N- tribunal primero civil, seccion primera




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   Sentencia: 00362    Expediente: 07-000020-0548-PE      Fecha: 08/08/2008   Hora: 10:10:00 AM    Emitido por: Tribunal de Casación Penal de San Ramón

 







Tipo de Sentencia:  De Fondo

Redactor: Martín Alfonso Rodríguez Miranda

Clase de Asunto: Recurso de casación







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   Texto de la sentencia

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PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

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TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel: 2456-9069 tcasación-sra@poder-judicial.go.cr Fax: 2445-5193

_______________________________________________________________________________________

Exp: 07-000020-0548-PE

Res: 2008-00362

TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SECCIÓN SEGUNDA, San Ramón, a las diez horas diez minutos del ocho de agosto de dos mil ocho.

RECURSO DE CASACIÓN interpuesto en la presente causa seguida contra P. C. S , cédula de identidad número x-x-xx, por el delito de ESTAFA, en perjuicio de ROY RODRÍGUEZ ARAYA. Intervienen en la decisión del recurso, los Jueces Martín Alfonso Rodríguez Miranda, Jorge Steve Fernández Rodríguez y Jorge Arturo Camacho Morales. Se apersonan en casación el licenciado Roy Rodríguez Araya, en calidad de ofendido y el licenciado Armando Blanco González, abogado defensor del imputado P. C. S .

RESULTANDO:

I.-

Que mediante sentencia número 50-2008 de las catorce horas treinta minutos del siete de abril de dos mil ocho, del Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón, resolvió: POR TANTO: " De conformidad con lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 145, 146 y 147 del Código Penal; artículos , 30, 383, 384 y 311 inc. d) del Código Procesal Penal, se declara extinguida la acción penal y se dicta sentencia de sobreseimiento definitivo a favor de P. C. S, por el delito de ESTAFA que en perjuicio de ROY RODRÍGUEZ ARAYA se le ha venido atribuyendo. Se condena en costas al querellante Roy Rodrìguez (sic) Araya. NOTIFÍQUESE. Alicia Salas Torres, jueza de juicio".

2.-

Que contra el anterior pronunciamiento interpuso recurso de casación el licenciado Roy Rodríguez Araya, en calidad de ofendido.

3. - Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 450 del Código de Procesal Penal, el Tribunal se planteó las cuestiones formuladas en el recurso de casación.

4- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta el Juez de Casación Rodríguez Miranda; y ,

CONSIDERANDO:

I.-

Motivos del recurso: Con fundamento en los artículos 2, 6, 142, 143, 175, 178, 181, 184, 312, 317, 361 y 369 del Código Procesal Penal y 11, 39, 41 y 45 de la Constitución Política, el licenciado Roy Rodríguez Araya, actuando en la presente causa como querellante y actor civil, interpone recurso de casación contra la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada a las 14:30 horas del 7 de abril de 2008 por el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito Judicial de Alajuela. Como primer motivo de su inconformidad, señala que el órgano jurisdiccional de cita, al dar curso a la acción civil interpuesta mediante resolución de las 10:53 horas del 24 de enero de 2008, violó el debido proceso y el principio de la sana crítica, toda vez que cercenó la petitoria específica que presentó para que se ordenara el embargo preventivo de la finca No. 2- 416359, inscrita al Tomo 561, Asiento 4828 de la Sección de Bienes Inmuebles del Registro Nacional, propiedad que fue la que originó la estafa por la que inició esta causa. En cuanto al segundo reclamo de la impugnación, acusa que se le condenó indebidamente a las costas del proceso en la medida en que no se tomó en cuenta que él estaba luchando contra la actuación irregular de una cooperativa que se supone debería funcionar sin fines de lucro y no realizando actos negociables que sólo la benefician a ella. Refiere además que la autoridad juzgadora no valoró que actuó de buena fe, con lealtad, con ética, sin abusar de las facultades que otorga el artículo 127 del Código Procesal Penal y motivado por un deseo de acceder a la justicia, tal y como lo dispone el numeral 267 de este cuerpo normativo. En el tercer motivo de su queja y con fundamento en el “principio de elasticidad de las formas de la actividad procesal” desarrollado en la doctrina, intenta justificar la razón de fuerza mayor por la que supuestamente no pudo asistir a la audiencia de conciliación a la que fue convocado. Para tales efectos, señala que el día previsto para dicha diligencia tuvo problemas para trasladarse a los Tribunales de Juicio de San Ramón, pues a pesar de que se preparó para salir desde las cinco de la mañana de Pérez Zeledón, lugar en donde atiende una oficina, el autobús correspondiente no pudo salir a la hora indicada, sino tiempo después, lo que le imposibilitó llegar oportunamente, sin que esto significara que renunció a que el presente asunto se investigara. Como cuarto, quinto, sexto y sétimo reclamos de su inconformidad, argumenta que se le quebrantaron sus derechos como víctima, toda vez que no se le informó de su derecho de contar con un representante legal, tal y como lo regulan los artículos 71 y 73 del Código Procesal Penal, derecho que sí se le concedió al imputado cuando se le dio traslado de la querella. Explica también que de manera incorrecta se asumió que él, como querellante y actor civil, se representaba a sí mismo, cuando en realidad se trata de dos sujetos distintos dentro del mismo proceso. En el octavo reparo del recurso, refiere que se quebrantó el numeral 385 del Código Procesal Penal, toda vez que el Tribunal de Juicio convocó de forma extemporánea a la audiencia de conciliación. Argumenta al respecto que “(...) el a quo una vez vencido del plazo de audiencia para la querella, no convoca al audiencia de conciliación dentro de los diez días inhábiles que rigen para la Administración Pública en este caso para el Poder Judicial, porque obsérvese que el cómputo de los diez días empiezan al día siguiente al 7 de febrero y culminan el día 17 de febrero y la resolución de convocatoria a la audiencia de conciliación la redactan el día 19 de febrero del año 2008 y la notificación vía fax el día 21-02-08, fechas totalmente extemporáneas, fuera del plazo legal que tiene el Tribunal para informar, comunicar o notificar sobre la fecha señalada para la audiencia de conciliación (...)” (ver folio 109 vuelto). Fundamenta la anterior interpretación del cómputo de los plazos en el artículo 256 de la Ley General de Administración Pública, en cuanto señala que “(...) Los plazos por días, para la Administración incluyen los inhábiles (...)” (así folio 110).

II.-

Cuestión procesal previa: En primer término, esta Cámara de Casación Penal estima necesario aclarar que en el presente asunto estamos ante uno de los supuestos en los que esta instancia ha admitido como posible que un despacho jurisdiccional de naturaleza penal pueda delegar la realización de la diligencia de conciliación en uno de los Juzgados que el Poder Judicial ha instaurado en los últimos años para estos efectos. Esta posibilidad se admite debido a que, en razón de la naturaleza del delito y de lo dispuesto en el artículo 36 del Código Procesal Penal, las partes podían conciliar perfectamente en esta causa, toda vez que no sólo se relacionaba con un asunto patrimonial de naturaleza disponible, sino que también no estaba previsto impedimento alguno para ello, tal y como lo dispuso esta Cámara en el voto No. 2008-0037 de las 09:35 horas del 1º de febrero de 2008, oportunidad en que se indicó lo siguiente: “(...) debe hacerse notar que la LEY SOBRE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL (mejor conocida como Ley del RAC), Nº 7727 del 09 de diciembre de 1997, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1998, expresamente señala: "ARTÍCULO 2.- Solución de diferencias patrimoniales. Toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible". Asimismo, el artículo 6 ibídem indica: "ARTÍCULO 6.- Propuesta de audiencia y designación de jueces. En cualquier etapa de un proceso judicial, el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores, que requiera el servicio y les determinará las facultades y responsabilidades". De la relación de estas dos normas se tiene que si bien los jueces conciliadores podrían, en principio intervenir en asuntos de naturaleza penal, tal competencia estaría limitada a aquellos asuntos donde se den dos requisitos, a saber, que se trate de cuestiones patrimoniales de naturaleza disponible, en las cuales resulte legalmente viable la medida alterna prevista por el numeral 36 del Código Procesal Penal. Dentro de dicho contexto podría admitirse que, dentro de la esfera de su competencia, dichos administradores de justicia pudieran asumir el conocimiento de causas por delitos de naturaleza patrimonial que admitan la conciliación, es decir, aquellas que enlista el primer párrafo del artículo 36 citado, pero que además el bien jurídico tutelado lo constituya el patrimonio o el derecho de propiedad. Lo anterior significa que, entonces, no podría asumir el conocimiento de asuntos donde se discuta la aplicación de figuras penales que obedezcan a una naturaleza diversa (...)”.

III.-

Ninguno de los reclamos que se expresan en el recurso de casación pueden prosperar: Para iniciar, conforme al orden en el que se formularon los reproches en los que sustenta el quejoso su impugnación, se debe decir que no es atendible el primer motivo de su recurso, pues de acuerdo con lo que dispone el artículo 422 del Código Procesal Penal de 1996, las resoluciones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley (principio de taxatividad de los recursos), y no contra cualquier pronunciamiento que se emita en cualquier etapa del trámite de la causa o de la ejecución de lo que fue resuelto, como lo sería, por ejemplo, la decisión que se cuestiona en este caso y en la que supuestamente no se acogió la medida cautelar de embargo preventivo que peticionó el quejoso al interponer la querella y acción civil. El recurso de casación está previsto de manera concreta únicamente en contra de las sentencias o de los sobreseimientos definitivos que se dictan por parte del Tribunal de Juicio y no contra la decisión mencionada en el primer motivo del recurso, en donde no se puso fin al proceso al tratarse tan solo de una resolución en la que se omitió pronunciamiento sobre la solicitud de una de las medidas cautelares que se pueden gestionar durante la tramitación de la causa (resolución en la que en todo caso no medió oposición o recurso en el momento procesal oportuno). Tampoco resulta de recibo el alegato que presenta el ofendido en el segundo motivo del recurso, pues independientemente de los fines que motivaron la interposición de su querella, es lo cierto que en la causa no sólo no asistió a la audiencia de conciliación a la que fue convocado oportunamente, sino que tampoco justificó en tiempo y forma -como en derecho correspondía (Art. 383 parte in fine, C.P.P.)- la razón por la cual no lo hizo. La normativa procesal penal vigente es muy clara en cuanto a los efectos que este proceder provoca, siendo uno de ellos la imposición de las costas del proceso al querellante, condenatoria que no se regula como una posibilidad o facultad a la que puede recurrir la autoridad juzgadora si la estima necesaria, sino que se regula como un imperativo, ya que el legislador en el artículo 383 del Código Procesal Penal utilizó el verbo “impondrá” (término que resulta ser imperativo y no facultativo), lo que excluye la aplicación de lo previsto en el numeral 267 de la normativa de rito que cita el quejoso en sus alegatos. Este criterio incluso ya lo había expuesto el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José en el voto No. 2000-0480 del 23 de junio del año 2000, al decir que en estos supuestos “(...) Evidentemente estamos ante un imperativo legal que no admite duda, dada la redacción diáfana de la norma y el uso categórico del verbo imponer que de ella emana, tomándose el desistimiento en una condición que imposibilita eximir de su pago a quien en ella incurra, por lo que no es aplicable lo estatuido en el art. 267, párrafo primero ibídem (...)”. Bajo esta tesitura, independientemente de lo loable que haya sido, de haber sido cierta, la motivación del recurrente al gestionar el inicio de la causa, o de la lealtad o ética con la que su supone procedió al interponerla, debe cargar con las costas del proceso al decretarse la extinción de la pretensión penal por desistimiento. En este mismo orden de ideas, tampoco se puede aceptar la excusa que presenta el impugnante en el tercer motivo de su recurso. En este sentido, el párrafo final del artículo 383 de la normativa procesal penal citada es muy claro al disponer de manera categórica e imperativa que, en los casos de incomparecencia por parte del querellante a la audiencia de conciliación, la justa causa deberá acreditarla antes de la iniciación de la audiencia, si es posible o bien, en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes de la fecha fijada para su realización. De un examen cuidadoso del expediente, se aprecia sin dificultad alguna que el querellante y supuesto ofendido en la causa, no obstante que fue citado con el tiempo suficiente y oportuno para asistir a la audiencia de conciliación señalada para el 26 de marzo de 2008, no sólo no compareció a este acto, sino que tampoco justificó dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a esta fecha su no comparecencia a la misma. Incluso, ni siquiera consta en el expediente que el 26 de marzo de 2008 se hubiese presentado al Juzgado de Conciliación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela para explicar o justificar su ausencia a la diligencia que fue convocado. Por otra parte, el recurso de casación no es el medio mediante el cual resulta posible justificar la referida ausencia al acto. Además, y no menos importante en este caso, se debe resaltar que la norma citada (Art. 383 C.P.P.) exige la acreditación de la justa causa por la que no se compareció a la audiencia y tal requisito no lo cumple el recurrente, toda vez que se limita a mencionar únicamente el supuesto inconveniente que tuvo en Pérez Zeledón con el autobús en el que viajaría, acreditación que en todo caso a estas alturas del proceso sería absolutamente extemporánea. También se deben rechazar los alegatos contenidos en los motivos cuarto, quinto, sexto y sétimo del recurso. Sobre el particular, si bien el legislador ha dispuesto como derecho de la víctima la posibilidad de contar, en caso de constituirse en querellante o actor civil, con el patrocinio de un abogado, se estima que dicha facultad se estableció con el propósito de que no quedara en estado de indefensión ante las complejidades o conocimientos especiales que se requieren para la tramitación de un proceso judicial. Véase que incluso al mencionarse el término “patrocinio de un abogado”, queda claro que se está haciendo referencia a la posibilidad de que el interesado pueda contar con un profesional en derecho que le brinde la guía y el asesoramiento indispensables o necesarios para enfrentar el proceso, pues patrocinio significa: “Amparo, protección, auxilio” (ver: “Diccionario de la lengua española”, Tomo II, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid España, 2001, p. 1703). En el caso bajo estudio, no podría aceptarse, como lo pretende el recurrente, que se estime como violentado el derecho de defensa y el debido proceso, pues si bien no se le advirtió que podía contar con un abogado que lo representara en la causa, es lo cierto que tal omisión no le causó perjuicio alguno al quejoso al ser precisamente un profesional en derecho, el cual, en tesis de principio (es decir, si cumplió con los planes de estudio respectivos y con los requisitos de incorporación al Colegio profesional correspondiente), se supone que conoce lo dispuesto en la ley. En todo caso, debe agregarse que la ausencia del referido representante legal en este caso no tendría incidencia alguna en lo que finalmente resolvió el Tribunal de Juicio en la sentencia de sobreseimiento definitivo que ahora se impugna, toda vez que, conforme lo previsto en los artículos 383 y 384 del Código Procesal Penal, la misma se emitió debido a que, además de no presentarse a la referida audiencia de conciliación, nunca justificó como correspondía dentro del plazo previsto la razón por la que no compareció a dicho acto, lo que conllevaba de pleno derecho la extinción de la pretensión penal por desistimiento al hacer manifiesto su desinterés en la causa. Por último, al igual que en los reproches anteriores, el octavo motivo del recurso también se debe declarar sin lugar. En este sentido, cabe recordar que el cómputo de los plazos en materia penal se debe realizar, conforme al principio de legalidad, a partir de lo dispuesto en el propio Código Procesal Penal vigente. Esto significa que, contrario a lo manifestado por el recurrente, la Ley General de Administración Público no resultaría de aplicación al trámite de las causas penales. Bajo esta tesitura, lo que prevalece consecuentemente es lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 167 del Código Procesal Penal, normal que señala de manera clara y directa que “(...) En los plazos por día no deberán contarse los días inhábiles (...)”. En otras palabras, a efectos de computar los plazos por día previstos en esta normativa, sólo se podrán tomar en cuenta los días hábiles, quedando por fuera los inhábiles. Por lo anterior, no se aprecia ninguna irregularidad en la actuación del Tribunal de Juicio al señalar la fecha para la realización de la audiencia de conciliación en el día que ahora cuestiona el querellante, pues dicho señalamiento se fijó dentro del plazo de diez días hábiles que ordena el artículo 385 del Código Procesal Penal, ya que si la audiencia para contestar la querella vencía el 7 de febrero de 2008 (conforme a la notificación que obra a folio 94 vuelto con fecha 31 de enero de 2008), el Tribunal de Juicio tenía para fijar la referida diligencia hasta el 21 de febrero de 2008 (fecha en la que se cumplían precisamente los diez días que se mencionan), plazo que no necesitó agotar al emitir la convocatoria citada dos días antes de su vencimiento, es decir, el día 19 de febrero del año en curso. En todo caso, no sobra advertir que aun cuando hipotéticamente se hubiese admitido que el señalamiento para la celebración de la audiencia de conciliación se hizo fuera del plazo de los diez días dispuestos en el artículo 385, esta situación no sólo no conllevaría consecuencia de importancia para el caso al no estar contemplada alguna sanción, sino que además no tendría la fortaleza para generar una afectación o agravio a las partes que ameritara un pronunciamiento de esta Cámara de Casación Penal anulando todo lo actuado y resuelto. En virtud de lo expuesto, no llevando razón alguna el querellante en sus reclamos, lo que se impone es declarar sin lugar el recurso de casación que interpone contra la sentencia de sobreseimiento definitivo dictada en la presente causa.
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