Título: Sobre la formación en Psicología Forense: reflexiones basadas en las funciones y competencias demandadas por la práctica




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Título: Sobre la formación en Psicología Forense: reflexiones basadas en las funciones y competencias demandadas por la práctica

Introducción

Tradicionalmente se ha tendido a dotar de elevado protagonismo a la psicología clínica en el trabajo del psicólogo forense, distinguiéndose entre una psicología forense clínica y una psicología forense experimental (Gudjonsson, 1995; Ibáñez y Ávila, 1990). Esta distinción es entendible si atendemos a las dos principales demandas que el ámbito jurídico ha realizado a la psicología forense desde el comienzo de su relación: valoración de la repercusión legal de los trastornos mentales y valoración del testimonio de testigos/víctimas (Manzanero, 2008).

Pronto los primeros psicólogos forenses se dieron cuenta de las limitaciones del método clínico en el contexto forense y empezaron a demandar instrumentos específicos y formación especializada para un campo complejo y novedoso para el psicólogo (Grisso, 1987). La experiencia en los pioneros de la psicología forense española no fue distinta, añadiendo a las demandas ya mencionadas: procesos selectivos concretos para los psicólogos forenses adscritos a la Administración de Justicia y formación continuada de estos profesionales (Catalán y Domingo, 1987; Urra y Váquez-Mezquita, 1993). En definitiva, parecía que la formación clínica tradicional no era suficiente para intervenir como experto en la sala de justicia demandándose la creación de modelos de actuación propios (Rodríguez y Ávila, 1999).

Para algunos sectores del Derecho, la entrada del psicólogo en el ámbito forense preveía un enriquecimiento del análisis de la esfera psíquica de las personas inmersas en un proceso judicial al ampliar la perspectiva psicopatológica (históricamente abordada por la Psiquiatría Forense) con el análisis de áreas como las emociones, las motivaciones, el proceso socializador, los esquemas mentales, el procesamiento de la información, etc., permitiendo un análisis más integrador e individualizado, por parte de los distintos operadores jurídicos, de la realidad psíquica (Beltrán, 1994; Díez-Ripollés, 1990; Grisso, 1993). Pero lejos de fomentar esta vía de aportaciones específicas propias de nuestra profesión, la psicología forense se ha adherido en exceso al modelo clínico-psicopatológico, situación entendible si atendemos a la falta de modelo propio y por la proximidad del modelo médico-legal tan presente en el contexto jurídico. Esta situación ha limitado la elaboración de protocolos y metodología específica de evaluación forense, un reto constante al que debe hacer frente esta especialidad (Echeburúa, Muñoz, y Loinaz, 2011; Soria, 2005).

En la actualidad, el perfil profesional del psicólogo forense está plenamente consolidado dentro del Sistema de Justicia, tanto desde la práctica pública como privada, siendo uno de los campos profesionales que más ha crecido dentro de la Psicología aplicada (Soria, Armadans, y Herrera, 2009). Y aunque ha existido un avance respecto a la situación inicial de la profesión (por ejemplo, se cuenta con sociedades científicas, asociaciones profesionales, publicaciones especializadas y diversos manuales) continúa sin existir un reconocimiento oficial de la figura del psicólogo forense dentro de la Administración de Justicia (se carece de un estatus orgánico propio a semejanza, por ejemplo, del médico forense), los programas selectivos para psicólogos forense en la mayoría de las Comunidades Autónomas con competencias propias en materia de justicia no son específicos para sus funciones y se carece de oferta formativa oficial dentro de los nuevos itinerarios curriculares elaborados a partir del Espacio Europeo de Educación Superior (Muñoz et al., 2011).

La entrada en vigor de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, ha alterado el panorama profesional de la Psicología, generando distintas controversias (Buela-Casal, 2005). En lo que respecta al trabajo del psicólogo forense ha hecho surgir el debate, tanto por parte de profesionales como de académicos, sobre si es necesario contar con la capacitación sanitaria y la forma de adquirirla. En este sentido, se plantean dos posibilidades: una, a través de una formación especializada en psicología forense, otra, dentro de la formación del psicólogo general sanitario (Chacón, 2008).

La actuación inconsistente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica en relación con el reconocimiento del título de especialista por la realización exclusiva de funciones forenses, las ventajas profesionales derivadas de dicho reconocimiento y el manejo de esta nueva situación profesional de la Psicología por parte de algunos abogados para cuestionar el informe de los psicólogos forenses durante el acto de ratificación (ziskinización) han contribuido a la situación descrita (Muñoz, 2013; Vilalta, 2013). Adicionalmente, el hecho de que en el ámbito de la pericial privada sean psicólogos cuya labor profesional principal sea la clínica los que mayoritariamente participan en esta actividad, favorece también la disyuntiva planteada (Soria, Armadans, y Herrera, 2009).

Partiendo de que la finalidad pretendida con las enseñanzas de Máster es la adquisición de conocimientos y habilidades especializadas para perfiles profesionales concretos (Real Decreto 1393/2007)1 , desde el análisis planteado en el presente trabajo, parece inadecuado para la adquisición de dicho objetivo la inclusión de la formación del psicólogo forense dentro del Máster Oficial en Psicología Sanitaria. Por otro lado, se cuestiona que la actividad forense sea una actividad sanitaria a la vez que se plantea una vía alternativa para el reconocimiento de la función de evaluación psicopatológica que realiza el psicólogo forense, única actividad que comparte con el psicólogo sanitario (Urra, 2002). Por último, se plantean las futuras consecuencias de lo que puede entenderse como una subyugación de la psicología forense a la psicología clínica.

Funciones del psicólogo forense y del psicólogo clínico: implicaciones para la exploración psicopatológica

Desde el año 1998, por parte del órgano colegial, se considera que la Psicología Clínica y la Psicología Forense son especialidades diferenciadas dentro de la Psicología aplicada (Olivares, Macià, Olivares, y Rosa, 2012), situación muy parecida a la de otros países donde la Psicología cuenta con un elevado desarrollo profesional y académico, por ejemplo, Reino Unido, Suiza, Estados Unidos y Australia (Jarne, Vilalta, Arch, Guardia, y Pérez, 2012). Sin embargo, en nuestro país, sólo la Psicología Clínica cuenta con reconocimiento oficial, lo que implica determinadas consecuencias legales (por ejemplo, estar reconocido como profesional sanitario). La Psicología Forense, como área dentro de la Psicología Jurídica2, únicamente contaría con reconocimiento profesional.

Ambas especialidades tienen funciones claramente diferenciadas. La Psicología Clínica es, ante todo, una profesión cuyo objetivo es aliviar el sufrimiento de las personas y recuperar su adaptación al entorno mejorando su calidad de vida (Echeburúa, Salaberria, de Corral, y Cruz-Sáez, 2012; Labrador, 2012;); por su parte, la Psicología Forense consiste en una profesión cuyo fin es facilitar la función juzgadora mediante el análisis de los fenómenos psicológicos, conductuales y relaciones que inciden en el comportamiento legal de las personas (Muñoz et al., 2011).

El nexo de unión entre la Psicología Forense y la Psicología Clínica estaría en el interés de ambas por la valoración del estado mental del sujeto explorado. Para el psicólogo clínico es el núcleo de su intervención, mientras que para el psicólogo forense es un área más de exploración, con mayor o menor importancia, dependiendo del objeto de la pericial. Por otro lado, las características derivadas del contexto de evaluación (clínico o judicial) y del objeto de la intervención (asistencial o pericial) delimitan diferencias esenciales en cuanto a los conocimientos y habilidades de ambos perfiles profesionales (Echeburúa et al., 2011; Verdejo, Alcázar-Córcoles, Gómez-Jarabo, y Pérez-Garcia, 2004;). Surge así una primera cuestión a debatir: ¿sirve la perspectiva clínica al psicólogo forense a la hora de abordar la exploración psicopatológica?

El objeto de la intervención clínica es el diagnóstico y el tratamiento de los desórdenes mentales dentro de un contexto asistencial o de ayuda. El objeto de la actuación forense es realizar una valoración psico-legal (fijar hechos y suministrar experiencias) en un contexto judicial.

Aunque para abordar la exploración psicopatológica tanto clínicos como forenses deben manejar conocimientos de Psicopatología General (semiología y nosología) las diferencias señaladas crean relaciones evaluador-evaluado distintas que explican que ambos campos precisen de conocimientos y habilidades específicas y diferenciales (Arce, Fariña, Carballal, y Novo, 2009; Dutton, 2010) (ver tabla 1).

[Insertar Tabla 1]

Estas características diferenciales aparecen plasmadas en el propio Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-V (2013), que advierte de sospechar simulación cuando la evaluación tiene lugar dentro de un contexto de evaluación médico-legal; a su vez, no alerta de una especial preocupación por esta realidad en el campo de la evaluación clínica ordinaria.

Por otro lado, en la práctica forense ha de contemplarse la posibilidad de la disimulación, esto es, de la ocultación intencionada de sintomatología clínica para obtener algún beneficio. Esta categoría diagnóstica ni si quiera tiene cabida en la evaluación clínica tradicional.

Las habilidades clínicas desarrolladas para intervenir desde la alianza terapéutica son de poca utilidad al psicólogo forense que trabaja en un contexto con alta probabilidad de manipulación por parte de los evaluados, derivado de las importantes consecuencias del informe pericial (obtener un beneficio o evitar un perjuicio). Estas diferencias son la base que desaconseja desde un punto de vista ético y deontológico simultanear la función pericial y la asistencial o terapéutica sobre la misma persona (APA, 2013). De lo contrario, tanto la alianza terapéutica, imprescindible para los avances clínicos, como la objetividad e imparcial, fundamentales para la labor pericial, pueden verse seriamente comprometidas (Barrios, 2000). En este sentido, la transición permanente del rol clínico al forense se antoja altamente complicada atendiendo a la actitud específica, casi contraria, que ha de adoptar el profesional en cada uno de los ámbitos.

Con base en la argumentación presentada, parece que la perspectiva clínica poco puede aportar a la exploración pericial psicopatológica. El perito psicólogo además de contar con una amplia formación en Psicopatología General, debe tener habilidades que le permitan realizar la exploración pericial sorteando la actitud defensiva y manipulativa de los peritados. En este sentido encontramos también diferencias con respecto al proceso de evaluación psicopatológica (ver tabla 2).

[Insertar Tabla 2]

También los conocimientos han de ser distintos en un especialista y en otro. Mientras que para el clínico, es fundamental conocer las distintas alternativas terapéuticas para cada uno de los trastornos mentales (Echeburúa et al., 2012; Labrador, 2012); para el psicólogo forense, resulta esencial conocer las repercusiones que los distintos estados psicopatológicos pueden tener en las cuestiones de interés jurídico, como por ejemplo, la responsabilidad criminal, la capacidad procesal, la lesión o secuela psíquica, la capacidad de obrar, la función parental, la relación de causa-efecto entre hechos y estado psíquico, etc. (Esbec y Gómez-Jarabo, 2000).

El perito psicólogo precisa, por tanto, de conocimientos relacionados con la criminodinamia y delictogénesis de los trastornos mentales, psicopatología traumática asociada a distintas formas de victimización, psicopatología infanto-juvenil relacionada con factores de riesgo evolutivos, etc., para poder establecer la relación causal, núcleo de la evaluación psico-legal relacionada con cuestiones psicopatológicas. Sin embargo, los aspectos terapéuticos, son secundarios para el perito psicólogo, ya que, para el caso en que recomiende en su informe una intervención clínica, ésta dependerá del profesional que lo lleve a cabo (Rodríguez, 2004).

Además de estas diferencias a la hora de abordar el ámbito psicopatológico, existen áreas concretas de intervención del psicólogo forense para las cuales la Psicología Clínica, o no ha aportado investigación ni procedimientos, o cuando lo ha hecho, han resultado poco eficaces (ver tabla 3).

[Insertar Tabla 3]

¿Es la actividad forense una actividad sanitaria?

Se ha tratado de argumentar como desde la perspectiva científico-técnica se conceptualiza de forma distinta la intervención clínica y la actividad forense. Esta diferencia también se puede inferir del análisis de las distintas normativas legales. Así, la Ley 44/2003 tiene como finalidad:

…dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada…(p. 41443).

Por su parte, el Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses3 persigue responder “…a una exigencia legal, pretendiendo conseguir un servicio público eficaz que sirva a las nuevas necesidades que hoy en día se presentan en el ámbito pericial, docente e investigador relacionado con la ciencias forenses.” (p. 8113).

Parece claro que la intervención sanitaria y la forense son realidades técnicas distintas. La primera, se caracteriza por la labor asistencial/terapéutica y la segunda, por la labor pericial o de asesoramiento a los distintos operadores jurídicos (Santolaya, Berdullas, y Fernández-Hermida, 2002)4. Así, los principios de la relación profesional sanitario-persona atendida, recogidos en la Ley 44/2003 carecen de sentido en el contexto forense, como por ejemplo, el derecho a la libre elección del profesional sanitario o el derecho a recibir información de acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

A este respecto, señalar que en el contexto de exploración forense, el sujeto evaluado no suele ser el demandante de la intervención del psicólogo. La persona objeto de peritaje, es parte del procedimiento legal y la actuación del psicólogo forense es solicitada por alguno de los operadores jurídicos (jueces, fiscales o abogados). Esta peculiaridad de la intervención forense, compromete el principio deontológico de la confidencialidad, además de poder entrar en colisión con los intereses del evaluado, circunstancia que modula también, la relación entre el profesional y la persona a evaluar (Muñoz y Echeburúa, en prensa).

Parece que la necesidad de capacitación sanitaria del psicólogo forense que algunos advierten, está sustentada únicamente en la actividad de evaluación psicopatológica que pueda realizar este. Aun siendo discutible que solo esa labor justifique la capacitación sanitaria, ya que, esta se definiría por el fin asistencial de la intervención profesional, parece que lo argumentado hasta aquí respecto a las limitaciones de la perspectiva clínica en el abordaje de la psicopatología criminal y forense debiera motivarnos a plantearnos vías alternativas para salvaguardar esa función técnica del psicólogo forense. La vía alternativa que se propone, es focalizar los esfuerzos en demandar a la Administración de Justicia un desarrollo normativo de la figura del psicólogo forense, donde queden perfectamente delimitadas las competencias y funciones de estos profesionales en el marco de un estatus orgánico propio. En este sentido, hay que recordar que en la Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ya se instaba al Ministerio de Justicia a crear un Cuerpo de psicólogos forenses.5

Un antecedente respecto a la regulación de las competencias y funciones del psicólogo forense lo tenemos en la Resolución de 10 de Junio de 1991 de la Dirección General de Trabajo y Migraciones por la que se disponía la inscripción en el registro y publicación del texto del Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de Justicia. En esta resolución se establecía:

Psicólogo: trabajador que con título universitario superior en Psicología o especialidad en esta materia, bajo la dependencia funcional del órgano al que está adscrito, desempeña funciones de asesoramiento técnico en los Tribunales, Juzgados, Fiscalías y órganos técnicos en materia de su disciplina profesional. Su actuación se refiere a la exploración, evaluación y diagnóstico de las relaciones y pautas de interacción, aspectos de personalidad, inteligencia, aptitudes, actitudes y otros aspectos de esta especialidad de las personas implicadas en los procesos judiciales de quien se solicite el correspondiente informe psicológico, por los respectivos responsables de los órganos citados, así como la colaboración con los restantes miembros de los equipos técnicos para el desarrollo de las citadas funciones (p. X).

Adicionalmente, consideramos necesario referir en este punto la Proposición no de Ley 161/002019 de la Comisión de Justicia (2013) relativa al establecimiento unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales, por la que el Congreso de los Diputados insta al gobierno a (Boletín Oficial de las Cortes Generales, 15 de octubre de 2013):

  1. Establecer unos requisitos mínimos de conocimientos y profesionalidad de los psicólogos y psiquiatras forenses, así como de otros colectivos de peritos judiciales, con especial referencia al ámbito jurídico, en la medida que realicen su actividad ante la Administración de Justicia.

  2. Asimismo, a considerar la creación de un registro a nivel nacional en el que se incluyan los profesionales de los diferentes ámbitos que cumplan tales requisitos mínimos, dependiente del Ministerio de Justicia.

Observando otros perfiles profesionales dentro de la Psicología Jurídica, un ejemplo claro lo tenemos con los psicólogos del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, que aún realizando labores tanto de evaluación como de tratamiento psicológico, están al margen de este debate respecto a su reconocimiento como profesionales sanitarios, ya que, sus funciones profesionales están recogidas en el ordenamiento jurídico6, y su capacitación profesional viene delimitada por la superación de un proceso selectivo específico para el desarrollo de sus funciones, además, de un periodo formativo y práctico posterior. En cualquier caso, su labor no es definida como clínica, sino como una intervención psicosocial.

Por otro lado, el psicólogo clínico, como especialista en el campo de la evaluación y tratamiento de los trastornos mentales, puede intervenir en la sala de justicia bien como perito o experto (aportando información técnica propia de su especialidad), bien como testigo-perito (informando sobre aspectos de su intervención clínica con un paciente concreto). No obstante, no se trata de una labor de evaluación forense, consistiría en aportar información de las intervenciones realizadas con el individuo o de aspectos técnicos, pero invariablemente desde un prisma clínico. Esta relación clínico-jurídica explica que en los programas formativos de los psicólogos clínicos (por ejemplo, el programa PIR) se aborde de forma somera, en comparación con el conjunto del temario, aspectos relacionados con el peritaje psicológico. Este aspecto no debe inducir a error, lo sustantivo del profesional sanitario no es la función forense sino la clínica-asistencial.
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