Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña




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Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de los derechos humanos de la población migrante hondureña

y su derecho a la protección internacional
Septiembre 2015


Consejería en Proyectos-Project Counselling Service

MISIÓN INTERNACIONAL DE VERIFICACIÓN
MIEMBROS

Juan Luis Carbajal Tejeda

Amalia Dolores García

Leticia Gutiérrez Valderrama

Lisa Haugaard

Patricia Montes

Pilar Trujillo Uribe

Consejería en Proyectos desea reconocer de manera especial a la Hermana Lidia Mara Souza, Misionera Scalabriniana, Secretaria Ejecutiva de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Honduras, por su acompañamiento a la Misión Internacional de Verificación

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Mayra Alarcón Alba, Representante de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Pablo Cala, Coordinador del Programa de Desplazamientos y Migraciones Forzadas de la Oficina de Consejería en Proyectos para Colombia

Fanny Polanía Molina, Coordinadora del Programa de Desarraigo y Migración Forzada de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Sergio Blanco Herrero, Punto Focal de la Misión Internacional de Verificación

Julia Silvestre Zavala, Oficial de Proyectos de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Cristal Barrientos Gálvez, Administradora de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

Andrea Yos, Apoyo Logístico de la Oficina de Consejería en Proyectos para Centroamérica y México

ÍNDICE

Prólogo

Resumen Ejecutivo

Introducción

  1. Participantes en la Misión Internacional

  2. Alcance y objetivos del Informe

  3. Recorrido de la Misión Internacional y sus reuniones

  4. Metodología

CAPÍTULO I Causas del desplazamiento y la migración forzada en Honduras

  1. Violaciones a los derechos humanos

    1. La violencia e impunidad

    2. Militarización

    3. Violencia contra Defensores, Periodistas y Población Vulnerable

    4. Migración de los niños, niñas y adolescentes

  2. Situación socioeconómica

    1. Modelo de desarrollo

    2. La falta de empleo y oportunidades de trabajo

  1. Medidas del Estado hondureño para enfrentar la situación legales e institucionales

    1. Medidas institucionales y legales

    2. El Plan de la Alianza para la Prosperidad

    3. Obligatoriedad de la aplicación del Derecho internacional

CAPÍTULO II La necesidad de protección internacional en la ruta migratoria

  1. El tránsito

  1. Violaciones a los derechos humanos y crímenes contra migrantes

  2. El Programa Frontera Sur

  3. Responsabilidades en la comisión de violaciones, abusos de autoridad y crímenes

  4. Acceso a la protección internacional en el tránsito

  1. El destino

    1. La solicitud de asilo en el destino: situación de detenciones y deportaciones

  2. El retorno / deportación

    1. Situación de la deportación y el retorno a Honduras desde EEUU y México.

    2. Riesgos del retorno y migración circular

  3. Medidas especiales de protección:

    1. Niñez migrante

    2. Mujeres migrantes

    3. Migrantes mutilados en la ruta y víctimas de violencia

    4. Familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta

    5. Migrantes repatriados y deportados


CAPÍTULO III Conclusiones y recomendaciones
FUENTES

Resumen Ejecutivo

La Misión Internacional de Verificación (MIV) se realizó con tres objetivos:

Comprender las causas actuales de la migración forzada en Honduras y desde ellas desarrollar las valoraciones necesarias para que sean tratadas en el marco del derecho internacional de refugio/exilio y demás estándares de protección internacional a los derechos humanos.

Identificar tipologías y presuntas responsabilidades en las violaciones a los derechos humanos a la población migrante durante la salida, el tránsito y los procesos de repatriación que sustenten la necesidad de adopción de mecanismos de protección internacional.

Recomendar al gobierno de Honduras, a los gobiernos de la región, a la comunidad internacional, así como a la sociedad civil con el objeto de proponer soluciones a los problemas encontrados por la MIV.

  1. Causas del desplazamiento y la migración forzada en Honduras

Violencia e impunidad. La violencia es una de las grandes causas que opera en Honduras como factor de expulsión. Actualmente, Honduras es el país que tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, por lo que existe una situación de violencia generalizada que fuerza la salida del país de decenas de miles de personas. La violencia es causada principalmente por las maras o pandillas y también por el crimen organizado. Una de las consecuencias más alarmantes es la existencia de desplazamiento interno, problema que ha sido reconocido por gobierno de Honduras.

La violencia está estrechamente vinculada a los altos niveles de impunidad existentes en Honduras y se estima que el 80% de los delitos cometidos no se denuncian. El problema de la impunidad está muy relacionado con el actual escenario político y de derechos humanos que se vive. Las movilizaciones sociales son criminalizadas y duramente reprimidas, existen 14 casos de defensores de derechos humanos con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que han sido asesinados. También existe el problema de la militarización del país y la asunción por parte del Ejército de funciones propias de cuerpos de seguridad ciudadana.

La falta de empleo y oportunidades de trabajo. Es el principal motivo que fuerza la salida de los hondureños. La falta de empleo se une a la ausencia del derecho a unas condiciones dignas de trabajo, que conllevan bajos salarios, bajos niveles de seguridad y prestaciones sociales y un alto índice de subempleo.

Migración de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

Violencia. Es la razón principal que fuerza el desplazamiento de los NNA. Tan sólo en el primer semestre de 2014 hubo en el país 454 muertes violentas de NNA. A su vez, muchos de ellos migran para evitar ser reclutados por las maras y pandillas. La violencia intrafamiliar está presente como un elemento más de la realidad de los menores en el país. La situación se agrava para las niñas y adolescentes, quienes sufren además abusos sexuales y son forzadas sexualmente por los miembros de pandillas o incluso en el ámbito familiar.

La reunificación familiar. Es la otra gran causa de la migración de los NNA y responde a que los padres que ya están en el país de destino deciden traer a sus hijos o bien, aquellos padres que están en Honduras deciden enviarlos fuera con otros familiares para evitar que sean víctimas de la violencia.

Falta de oportunidades de estudio y explotación laboral. El acceso a la educación es limitado, lo que se traduce en que 1 millón de niños y niñas no van a la escuela. Hay medio millón de niños y niñas que están explotados laboralmente y que ocupan trabajos que les corresponden a los adultos. Un 24% de las adolescentes están embarazadas, lo que dificulta que puedan seguir su formación educativa o sean discriminadas a la hora de conseguir trabajo.

Medidas del Estado hondureño para enfrentar la situación

Medidas institucionales y legales. Para abordar la situación el Estado de Honduras ha puesto en marcha algunas leyes y mecanismos institucionales que crean el marco legal migratorio en el país, pero que no constituyen en sí mismos una política pública y además, presentan algunas carencias:

La Ley de Protección de los Hondureños Migrantes y sus Familiares, creó el Fondo de Solidaridad con el Migrante Hondureño, FOSMIH, pero no existe un reglamento que regule la ejecución de sus recursos.

El Decreto Ejecutivo 33-2014 de Declaración de Emergencia de julio de 2014 fue la medida legal del Gobierno de Honduras ante la llamada “crisis de la niñez migrante”. Mediante un decreto previo se constituyó la Fuerza de Tarea Conjunta del Niño Migrante, liderada por la Primera Dama de Honduras e integrada por varias secretarías del Gobierno de Honduras. El Decreto que la conformó no asignó más recursos humanos y financieros a las instituciones que la integran.

Decreto Ejecutivo de creación de la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia. Si bien es un avance que se haya reconocido la existencia del problema desplazamiento, la Comisión Interinstitucional carece de un reglamento que regule su funcionamiento y no está ejecutando acciones, sino que sólo se queda en el diseño de políticas públicas.

Ley Contra la Trata de Personas en Honduras, también carece de reglamento, lo que impide desarrollarla en su totalidad. También existen problemas de presupuesto para dotar de recursos la implementación y ejecución de la ley.

El Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. Es la principal medida de tipo económico que el Gobierno de Honduras quiere implementar para generar desarrollo y oportunidades de trabajo. El Plan pretende dinamizar el sector productivo con políticas activas de atracción de inversión privada y promoción de algunos sectores económicos que se van a privilegiar como el textil, el agroindustrial, la industria ligera y el turismo. El Plan Prosperidad va a profundizar el modelo económico que ya está obligando a las personas a migrar, por lo que hay riesgo de un mayor desplazamiento si la apuesta es implementar megaproyectos, como por ejemplo los de tipo turístico o agroindustriales.

  1. La necesidad de protección internacional en la ruta migratoria

Violaciones a los derechos humanos y crímenes contra migrantes. En la ruta migratoria los migrantes son sometidos persistentemente a robos, al cobro de cuotas para movilizarse en el tren conocido como “La Bestia”. También sufren asaltos, secuestros, extorsiones, agresiones físicas y son víctimas de trata, tráfico de personas, así como de asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. En el caso de las mujeres, también se dan violaciones y agresiones sexuales. También sufren mutilaciones y lesiones medulares, cuando son arrojados del tren por delincuentes comunes o el crimen organizado.

Los responsables de los abusos y violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son principalmente el crimen organizado, las maras y pandillas, los mismos coyotes y la delincuencia común. También existen actores estatales que cometen abusos y maltrato contra los migrantes, como por ejemplo las autoridades y políticos, los agentes de migración, las distintas policías, los funcionarios responsables de los centros de detención de migrantes en México y EEUU y el personal sanitario que no atiende adecuadamente a los migrantes mutilados o accidentados en la ruta migratoria.

El Programa Frontera Sur. Es la actual política que rige el tránsito migratorio en México y afecta también a Centroamérica y está teniendo un impacto negativo en la garantía de los derechos humanos de los migrantes. El Programa ha implementando una estrategia de control fronterizo y migratorio que ha llevado a que en el primer semestre de 2015 México deportara a 24,030 migrantes, frente a los 7,740 deportados por EEUU. El Programa Frontera Sur ha tenido un apoyo directo de EEUU bajo el Pilar 3 de la Iniciativa Mérida y actualmente el Ejército y la Marina cuestionan e interrogan a las personas por su estatus migratorio, lo que hacen también las diferentes policías, a pesar de no estar autorizadas para ello, vulnerando la propia ley migratoria de México. La militarización fronteriza y el fuerte control migratorio están haciendo que los migrantes opten por otras rutas menos conocidas, lo que incrementa los riesgos y sus vulnerabilidades.

El acceso a la protección internacional en el tránsito y el destino. El derecho a la protección internacional tiene una connotación más allá de la mera condición de asilo o refugio y sujetos de protección internacional son todos aquellos que están en situación de desplazamiento forzado y en la condición de movilidad, no sólo aquellos a los que se les reconoce formalmente el refugio. En cualquier caso, los mecanismos de asilo en los países de tránsito y destino no garantizan el derecho a la protección internacional, ni responden a la actual situación de desplazamiento forzado por violencia de las y los hondureños. Se ha detectado una política de desincentivo de la solicitud de la condición de refugiado. El caso más claro de ello es México, donde se está observando un patrón de obstaculización y arbitrariedad a la hora de ejecutar los mecanismos de protección internacional. También existen graves carencias y falencias en la protección consular que brinda el Estado hondureño a sus connacionales en la ruta migratoria.

El sistema de asilo en EEUU, como principal país de destino, presenta una serie de obstáculos procedimentales que dificultan el acceso a la condición de refugiado, destacándose el alto nivel de discreción de los funcionarios en la evaluación del temor fundado y la cantidad de filtros que deben pasar los solicitantes hasta tener acceso al derecho a la protección internacional. Actualmente, los mecanismos de protección internacional a nivel regional no están adecuados a los desafíos planteados por la realidad hondureña, por lo que se detecta la urgencia de continuar avanzando en la aplicación de la definición regional ampliada de refugiado, respondiendo así a las nuevas necesidades de protección internacional causadas sobre todo, por la violencia del crimen organizado transnacional, las pandillas y maras y la debilidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.

El retorno / deportación.

Deportación desde EEUU. Los migrantes llegan a Honduras vía aérea y el Centro de Atención al Migrante Retornado que tiene un protocolo de recepción y les brinda una atención puntual, entregándoles ropa, un kit de aseo, brindándoles servicio médico y facilitándoles un billete de autobús para que puedan llegar a sus lugares de origen.

Deportación desde México. Los migrantes son deportados en autobús en viajes sin paradas que dependiendo del origen, normalmente duran más de 12 horas y en ocasiones son trayectos de 36 horas. Los baños de los autobuses suelen estar en mal estado y los migrantes evitan comer para no usar los sanitarios. A su llegada a Honduras hay una total ausencia de mecanismos de recepción por parte del Estado hondureño. La única atención humanitaria que hay es la brinda un módulo de la Cruz Roja, al que los migrantes pueden acceder si desean. Allí les entregan un kit de aseo, agua, pueden hacer una llamada telefónica y hay asistencia médica básica. Posteriormente, los migrantes tienen que llegar a sus lugares de origen por sus propios medios. Actualmente se da un incumplimiento del Memorándum de Entendimiento para la repatriación digna, ordenada, ágil y segura de nacionales centroamericanos migrantes vía terrestre.

Deportación de niños, niñas y adolescentes (NNA). Los NNA y las unidades familiares que son deportadas desde EEUU llegan vía aérea a la base militar estadounidense ubicada en Palmerola. Los NNA deportados desde México, lo hacen en un viaje en autobús sin paradas y llegan al Centro de Recepción de Migrantes El Edén en la ciudad de San Pedro Sula. Los NNA no vienen acompañados por los Oficiales de Protección a la Infancia del Instituto Nacional de Migración de México. En estas condiciones también viajan bebés y mujeres embarazadas. A su llegada a El Edén se les aplica un protocolo de recepción y son albergados por un tiempo de 24 horas hasta que un familiar llega a recoger a los NNA. Se detectó que no hay una atención integral a las necesidades diferenciadas que los NNA y las familias enfrentan para su reintegración en la sociedad y comunidades de origen.

Riesgos del retorno y migración circular. El mayor riesgo existente en el retorno de los migrantes es la ausencia de acciones y programas que permitan en Honduras una reintegración plena en los municipios y comunidades de origen. Hay migrantes deportados que calificarían para la condición de refugiados y en su retorno al país se encuentran con los mismos factores de violencia que forzaron su salida, por lo que presentan una situación de alto riesgo y desprotección. Existe una ausencia de protocolos de atención, protección, seguimiento y reinserción de la población retornada, así como la ausencia de un acompañamiento continuado e integral a personas que han sido víctimas de algún delito o que retornan con alguna discapacidad. Todo ello provoca el incremento de las probabilidades de la migración circular.

Medidas especiales de protección.

Niñez migrante. Los NNA requieren de medidas especiales de protección que actualmente no se llevan a cabo, porque tienen prioridad las políticas centradas en el control de la migración sobre el interés superior y los derechos de la niñez.

Mujeres migrantes. La violencia sexual contra las mujeres se ha convertido en una parte del recorrido de muchas mujeres migrantes, estimándose que seis de cada diez mujeres y niñas migrantes sufren violencia sexual en la ruta migratoria. Se deben aplicar medidas como la no deportación, la protección inmediata y acceso a la justicia.

Migrantes mutilados y víctimas de violencia en la ruta. Los migrantes que han sufrido lesiones o han sido víctimas de violencia durante el tránsito migratorio requieren de una protección adecuada a su especial situación de vulnerabilidad. Las acciones a tomar deben estar enfocadas a la reparación del daño, evitar la revictimización y a otorgar la debida protección internacional o complementaria.

Familiares de migrantes desaparecidos y/o asesinados en la ruta. Los comités de familiares han logrado visibilizar el problema de los migrantes desaparecidos y han documentado más de 400 casos. Ello debe ser abordado desde el derecho a la verdad y por la reparación del daño, como una obligación de los Estados de dar respuesta a sus familiares. Aquí es necesario crear un Mecanismo de Búsqueda Transnacional de Migrantes Desaparecidos que opere a nivel regional.

Migrantes repatriados y deportados. Los instrumentos internacionales sobre las personas refugiadas y desplazadas prohíben la devolución a su país de origen, la expulsión o el rechazo en la frontera, al igual que la privación de la libertad, aún en la ausencia de reconocimiento de la condición jurídica de refugio. Lo anterior se sustenta en que la población migrante hondureña se ha visto forzada a salir de su país por razones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, perturbaciones al orden público, por discriminación y violencia sexual y de género.

  1. Conclusiones

-El Gobierno de Honduras tiene una visión del problema del desplazamiento forzado y el hecho migratorio como un asunto de ayuda humanitaria y no basado en un enfoque de derechos que mire a las personas migrantes como sujetos de derechos y que institucionalice una política pública que aborde el problema como una cuestión estructural.

-La violencia es un elemento central de la realidad hondureña que también acompaña a las y los migrantes hondureños a lo largo de su tránsito migratorio.

-En Centroamérica, México y EEUU hay una ausencia de mecanismos efectivos de protección internacional que se adapten a los actuales desafíos y necesidades que presenta la realidad de las y los migrantes hondureños.

-La respuesta de los Estados ante el desplazamiento forzado y la migración son políticas basadas en un enfoque de seguridad que no atiende al respeto de los derechos humanos.

Introducción

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