Tribunal contencioso administrativo del huila




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REPÚBLICA DE COLOMBIA

Rama Judicial

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Quinta de Decisión
Neiva, veinte (20) de marzo de dos mil siete (2007)
Magistrado Ponente : DR. JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ.

Asunto : ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

Demandante : LUIS FERNANDO CHALA CANACUÉ Y OTROS

Demandada : NACIÓN – MINDEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Radicación : 41 001 23 31 005-2000-0199-00

Providencia : SENTENCIA.

Acta : Nº 22

LUIS FERNANDO, JOSÉ ALEJANDRO, LAURA PATRICIA, ALIX DAYANA, JESÚS JAVIER e ISMELDA DEL CARMEN CHALA CANACUE; EDILBERTO CHALA LOZADA y ALICIA CANACUE, a través de apoderado instaura acción de Reparación Directa contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL; con el fin de que esta corporación haga las siguientes y similares:

I.- DECLARACIONES Y CONDENAS
1.- Que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional son solidaria y administrativamente responsables de los daños causados a los demandantes como consecuencia de las lesiones mentales sufridas por el señor Luis Fernando Chalá Canacue.
2.- Como consecuencia de la anterior declaración se condene a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar por perjuicios morales las cantidades de oro fino que a continuación se relacionan, con base en la certificación que sobre el precio del gramo oro expida el Banco de la República a la fecha de la sentencia, así: al señor Luis Fernando Chalá Canacue (lesionado mental) la suma de 1000 gramos oro fino; a Edilberto Chalá Lozada (padre) y Alicia Canacue (madre), la suma de 500 gramos oro, para cada uno; y para cada uno de los hermanos José Alejandro, Laura Patricia, Alix Dayana, Jesús Javier e Ismelda del Carmen Chala Canacue, la suma de 300 gramos oro fino.
3.- Se condene a la entidad demandada a pagar por concepto de perjuicios materiales a favor de Luis Fernando Chala Canacue la suma de 1000 gramos oro fino.
4.- Se condene a la entidad demandada a pagar por concepto de daño fisiológico, daño mental, la suma de 1000 gramos oro fino.
5.- Sobre las anteriores cantidades de dinero se pagarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.
6.- Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A., y para tal fin se expidan copias de la sentencia con destino a los interesados a tenor de lo normado en el artículo 115 del C.P.C.


II.- HECHOS
1.- El SLV ® LUIS FERNANDO CHALA CANACUE, nació el 30 de junio de 1978, hijo de Edilberto Chala Lozada y Alicia Canacue; y hermano de José Alejandro, Laura Patricia, Alix Dayana, Jesús Javier e Ismelda del Carmen Chala Canacue.
2.- El Soldado ingresó al Ejército Nacional el 2 de agosto de 1998, en perfecto estado de salud, física, síquica y sicológica, previa verificación de los organismos de sanidad de la institución, quienes efectuaron los exámenes de admisión y ordenaron su ingreso al Ejército Nacional, asignándole el código militar N° 83235313, el mismo número de su cédula de ciudadanía y destinado a orden público – Batallón de Artillería Tenerife N° 9 de Neiva - Huila.
3.- En el batallón de Artillería el soldado presenta continuos trastornos de personalidad, de persecución, por lo cual debe ser recluido en el Hospital General de Neiva – Pabellón de Psiquiatría y en el Hospital Militar Central de Santafé de Bogotá, en varias oportunidades.
4.- Las lesiones causadas al demandante han causado grave deterioro en la moral de su familia, angustia, desesperación, pérdidas de orden económico debido a que han tenido en forma continua que internarlo en el Hospital General Pabellón de Psiquiatría de Neiva, ocasionándoles gastos extraordinarios a sus padres que no estaban previstos dentro de las urgencias económicas del momento; gastos que el Ejército Nacional no ha cancelado.
5.- Las lesiones y afecciones fueron determinadas parcialmente por médicos especialistas en su historia clínica y transcritas para la valoración médico laboral realizada con Acta de Junta Médico Laboral N° 656 de marzo 30 de 1999, en la cual se declaró no apto para la actividad militar, licenciarlo con una actividad relativa y permanente y darle una disminución de la capacidad laboral de 31.5%, con el ánimo de no pensionarlo, sin observar la gravedad de su enfermedad y las secuelas futuras.
6.- El actor sufrió la pérdida de sus facultades mentales, por maltrato y tortura del Ejército Nacional, pues en error de hecho, los mandos militares detectaron que éste provenía de una vereda de fuerte influencia guerrillera, presumiendo que era un infiltrado de la guerrilla, lo sometieron a tratos desobligantes, a largas jornadas de interrogatorios y a maltratos físicos aberrantes, los cuales según afirmación de la familia y el mismo afectado, desequilibraron su mente y su físico, hasta el punto de volverlo loco.
7.- El actor está demandando el daño a que por responsabilidad objetiva y/o daño por falla presunta en el servicio médico y por razón del mismo, -maltratos inhumanos e injustos, interrogatorios no permitidos por la ley-, causados por el Ejército Nacional a través de los mandos del Batallón Tenerife de Neiva; daños que deben ser reparados por los demandados.


III.- ACTUACIONES PROCESALES
1.- Mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2000, se admite la demanda, ordenando notificar personalmente al Procurador Judicial de la Corporación y al Ministro de Defensa (fl. 49); efectuada la notificación la entidad demandada constituyó apoderado, quien dentro de la oportunidad descorrió el traslado.
2.- El proceso se abrió a pruebas por auto de enero 24 de 2002, decretando las solicitadas por la parte actora (fls. 69-70).
3.- Por auto de julio 5 de 2005, se dispuso correr traslado para alegar de conclusión (f. 119); hizo uso de este derecho el apoderado de los actores, la entidad demandada guardó silencio; el Agente del Ministerio público no rindió concepto.


IV.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La apoderada de la entidad demandada se opone a las pretensiones de la demanda con fundamento en los siguientes aspectos:
1.- El soldado Franck Fernando Nieto Mancilla fue desvinculado del estamento militar mediante Junta Médica Laboral N° 3616 de septiembre 30 de 1998.
2.- Al actor le asistía la facultad de impugnar o reclamar la decisión de la Junta Médica dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria de ésta (artículo 29 del Decreto Ley 94 de 1989), para que el Tribunal Médico Laboral la revocara o modificara, lo que no ocurrió quedando en firme el acto administrativo.
3.- Le asistía la facultad legal de acudir al juez administrativo para que de conformidad al artículo 85 del C.C.A., se pronunciara y decidiera sobre la eventual reclamación del accionante, pero al dejar vencer los términos de ley acude a la acción por vía de la reparación directa que en el caso subexamine no tiene sustento legal. Trae como fundamento de lo anterior apartes de sentencias proferidas por el Consejo de Estado de diciembre 9 de 1994 expediente N° 5512 con ponencia del Dr. Carlos Betancur Jaramillo y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de noviembre 25 de 1999, expediente N° 97D-14655 con ponencia de la Dra. Fabiola Orozco de Niño.
4.- Los hechos expresados en los numerales 8° y 10° de la demanda no guardan concordancia con lo consignado en el Acta Médica N° 656 de marzo 30 de 1999, que en las conclusiones de ésta se lee “1° Paciente que en diciembre/98 presentó cuadro de agitación psicomotora, labilidad emocional, alucinaciones auditivas tratado por siquiatría con diagnóstico de episodio sicótico agudo actualmente asintomático, el cual fue calificado en una disminución de la capacidad laboral del 31.5%”.
5.- Reitera, que las afirmaciones no son más que un sofisma de distracción para inducir en error al fallador por cuanto al actor le asistía la facultad de impugnar el acta de la Junta Médica Laboral que lo desvinculó del servicio, pero al dejar vencer los términos, acude a incoar una acción que no tiene cabida, operando en consecuencia el fenómeno de la caducidad.
Además propone la excepción de “caducidad de la acción” al considerar que el acto administrativo que decidió de fondo la situación médica laboral del actor es de marzo 30 de 1999, fecha desde la cual le asistía al actor la facultad de impugnar la decisión en el término de cuatro meses.

V.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante reitera su petición de conceder las pretensiones de la demanda, lo que sustenta, en resumen, en los siguientes términos:
1.- El artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala que la valoración de los daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad. Por lo tanto en este caso se peticiona que el Ejército Nacional indemnice a los padres y hermanos por los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente y lucro cesante, teniendo en cuenta el sueldo que para el efecto gane un Cabo Segundo del Ejército. Igualmente se reconozca y pague el daño fisiológico.
2.- El debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, se alteró al violar la normatividad establecida en el Decreto 094 de 1989, al desconocer la competencia propia e inviolable de la autoridades médico laborales (artículo 21), los derechos de contradicción y defensa ante la inconformidad con las decisiones de la Junta Médico Laboral (artículos 25, 27 y 29) y el carácter irrevocable a las decisiones del Tribunal Médico Laboral (artículo 22), última instancia administrativa, contra las cuales sólo procede las acciones jurisdiccionales pertinentes.
3.- El retiro del Ejército del Actor, que no es lo que se demanda en este proceso, se dio por un acto administrativo ilegal por cuanto retiró mediante Resolución Nº 014549 del 9 de diciembre de 1999 a un incapaz mental, a quien solo le habían practicado el Acta de Junta Médico Laboral Nº 656 el 30 de marzo de 1999, sin esperar la decisión a la impugnación propuesta (radicada el 2 de julio de 1999), la cual debía resolver el Tribunal Médico Laboral. Lo anterior demuestra el daño antijurídico por la omisión propia de hacer y respetar un procedimiento administrativo por parte del Ejército Nacional.
4.- El hecho dañoso imputable al Estado está probado con la valoración efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila en el dictamen Nº 839 de abril 29 de 2005 donde se concluyó que el actor tenía un porcentaje de capacidad laboral total de 65.55%, lo que da según se lee una situación de invalidez, lo que genera de conformidad a la Ley 100 de 1993, una pensión de invalidez al actor.
5.- La relación causal entre la omisión del Ejército – Sanidad de respetar el debido proceso, darle el tratamiento y la medicina internándolo en clínicas psiquiátricas mientras se realizaba el Tribunal Médico Laboral, se establece así: 1) El acta medico laboral tiene fecha 30 de marzo de 1999; 2) La solicitud de convocatoria al Tribunal se realizó el 15 de julio de 1999; 3) El Tribunal se efectuó el 19 de febrero de 2002; 4) El Soldado fue retirado en mayo de 1999 y; 5) No existe prueba que el soldado hubiera ingresado con problemas siquiátricos a esa institución.
6.- Finalmente, señala que ante los cambios jurisprudenciales relacionados con el reconocimiento y pago de los perjuicios morales para los padres y hermanos, solicita que éste se fije en salarios mínimos legales mensuales vigentes, así: 100 para el lesionado; 80 para cada uno de los padres y 50 para cada uno de los hermanos.


VI.- CONSIDERACIONES
Los actores solicitan a esta Corporación que declare administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, por los perjuicios ocasionados como consecuencia de las lesiones mentales sufridas por el señor Luis Fernando Chalá Canacue.
1.- LO PROBADO EN EL PROCESO
1.1.- Mediante Acta de Junta Médica Laboral 656 de marzo 30 de 1999 de la Dirección Nacional del Ejército, se valoró al SL ® CHALA CANACUE LUIS FERNANDO, determinando incapacidad relativa permanente, no apto para actividad militar (fls. 14 a 16 expediente)
1.2.- Mediante escrito de junio 15 de 1999 el señor Luis Fernando Chala Canacue otorga poder para que en su nombre y representación se solicite Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía por inconformidad contra la Junta Médica N° 656 registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional de marzo 30 de 1999. Este documento tiene fecha de entrada al Ministerio de Defensa Nacional en julio 8 de 1999 (fls. 17-18).
1.3.- Oficio sin fecha y sin presentación, mediante el cual el señor Luis Fernando Chala Canacue, a través de apoderado, solicita que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía reevalúe los conceptos dados en el Acta de Junta Médico Laboral N° 656 de 30 de marzo de 1999, a fin de efectuar una valoración serie y total de todos los aspectos físicos, psíquicos y psicológicos, que se negó a evaluar la Junta (fls. 19-20).
1.4.- Mediante Oficio USM-003 de febrero 18 de 2002 suscrito por el Médico Jefe de la Unidad de Salud Mental de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, remite la historia clínica del señor Luis Fernando Chala Canacue, existente en esa institución entre los años 1998 y 2001 (fl. 1, cuaderno de pruebas).
1.5.- Historia Clínica N° 240520 de la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, a nombre del señor Luis Fernando Chala Canacue (fls. 2 a 85, cuaderno de pruebas).
En la historia aparece como primera atención médica prestada al señor Luis Fernando Chala Canacue, la realizada por la Dirección Sanidad Ejército según Evolución del 7 de noviembre de 1998, en la que se consignó “Paciente que ingresa al servicio de Psicología con cuadro agudo de ansiedad, llanto frecuente y desorden conceptual... 1. Trastorno esquizoide. 2. Episodio psicótico.... Valoración por Psiquiatría” (fl. 37).
En la misma fecha (noviembre 7 de 1998) el señor Chala Canacue fue atendido por urgencias en la E.S.E. Hospital Departamental de Neiva “Hernando Moncaleano Perdomo”, señalando “Pte Masculino de 20 a. Que consulta “Comenze (sic) a actuar como yo no soy”...” (fl. 36).
Posteriormente en todos documentos allegados (Epicrisis, hoja de contrarreferencia, evolución, atención de urgencias), figura como diagnóstico “Esquizofrenia Paranoide”.
1.6.- Historia Clínica N° 83235313 a nombre del señor Luis Fernando Chala Canacue, del Hospital Militar Central (fl. 77).
1.7.- El 2 de diciembre de 2004 el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó reconocimiento psiquiátrico forense al señor Luis Fernando Chala Canacue (fls. 104 a 110).
1.8.- La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila, en sesión del 29 de abril de 2005, según Dictamen Nº 839 de la misma fecha, evaluó en un 65.55% el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral del señor Luis Fernando Chala Canacue (fls. 115 a 117).

2.- EXCEPCIÓN DE “CADUCIDAD DE LA ACCIÓN”
Afirma la entidad excepcionante que de los argumentos expuestos a consideración del despacho como razones de defensa se colige que esas afirmaciones no son más que un sofisma de distracción para inducir en error al fallador, pues al actor le asistía la facultad de impugnar el acto administrativo de la Junta Médica Laboral que lo desvinculó del servicio, pero ante el vencimiento de los términos legales acude a otra acción que no tiene cabida como lo señala las jurisprudencias aportadas, concluyendo que ha operado el fenómeno de la caducidad y por consiguiente no están llamadas a prosperar las súplicas de la demanda.
Remitiéndonos a los hechos de la demanda e interpretando su contenido, el actor incoa la acción de reparación directa porque, “…sufrió la pérdida de sus facultades mentales, por maltrato y tortura del ejército nacional, pues es un error de hecho, los mandos militares detectaron que este provenía de una vereda con fuerte influencia guerrillera…, motivo por el cual lo sometieron a tratos desobligantes según afirma este, a largas jornadas de interrogatorios y a maltratos físicos aberrantes…hasta el punto de volverlo loco” (hecho 9º).
De otro lado en los fundamentos de derecho de la demanda afirma “Está totalmente demostrado en el presente caso, una grave omisión de la administración, que le genera responsabilidad por falla presunta, consistente en haber recibido un soldado de la sociedad, incorporándolo en contra de su voluntad, maltratándolo física psicológicamente, hasta el punto de hacerle perder la razón…” (fl. 41).
El equívoco en que incurre la parte demandada surge del contenido del mandato otorgado por los demandantes a su apoderado, en el cual, si bien lo faculta para instaurar la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., se señala como una de las condenas el reconocimiento de una pensión de jubilación, pretensión de carácter laboral que haría pensar que otorgaba el mandato para promover una acción de restablecimiento del derecho; no obstante, esta aparente contradicción el mandatario judicial instauró la acción indemnizatoria, la que fue propuesta dentro del término de caducidad consagrada en el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A., esto es, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se detectó la enfermedad mental del conscripto por parte de la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército de fecha 30 de marzo de 1999 (fl. 14 a 16, c.p.).
En análisis anterior nos lleva a declarar no probada la excepción de caducidad de la acción y así se dirá en esta providencia.

3.- EL SUB EXAMINE
3.1.- MODALIDAD DE INCORPORACIÓN DEL ACTOR AL EJÉRCITO
La Ley 48 de 1993 en su artículo 13 señala las diversas modalidades para atender la obligación de prestar el servicio militar, así: 1) soldado regular: quien no terminó sus estudios de bachillerato y debe permanecer en filas un período entre 18 y 24 meses; 2) soldado bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses y, además de su formación militar, y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberá ser instruido y dedicado a la realización de actividades de bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación del medio ambiente y conservación ecológica; 3) auxiliar de policía bachiller, quien debe prestar el servicio por 12 meses, y 4) soldado campesino, quien es asignado para prestar el servicio militar obligatorio en la zona geográfica donde reside, por un período de 12 a 18 meses.
Por otra parte el artículo 48 del Decreto 2048 de 1993 define al conscripto como el joven que se ha inscrito para definir su situación militar dentro de los términos, plazos y edad establecidos en la Ley 48 de 1993.
El conscripto llamado a prestar el servicio militar obligatorio en cualquiera de las modalidades, se diferencia del soldado profesional en que éste se vincula a las fuerzas armadas de manera voluntaria para prestar sus servicios de manera permanente; su incorporación se hace por nombramiento mediante orden de personal de acuerdo con las necesidades y la planta que haya sido aprobada por el Gobierno nacional de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1393; aquél como su denominación lo indica el servicio militar es una obligación que debe cumplir para defender las instituciones jurídico políticas y velar por el mantenimiento del orden.
En relación con el señor Luis Fernando Chala Canacué, fue incorporado al Ejército Nacional, como Soldado regular el 2 de agosto de 1998 y declarado no apto para la actividad militar el 30 de marzo de 1999 por incapacidad relativa permanente por presentar cuadro de agitación psicomotora, labilidad emocional, alucinaciones auditivas tratado por psiquiatra con diagnostico de episodio sicótico agudo actualmente asintomático, como lo señala el Acta de Junta Médico Laboral Nº 656 de la Dirección Nacional del Ejército (fl. 14 a 16). No hay duda que su vinculación fue de soldado regular como lo confirma el Oficio Nº 399611 de 22 de abril de 2002 suscrito por el Director de Sanidad del Ejército (fl. 82).
No obstante no aparecer documento alguno del cual se pueda determinar con exactitud la fecha en que fue dado de alta de las filas del Ejército, es lógico concluir que si se le declaró no apto para desempeñar la actividad militar, su retiro ocurrió en el momento en que esta se produjo, es decir, el 30 de marzo de 1999.

2.- RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE AL CASO
De acuerdo a la modalidad de incorporación para la prestación del servicio militar, así mismo existe un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado; sobre este aspecto a señalado la jurisprudencia:
Atendiendo a las condiciones concretas en las que se produjo el hecho, la Sala ha aplicado en la solución de los casos, los distintos regímenes de responsabilidad. Así, ha decidido la responsabilidad del Estado bajo el régimen de daño especial cuando el daño se produjo como consecuencia del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas(4); el de falla probada cuando la irregularidad administrativa produjo el daño y, el de riesgo cuando este proviene de la realización de actividades peligrosas(5); pero, en todo caso, ha considerado que el daño no será imputable al Estado cuando se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero, por rompimiento del nexo causal. En providencia de 2 de marzo de 2000, dijo la Sala:
“... demostrada la existencia de un daño antijurídico causado a quien presta el servicio militar, durante el mismo y en desarrollo de actividades propias de él, puede concluirse que aquel es imputable al Estado. En efecto, dado el carácter especial de esta situación, por las circunstancias antes anotadas, es claro que corresponde al Estado la protección de los obligados a prestar el servicio militar y la asunción de todos los riesgos que se creen como consecuencia de la realización de las diferentes tareas que a ellos se asignen. No será imputable al Estado el daño causado cuando este haya ocurrido por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima, eventos cuya demostración corresponderá a la parte demandada” (6).
“…”1
En el caso concreto se trata de un soldado regular que fue llamado a prestar el servicio obligatorio, quien no había culminado sus estudios de bachillerato.
El régimen aplicable es el de la falla probada por cuanto se atribuye la responsabilidad a las fuerzas militares por irregularidad en la vinculación a esa institución y por los maltratos físicos y sicológicos que según expresiones del demandante lo condujeron a la locura.
Del acerbo probatorio aportado al proceso no se establece con certeza que la vinculación al servicio militar del soldado regular Luis Fernando Chala Canacué haya sido contra su voluntad, como tampoco las torturas o maltratos físicos y sicológicos infringidos a su persona por parte de alguna unidad militar de rango superior o inferior.
Tampoco se encuentra demostrado que la vinculación forzada y las susodichas torturas hayan sido la causa determinante del desequilibrio mental detectado por la Junta Médica Laboral llevada a efecto el 30 de marzo de 1999 por la Dirección de Sanidad del Ejército; es suficiente la lectura del diagnóstico o valoración médico emitida tanto por la Junta Médica Laboral como la Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva y el reconocimiento siquiátrico forense practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para establecer que los síntomas de la enfermedad se presentaron durante la prestación del servicio militar obligatorio y por consiguiente la causa determinante no fue éste sino por factores diferentes, en los términos que cada uno de los dictámenes señalo y cuyos apartes se resaltan a continuación:
a) DIAGNOSTICO DE LA JUNTA MÉDICA LABORAL Nº 656 DE MARZO 30 DE 1999
A. DIAGNOSTICO POSITIVO DE LAS LESIONES O AFECCIONES:
1° PACIENTE QUE EN DICIEMBRE/98 PRESENTO CUADRO DE AGITACIÓN PSICOMOTORA, LABILIDAD EMOCIONAL, ALUCINACIONES AUDITIVAS TRATADO POR PSIQUITRIA CON DIAGNOSTICO DE EPISODIO PSICOTICO AGUDO ACTUALMENTE ASINTOMÁTICO.
“…
D. Imputabilidad del servicio.
AFECCION 1 OCURRIDA EN EL SERVICIO PERO NO POR CAUSA Y RAZON DEL MISMO. (LITERAL A)
“…” (fl. 14 a 16)
b) DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD DE SALUD MENTAL DE LA E.S.E. HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA.
...y registrado en este hospital con la historia 240520, presenta ESQUIZOFRENIA PARANOIDE, TRASTORNO MENTAL MAYOR que tiende a la cronicidad y al deterioro.
Los síntomas más agudos y evidentes comienzan a manifestarse al final de la adolescencia, o al comienzo de la edad adulta, pero otros síntomas menos agudos, se observan desde la niñez de los pacientes afectados por ésta enfermedad.
Es una enfermedad multicausal y desde que se inician los síntomas más agudos, debe recibir el paciente tratamiento de Psicoterapia de apoyo y farmacoterapia.
La enfermedad compromete pensamiento, afecto, sensopercepción, lenguaje, atención, conducta motora y juicio y raciocinio, principalmente.” (fl. 1 cuaderno de pruebas)
c) RECONOCIMIENTO SIQUIATRICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Generalmente los síntomas comienzan en la adolescencia, manifestándose por cambios sutiles en el funcionamiento del sujeto. El inicio de los síntomas más graves parece venir precipitado por algún cambio o estresor social o ambiental (la muerte de un familiar o amigo, cambio de escuela o ingreso al ejército, como en el caso que nos ocupa); tras el primer episodio sicótico (período de un mes con ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado), el paciente se recupera gradualmente y puede vivir un período de funcionamiento relativamente normal. No obstante, suele haber una recaída y el curso que siga la enfermedad en los cinco años siguientes al primer episodio psicótico es un indicador predictivo del pronóstico del paciente. Cada recaída supone un mayor deterioro del nivel basal de funcionamiento del sujeto…
“…
En la etiología de la esquizofrenia se ha destacado el papel de ciertas áreas cerebrales como la corteza frontal, los ganglios básales y el sistema límbico y muchos estudios sugieren la existencia de un componente genético en la heredalidad de la esquizofrenia.
De los elementos disponibles en el contexto sumarial y del relato del examinado se desprende que presenta algunos factores de buen pronóstico como el inicio agudo, la existencia de un factor precipitante (ingreso al Ejército) y el apoyo familiar.
Sin embargo, se observan muchos factores de mal pronóstico dados por el inicio de la enfermedad a una edad temprana, el seguimiento de incurso deteriorante caracterizado por frecuentes hospitalizaciones y marcada disminución del funcionamiento global, pues su desempeño laboral es ocasional e irregular, su prospección es incierta y pobre sin objetivos claros ni proyectos a corto o largo plazo.
“…
CONCLUSION
1. De acuerdo con lo conocido el examinado LUIS FERNANDO CHALA CANACUE padece enfermedad mental crónica denominada Esquizofrenia Paranoide, enfermedad de etiología multifactorial, probablemente con un componente genético involucrado en la heredabilidad del trastorno y una vulnerabilidad al estrés, donde los factores ambientales pueden actuar como precipitantes de los episodios psicóticos.
2. El examinado LUIS FERNANDO CHALA CANACUE, según lo conocido, requiere tratamiento ambulatorio por psiquiatría ininterrumpido, así como la supervisión de un adulto responsable que garantice la continuidad del tratamiento.
3.- El examinado LUIS FERNANDO CHALA CANACUE, registra dentro de sus antecedentes factores de mal pronóstico de la enfermedad que padece, con frecuentes recaídas y hospitalizaciones, que lo ponen en riesgo de mayor deterioro cognoscitivo y social.
4.- El presente dictamen versa sobre VALORACION MENTAL, describe lo que se encuentra en el aquí y en el ahora. No es un dictamen sobre INTERDICCION JUDICIAL, ni PERTURBACION PSIQUICA, ni sobre CAPACIDAD DE COMPRENDER Y AUTODETERMINARSE y no puede ser generalizado a dichos conceptos jurídicos.” (fls. 104 a 110) (Lo resaltado fuera de texto).
En conclusión no se acreditó en el expediente que el soldado hubiese contraído la enfermedad durante el prestación del servicio, sino que durante el mismo salieron a flote las manifestaciones de los síntomas de la enfermedad. Tampoco se demostró que el Estado hubiera faltado al deber de protección y cuidado de su salud, ni que hubiese sido sometido a soportar una carga superior a la de los demás soldados, en circunstancias tales que constituyeran un medio propicio para contraer la enfermedad mental; en otros términos, no fue consecuencia del rompimiento de la igualdad a las cargas públicas ni que haya sido producto de la irregularidad administrativa o proveniente de la realización de actividades peligrosas.
En mérito a lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de “Caducidad de la acción” propuesta por la entidad demandada.
SEGUNDO: DENIEGASE las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Devuélvase el remanente de la suma depositada para gastos del proceso, si lo hubiere.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE AUGUSTO CORREDOR RODRÍGUEZ

Magistrado
ENRIQUE DUSSAN CABRERA GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA

Magistrado Magistrado


1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia 16308 de marzo 1 de 2006. Consejero Ponente: Dr. Ruth Stella Correa Palacio.

6 Expediente 11.401


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