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X y XIII.

El progresivo particularismo de la Alta Edad Media no alcanzaba, empero, ni a las instituciones fundamentales del Estado, ni al derecho canónico que se fue paulatinamente unificando. La Iglesia, combatida durante los primeros siglos de nuestra era, fue sin embargo la primera fuerza social que se organizó en esos países barbarizados, a los cuales se impuso no sólo religiosa, sino también culturalmente. El derecho canónico (de canon: palabra griega que significa regla) se fundaba naturalmente en las enseñanzas de Jesucristo recogidas en el Nuevo Testamento. Esta doctrina fue completada mediante el establecimiento de normas jurídicas destinadas a organizar el gobierno de la Iglesia, sus relaciones con los fieles, y la vida religiosa de estos últimos. Surgieron así los cánones de los concilios, las epístolas pontificias, las doctrinas de los Padres de la Iglesia, y las costumbres.

La caída del Imperio romano y el aislamiento de las nuevas naciones produjo un cierto localismo del derecho canónico. Pero bien pronto se procuró restablecer su primitiva unidad recopilándolo. La primera colección fue la de un monje llamado Dionisio El Exiguo, que trabajó a principios del siglo VI. Luego aparecen otras recopilaciones locales entre las cuales se destaca la Hispana (siglo VIl), que por su perfección tuvo mucha importancia. Pero no se llegó a dar completa unidad a este derecho hasta que a mediados del siglo XI el monje Graciano escribió en Bolonia su obra Concordia discordantium canonum llamada comúnmente Decreto, en la cual reunía la mayor parte del derecho hasta entonces sancionado y procuraba conciliar sus aparentes contradicciones. Este Decreto iba a servir de texto de enseñanza en las universidades, y fue la base del Corpus juris cononici elaborado durante los siglos posteriores.

Pero además de recordar la aparición del derecho canónico, preciso es señalar también la influencia ejercida por la Iglesia sobre todo el sistema juntico. La predica de una nueva moral y la cultura superior de los miembros de la Iglesia determinaron la progresiva cristianización del derecho. Este proceso consiste esencialmente en la adaptación de las normas jurídicas laicas a las enseñanzas religiosas, y en la moralización del derecho. Porque la Iglesia no sólo se preocupó de organizar su propio funcionamiento, como institución de origen divino, sino que también trató de inculcar normas de convivencia que se ajustaran a sus doctrinas. De tal manera la influencia de aquélla fue notable no sólo en la reglamentación del sacramento del matrimonio, sino en toda la vida familiar, en la protección de los humildes, en la pacificación y decencia de las costumbres, en la moderación de las penas, en la observancia de los contratos, en la represión de la usura, etcétera.

De esta manera el derecho se va aproximando gradualmente a los ideales de caridad y de justicia que inspiran la doctrina social de la Iglesia. Pero además, mediante la influencia cultural y política que ejercen sus grandes dignatarios, éstos consiguen muchas veces inculcar a los gobernantes ideas de moderación, prudencia y respeto por los súbditos; afirman la doctrina de que el poder es una concesión divina sujeta a limitaciones; y colocan por encima de la voluntad de los príncipes las leyes de Dios, el derecho natural y el cumplimiento del orden jurídico imperante.
La Recepción del Derecho Romano Justinianeo
Hemos visto ya que el derecho romano aplicado en occidente era sólo el recogido en los códigos de fines del siglo IV y principios del V, y en algunas obras doctrinarias. Las grandes recopilaciones hechas por orden del emperador Justiniano en el siglo VI apenas se habían conocido en los Estados que ya no estaban sometidos al Imperio.

El desarrollo gradual de la cultura permitió, sin embargo, que prosperaran ciertas escuelas de derecho en algunas ciudades de Italia. Entre ellas sobresalió la de Bolonia, desde principios del siglo XII, en cuyas aulas se estudiaba el Corpus juris civlis de Justiniano, comentando sus doctrinas y sus leyes. Diversas circunstancias -y entre ellas la perfección teórica del derecho que así volvía a conocerse- convirtieron a Bolonia en centro de una pléyade de maestros y estudiantes que luego difundieron por toda Europa la ciencia jurídica fundada en las recopilaciones justinianeas.

El primero que se destacó en Bolonia fue Irnerio (muerto en 1125), que también inauguró la escuela de los glosadores. Consistia este sistema en comentar las leyes romanas escribiendo una glosa que trataba de explicarlas, resumirlas o interpretarlas. Los glosadores no consideraban al derecho romano como un derecho histórico, sino como el único derecho que debí aplicarse y estudiarse. Pero se limitaron a la exégesis puramente literal de los textos, sin llegar a las construcciones teóricas y sin tratar de perfeccionar el sistema jurídico.

El representante mas notable de la escuela fue Accursio (1182-1260), que escribió la Glosa ordinaria en la cual aprovechaba todos los comentarios que los juristas anteriores habían hecho al Corpus juris. Su obra alcanzó gran difusión, y fue considerada superior aun a los textos que estudiaban. Con él termina, puede decirse, el auge de esta escuela. Pero entre tanto sus enseñanzas, y con ellas la autoridad del derecho justinianeo, se habían difundido por toda Europa. El Placentino (así llamado porque, era oriundo de Plasencia) fundó en Montpellier, al sur de Francia, una escuela de derecho en la cual aplicó los métodos boloñeses. La enseñanza se extendió luego a Orleans. Durante el siglo XIII se introducen esos mismos estudios en las universidades de Valencia. Salamanca y Valladolid. Lo mismo ocurre en la Universidad de Oxford. Y en Alemania la recepción teórica del derecho romano se remonta al siglo XI.

Gracias a esta difusión del derecho y de los estudios jurídicos, se produjo, especialmente en Castilla, un verdadero renacimiento legislativo que utilizó ya los idiomas comunes. A mediados del siglo XIlI se tradujo el Liber judíciorun, que fue concedido como fuero local a varias ciudades de Castilla bajo el nombre de Fuero Juzgo.

Este mismo código es utilizado en la redacción del Fuero Real (concluido entre los años 1252 y 1255), que se otorga también a otras ciudades y pretende unificar, perfeccionándolo, el derecho local. Pero es derogado en 1272 a raíz de la resistencia de los pueblos, que todavía prefieren el antiguo derecho.

Mientras este último lucha por mantenerse en vigor. Alfonso X el Sabio procura introducir un derecho más científico, fundado principalmente en el romano y en el canónico. Resultado de esto son las Partidas, redactadas según se cree con la ayuda de varios juristas (Jacobo de las leyes, Fernando Martínez de Zamora y el maestro Roldán), que elaboraron una magnifica obra legislativa y doctrinaria ampliamente difundida luego. Las Partidas se inspiran principalmente en el Corpus juris de Justiniano, en el derecho canónico, y en las obras de los glosadores. Y tienen la particularidad de introducir, en los textos legales, las ideas y las doctrinas que los fundamentan. Pero esta obra no alcanzó a ser aplicada de inmediato, y fue objeto de revisiones posteriores. El derecho tradicional castellano pugnaba, en efecto, por mantenerse en vigor. Estas costumbres aplicadas por los jueces fueron redactadas por escrito durante el siglo XIII, y reunidas en varias colecciones particulares, hasta que el Ordenamiento de Alcalá en 1348, fijó el orden de prelación que deberían tener en cuenta los jueces al resolver los litigios: en primer lugar las leyes contenidas en el Ordenamiento de Alcalá, en segundo término los fueros de cada ciudad, y por último, como derecho supletorio, las Partidas. Las leyes posteriores se recopilaron luego en las Ordenanzas Reales de Castilla, debidas al doctor Díaz de Montalvo, que fueron impresas en 1484.

De tal manera Castilla fue el primer Estado europeo que consiguió darse un derecho propio casi totalmente escrito, formado en parte por sus costumbres tradicionales, en parte por un derecho científico de raíces romanas y canónicas, y en parte por las leyes que iban sancionando los monarcas. Este proceso de unificación del derecho territorial continúa de inmediato en los demás reinos hispánicos, que procuran también dar forma orgánica a sus costumbres.

En cambio, los otros Estados europeos mantienen todavía, en la Baja Edad Media, una gran diversidad jurídica. El derecho romano, impuesto como legislación vigente, comienza a aplicarse desde principios del siglo XIII en Italia, en donde se lo consideró como el propio derecho nacional. En Francia las provincias meridionales lo admitieron también en reemplazo de sus antiguas costumbres -y sin que esta vigencia impidiera el surgimiento de otras nuevas costumbres- pero no llegó a imponerse en el norte que conservó su derecho tradicional. En Alemania la recepción del derecho romano se produjo más tarde, a principios del siglo XVI, favorecida por la idea de que el imperio germánico era sucesor del romano antiguo. De tal manera este derecho clásico y científicamente superior volvía a imponerse por segunda vez en muchas regiones, demostrando así su permanente vitalidad.

La vigencia del derecho romano -ya como derecho adoptado, ya como inspirando las legislaciones- se limitaba sin embargo a gran parte del derecho privado. Frente a él surgían en todos los países los nuevos ordenamientos políticos, los sistemas feudales, los privilegios de las ciudades y el derecho canónico, que se había impuesto universalmente en la regulación del matrimonio y la familia. La ciencia jurídica, aplicada al estudio de los derechos romano y canónico, recibió un impulso extraordinario en Italia durante el siglo XIV. Bártolo de Saxoferrato (1314-1357) fue el fundador de una escuela que se llamó de los post-glosadores o bartolistas. Esta escuela, apartándose de la glosa literal a los textos romanos, trató de llegar mediante sus comentarios a formular principios jurídicos y a elaborar construcciones que superaran al derecho antiguo (p.

ej.. el sistema de los estatutos). Pero exageró sin duda en muchos casos los métodos escolásticos entonces en boga, cayendo a veces en artificios inadmisibles. Los principales bartolistas fueron Juan Andrés, Baldo de Ubaldis y Nicolás de Tudeschi, llamado el Abad Panormitano. Estos últimos comentaron también el derecho canónico, que al mismo tiempo se había ido completando hasta formar a principios del siglo XVI el Corpus juris canonici.
La Doctrina Escolástica
Así como la Baja Edad Media contempló un florecimiento de la ciencia jurídica, así también durante ese periodo la filosofía del derecho perfecciona una doctrina de alcances universales y de vigencia permanente que, por haber sido enseñada en las escuelas, se denomina escolástica.

Ya vimos antes cómo San Agustín había planteado las bases de la filosofía jurídica cristiana. Los teólogos medievales continuaron esa tradición. y no fueron pocos los canonistas que se elevaron también a las alturas de la filosofía. Pero tocó a Santo Tomas de Aquino (1225- 1274), durante su corta pero laboriosa existencia, fijar con precisión ese pensamiento dándole una forma más depurada y profunda. Este monje dominico, nacido cerca de Nápoles, estudió en Paris y en Colonia bajo la dirección de San Alberto Magno, y luego fue profesor en la capital de Francia y en la de su patria. De sus numerosas obras -destinadas muchas de ellas a combatir los errores de su tiempo o a comentar los libros de Aristóteles- la más importante y la que más nos interesa es la Summa Theologica, que constituye un estudio analítico de los problemas teológicos, metafísicos y morales. El sistema tomista constituye un majestuoso edificio que abarca todas las ramas de la filosofía, a la cual estudió desde el punto de vista cristiano, pero inspirándose en el pensamiento aristotélico y aprovechando también la obra de los escritores católicos.

Santo Tomás considera al universo entero como un conjunto ordenado en el cual cada ser ocupa el lugar que le corresponde y cumple la función asignada por el Creador. El mundo aparece así gobernado por Dios mediante reglas físicas y normas morales que constituyen la ley eterna Esta es, por lo tanto, "la razón de la divina Sabiduría, en cuanto es directiva de todos los actos y mociones". La ley eterna regula los movimientos de las cosas (leyes físicas y naturales) y de los seres (leyes biológicas. religiosas y morales). En cuanto se dirige a las cosas y a los seres irracionales, la ley eterna tiene carácter necesario, pues sus reglas se imponen fatalmente. Y estas reglas son conocidas por los hombres no directamente, sino mediante la observación de sus efectos que las ciencias de la naturaleza estudian.

La misma ley eterna, en cuanto se dirige a los seres racionales, se llama ley natural, la cual no es otra cosa que la “participación de la ley eterna en la criatura racional". La observación de estos preceptos ya no tiene carácter necesario, sino contingente, pues depende del libre albedrío de los hombres. Pero éstos se someten generalmente a ella porque por un lado coincide con las propias inclinaciones de la naturaleza humana, y por el otro se impone racionalmente señalando el camino del bien que todos apetecen y buscan.

El conocimiento de esa ley natural es innato en el hombre. Hay en cada uno de nosotros dos inclinaciones o hábitos: el especulativo, que conduce a la investigación de la verdad, y el práctico, que dirige esa verdad a la acción. Los seres humanos tienen una tendencia natural tanto a conocer la verdad cuanto a discernir los principios morales de la acción, que los inclinan al bien. Esta luz o disposición natural se llama sindéresis, y no es otra cosa que el hábito que imprime en nuestra mente las verdades contenidas en la ley natural. La aplicación de estas verdades a los casos concretos es ya obra de la razón y de la voluntad humana, en el ejercicio de su libertad.

El contenido de esa ley natural puede resumirse en un solo precepto: hacer el bien y evitar el mal. Por lo tanto, abarca los primeros principios de la moral y del derecho, puesto que orienta los actos humanos por el camino de todas las virtudes. Pero no todos los actos virtuosos son obligatorios en el sentido jurídico, y por lo tanto el derecho natural es sólo una parte de la ley natural. Su contenido propio deriva racionalmente de las tres tendencias naturales en el hombre: la conservación de la vida, la perpetuación de la especie, y el deseo de conocer la verdad sobre Dios y de vivir en sociedad.

De esta última tendencia derivan otros principios básicos de la convivencia humana: no dañar a otros, dar a cada uno lo suyo, etcétera. La ley natural participa de los caracteres de la ley eterna y es por lo tanto universal e inmutable, es decir, rige en todos los tiempos y lugares. Pero esto se entiende con respecto a los primeros principios ya indicados, y no a las aplicaciones particulares de los mismos, que pueden variar según las circunstancias. El derecho natural, a su vez, es el fundamento de la ley humana o positiva. Esta última deriva de aquél de dos maneras: o bien por vía de conclusión de los primeros principios contenidos en la ley natural, o bien mediante la regulación de casos no previstos en ella. En el primer supuesto la ley humana participa en cierto modo de los caracteres del derecho natural en cuanto a su inmutabilidad y universalidad; en el segundo es contingente y variable, pues se adecua a las necesidades históricas en cada pueblo. El derecho positivo es por lo demás indispensable para imponer, mediante la fuerza, una disciplina que asegure la paz y la justicia en la sociedad.

De tal manera Santo Tomás establece una verdadera jerarquía de leyes, puesto que la ley natural deriva de la eterna, y la positiva o humana debe ajustarse a aquélla. En caso contrario, cuando el derecho sancionado por los hombres contraría esos principios superiores, "ya no será ley, sino corrupción de la ley", y por lo tanto no obligatorio en conciencia.

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