La situación y la posición geográficas de la península Ibérica




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Avances en la legislación urbanística

El nuevo marco político, social y económico surgido en España tras la instauración del régimen democrático exigirá una renovación de la legislación de control y gestión del desarrollo urbano. La Ley del Suelo de 1956 será sustituida por la Ley del Suelo de 1976; el nuevo texto pretendía conseguir un crecimiento de las ciudades más ajustado a las necesidades reales, implicando a todos los agentes sociales y económicos en el proceso y flexibilizando los criterios de ordenación urbanística.

Cambios en el paisaje urbano

El paisaje urbano sufrió también modificaciones importantes, que afectaron al casco antiguo y a los ensanches.

Los cascos antiguos o centros históricos de las ciudades españolas se caracterizan por una cierta irregularidad, por calles estrechas de trazado sinuoso y por la escasez de espacios abiertos. Para revitalizarlos se han practicado dos tipos de operaciones urbanísticas: las de renovación y las de rehabilitación

  • Las operaciones de renovación fueron importantes, sobre todo, durante la década de los 60 del siglo XX y significaron la sustitución total de la antigua edificación, lo que representó un grave atentado contra el patrimonio arquitectónico de muchas ciudades y conllevó, además, la expulsión de la antigua población residente y el cambio del adicional uso residencial por el terciario o de servicios.

  • Las operaciones de rehabilitación urbana son propias de los años 80 e intentan combatir y paliar las consecuencias de las operaciones de renovación. Por ello, respetan y se adecuan a las tipologías del entorno y procuran conservar el elemento social y funcional, aunque esto no siempre se consiga.

Estas operaciones de renovación y rehabilitación han afectado también a los ensanches.

Desarrollo de las periferias urbanas

Es el resultado del deseo de las familias con ingresos medios o altos de buscar espacios residenciales con una mejor calidad ambiental y de la necesidad de otras muchas familias de conseguir una vivienda de precio más asequible. Partiendo de una demanda diversificada, en las periferias urbanas se desarrollan viviendas unifamiliares o conjuntos residenciales de pisos.

Junto al desarrollo de la función residencial, las periferias urbanas conocen la implantación de nuevos usos como centros y áreas comerciales, zonas de equipamientos públicos (parques periurbanos) y centros industriales (parques tecnológicos y polígonos industriales). El desarrollo de esta área trasciende incluso los propios límites de la ciudad principal, extendiéndose hacia los municipios limítrofes, que se transforman en nuevos centros urbanos; éstos, junto con la ciudad central, constituyen una nueva realidad territorial, conocida como aglomeración urbana. En Andalucía se conciben como centros urbanos las ocho capitales de provincia.

Tema 11: El sistema interurbano: la red urbana o sistema de ciudades en España.
Sistema de ciudades en la España industrial

Los cimientos del actual sistema urbano español se encuentran en la época romana, pero es a mediados del siglo XX, coincidiendo con los efectos de industrialización, cuando se consolida. A partir de entonces pierde importancia el sistema urbano regional de la época preindustrial, aparece el provincial y se fortalece el sistema urbano estatal. En la consolidación de este último influyó de manera decisiva la creación de carreteras nacionales y el desarrollo de las vías de ferrocarril.

Además, el desarrollo industrial, localizado fundamentalmente en el País Vasco y Cataluña, y el desarrollo de Madrid como capital del Estado determinan que el sistema de ciudades este basado en dos grandes centros urbanos, Madrid y Barcelona. Otras ciudades aumentan su importancia son Bilbao, Valencia, Murcia, Zaragoza y, en general, las capitales de provincia, que se convierten en centros rectores del sistema urbano de ámbito provincial.

Las características del proceso de industrialización y urbanización de estos años conlleva la aparición de fuertes desequilibrios territoriales; para corregirlos se diseñaron los Planes y Polos de Desarrollo a partir de los años 1960, que contribuyeron al desarrollo de algunas ciudades y a equilibrar la red urbana. Los más destacados fueron los de Victoria, Pamplona, Burgos, Zaragoza, Logroño, Valladolid, A Coruña, Vigo, Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba.

Sistema de ciudades en la España postindustrial.

La etapa postindustrial empezó a manifestarse en España en los últimos años de la década de 1970 y se caracteriza por la desindustrialización de la población activa, la reindustrialización tecnológica, la terciarización social y económica, una mayor especialización en servicios avanzados, el descenso en el ritmo de crecimiento de la población urbana y el aumento de la movilidad personal de la información.

Estas nuevas circunstancias obligaron a buscar el sostenimiento de la dinámica urbana en otros factores, dando lugar a la creación de parques o polígonos tecnológicos donde se concentran industrias de alta tecnología; destacan los de Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, País Vasco, etc.

Otro fenómeno que conviene destacar es la terciarización de las ciudades, con el consiguiente desarrollo de las actividades ligadas al sector terciario superior y de apoyo a la producción: innovación tecnológica, informatización, comunicación, comercialización, etc.

La desindustrialización y terciarización provocaron cambios significativos en el sistema de ciudades. La desindustrialización motivó el estancamiento y la crisis de las ciudades más industrializadas en la etapa anterior (País Vasco, Cantabria, Asturias), la terciarización consolidó los ejes litorales urbanos y ayudó al sostenimiento de los centros provinciales.

El resultado fue una nueva estructura del territorio, caracterizada por la inserción plena de las ciudades españolas en la red europea y por la configuración de un espacio más complejo, más descentralizado y con nuevos centros de difusión, que contrasta con la simplicidad de la estructura urbana de la etapa industrial. La forma territorial que sintetiza todo este proceso es el fenómeno de la metropolización.

Ejes de desarrollo urbano

En la actualidad, el sistema de ciudades tiende a articularse, formando lo que se conoce como ejes de desarrollo. Un eje de desarrollo se produce cuando las ciudades se articulan en torno a un conjunto de infraestructuras de transportes terrestres, fundamentalmente carreteras, a las que se une la concentración de actividades y de población. Los ejes que conforman el sistema urbano español son los siguientes:

1) Eje mediterráneo o levantino. Se extiende de Girona a Murcia; es uno de los que tiene mayor potencial de desarrollo. Está plenamente consolidado desde el punto de vista de la red urbana, su nivel de urbanización es muy elevado y presenta una estructura económica muy diversificada: industrial, terciaria, agrícola, etc.

2) Eje del Ebro. Discurre desde Bilbao hasta Tarragona y, aunque ofrece un gran potencial, tiene algunos vacíos demográficos en las provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida.

3) Eje cantábrico. Se desarrolla desde el País Vasco a Galicia. Presenta algunas discontinuidades y está marcado por las relaciones en sentido norte-sur; es el espacio más debilitado porque, además del declive minero-industrial, carece de recursos sustitutivos. Su alto nivel de urbanización. Heredero de las etapas anteriores, convive con un declive urbano, un débil crecimiento económico y una red urbana estancada y poco integrada en las redes vecinas.

4) Eje atlántico gallego. Concentra la mayor parte del sector productivo gallego y forma parte de un eje de mayor envergadura que se prolonga hacia Oporto (Portugal).

5) Madrid. Su situación central dentro del sistema de infraestructuras le confiere una posición de conexión entre varios ejes. Tiene un gran peso dentro del sistema económico español, aunque sufre problemas de congestión; por ello, está extendiendo su área de influencia a las provincias limítrofes.

6) Eje litoral andaluz. El litoral andaluz constituye un gran corredor de gran importancia turística y es, además la continuación natural del eje mediterráneo y enclave de conexión con África.

7) Eje transversal andaluz. Se articula en torno a la Autovía del 92 y pretende el desarrollo de las ciudades situadas en el llamado surco intrabético y la conexión del territorio andaluz con el Levante.

8) Eje Madrid-Andalucía. Además de presentar problemas orográficos, hay grandes zonas con potenciales demográficos muy bajos a su paso por Castilla-La Mancha y parte de Andalucía; sin embargo, los ámbitos más meridionales del eje, como la zona de Sevilla y el área de Jerez de la Frontera y Cádiz, tienen un fuerte crecimiento demográfico.

9) Eje oeste. Ruta de la Plata. Se extiende desde Huelva y Sevilla hasta el Principado de Asturias; mantiene en todo el interior tasas demográficas bajas, aunque comprende dos focos de alto potencial.

Jerarquía de la red urbana

Las ciudades se organizan de forma jerárquica sobre el territorio, pues no todas tienen la misma importancia ni desempeñan las mismas actividades económicas o funciones.

La primacía de una ciudad sobre otra puede medirse por diferentes criterios; se suele utilizar como medida el volumen de población, que indica la capacidad de atracción de un núcleo urbano y la importancia de las funciones que desempeña. En definitiva, nos informa sobre el nivel de centralidad urbana.

En el sistema urbano español se diferencias los siguientes niveles:

1) Metrópolis nacionales. Forman el primer nivel jerárquico; en él se encuentran Madrid y Barcelona, aglomeraciones que superan los tres millones de habitantes. Ejercen su influencia sobre todo el territorio nacional y se relacionan con otras metrópolis internacionales. La dimensión funcional básica de las metrópolis nacionales es la de ser sedes de servicios altamente especializados.

2) Metrópolis nacionales de primer orden. Este nivel lo integran ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao y Zaragoza. Su población oscila entre 500.000 y 1.500.000 habitantes y su influencia se extiende fundamentalmente al ámbito regional, pero estas metrópolis mantienen lazos intensos con las nacionales. Como en el caso anterior, destacan por ser sedes de servicios especializados.

3) Metrópolis regionales de segundo orden. En este nivel se encuentran ciudades como Murcia, Alicante, Granada, Santander, etc. Con una población comprendida entre los 200.000 y los 500.000 habitantes, conjugan el ser centros de servicios especializados con otras funciones del sector secundario y terciario menos especializadas. Su ámbito de influencia es menor.

4) Ciudades medianas. Engloba capitales de provincia y ciudades que conocen un dinamismo económico: Segovia, Burgos, Castellón, Avilés o Algeciras. Son centros comerciales y de ámbito provincial.
Tema 12: Elementos y estructura de la actividad agraria en España.
Propiedad, explotación y régimen de tenencia de la tierra son elementos básicos de la estructura agraria. Su influencia en la conformación del paisaje es manifiesta, al tiempo que claro exponente de la ocupación y del uso del espacio por la sociedad.

La propiedad de la tierra.

La propiedad, consiste en el derecho a gozar, disponer libremente y aprovechar la tierra sin más limitaciones que las contenidas en las leyes.

La propiedad dominante en España es la propiedad privada, que acusa una notable dualidad: un número muy elevado de pequeños propietarios que posee poca tierra y, en el otro extremo, un reducido número de grandes propietarios que concentra mucha tierra. Así, los dueños de menos de cinco hectáreas, que representan más de la mitad de los propietarios que existen en España, sólo poseen la décima parte del territorio, mientras que los que tienen más de 100 hectáreas, sin llegar a representar una centésima parte, concentran la mitad de la superficie.

A este problema estructural se añade la extraordinaria fragmentación de la tierra en multitud de parcelas, que es un inconveniente para la explotación.

Geográficamente existen diferencias en cuanto al tipo de propiedad. La propiedad pequeña y muy atomizada es dominante en la mitad septentrional, en el Levante y en la franja mediterránea; las grandes fincas tienen, en cambio, una mayor implantación en el sur, particularmente en Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía occidental.

Estas circunstancias tienen sus antecedentes en los procesos históricos de ocupación del territorio y en su evolución posterior. Históricamente existieron tres tipos de propiedad bien diferenciados: colectiva, estamental y particular.

La propiedad colectiva era aquella cuya titularidad correspondía a las villas y a los municipios. Estaba integrada por las tierras pertenecientes a la colectividad, que se dividían en lotes o suertes para el aprovechamiento individual (bienes comunales), o se arrendaban a particulares a cambio de una cantidad de dinero para atender las necesidades de la villa (bienes de propios).

La superficie perteneciente a la Iglesia y a la nobleza constituía la propiedad estamental. La mayor parte de las tierras pertenecientes a la nobleza integraban los señoríos, cuya integridad territorial estuvo protegida durante siglos por la institución del mayorazgo. Los bienes de la Iglesia procedían de compras y de donaciones de los fieles.

Los titulares de ambos tipos de propiedad no tenían capacidad de enajenar o vender, razón por la cual se decía que estos bienes estaban en manos muertas. En consecuencia, unos y otros se encontraban apartados del mercado de la tierra y de la partición hereditaria, lo que redundaba en la escasez de tierra para los particulares y en su encarecimiento.

Ilustrados y reformistas clamaron contra esta situación y, finalmente, en el siglo XIX se le puso fin mediante los procesos desamortizadores. La desamortización afectó a los bienes propiedad del clero y de los municipios; la primera fue llevada a cabo por Mendizábal en 1836 y supuso la incautación de numerosas fincas pertenecientes al clero y su venta a particulares. La desamortización civil tuvo lugar más tarde, a partir de 1855, y se llevó a efecto al aplicar la Ley de Madoz, la cual dio origen a la privatización de la tierra que formaba el patrimonio comunal de los municipios españoles.

La influencia de estas medidas en la estructura agraria fue muy grande, pues supuso el trasiego de una cantidad ingente de tierra de propiedad colectiva a manos de particulares. En contra de lo que se pretendía, vino a reforzar la gran propiedad, pues, por lo general, los compradores ya tenían la condición de propietarios. Asimismo, la desamortización civil privó a los municipios de un amplísimo patrimonio, a base de sustento de los más humildes.

En lo que a los bienes de la nobleza se refiere, la abolición del mayorazgo y la supresión del régimen señorial permitieron que, en adelante, los bienes de la nobleza se rigiesen por las leyes sucesorias normales y entraran en un proceso de fragmentación por herencia, aunque preservando su condición de latifundios.

El resultado de estos procesos fue una concentración notable de la propiedad y, como quiera que los vecinos habían perdido sus tierras públicas y que a finales del siglo XIX la población iba en aumento, la proletarización del campesinado se incrementó al haber más personas y menos tierras que labrar. La desigualdad en la distribución de la tierra o la carencia e ella estuvieron en la base de la conflictividad social y de las demandas de reforma agraria, que se materializaron en la Segunda República, aunque sus efectos quedaron anulados tras la Guerra Civil.

La explotación agraria.

La noción de explotación agraria hace referencia a las condiciones técnicas y La explotación agraria guarda relación con la propiedad y, como sucede con ésta, también se caracteriza por la dicotomía existente entre las pequeñas explotaciones o minifundios y las grandes explotaciones o latifundios, de tanta implantación en el sur y en el suroeste peninsular.

Los datos extraídos del último censo agrario nos indican que más de la mitad de las explotaciones agrarias de España son minifundios de extensión inferior a cinco hectáreas, y que las explotaciones de extensión superior a 300 hectáreas, representan tan sólo un 1%, aunque concentran una cantidad considerable de tierra.

En España existe hoy día 1.764.000 explotaciones agrarias. En 1962, año del Primer Censo Agrario, había casi tres millones. Desde entonces hasta la fecha, su número ha decrecido en un proceso paralelo al éxodo rural, que ha consistido en la desaparición de parte de las más pequeñas y su incorporación a otras más grandes, razón por la que ha aumentado levemente el tamaño medio de las explotaciones.

Tradicionalmente, las explotaciones se han clasificado en minifundios, latifundios o explotaciones de tamaño medio; sin embargo, ello no está del todo justificado, pues las características e importancia de la explotación no dependen tanto de su superficie como de su rentabilidad económica, ya que explotaciones dimensionalmente muy grandes pueden ser improductivas o muy poco rentables y, en cambio, explotaciones de tamaño medio o reducido (regadío, frutales, enarenados, etc.) pueden generar grandes ingresos. Con el fin de resolver este contrasentido y de valorar las explotaciones en términos estrictamente económicos, estas empiezan a considerarse en términos de UDE (Unidad de Cuenta Europea), que es la unidad de cómputo equivalente a 1000 euros de margen o rendimiento bruto estándar.

De acuerdo con esta nueva clasificación, comprobamos que las explotaciones españolas, bien por superficie, bien por su menor productividad, tienen un tamaño económico inferior a la media europea y que existen notables diferencias regionales, tal y como se aprecia en los gráficos adjuntos.
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