Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci




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ARTÍCULO 2°

Ámbito de aplicación

Correlaciones: art. 78º Cód. Tejedor; arts. 44º y 45º Proy. 1881; art. 1º a 4º Proy. 1891; art. 3º a 7º Proy. Segovia; arts. 1º y 2º Proy. 1906; art. 1º Proy. 1917; art. 1º Cód. 1921; art. 1º (aplicación de la ley penal en el espacio) Proy. 1937; art. 1º Proy. 1941; art. 1º Proy. 1951; art. 1º Proy. 1953; arts. 1º y 8º Proy. 1960; art. 1º y 8º (lugar del hecho) Proy. 1973; arts. 1º (validez espacial) y 2º (lugar de comisión) Proy. 1974; art. 1º (validez espacial) y 2º (lugar de comisión) Proy. 1975; art. 1º Proy. 1987; art. 1º Proy. 1989-90; art. 2º Proy. 2006.

Los principios enunciados en este artículo corresponden al artículo 1º del texto vigente y también a casi todos los antecedentes legislativos (arts. 44 y 45 del proyecto de Villegas, Ugarriza y García; art. 1º del proyecto de 1891, igual del proyecto de 1906, postulado igualmente por todos los proyectos posteriores). El texto que se propone sólo trata de sintetizarlos y perfeccionarlos

a) (Territorialidad) Al señalar que rige el principio de territorialidad tanto cuando la conducta o el resultado se producen en el territorio o en los lugares sometidos a su jurisdicción, se evita toda precisión respecto del lugar del hecho, que en otros textos da lugar a definiciones más propias de obras doctrinarias que de un código y, al mismo tiempo, se consagra implícitamente el principio de ubicuidad, que en definitiva no es más que una previsión que procura evitar la impunidad en caso de principios excluyentes.

b) (Real o de defensa) Este principio está limitado a bienes jurídicos estatales, tanto en nuestra tradición legislativa y en los sucesivos proyectos, como en buena parte de la doctrina, siendo controvertido el alcance de la expresión efectos del texto vigente.

No obstante, la experiencia enseña que otras legislaciones se atribuyen el derecho a juzgar los delitos que afectan bienes jurídicos que se hallan en su territorio y no hay en el derecho internacional vigente normas universalmente reconocidas que nos obliguen a limitarlo.

Nada gana nuestro país en mantenerlo limitado, cuando otros no lo hacen, razón por la cual se propone concederle mayor amplitud en el texto, sin reducirlo a ciertos bienes públicos, como también dejando claro que nada tiene que ver este principio con el llamado delito a distancia.

c) (Funcional) No se innova respecto de la legislación actual, más allá que con la remisión al derecho internacional, pues la vigencia de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares precisa el alcance de este texto.

d) (Universal y otros) Con esta fórmula se incorpora el principio universal, pero se abarcan en ella todos los casos en que, según el derecho internacional, deban o puedan ser sometidos a la jurisdicción argentina, tal como lo dispone el artículo 118 de la Constitución Nacional.

En algunos proyectos anteriores se incorporan disposiciones particulares que corren el riesgo de extender la punición a casos en que el derecho internacional no obliga, lo que no nos parece adecuado.

e) (Personalidad pasiva) Históricamente el principio de personalidad o de nacionalidad, activa o pasiva no ha jugado en las disposiciones de nuestro derecho penal, argumentándose que nuestro país es de inmigración, en particular en los primeros años del siglo pasado.

Sin embargo la movilidad horizontal que se produjo como resultado de la revolución tecnológica hace que sean muchos los ciudadanos argentinos que residen o se desplazan continuamente por el mundo y no existe ninguna disposición que imponga pena a quien los lesionen cuando el estado del territorio, arbitrariamente, por imposibilidad o incluso por razones discriminatorias, no quiera o no pueda ejercer el poder punitivo, lo que impediría solicitar la extradición de los infractores al país del territorio del delito o a un tercero y, aún más, permitiría que los autores pudiesen venir al territorio nacional impunemente, sin que nuestros jueces estuviesen habilitados para ejercer jurisdicción sobre ellos.

Se entiende que lo que se propone es que la personalidad pasiva entre en juego sólo en caso de lesión a bienes personalísimos, como son la vida, la integridad física o la libertad e integridad sexuales.

Al igual que en otros países, se exige que el juzgamiento de los infractores requiera la previa anuencia del poder ejecutivo, por razones de división de poderes, toda vez que el juzgamiento en el territorio puede generar conflictos susceptibles de comprometer o dificultar las relaciones exteriores de la República.

ARTÍCULO 3°

Ley penal más benigna

Correlaciones: art. 82º Cód. Tejedor; art. 45º Proy. 1881; art. 48º Cód. 1886; art. 7º Proy. 1891; art. 1º Proy. Segovia; art. 48º Cód. 1886/1903; art. 3º Proy. 1906; art. 2º Proy. 1917; arts. 2º y 3º Cód. 1921; art. 2º (aplicación de la ley penal en el tiempo) Proy. 1937; art. 2º (aplicación temporal) Proy. 1941; arts. 8º (ley permanente) y 9º (ley excepcional o temporaria) Proy. 1951; art. 3º Proy. 1953; art. 4º Proy. 1960; art. 4º Proy. 1973; art. 3º Proy. 1975; art. arts. 2º y 3º Proy. 1987; art. 2º Proy. 1989-90; art. 3º Proy. 2006.
Concordancias: art. 9º Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 15º Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 75º inc. 22, Constitución Nacional).

1) 2) 3) El primer inciso se limita a reproducir el mismo del artículo 2º del Código Penal vigente. El 2º sigue igual criterio que el vigente, precisando que no sólo se trata de la pena sino también de cualquier efecto jurídico de la condena, como puede ser el registro o su consideración en procesos posteriores o impedimentos para acceder a beneficios. El 3º reproduce el artículo 3º del Código vigente.

El texto actual dispone que la ley penal más benigna opera de pleno derecho, expresión cuyo alcance no siempre fue claramente establecido por la jurisprudencia. Una parte de ésta entendió a lo largo de los años que esta previsión no imponía la revisión de oficio, sino que en cualquier caso requería el pedido de parte. Esto llevaría a que un penado pudiese elegir seguir cumpliendo pena en virtud de una ley derogada o incluso de una ley de amnistía que lo comprenda y cuya naturaleza última no pasa de ser la de una ley más benigna de carácter temporal. Para evitar estas consecuencias se proyecta que la aplicación de la ley más benigna en todo caso será de oficio.

ARTÍCULO 4°

Ámbito material y personal3

Correlaciones: art. 8º Proy. 1891; art. 8º Proy. Segovia; art. 2º Cód. 1903; art. 3º Proy. 1917; art. 4º Cód. 1921; art. 3º (aplicación de las disposiciones generales a los delitos previstos por otras leyes) Proy. 1937; arts. 21º a 29º (régimen de minoridad) Proy. 1937; art. 6º (leyes penales especiales), 31º a 33º (menores) Proy. 1941; art. 138º y ss. Proy. 1951; art. 5º Proy. 1953; arts. 5º y 6º Proy. 1960; art. 6º Proy. 1973; arts. 68º y ss. (régimen de menores) Proy. 1974; art. 3º Proy. 1975; art. 4º Proy. 1987; art. 4º, 65º y ss. (régimen especial de menores) Proy. 1989-90; arts. 3º y 4º Proy. 2006.
Concordancias: art. 37º, 39º y 40º de la Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75º inc. 22 de la Constitución Nacional.

1. (Disposiciones penales no codificadas) Se proponen ligeras variantes para mejorar la redacción vigente. En razón de su obviedad, se suprime la advertencia de que otras leyes pueden disponer lo contrario: el carácter infraconstitucional del Código Penal no es cuestionable y otra ley de igual jerarquía puede disponer de modo diferente.

Se precisa que no sólo se extienden a todos los delitos previstos en leyes especiales, sino también a sus respectivas penas.

No se emplea el vocablo leyes especiales sino cualquier otra ley, pues existen muchísimas disposiciones penales en leyes que no son en sentido estricto leyes penales especiales, sino disposiciones penales en leyes no penales.

Por último, la referencia a cualquier otra ley, no se limita a las leyes nacionales, pues en el concepto amplio de ley se incluyan las provinciales y en un sentido material incluso las ordenanzas municipales, en particular desde que la Constitución Nacional dejó en claro que los municipios tienen naturaleza política y no sólo administrativa.

Esto permite que las disposiciones generales constituyan una suerte de derecho penal común en todo el país, respecto de todas las disposiciones punitivas emitidas en función de poderes que no hayan sido delegadas en el Congreso Nacional, cuando éstos no dispongan otra cosa.

2. (Niños, niñas y adolescentes) Se excluye del CP a los menores de diez y ocho años, cuyo régimen debe ser regulado por una ley especial. No obstante, el texto no impone la sanción de una nueva ley en la materia ni la requiere.

En efecto: el actual régimen dispone la aplicación del Código en la medida en que la ley vigente lo refiere, o sea, a los menores entre diez y seis y diez y ocho años y después del sometimiento a un régimen especial.

Las dificultades que plantea el régimen vigente son de dos órdenes.

En principio, la arbitrariedad en cuanto a los menores que no han alcanzado los diez y seis años, tema que en algún momento deberá considerar el legislador, pero que no tiene vinculación con el texto del Código Penal. En este sentido ha trabajado el Congreso Nacional hace pocos años, aunque lamentablemente esa labor se ha interrumpido sin concretarse en una nueva ley compatible con la Constitución Nacional, pese a que la CSJN había exhortado al Poder Legislativo a compatibilizar la legislación penal juvenil con el texto máximo.

En segundo lugar, y en concreta relación al CP, la ley vigente permite que una vez concluido el tratamiento el juez decida si le impone pena y, en tal caso, si ésta se disminuye en la forma prevista para la tentativa, dejando abierta la posibilidad de imponerle la misma pena que al adulto, lo que lesiona el principio de culpabilidad, pues en la faja etaria entre diez y seis y diez y ocho años, es obvio y toda la psicología evolutiva lo señala-, que la persona carece de la madurez afectiva o emocional del adulto, o sea, que si su ámbito de autodeterminación está más limitado por razones evolutivas, el reproche de culpabilidad por fuerza no puede tener la misma intensidad que respecto del adulto.

La CSJN no ha declarado abiertamente la inconstitucionalidad de esta disposición y la imposición de penas perpetuas ha llevado al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acarreándole sanciones internacionales.

Queda a discreción de los representantes del Pueblo si, aprovechando esta reforma y sin necesidad de sancionar una nueva ley de régimen penal de menores que quedaría de todos modos pendiente, quiere consagrar en el Código Penal la prohibición expresaque impera en la República Argentina por la Convención sobre los Derechos del Niño de imponerles las mismas penas que al adulto, dejando solo la opción de aplicarla conforme a la escala de la tentativa4. La Comisión no se expide al respecto, por considerarlo materia ajena a su cometido.

3. (Personas jurídicas) En el mismo inciso 2º de este artículo se precisa que el texto es aplicable a las personas jurídicas, con las sanciones y en la forma en que éste lo establece y que se regulan en los artículos 59º, 60º, 61º y 62º.

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