Ón del Proyecto de Ley de Reforma, Actualizaci




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ARTÍCULO 13º

Delito continuado

Correlaciones: art. 79º Proy. 1891; art. 86º Cód. 1886; art. 22º Proy. Segovia; art. 86º Cód. 1886/1903; art. 75º Proy. 1937; art. 17º ([] con dos o más acciones u omisiones, ejecutivas del mismo designio delictuoso, cometiere varias violaciones de la misma ley penal, incluso de distinta gravedad, se le considerará autor de un delito único continuado, aunque hubiere diversidad de medio, modo, lugar, tiempo o persona) Proy. 1941; ; art. 17º (delito continuado) Proy. 1951; art. 81º Proy. 1960; art. 83º (concurso ideal y delito continuado) Proy. 1973; art. 46º Proy. 2006.



Sobre la base del código vigente se ha construido la teoría del delito continuado a partir de dos fuentes: la expresión continuo del artículo 63 y el análisis particularizado de cada tipo.

No obstante, alguna jurisprudencia ha puesto en duda la existencia de esta forma de unidad de conducta, negándose a aplicarla con el argumento de que se trata de una pura construcción sin base legal. Por tal razón se propone consagrarla legislativamente, con la misma consecuencia del concurso ideal.

La posibilidad de diferentes penas no se excluye en el delito continuado, pues se admite que la unidad de tipicidad puede abarcar tanto tramos con tipicidad básica como otros con tipicidad calificada.

Los requisitos de la continuidad han sido elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, que presentan características diferentes según el bien jurídico afectado (en algunos se exige la identidad de la víctima, en otros no es necesaria; en todos debe mediar una unidad de resolución, etc.). Por lo general suelen excluirse los llamados bienes personalísimos, pero tampoco se sabe cuáles son y, además, no parece adecuado excluir la figura en algunos delitos que sin embargo comprometen esos bienes, sino tal como lo propone la doctrina, someterlos a condiciones diferentes. Por supuesto que el delito continuado se interrumpe con la acusación fiscal, o sea, si el agente lo sigue cometiendo, se tratará de un nuevo delito continuado.

Al igual que en la pena del concurso real, el derecho penal debe evitar el ridículo y abstenerse de dictar sentencias condenando por cientos o miles de hechos, cuando bien puede imponer la misma pena por un único hecho, sin perjuicio de observar que la apertura de lo hechos en abanico, en la práctica procesal, suele ser un elemento muy útil a la defensa, para provocar dilaciones y discutir al infinito la prueba de cada uno de ellos.

No obstante, la jurisprudencia y la doctrina siguen especulando en torno al concepto y se advierte que deben tomarse con cuidado las consideraciones que provienen de la doctrina brasileña, porque procuran ampliar el concepto hasta límites que nunca se han considerado en nuestro país. Esta particularidad se explica, porque con el concepto de delito continuado procuran sustituir la falta de una fórmula de composición de penas para el concurso real, lo que obliga a acudir en todos los casos a la suma aritmética hasta el máximo de treinta años. De allí que hagan un esfuerzo inaudito por ampliar el delito continuado y reducir al máximo el concurso real.

Por ende, dado que de hecho existe el delito continuado, que lo elabora, discute y admite la mejor doctrina y jurisprudencia, pero que no se dispone de una solución satisfactoria que pueda llevarse con ventaja a la ley, no se cree conveniente abundar en tecnicismos en el texto legal a su respecto, haciendo notar que hasta el presente no ha habido grandes dificultades en nuestra práctica jurisprudencial, más que la jurisprudencia aislada que negó su existencia.

De momento y en el actual estado de la discusión, verificado que la única dificultad provino de la negación del hecho en virtud de un supuesto desconocimiento legal, que esta negación es lo único inadmisible, pues sometería al ridículo al magisterio penal en muchos casos, y que, pese a las divergencias, hay ciertas coincidencias básicas a su respecto, se ha considerado que lo más prudente es reconocer expresamente su existencia en la ley positiva y dejar que en los ámbitos correspondientes se vaya perfilando mejor el concepto. Esta solución no lesiona la legalidad, pues por regla general (salvo el caso de prescripción de la acción, legalmente previsto), el delito continuado es un concepto que beneficia al agente, al sustraerlo al régimen más riguroso del concurso real.

ARTÍCULO 14º

Concursos aparentes

Correlaciones: art. 78º, segundo párrafo, Proy. 1891; art. 5º (concurrencia aparente de leyes: especialidad) Proy. 1941; art. 11º (concurso de leyes) Proy. 1951; art. 6º Proy. 1953; art. 82º Proy. 1960; art. 84º Proy. 1973.

No es corriente que un código penal legisle en materia de concursos aparentes, o sea, de no concursos. No obstante, la dispar jurisprudencia nacional al respecto e incluso alguna sentencia bastante ilógica que consideró que no tienen base legal y los resolvió como concursos ideales o reales, indican la conveniencia de regularlos expresamente.

Nuevamente, se trata de una materia en la cual es menester que el derecho penal evite el ridículo, en el que se puede caer con facilidad por no reconocer la inexistencia de concursos en estos casos. Los ejemplos pueden ser disparatados: condena por homicidio y daño, porque le bala perforó el traje o porque el veneno arruinó el vino de la botella de la que bebió la víctima; homicidio consumado y tentativa, porque el primer balazo no lo mató, sino el segundo; etc. Por otra parte, cuando no se lo regula aparece en los tipos la fórmula si no resultare un delito más severamente penado o análoga, cuya reiteración innecesaria no es más que el resultado de la omisión legislativa de estos no concursos.

La ubicación sistemática de los concursos aparentes es opinable. En doctrina pura quizá sea sostenible que deben ser tratados en el capítulo de la ley penal, pues en definitiva es una regla de interpretación de la ley, pero lo cierto es que, todo el derecho penal –la dogmática- es también interpretación de la ley. Por tal razón y, además, porque se trata de instrumentos conceptuales que sirven para delimitar los problemas del concurso, se ha creído conveniente proponer su inclusión en este lugar.

Se consideran en tres párrafos los casos de especialidad, subsidiaridad y consunción, sin hacer mención a la alternatividad, que suele ser mencionada por la doctrina, por entender que no se trata de una cuarta hipótesis, sino del resultado de la aplicación de las tres anteriores.

ARTÍCULO 15º

Unificación de condenas

Correlaciones: art. 99º Proy. 1881; art. 86º Cód. 1886; art. 83º Proy. 1891; art. 24º Proy. Segovia; art. 86º Cód. 1886/1903; art. 62º Proy. 1906; art. 58º Proy. 1917; art. 58º Cód. 1921; art. 71º Proy. 1937; art. 18º Proy. 1941; art. 41º Proy. 1951; arts. 72º y 73º Proy. 1953; art. 83º (sentencias distintas) Proy. 1960; art. 85º Proy. 1973; art. 25º (unificación de condenaciones) Proy. 1987; art. 47º Proy. 2006.

1. Se separan en dos artículos los supuestos de unificación de condenas y de penas, lo que no queda claro en el texto vigente, dando lugar a diversas interpretaciones y contradicciones.

Se llama unificación de condenas al acto judicial (sentencia) que impone una única pena por todos los delitos de un concurso real que, por las razones que fuere, no han sido juzgados en una misma causa.

En tal caso es el juez que condena en último término, quien impone la pena por todos los delitos que concurren realmente, aunque, como es natural, no puede alterar las declaraciones de hechos que hubiesen sido establecidos por los jueces que intervinieron con anterioridad.

Cede en estos casos la cosa juzgada en cuanto a las penas y la única que debe cumplirse es la del juez que condenó en último término, unificando las condenas con una pena única en función del artículo 12º.

2. Dado que no siempre el juez que interviene en último término puede cumplir el mandato legal, incluso porque puede haber resuelto absolutoriamente o por cualquier otro impedimento procesal o de trámite, en tales casos compete hacerlo al juez que hubiese impuesto la pena más grave.

A diferencia del artículo 58º vigente, no se ha considerado necesario requerir expresamente el pedido de parte.

Tampoco se hace referencia a la situación planteada cuando una sentencia fue pronunciada por la justicia federal y otra por la ordinaria, pues en cualquier caso las cuestiones de competencia no pueden ser un obstáculo para el cumplimiento de las disposiciones de fondo.

3. Cabe observar que, al ceder la cosa juzgada respecto de las penas impuestas por otros jueces, el juez que dispone la pena única no está limitado por las penas anteriores pero, en cualquier caso, se dispone que ésta no puede exceder la suma de éstas ni el máximo del artículo 20º.

En función de la remisión al artículo 12º, tampoco podría violar la prohibición de imponer una pena que fuese mayor al doble de la pena más grave de los delitos por los que unifica la condena.

ARTÍCULO 16º

Unificación de penas

Correlaciones: art. 100º a 103º Proy. 1881; arts. 72º y 73º Proy. 1953; art. 85º Proy. 1973; art. 18º Proy. 1975; art. 26º (unificación de punición con pluralidad de condenaciones) Proy. 1987; art. 50º Proy. 1989-90; art. 48º Proy. 2006.

Este artículo se ocupa de la hipótesis de mera unificación de penas. En este caso no hay ninguna condena que hubiese violado lo dispuesto en materia de concurso, porque en realidad no hay un concurso de delitos, sino que el condenado por un delito es penado nuevamente por otro delito posterior a la condenación y mientras está cumpliendo la pena del primer delito.

Aquí se trata de unificar dos penas, una parcialmente cumplida y otra que se impone por el nuevo delito. La solución que se postula es la que consagra la mayor parte de la doctrina, aunque no está legislativamente precisada en nuestro texto vigente.

La más sana lógica indica que lo que corresponde unificar es lo que le resta cumplir de la primera pena con la pena del segundo delito, para evitar el absurdo de que en caso de penas máximas (treinta años conforme a este texto) no hubiese posibilidad de penar por el segundo delito cuando se aproxime el vencimiento de la primera pena. Conforme a un razonable criterio de política criminal, nunca se puede interpretar una regla de unificación de penas como un pretexto para la impunidad del segundo hecho, cualquiera sea su gravedad.

TÍTULO III

DE LAS PENAS Y MEDIDAS

Capítulo I

De las penas y su determinaci
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