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que juzgaba a los ciudadanos y el praetor peregrinus que intervenía en los juicios en que era parte un extranjero), comenzaron en los siglos III y II antes de Cristo a introducir nuevos procedimientos y a conceder acciones destinadas a suavizar el rigor del estricto derecho civil, de tal manera que por vía indirecta el jus praetorium u honorarium vino a suplir y modificar el sistema primitivo. Esos pretores, y otros magistrados, tanto en Roma como en las provincias, publicaban anualmente un edicto al comenzar sus funciones, en el cual señalaban las normas a las cuales iban a ajustar sus decisiones. Estos edictos, reproducidos por los sucesivos magistrados, adquirieron carácter permanente convirtiéndose así en la fuente de derecho privado más importante en el siglo I a.c..

La creación del imperio romano (año 27, a.C.) no modificó substancialmente el sistema jurídico. El derecho surgió entonces de las sanciones del Senado (senadoconsultos) y más tarde de las decisiones del Emperador (constituciones), pero continuó en vigor el jus praetorum que en la época de Adriano fue codificado. Y además adquirieron categoría de fuentes del derecho las doctrinas de los jurisconsultos, a algunos de los cuales Augusto dio el jus publice respondendi de tal manera que sus opiniones podían ser presentadas a los magistrados para que las tuvieran en cuenta al sentenciar.

La época de mayor esplendor del derecho romano y de la doctrina que a él se aplicaba (iuisprudentia) fue la de los siglos II y III de nuestra era. Los juristas no sólo comentaban e interpretaban el derecho vigente, sino que también creaban nuevos conceptos, definiciones y teorías jurídicas, y señalaban asimismo la justicia de las normas con arreglo a sus ideas filosóficas. Llegó a tan alto grado el desarrollo de esa iuisprudentia que el emperador Adriano declaró obligatorias las opiniones de los peritos en derecho, cuando estuvieran de acuerdo. Y más tarde la ley de las citas, del año 426, dispuso que los jueces debían atenerse a las doctrinas expuestas en sus libros por los más grandes de los juristas clásicos: Gayo, Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino, debiendo prevalecer el criterio de Papiniano cuando había discordancia. En esta forma el derecho romano, partiendo de las costumbres primitivas, fue perfeccionándose a través de los siglos por obra principalmente de los peritos en esta ciencia (pretores y juristas), pues las leyes y las decisiones gubernativas tuvieron importancia secundaria. Aquéllos, influidos a la vez por las reglas jurídicas extranjeras y por las ideas filosóficas de los estoicos, supieron adaptar al derecho romano las mejores soluciones universales que formaron el jus gentium y corregir el rigor primitivo del jus civile hasta asimilar ambos sistemas y confundirlos en un solo.

Al mismo tiempo, los jurisconsultos clásicos sistematizaron el derecho elaborando definiciones, precisando conceptos y construyendo teorías que aun hoy sirven de fundamento a muchas instituciones. Generalizando esa formación del derecho, Gayo pudo afirmar en el siglo II que “todos los pueblos utilizan en parte un derecho propio, y en parte uno común a la humanidad. El primero es el derecho civil, propio de cada ciudad o Estado: y el segundo es el derecho de gentes, 'que la razón natural establece entre todos los hombres" (Institutas. 1.1.1: Digesto. 1. i. tít. 1.9). A esta división bipartida Ulpiano agregó el jus naturale, que la naturaleza enseña a todos los animales incluso el hombre, como la unión de los sexos, la educación de la prole, etcétera. Otros autores confundieron el derecho natural con el de gentes, diciendo de el que es siempre equitativo y bueno. Más tarde esa fusión aparece clara en las Institutas de Justiniano (siglo Vil, que definen los derechos naturales como aquellos "que existen en todos los pueblos, constituidos por la providencia divina, y permanecen siempre firmes e inmutables").

Esta idea de un derecho natural era en realidad un producto de la filosofía griega, recibido en Roma a través de los estoicos. Entre los pensadores que contribuyeron a difundir la idea de un derecho superior, válido en todos los tiempos y lugares, convienen mencionar a Cicerón (106-43 a.C.). El gran orador de la República, observaba que no todas las leyes son igualmente justas, pues en tal caso lo serían también las de los tiranos. Pero hay, sin embargo, principios que la naturaleza y la razón nos señalan como fundamentalmente justos, y de los cuales no debemos apartarnos: "hay una ley verdadera -dice en La República- la recta razón inscripta en todos los corazones, inmutables, eterna, que llama a los hombres al bien por medio de sus mandamientos y los aleja del mal por sus amenazas: pero que, sea que ordene o prohíba, nunca se dirige en vano a los buenos ni deja de impresionar a los malos. No se puede alterarla por otras leyes, ni derogar alguno de sus preceptos, ni abrogarla por entero: ni el Senado ni el pueblo pueden liberarnos de su imperio: no necesita intérprete que la explique; es la misma en Roma que en Atenas, la misma hoy que mañana, y siempre una misma ley inmutable y eterna que rige a la vez a todos los pueblos y en todos los tiempos. El universo entero está sometido a un solo amo y a un solo rey supremo, al Dios todo poderoso que ha concebido, meditado y sancionado esta ley". En esta forma elocuente, Cicerón anticipaba la doctrina del derecho natural, que iba a alcanzar tan extraordinario desarrollo en el curso de lo siglos.

Durante el siglo IV de la era cristiana comienzan las invasiones de los bárbaros, que determinaron la división del imperio en dos zonas: el de oriente y el de occidente, y la inmediata desaparición del segundo. En este período el derecho romano continúa evolucionando gracias, principalmente, a las constituciones sancionadas por los sucesivos emperadores. A fines del siglo IV se compilaron, estas últimas en forma extraoficial (códigos Gregoriano y Hermogeniano), y posteriormente el Código Teociosiano, del año 438, reunió las sancionadas hasta entonces y tuvo carácter oficial.

Muchos más importantes fueron las compilaciones que el emperador Justiniano, de Oriente, encargó al Jurista Triboniano en el año 530. Como resultado de esta orden se compusieron sucesivamente las cuatro partes que luego formaron el Corpus juris civilis, a saber: el Digesto (o las Pandectas), que reúne ordenada y sistemáticamente las opiniones de los jurisconsultos clásicos (533): las Institutas, breve compendio de todo el derecho, que en los siglos posteriores sirvió de texto para la enseñanza (533): el Código, que reproduce las constituciones imperiales entonces vigentes (534): y por último las Novelas, agregadas posteriormente, que incluyen las constituciones sancionadas después del año 534.
La Cristianización del Derecho en la Alta edad Media

Al mismo tiempo que el derecho alcanzaba en Roma su extraordinaria perfección, el cristianismo se iba difundiendo paulatinamente por todo el mundo conocido. La nueva religión iba a ejercer una influencia decisiva sobre el derecho, porque daba al hombre, como ser creado a imagen y semejanza de Dios, una dignidad de que antes carecía. Desde entonces fue la persona humana, y no el Estado ni la ciudad, la destinataria principal del orden jurídico establecido precisamente para facilitar su vida y desarrollo como ente espiritual.

La religión y el poder político, hasta entonces unidos en las culturas de la antigüedad pagana, quedaron separados y tuvieron sus fines propios. Al predicar esa división: “dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios" (Evangelio según San Mateo, 22, 21). Jesucristo afirmaba indirectamente la obligación que tiene todo cristiano de obedecer al Estado y de cumplir el derecho. Y esta obediencia ya no es una simple imposición de la autoridad, sino que tiene raíces y fundamentos más profundos. Como todo poder proviene de Dios, debemos acatar sus mandatos “no sólo por temor del castigo sino también por obligación de conciencia" (San Pablo, Epístola a los Romanos. XIII). El cumplimiento del derecho cede, sin embargo, a la necesidad de “obedecer a Dios antes que a los hombres" (San Pedro. Hechos de los Apóstoles, V. 29), con lo cual aparece una primera limitación al poder del Estado y de los gobernantes.

La justicia ocupa un lugar importante en la doctrina cristiana. Hay por de pronto una justicia divina que revela la perfección del Ser creador y se manifiesta entre los hombres por medio de su voluntad. Y hay también una justicia humana, virtud universal de amplísimo contenido, que abarca no sólo las relaciones jurídicas sino también toda la conducta social del hombre en su deber de amar al prójimo: “tratad a los hombres de la misma manera que quisierais que ellos os tratasen a vosotros” (Evangelio según San Lucas, VI, 31). La filosofía jurídica del cristianismo se fue desarrollando durante los primeros siglos por obra de los Padres de la Iglesia, pero sólo alcanzó su formulación cabal con San Agustín (354 - 430). Utilizando las concepciones de Heráclito y de Platón, y adaptándolas a la doctrina cristiana, San Agustín distingue tres clases de leyes que señalan los derechos y deberes de los hombres. La ley eterna es la razón o la voluntad de Dios que gobierna tanto las cosas y los seres irracionales como la actividad humana. Esa regulación tiene carácter necesario para aquéllos, y debe ser acatada voluntariamente por los hombres, a los cuales les indica respetar el orden impuesto por Dios. La segunda es la ley natural, que se manifiesta en la conciencia, y significa la participación del hombre en aquel orden divino. Esta norma de carácter fundamentalmente ético permite a todo ser humano distinguir el bien y el mal, lo justo y lo injusto, de tal manera que abarca tanto el campo de la moral como las bases del orden jurídico. Y la tercera es la ley humana, sometida racionalmente a la anterior, destinada a resolver los problemas que aquélla no contempla. De tal manera, la ley natural es inmutable y universal, mientras que la humana es variable de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. Su finalidad esencial consiste en asegurar el orden y la paz en la sociedad, para permitir que los hombres realicen sus fines temporales y sobrenaturales. En esta forma el derecho quedaba sometido a la moral, y ésta a su vez encuadraba en el orden universal de la creación.

En el año 476 se produjo el derrumbe del imperio romano de occidente. Las invasiones de los bárbaros destruyeron esa organización que parecía inconmovible, y paulatinamente se crearon los nuevos reinos o Estados. El derecho romano, sin embargo, continuó en vigencia sobre todo para regular las relaciones privadas, pero evolucionó desde entonces en forma distinta en cada región. A su lado aparecieron las costumbres germánicas, traídas por los invasores, que no fueron impuestas a los pueblos sometidos. Y por último se nota, durante esos primeros siglos de la Edad Media, una marcada influencia del cristianismo, que se acentúa en los países en donde consigue triunfar.

El derecho germánico, al tomar contacto con el espectáculo de la organización romana, tuvo que pasar de la costumbre a la ley para imponerse y perdurar. La primera redacción escrita de ese derecho fue el código sancionado por el rey Eurico hacia el año 475, para regir tanto en el sur de Francia como en la mayor parte de la península Ibérica, que integraban entonces el reino visigótico. Este código, que recoge fuentes romanas y germánicas, influyó luego en las leyes de los borgonones (lex Barbara Burgundionun, de fines del siglo V), de los francos (lex Salica, de principios del siglo VI), y otras, redactadas todas en latín. De esta manera, y contemporáneamente, la mayor parte de los pueblos de Europa fijó por escrito su derecho en la forma primitiva que correspondía a su estado de civilización. Pero casi de inmediato, y seguramente con el propósito de unificar el derecho y la vida social entre los invasores y los pueblos sometidos, se procede en occidente a redactar nuevos códigos de alcance territorial. Aparecen entonces la lex romana burgundionun y enseguida la lex romana visigothorun, también conocida bajo el nombre de Breviario de Alarico II. Esta Última, sancionada por una asamblea de obispos y notables reunida en el sur de Francia en el año 506, constituye una recopilación destinada indistintamente a godos y romanos, que contiene fuentes exclusivamente romanas tomadas de los códigos gregoriano, hemogeniano y teodosiano, y doctrinas de Gayo y Paulo. Se aplicó y estudió no sólo en el reino visigodo, sino también en Francia y en otras regiones hasta el siglo XI, porque constituía la recopilación más perfecta del derecho romano entonces conocido en occidente. De la misma época es el Edicto del rey ostrogodo Teodorico, sancionado en Italia, que también se inspiró en las fuentes mencionadas.

Más tarde, la política acentuadamente nacionalista de los reyes visigodos les hizo volver en parte a su antiguo derecho. Leovigildo (572-586) sancionó un código nuevo que reproducía muchas disposiciones del de Eurico, aunque romanizando más su contenido, y legislaba el derecho privado, el penal y el procesal. Nuevas leyes continuaron dictándose durante los reinados de sus sucesores, y es menester recordar que en el año 489 Recaredo abandona la herejía arrima y se convierte con su pueblo al catolicismo.

Por último, en el año 654 se sanciona el Liber judiciorum (Libro de los juicios), que deroga al código anterior. Esta nueva legislación, debida a la iniciativa de Recesvinto, recoge la que habían dictado los reyes visigodos y acusa también una marcada influencia, cristiana. Esta última se acentúa en una redacción posterior del Liber, hecha en el año 681 por el Concilio XII de Toledo. Y en otra redacción, llamada vulgata porque no tuvo carácter oficial, se incluyeron al principio tres títulos de derecho público tomados de los concilios toledanos y de las obras de San Isidoro. Esta última edición, traducida al romance en el siglo XIII, recibió el nombre de Fuero Juzgo.

Tales leyes no alcanzaron, sin embargo, a ser cabalmente aplicadas. Tanto en España como en los demás países del occidente europeo el pueblo prefería regirse por las costumbres locales, que se adaptaban mejor a las nuevas necesidades. Así el derecho se fue apartando cada vez más del derecho romano clásico y aun del que sancionaban los reyes. La actividad legislativa de estos últimos fue disminuyendo sensiblemente en los siglos posteriores, por efecto de la correlativa disminución de su autoridad frente al poder de la nobleza.

El feudalismo, el aislamiento de las poblaciones y la ausencia de cultura jurídica favorecieron y fomentaron el desarrollo de los derechos locales y particularistas, cuya fuente principal fueron las costumbres aplicadas por jueces sin preparación técnica. Esta diversificación del derecho se acentuó por la existencia de señores feudales que imponían sus propias normas, por los privilegios de clase, y por las reglas especiales de las distintas actividades y profesiones.

A esos derechos de las regiones, de las clases sociales y de las distintas profesiones se agregaron, desde fines del siglo X en toda Europa, los derechos de las ciudades. El desarrollo de la vida urbana creó una nueva clase de burgueses o ciudadanos que obtuvo libertades y privilegios especiales, generalmente concedidos por los reyes o los señores. Estos derechos se llamaron fueros en Castilla, Navarra y Aragón, costums en Cataluña, coutomes en Francia, statuti en Italia, etcétera, y alcanzaron casi siempre una formulación escrita entre los siglos
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