N- tribunal primero civil, seccion primera




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   Sentencia: 00773    Expediente: 08-000036-0298-AG      Fecha: 19/08/2010   Hora: 9:30:00 AM    Emitido por: Tribunal Agrario

 







Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: María Rosa Castro García

Clase de Asunto: Proceso ordinario







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   Texto de la sentencia

  Contenido de interés  1

VOTO N° 0773-F-10

TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil diez.

INCIDENTE DE NULIDAD, promovido por el licenciado ENRIQUE RAMÍREZ ACUÑA, mayor, abogado, vecino de Escazú, cédula de identidad dos - cuatrocientos uno - siete tres seis; planteado dentro del PROCESO ORDINARIO establecido por PLANTACIONES DE NARANJA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - tres nueve tres cinco cuatro cuatro, representada por Carlos Eduardo Odio Soto, mayor, casado, ingeniero, vecino de San José, cédula de identidad uno - doscientos ochenta y nueve - cero ochenta y uno, en su condición de Tesorero con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma contra FLORENCIA DOS MIL SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica tres - ciento uno - dos siete tres cinco cuatro nueve,representada por Jorge Jiménez Romero, mayor, soltero, empresario, vecino de San Carlos, cédula de identidad dos - quinientos ochenta y dos - cero ochenta y ocho, en su condición de apoderado sin limite de suma. Así mismo, interviene como reconventora la anterior sociedad contra PLANTACIONES DE NARANJA DEL NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, de calidades antes mencionadas y el BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número tres - ciento uno - cero siete nueve cero cero seis, representada por Jorge Monge Aguero, cédula de identidad número uno - cero cuatro uno tres - uno tres cuatro cuatro, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin limite de suma. Tramitado ante el Juzgado Agrario del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Actúan como apoderados especiales: de la parte actora el licenciado Jonatán Picado León, mayor, casado,abogado, cédula de identidad uno - novecientos ochenta y cuatro - trescientos ochenta y seis, y de la parte demandada el licenciado Enrique Ramírez Acuña, de calidades conocidas en autos.-

Redacta la jueza Castro García y,

CONSIDERANDO

I.-

Se prohijan los hechos probados, por existir en autos elementos de prueba que les dan fundamento, con base en el artículo 52 de la Ley de Jurisdicción Agraria.-

II.-

El apoderado especial judicial de la sociedad demandada reconventora, interpone recurso de apelación con incidente de nulidad concomitante (folio 780), contra la resolución de las 08:07 de junio del dos mil diez (folio 768). Expone en su apelación agravios que combaten el fondo de lo resuelto, y no corresponden a motivos de nulidad de la sentencia, que se citan: 1) Falta de fundamentación del fallo y quebranto del principio de congruencia. Al respecto ataca que la resolución carece de fundamentación y citas legales, y se limitó en el considerando tercero a describir los presupuestos que exige el artículo 12 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos, sin analizar la procedibilidad en el caso concreto y el cumplimiento de los requisitos, por lo que procede la nulidad de la sentencia de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Agraria. 2) Vicio del Consentimiento. Indica que el juzgador de instancia analiza un vicio en el consentimiento al momento de la firma del acuerdo, y que en ningún momento se realizó tal planteamiento por la defensa, cuyo único argumento es que el señor Jiménez Berrocal quedó en estado de indefensión al no contar con un abogado de su confianza, al momento de firmar el arreglo y los vicios de forma en el acuerdo que conlleva. 3) Ausencia de requisitos de forma del acuerdo. Agravia que tal acuerdo no reúne los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico por los siguientes motivos: a) Según el artículo 314 del Código Procesal Civil en la audiencia de conciliación deben estar presentes las partes y sus abogados y la ausencia de cualquiera de ellos, significa que no existe la conciliación y deberá seguirse con el trámite del proceso. Indica, la ausencia de ambos abogados de las partes significa que no exista conciliación, constituyéndose en un incumplimiento de uno de los requisitos de forma del Código Procesal CIvil , lo que quebranta el numeral 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que un abogado, no puede serlo de ambas partes en un mismo proceso , y el acuerdo que homologa el a quo únicamente esta autenticado por un solo abogado para dos partes con intereses contrapuestos. Menciona que el juzgador describe los requisitos legales del artículo 12 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos , que en su acápite f) regula la necesidad de contar las partes con un conciliador o mediador que les indique los derechos que se encuentran en juego y las advertencias de ley, y señalar en forma expresa a las partes sobre el derecho que les asiste de consultar el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo, constancia que no existe, y esa sola omisión impide al a quo homologar tal acuerdo, sin embargo se pronunció al respecto. Y solicita sea acogida la nulidad que agravia, y se remita al despacho de origen para resolver un nuevo fallo.

III.-

Sobre la Resolución alterna de Conflictos y los requisitos de ley . La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicada en la Gaceta del catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, dispone en su artículo segundo el derecho de las personas de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. El numeral tercero reza que el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares, puede tener lugar en cualquier momento, aún cuando haya proceso judicial pendiente y que tales acuerdos pueden celebrarse por los particulares mediante convenidos celebrados libremente. Tales acuerdos para que surtan efecto dentro del proceso judicial, deben de ser presentados ante el jugador o juzgadora, para que proceda a su homologación.- Para ello, debe ser revisado el cumplimiento del artículo 12 de la ley N. 7727 que indica: "ARTÍCULO 12.- Requisitos de los acuerdos Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan. d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso. f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo. g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador. h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones."

Si tales acuerdos son homologados judicialmente, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata (Art 9 Ley N. 7727). Al respecto este Tribunal ha resuelto:" Como se observa y así está regulado, se dio entre las partes de este proceso un acuerdo extrajudicial. Con base en lo acordado por las partes en un escrito firmado por ambas y autenticado por un abogado en el cual no estuvo presente el Abogado Defensor de la parte demandada se pide dar por concluido el proceso y así se ordenó por el Juzgado de origen. Recientemente, en Gaceta No. 9 del 14 de enero de 1998, se publicó la LEY SOBRE RESOLUCION ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL, No. 7727, denominada comúnmente como LEY del RAC. Y ya en La Gaceta No. 142 del 23 de julio de 1998, se publicó el reglamento a la misma. En dicha normativa se establece el PRINCIPIO DE LIBERTAD para la solución de los conflictos por medio de convenios, al prever éstos han de ser celebrados libremente como un derecho de las personas en cualquier momento, ya sea ante, durante o posterior a un proceso. Expresamente se lee: "El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aún cuando halla proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme...". IV.-....Como se aduce errónea aplicación legal, una de las formas de convenir o de acuerdo estipuladas en la legislación vigente sería la TRANSACCIÓN. Así, dentro de las formas de ponerle término al proceso se encuentra la TRANSACCIÓN. Esta técnica es una manifestación de ese derecho de libertad mencionado en el primer Capítulo de la Ley RAC, donde se otorga la opción a los particulares para que de mutuo acuerdo escojan la forma mejor para ponerle término a sus desaveniencias. Ya no es solamente para el caso de procesos pendientes en sede jurisdiccional, una decisión que obligatoriamente ha de ser hecha por los Juzgadores sino que compete a las partes decidir. A su vez, acuerda la Ley de análisis en el artículo 6- la posibilidad de poner en práctica en todas las etapas procesales, de manera opcional por los Juzgadores, la conciliación, donde la ley a su vez provee de forma optativa, que ello puede proponerse por el mismo Juez o un juez conciliador. Es importante resaltar que como derecho de todo ser humano a buscar solución a sus conflictos por medio del diálogo impone esta normativa un deber de informar a las partes tanto para los juzgadores cuanto a los abogados (artículos 6 y 11) las formas pacíficas de ponerle fin a una contienda. Por ende, un PRINCIPIO a tomar en cuenta es el de BUSQUEDA DE LA ARMONÍA O PAZ SOCIAL. Por ésta se entiende en doctrina como la: "Concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa, causa o conflicto, aún estando cierto de la razón o justicia propia... La transacción integra un contrato civil con proyecciones procesales, y un sustitutivo de la sentencia ya que puede poner fin a un pleito en curso, con efecto de cosa juzgada entre las partes... La transacción, que se hace sinónima de conciliación, aunque no en lo procesal, sino en cuanto armonía de intereses antes contrarios o cual reconciliación de los enemistados o enemigos, posee la ventaja infinita de resolver con rapidez las cuestiones planteadas, sin arrastrar las dilaciones ni los gastos de los juicios;... la validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas; pero las pruebas quedan sometidas a las que rigen en los contratos..." ...(CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual. Tomo IV. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. pág. 277). También se indica en la doctrina patria conforme a lo regulado en el Código Civil para la transacción, ésta lo que la caracteriza es "..., por un lado, que se trate de un asunto susceptible de contención judicial; y por otro, que medien en el arreglo concesiones mutuas, de suerte que cada parte ceda en uno o varios puntos, a cambio de la ventaja que la contraria le otorgue en otros. Porque si una parte se allana por completo a las pretensiones de la otra sin obtener nada en recompensa, no puede decirse que ha mediado transacción en la contienda. Del propio modo, se requiere para que en realidad se verifique transacción, el punto sobre el cual recaiga el avenimiento sea dudoso en cuanto a la razón o justicia que asista a uno y otro de los contendientes; de aquí resulta por razones especiales, que uno de ellos hace en favor del otro abandono de un derecho indiscutible, no cabe decir ha transigido sino que se ha hecho donación o renuncia de tal derecho. En este sentido la jurisprudencia ha estimado: "Si entre las partes se logró un arreglo, en virtud del cual se da por terminado el juicio anticipadamente, ese arreglo no implica una transacción de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil, pues el convenio se contrae a una novación de la deuda, o bien a un plazo de gracia, de manera que el acreedor no renuncia a derecho alguno y en la transacción cada una de las partes cede en alguno o algunos de los extremos que reclama." ...(Resolución de las 16:00 hrs. de 22 de Set. 1982. Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Segunda.). También se dispone que la transacción: "...puede referirse a un litigio pendiente, como a alguno que esté por iniciarse, porque en ambos casos existe la misma causa impulsora del avenimiento de los interesados. En consecuencia, con estos antecedentes, se ha definido la transacción como un contrato por cuyo medio, haciéndose los estipulantes recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o evitan un litigio eventual... Un litigio es transigible en cualquier estado en que se encuentre; sin embargo, sería nula la transacción que recayera sobre el que en el momento de efectuarse el convenio, estuviera decidido por sentencia firme de que no tuvieran conocimiento ambas partes o alguna de ellas; nulidad que proviene de la circunstancia de no existir ya materia litigiosa. Además, la transacción que se efectuara en semejantes condiciones, se basaría indudablemente en un error de hecho, pues no es de creer que, habiendo conocido la parte gananciosa la sentencia le favorezca, fuera a hacer abandono de la ventaja adquirida. Dice el artículo 1379 del Código Civil: "Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable ignorada por los interesados o por uno de ellos". De eso se desprende, que cuando la resolución fuere conocida de ambos litigantes, es lícito transigir, aún tratándose de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, lo cual es erróneo considerado el caso desde el punto de vista científico, puesto que la incertidumbre acerca del resultado de la contienda, que es elemento esencial en las transacciones, ha desaparecido...." ...(BRENES CORDOBA, ALBERTO. Tratado de los Contratos. 4ta. edición. Editorial Juricentro, 1992. págs. 340 y 341. [...]). Por su parte el artículo 219 del Código Procesal Civil prevé la forma y trámite de la transacción y dispone para que se de : "Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio mediante escrito en que conste el convenio, o mediante la suscripción de un acta ante juez. Este se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos que exige la ley para la validez de la transacción, y hará o no la homologación. En este último caso continuará el procedimiento." Referente a la transacción se ha estimado algo interesante y es que ésta por no cuestionarse ya su naturaleza jurídica, "...al ser un contrato, la regulación sobre los elementos, contenido y efectos debe quedar reservada en el Código Civil. En este sentido, la norma procesal lo único que podía hacer y efectivamente hizo, fue dar entrada a la figura del campo procesal, pero remitir al juez al derecho de fondo, aunque siempre le facultó para hacer la homologación y la ejecución de la misma, estando pendiente el proceso... (ARTAVIA BARRANTES, Sergio. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Jurídica Dupas, Costa Rica, 1995 págs. 152 y 153). Acorde a la legislación y a la doctrina supra citada este autor concluye también: En la transacción, el elemento esencial son las concesiones o sacrificios recíprocos, si no las hay, no hay transacción." ... No bastan los elementos esenciales, ni la existencia de la controversia que origina el conflicto, ni el acuerdo que asumen las partes, es necesario-y, más que necesario, es esencial- el acuerdo se realice, haciéndose las apartes recíprocas concesiones sin ese requisito no hay transacción... la reciprocidad se manifiesta en el sacrificio y la ventaja que ambas partes obtienen. Así, por lo tanto, si solo una parte se beneficia y la otra es sacrificada, no estamos en presencia de una transacción, no existe la balanza humana que la caracteriza... El elemento de análisis se extrae del artículo 1369 del Código Civil, cuando expresa que la transacción debe contener, entre otros, "la renuncia que los otros contratantes hagan de cualquier acción que tenga el uno contra el otro"... Respecto al momento para interponer la transacción, es posible hacerlo ya presentado un proceso a estrados. En este caso, "...y ya las partes de encuentran en una posición de contendores; uno que pretende y otro que defiende ... el juez revisará cumpla todos los requisitos indicados, incluyendo las recíprocas concesiones; y de ser admisible la transacción, el juez dictará un auto-sentencia homologando tal acuerdo de transacción. Esa resolución produce los efectos de cosa juzgada, sea material o formal, según el proceso en que se dé-esto quiere decir que la transacción, salvo las excepciones dichas, puede ser otorgada en cualquier tipo de proceso, poniéndole fin al proceso, o, cuando menos, a la fase de conocimiento... Este concluye con la resolución aprobatoria de la transacción. Si alguna de las partes incumple el acuerdo transaccional en el mismo proceso por vía de ejecución de sentencia, la parte no incumplidora puede exigir su cumplimiento, esto significa no renacer la fase de conocimiento, simplemente, se ejecutan ante el mismo juez, sin necesidad de proceso nuevo... artículos 629 y 630 Inc.4)..." (op. cit págs. 161 y 162). Finalmente en lo atinente al momento hasta el cual se puede transar, del numeral 1379 del Código Civil se extrae, si las partes conocen de la sentencia y aún así transan, esa transacción es válida. Conforme al artículo 307 del Código Procesal Civil podría interpretarse la transacción sólo es procedente antes de que se dicte sentencia de segunda instancia; pero se concluye en doctrina: "Tal solución iría contra el espíritu mismo de la institución y sería inconstitucional, pues el artículo 41- sin limitación de fase o instancia del proceso-permite a las partes dirimir sus asuntos patrimoniales en forma privada. Por otro lado el Código Civil no permite la transacción una vez firme la sentencia y, como sabemos, una resolución no es firme hasta tanto no se resuelvan los recursos que procedan contra ella, incluyendo... el recurso de casación. En este caso se debe remitir los autos al juez de primera instancia para que homologue la transacción." . (ob. cit. págs. 173, 174 y 175). Se observa, aunque con distintos matices, la doctrina es conteste en estimar que si la sentencia quedó firme pues ya hubo casación, no sería factible la transacción en los puntos que han sido debatidos en el proceso. Se ha entendido que lo dispuesto en el ordinal de cita atañe a que no puede transarse en forma diferente o contraria a lo dispuesto en sentencia firme, dada la autoridad de cosa juzgada que reviste el fallo en vía ordinaria. Sin embargo, siempre resulta indispensable el Juzgador se pronuncie sobre la homologación o no de lo acordado por las partes. Ahora, si la etapa de ejecución de sentencia, también debe terminar con un fallo, bien podría darse la transacción de ello antes de recaer el fallo firme en ésta. De otra parte en virtud de que el objeto de la transacción es de naturaleza patrimonial, puede ser perfectamente negociado por las partes lo pendiente de resolución en la fase de ejecución de sentencia, pues no se enmarca dentro de los aspectos expresamente prohibidos para ser transados, según se establece en los numerales 1375 y siguientes del Código Civil. Pero siempre ha de ser sobre lo que ha sido objeto o resuelto en sentencia, según lo dispone el numeral 1372 del Código Civil cuando prevé: "La renuncia general de los derechos no se extiende a otros que a los relacionados con la disputa sobre la que ha recaído la transacción y a los que, por necesaria inducción de sus palabras, deban reputarse comprendidos". V.- Se estima lo convenido por las partes ha sido una transacción, donde ambas han renunciado a parte de sus pretensiones, siendo un aspecto PRECLUIDO, puesto que ninguna de ellas ha aducido vicios capaces de incidir en la validez de lo acordado. Y no tiene fundamento para revocarse el argumento dado por el Defensor Público de no haber estado presente a la hora en que se efectuó el mismo para asesorar a la parte que venía representando, sin verse la necesidad de ANULAR por esa razón lo dispuesto en el proceso. Ello es así porque ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni la de Defensores Públicos ni menos la Ley Rac, normas prevalecientes a lo dispuesto en la legislación procesal civil, dada la interpretación hecha a la luz de lo dispuesto en el ordinal 10 del Código Civil, establecen la necesidad de la presencia de ambos abogados. Más bien prevé el artículo 6 de la Ley del Rac en lo resultante de interés al punto en cuestión: "Para que se efectúe la audiencia de conciliación judicial, será necesario que esté presentes el conciliador, las partes o sus apoderados, y sus abogados SI LAS PARTES SOLICITAN, EXPRESAMENTE, SU ASISTENCIA..."

. [...].( negrita no es del original). A pesar de que la norma transcrita en parte está referida a la conciliación, debe interpretarse de manera amplia para otras formas alternas de poner término amistoso al conflicto, dentro de éstas la transacción. Y de ella se deriva sin mayor esfuerzo que no es necesaria la presencia de los abogados, salvo que las partes así lo determinaren, lo cual no ha sucedido en este caso, donde la demandada firmó el acuerdo sin ningún cuestionamiento, lo cual se desprende de la firma del abogado autenticante. Entonces, si se acordó acoger lo dispuesto por las partes de ponerle fin al proceso tomado en una resolución con motivo suficiente por ser ése el deseo de las partes, sea finiquitar su problema anticipadamente a que recayera la sentencia de la forma en que lo hacen, en una materia donde el Juez Agrario, quien goza de amplios poderes para ello, así lo determinó al no mediar ningún vicio de la voluntad, no se transgrede el debido proceso ni norma legal alguna. Más bien se ha materializado el derecho y la libertad del ser humano en buscar la paz social..... Y ello debe ser respetado pues son las partes quienes en última instancia sabrán cómo enfrentarán la situación no sólo para ese caso sino hacia el futuro. No hay ningún impedimento en la normativa vigente para que las partes, si poseen capacidad de actuar y no han sido declaradas mediante el trámite de interdicción judicial incapaces para celebrar un contrato, como ocurre en este caso, donde no se ha alegado tal incapacidad para actuar y tampoco se hayan aducido vicios a la hora de manifestar la voluntad, lleguen a aun acuerdo como el expuesto. VI.- De lo analizado se concluye que el acuerdo convenido por las partes en un proceso donde según lo piden se ordena su archivo, porque hubo ese consenso en este proceso; se debe partir de que ese fue el deseo de las partes con este proceso quienes así lo convinieron y solicitaron. Ahora bien, el incumplimiento forzoso de lo pactado por las partes y todos los demás puntos sometidos en el acuerdo deben dilucidarse en la vía correspondiente en caso de incumplimiento. Aunado a lo anterior se hace hincapié en que las obligaciones y prestaciones a que se comprometieron las partes en el acuerdo dado lo fue antes del dictado del fallo. Lo que trataron las partes fue de finiquitar todos los problemas que subsistían a pesar de haberse trabado la litis, derecho que poseen las partes sin que medie participación de abogados. VII.- En razón de lo que se ha expuesto y razonado es del caso confirmar el autosentencia recurrido donde se acoge el acuerdo tomado por las partes, en lo que ha sido objeto del recurso, por las razones y la normativa dadas; no obstante, cuando se presenta el escrito de arreglo privado de las partes, de conformidad con la Ley No. 7727 publicada en La Gaceta No. 9 del 14 de enero de 1998 (Ley R.A.C.), en sus artículos 1, 2 y 9 con el fin de otorgar a las partes el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible y con el fin de hacer efectivo el principio de la PAZ SOCIAL, en vista de que llegaron a un arreglo satisfactorio sobre sus diferencias, y de que se puede transar ya dictado el fallo de fondo, aún en la etapa de ejecución de sentencia con mayor razón cuando lo hacen. Esto pone de manifiesto el PRINCIPIO DE LIBERTAD para la solución de los conflictos por medio de convenios, cuando prevé éstos han de ser celebrados libremente como un derecho de las personas en cualquier momento, ya sea ante, durante o posterior a un proceso. Se lee expresamente en tal normativa: "El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aún cuando halla proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme.. Si las partes se dieron por satisfechas en la forma en que resolvieron sus divergencias, procede acceder a lo pedido."

( 206-F -2000).
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