Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena




descargar 38.48 Kb.
títuloAvances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena
fecha de publicación30.01.2016
tamaño38.48 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Ley > Documentos
AVANCES EN LA COORDINACION ENTRE EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL Y LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA.-
JESAEL ANTONIO GIRALDO CASTAÑO1
Comunidad indígena.-
El derecho colombiano define la comunidad indígena como una colectividad que posee una serie de rasgos característicos, culturales, territoriales y genéticos que permiten identificarla como un grupo diferenciado del resto de la sociedad.
El artículo 2º del decreto 2164 de 1995, vigente, dice que una comunidad indígena es un grupo o conjunto de familias de ascendencia amerindia, que tienen conciencia de identidad y comparten valores, rasgos, usos o costumbres de su cultura, así como formas de gobierno, gestión, control social, o sistemas normativos propios que la distinguen de otras comunidades, tengan o no títulos de propiedad, o que no puedan acreditarlos legalmente, o que sus resguardos fueren disueltos, divididos o declarados vacantes.
A lo largo de buena parte de la historia del país desde la conquista de su territorio por parte de España hasta bien entrado el siglo pasado, los indígenas fueron considerados como comunidades que debían ser primero sometidas, luego asimiladas, finalmente integradas, pero nunca respetadas como grupos culturalmente diferenciados. Los indígenas fueron considerados durante mucho tiempo como el residuo de un pasado condenado a evolucionar.
La creación de los resguardos permitió una nueva repartición de la tierra relegando a los indígenas a las zonas más montañosas y menos fértiles, y constituyó a la vez

una forma de sometimiento a la Iglesia Católica. Así se logró la segregación física de las comunidades. Era un instrumento de control por parte del conquistador, pero al mismo tiempo se convirtió en una forma de preservación ya que conllevaba tanto la conservación de un espacio físico que les permitía desarrollar sus actividades económicas tradicionales, como de un espacio de autonomía, donde aún bajo la tutela de la Iglesia y de las autoridades civiles podían desarrollar formas de autogobierno coherentes con sus cosmovisiones.
Por ello esa figura se convirtió rápidamente en el centro de las reivindicaciones indígenas, y en el objeto de una larga discusión a nivel de las autoridades estatales, entre los partidarios de su conservación y quienes abogaban por su disolución.

Incluso en la ley 81 de 1958 sobre fomento agropecuario de las parcialidades indígenas se consideraba a las comunidades indígenas como sectores atrasados del campesinado, dueños de una tecnología rudimentaria que limitaba su capacidad de asimilar los valores políticos, económicos, sociales y morales de la sociedad, por lo que era necesario facilitarles instrumentos técnicos, materiales, y culturales para facilitar su desarrollo. El resguardo constituía un obstáculo, tanto como sistema de propiedad comunal de la tierra como espacio de preservación de los usos y costumbres tradicionales2.
A partir del final de la década de los 70, se abandonó el proyecto estatal de integración forzada de los indígenas al sector del campesinado a través de la disolución de los resguardos, dando paso a un proyecto completamente opuesto, consistente en la conversión de extensas zonas del territorio nacional, que hasta el momento eran de propiedad del Estado, en resguardos.

Con ello se convirtieron en poseedores de un poco más de una cuarta parte del territorio nacional.
Pero ese cambio obedeció a diversos factores internos y externos: entre los internos, encontramos no sólo la lucha por la recuperación de sus tierras, sino la necesidad del Estado, en un momento de cuestionamiento de su legitimidad, de ejercer su soberanía sobre amplias áreas del país que habían sido dejadas en manos de la colonización espontánea y donde la guerrilla había establecido importantes puntos de control. En este contexto los gobiernos vieron en los indígenas potenciales interlocutores para construir un diálogo que reforzara la legitimidad de un Estado hasta entonces invisible. Al reconocer a las comunidades aborígenes se pretendió realizar un acto de soberanía, tomando el control, por los menos simbólico de zonas hasta entonces olvidadas. De ahí que entre 1978 y 1991, en el Amazonas se hayan establecido más de 200 resguardos con más de 18 millones de hectáreas de superficie, lo que contrasta con los 67 creados desde la época colonial en esa región con 405.743 hectáreas.
A ello se unía el poderoso factor externo de presión de la comunidad internacional sobre el Estado colombiano para que desarrollara políticas de protección del medio ambiente en general y de los bosques húmedos tropicales en particular, con una visión en la que se identifica a las comunidades indígenas como los grupos humanos que han logrado establecer una relación armónica con el ecosistema en el que habitan, al poseer economías no depredadoras.
En este orden de ideas al garantizarles el derecho a permanecer en sus tierras y desarrollar su economía tradicional se garantiza la preservación de las zonas del planeta que constituyen una inagotable fuente de recursos biológicos y principal reserva de oxígeno del planeta3.
Desde finales de la década de los sesenta del siglo XX, los Estados latinoamericanos han venido experimentando un intenso proceso de reconocimiento de derechos a sus minorías, a través de la reforma de sus respectivas constituciones, proceso que ha estado a tono con la elaboración de instrumentos de derecho internacional por medio de los cuales los Estados han asumido obligaciones relativas a la protección de estos grupos humanos.
En el artículo 63 de la Constitución Colombiana, se constitucionalizó el resguardo indígena, al establecer que las tierras comunales de grupos étnicos son de uso público inalienables, imprescriptibles e inembargables.
La comunidad internacional ha fijado su postura al reconocer en la Convención 169 de 1989 de la OIT, ratificada por Colombia mediante la ley 21 de 1991, que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a la autonomía y a la participación en los asuntos que los afectan, reivindicando la relación que han logrado establecer con el medio ambiente y el vínculo que han logrado construir con la tierra en la que habitan, imponiendo la obligación al Estado de consultarlos antes de iniciar cualquier proyecto de explotación económica que afecte su integridad cultural.
De otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aprobó en Ginebra Suiza el 39 de junio de 2006, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la que se reconoce el derecho de estos pueblos a su autodeterminación y a preservar y fortalecer sus diferentes instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales y a participar en los asuntos que los afecten en cada uno de los países que hacen parte.
Con la Constitución de 1991 los indígenas adquirieron protagonismo. La consagración del principio del pluralismo y el reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de la nación colombiana constituyó el punto de ruptura en las relaciones interétnicas, pues por primera vez en nuestra historia, una Constitución reconoció a los pueblos indígenas como parte de Colombia, al tiempo que les otorgaba una serie de garantías con el fin de asegurar su existencia como sujetos colectivos de derechos culturalmente diferentes al resto de la sociedad.
La Corte Constitucional ha identificado cinco tipos de derechos fundamentales de las comunidades indígenas:


  • A la supervivencia como grupo, equiparable al derecho a la vida;

  • A la igualdad en sus diversas dimensiones;

  • Los derechos políticos de participación y consulta;

  • A la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, y

  • El derecho a la autonomía, la cual comprende los ámbitos de economía, hacienda, política y justicia.


Su carácter de fundamentales obedece a su capacidad para garantizar su existencia como grupos diferenciados de la sociedad hegemónica; según la Corte, sólo con un alto grado de autonomía es posible la supervivencia cultural.
En Colombia la creciente consciencia respecto de la diversidad étnica y cultural, hizo posible que el Constituyente de 1991, incluyera en la Constitución de dicho año, en el artículo 246 la Jurisdicción Especial Indígena. La norma reza: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional
El reconocimiento que la Constitución y la ley hicieron de la jurisdicción de las comunidades indígenas creó la necesidad de establecer alguna forma de coordinación, prevista en la misma Carta, entre éstas y el sistema de justicia estatal. Además los diversos conflictos de jurisdicción que se suscitan entre las jurisdicciones, reclaman a gritos alguna forma de coordinación.
Aunque los pueblos indígenas comparten grandes ejes culturales, la diferencia está presente en cada etnia, para lo cual se requiere de un enfoque que permita abordar la unidad nacional, no solo como la hegemonía de una clase, región o cultura sobre las demás, sino como la unidad de la diversidad geográfica y humana que caracteriza al país.
Desde la instauración del régimen democrático en Colombia, el Estado tiene como uno de sus principios fundamentales el deber de proveer de justicia a sus ciudadanos. Para el cumplimiento de esta misión se encuentra investido de jurisdicción, es decir, de la capacidad de administrar justicia.
La ley estatutaria de administración de justicia luego de incluir a las autoridades indígenas como autoridades de justicia, señala que las leyes establecerán las autoridades que ejercerán el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas (inciso 5º del artículo 12 de la Ley 270 de 1996).
Para el cumplimiento de los anteriores fines el Consejo Superior de la Judicatura ha adelantado en los últimos años un proceso de acercamiento con las organizaciones que representan a los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de fortalecer la autonomía de sus sistemas jurídicos y mejorar el acceso a los servicios de justicia básica en los territorios indígenas, reconociendo a la vez, la diversidad étnica en la aplicación de los sistemas de justicia de cada pueblo, mediante la construcción de una política de coordinación entre el SJN y la JEI, orientada a garantizar el desarrollo de la Constitución Política de 1991, para lo cual ha contado con la eficaz y decidida colaboración de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Con miras a avanzar en la coordinación de los dos sistemas jurídicos el Consejo Superior de la Judicatura a partir del año 2003, con recursos propios y con una donación del Banco Interamericano de Desarrollo, pudo llevar a cabo un proyecto de apoyo a la coordinación entre la JEI y el SJN, con cinco componente básicos:


  1. Un módulo de capacitación intercultural desarrollado por la Escuela Judicial, con capacitadores de los dos sistemas, tendiente a que unos y otros conozcan los fundamentos básicos de los mismos. Para ello se pusieron en marcha experiencias piloto con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, y con la Organización Indígena Uitoto del Amazonas, ORUCAPU.

  2. Estudios y consultas, consistente en la identificación de las necesidades de financiamiento de la Jurisdicción Indígena y diseño de una metodología de consulta nacional indígena sobre los contenidos del proyecto de ley de coordinación

  3. La realización de un taller regional con participación de autoridades indígenas y expertos de varios países de Iberoamérica, en el que se socializaron los proyectos realizados y los avances en la coordinación entre los dos sistemas jurídicos

  4. Elaboración del Atlas de la Jurisdicción Indígena, que contiene la cartografía básica, que permite analizar los elementos culturales que definen la tradición jurídica de los pueblos indígenas de Colombia, y

  5. Diseño y desarrollo de un sistema de publicidad y registro del ejercicio de la jurisdicción indígena.


Dentro de este componente, el Consejo Superior de la Judicatura, autorizó la contratación con la Fundación Ortega y Gasset, de la compilación de toda la jurisprudencia de las altas cortes, los tribunales superiores, los tribunales administrativos y de un buen número de decisiones de autoridades judiciales indígenas, sobre la problemática de las comunidades indígenas.
Se puede observar en la compilación, única en su género en el país, y ante la carencia de una ley de coordinación, el enorme esfuerzo que ha implicado para las cortes y los tribunales, fijar los alcances y los límites de la jurisdicción indígena, en todos los campos, civil, familia, agrario, laboral, penal administrativo, comercial, electoral, recursos naturales, entre otros..
La Corte Constitucional ha venido construyendo directrices en esta materia que se han venido consolidando con el paso del tiempo en una postura unificada, especialmente a partir de la sentencia SU-510 de 1998, en la que se identifican cuatro elementos esenciales de la jurisdicción especial indígena y los límites que pueden imponerse a su ejercicio. Ellos son:
1º.- La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas.
2º.- La competencia de tales pueblos para establecer normas y procedimientos propios.
3º.- Las sujeción de la jurisdicción y de las normas y procedimientos indígenas a la Constitución y la ley, y,
4º.- La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y las autoridades nacionales.
Los dos primeros elementos son comunes a las dimensiones normativa y jurisdiccional que integran la autonomía jurídica. Estos elementos hacen referencia a la existencia de autoridades propias de los pueblos amerindios con capacidad para elaborar normas jurídicamente vinculantes y resolver los conflictos que se generen en la comunidad mediante su aplicación. El fuero se compone de dos elementos: el personal y el territorial. El primero implica que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con normas propias de su cultura, mientras el segundo conlleva la facultad de la comunidad de juzgar las conductas que tengan lugar dentro de su territorio.
En cuanto a los límites, inicialmente, la jurisprudencia de la Corte tiene establecido que no obstante la remisión a la ley, para que ésta establezca las formas de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el sistema judicial nacional, ello no indica que la omisión del legislador en esta materia condicione o suspenda el ejercicio efectivo de la jurisdicción indígena.
La Corte ha diseñado criterios para abordar la interpretación de las normas y la ponderación de los principios y valores en juego, partiendo de la existencia de dos presupuestos básicos, para llegar a una solución adecuada para un Estado multiétnico y pluricultural. De un lado, se requiere el conocimiento cultural del concepto en discusión, y del otro, el diálogo intercultural, para plantear el asunto desde una perspectiva de las concepciones culturales en juego, lo cual halla su dificultad en el desconocimiento de los jueces de las formas de pensamiento indígena, para lo cual muchas veces la Corte ha tenido que acudir a la prueba pericial, de antropólogos, etnolinguistas y sociólogos, que doten de conocimientos básicos al juez que le permitan analizar los problemas con un pie en cada cultura.
Una vez identificados los presupuestos, la Corte ha fijado el principio pro autonomía, como criterio básico central cuando se ven enfrentados los derechos de los pueblos indígenas con cualquier otro valor o principio constitucional.
Esa solución exige desarrollar un método que permita determinar cuáles son esos valores, valores, principios o derechos de mayor peso al derecho colectivo a la singularidad. La Corte no ha fijado una lista cerrada, optando por recurrir a la aplicación, en cada caso, del principio de proporcionalidad a través de un test, que consta de tres fases: en el primero se mira cuál es el objetivo buscado por la medida restrictiva, ya que sólo será legítima la medida si persigue la realización de un bien que posea un valor constitucional superior al que se pretende limitar. La determinación de tal legitimidad se realiza por medio de la ponderación de principios y valores, que debe efectuarse mediante la premisa de que la restricción de la autonomía indígena afecta negativamente a varios principios constitucionales tales como el pluralismo, el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural, la especial protección constitucional a las comunidades indígenas y los derechos fundamentales a existencia e igualdad de las minorías nacionales. En la segunda fase se exige la comprobación de que la limitación que se pretende imponer es absolutamente útil y necesaria para lograr el fin buscado por la medida restrictiva. Y por último debe buscarse que el límite que se pretende imponer no afecta el núcleo esencial de los derechos en juego, ni vacía de contenido la cláusula autonómica.
La severidad con la que se aplica este instrumento se encuentra determinada por una regla de gradualidad, de acuerdo con la cual el nivel de protección a la autonomía debe ser proporcional al grado de los usos y costumbres tradicionales del grupo indígena. Esto significa que los pueblos poseedores de un mayor acervo de tradiciones y prácticas auténticas, gozan de una mayor autonomía, y viceversa, lo que lleva a la aplicación de un test de proporcionalidad estricto para determinar la restricción de cualquier test de proporcionalidad que les afecte.
Así mismo, la jurisprudencia ha señalado que el fuero indígena comprende dos factores determinantes, el personal con el que se busca establecer que los sujetos de juzgamiento activo y pasivo, forman parte de una comunidad indígena, y el territorial que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas, y siempre que exista una autoridad comunitaria con competencia territorial y personal y con capacidad de emitir un juicio conforme a un sistema jurídico tradicional.4
La autonomía judicial no se agota con establecer cuándo son competentes, sino que de acuerdo con la Constitución las comunidades indígenas deben ejercer su jurisdicción dentro del marco de la Constitución y de las leyes de la república, es decir que la Carta misma impuso límites, pero si fueron todo el ordenamiento jurídico, como inicialmente lo consideró la Corte, la jurisdicción quedaba vaciada de contenido, y sujeta a un sistema fundado en concepciones culturales liberales contrarias a las concepciones propias de los pueblos ancestrales5, y tendría un significado indiscutiblemente retórico.
Tal postura fue posteriormente corregida desde 1996, con la sentencia T-349 de ese año, en la que señaló que los parámetros de restricción establecidos en la Constitución no pueden referirse a todo el ordenamiento jurídico porque de lo contrario el reconocimiento a la diversidad cultural sería ilusorio, debiendo consultar el texto constitucional el principio de la maximización de la autonomía, consistente en una máxima autonomía y una mínima restricción, de acuerdo con los criterios antes señalados, de manera que cuando se enfrenten el interés de la preservación de la diversidad étnica de la Naciòn con cualquier otro, debe hacerse un test de proporcionalidad, de suerte que sólo se pueda restringir la autonomía, cuando la medida sea necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía y que sea menos gravosa que la restricción de la autonomía de la comunidad étnica. Y los intereses de mayor jerarquía, o lo que es lo mismo: la posibilidad de restricción, se presenta cuando resulta necesario proteger el derecho a la vida, impedir la tortura o la esclavitud y salvaguardar la legalidad de los procedimientos, los delitos y las penas.

En reciente sentencia de tutela del 19 de enero del año en curso, la Corte realiza un recuento de la evolución de su jurisprudencia en materia de comunidades indígenas, ampliando y precisando el alcance de la autonomía aún en el caso de conflicto con normas de orden público para concluir que aún en este evento podría prevaler la autonomía indígena.
La entrega de esta obra que el Consejo pone a disposición de la comunidad jurídica, tiene la doble pretensión, de mostrar los esfuerzos de las cortes por lograr un coordinación entre los dos sistemas jurídicos, pese a la ausencia de una ley de coordinación, pero especialmente los de la Corte Constitucional, que con sus fallos sobre derechos fundamentales ha construido un verdadero estatuto de la jurisdicción indígena, el de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo, que con sus diversas decisiones de resolución de colisiones de jurisdicción, ha contribuido a fijar el ámbito de aplicación de los dos sistemas jurídicos; de la Corte Suprema, que con los pocos pronunciamientos que ha tenido oportunidad de hacer en sede de casacón, ha fijado las directrices que deben seguirse en materia civil y de familia. Igualmente, del Consejo de Estado, que ha hecho múltiples pronunciamientos en el campo laboral y electoral, entre otros. Especial interés me suscitó el pronunciamiento efectuado sobre los Nuká Makú, en sentencia del 7 de marzo de 1997, única comunidad nómada sobreviviente en el mundo y con no más de 800 miembros. La otra pretensión es la de que la obra sirva de material de consulta y de faro para la adopción de las decisiones judiciales, ajustándolas al pluralismo, la multiculturalidad y diversidad étnica, señaladas en la Constitución, pero evitando, como criterio interpretativo, la impunidad.


1 Vicepresidente Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Intervención en el acto de presentación de la obra "Compilación y Selección de los fallos y decisiones de la Jurisdicción Especial Indígena 1980-2006", en el palacio de Justicia marzo 8 de 2007.

2 BEATRIZ EUGENIA SANCHEZ MOJICA, Revista Academia Colombiana de Jurisprudencia, No.330 de 2005, págs. 85 y ss.

3 BEATRIZ EUGENIA SANCHEZ MOJICA, ob. cit. págs, 93 y ss.

4 BEATRIZ EUGENIA SÁNCHEZ MOJICA, ob. Cit. Págs. 94 y ss.


5 Ver discurso Apuntes sobre la Jurisdicción Indígena, del doctor JAIME ARAÚJO RENTERÍA, en el Taller Regional Indígena, 2006.

similar:

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconPrograma de coordinacion para el apoyo a la produccion indigena

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconProvincia de buenos aires poder judicial uso oficial – jurisdicción...

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconEntidad publica jurisdicción. Criterio orgánico / jurisdiccion contenciosa...

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconRelación entre sistema nervioso y sistema endocrino

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconConversión entre el Sistema Binario y el Sistema Decimal

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconResumen Se describen los patrones de siembra y manejo de la biodiversidad...

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconLean el siguiente artículo sobre los avances tecnológicos. Escojan...

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconAvances y Buenas Prácticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena iconEl Grupo IVI presenta sus últimos avances en Reproducción Asistida...

Avances en la coordinacion entre el sistema judicial nacional y la jurisdiccion especial indigena icon[sistema nacional de inocuidad alimentaria




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com