciplinario en el campo de la salud mental y la necesidad imperiosa de que la indicación de psicofármacos se realice de manera racional, ajustada al saber científico, alejada de criterios de control y seguridad, y coordinada con intervenciones interdisciplinarias que apunten a resolver o mejorar los conflictos psicológicos en el marco de un abordaje reflexivo, respetuoso de la singularidad de las personas y de su integralidad bio-psico-social.

En este mismo sentido planteamos que el carácter interdisciplinario del campo de la salud mental se debe reflejar en equipos cuyos profesionales universitarios tengan responsabilidades diferenciadas acorde sus disciplinas, pero equivalentes en orden a la capacidad de conducir o coordinar los dispositivos e instituciones. Caso contrario, estaríamos privilegiando una profesión por sobre otra y negando en los hechos el enfoque conceptual que sostenemos en la teoría.

Un capítulo importante para establecer un nuevo régimen en base al derecho a la salud mental de las personas, es la modificación que proponemos de algunos artículos del Código Civil que tratan sobre la declaración judicial de inhabilitación e incapacidad.

Por un lado, porque contiene términos anacrónicos y discriminatorios para designar a las personas con diferentes padecimientos psicológicos. Por otro lado, porque restringe las evaluaciones profesionales al campo de la medicina, eludiendo la interdisciplinariedad indispensable para una toma de decisión adecuada en un terreno tan delicado como la restricción de la libertad y autonomía de las personas. A su vez la redacción actual desconoce la particularidad de cada caso y peca de establecer el mismo remedio para situaciones diferentes.

En este sentido proponemos un nuevo concepto que, a partir de nombrar a los sujetos como “personas” y no como “dementes”, establece la necesidad de una evaluación interdisciplinaria que oriente al Juez en una declaración de incapacidad o inhabilitación que deberá determinar para cada caso particular cuáles son las restricciones mínimas necesarias, y estas a su vez tendrán plazo máximo establecido a partir del cual se deberá revisar la decisión. Además, incluimos el derecho a un abogado que represente los intereses de la persona en juicio o declarada con incapacidad o inhabilitación.

En suma, esta modificación propuesta del Código Civil tiende a considerar a las personas que deban ser declaradas incapaces como sujetos de derecho, cuya singularidad es necesario considerar y atender, y a restringir su autonomía lo menos posible y por plazos también breves sujetos a revisión.

Por lo expuesto y con la vocación de afianzar los avances realizados en la historia de nuestro país, consolidando a la Salud Mental como un valor humano fundamental, y reconociendo que la protección de los derechos sociales y humanos de las personas con trastornos mentales es una obligación del Estado, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
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