Apuntes sobre la judicialización de actos u omisiones delictivos según los principios generales reconocidos por la comunidad internacional




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Comisión respectiva.

Derechos Humanos

Sub-comisión.

Delito contra la Humanidad: Narcotráfico, Tráfico de órganos, tráfico de niños, genocidio, desaparición forzosa, torturas.

Título de la ponencia.

APUNTES SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN DE ACTOS U OMISIONES DELICTIVOS SEGÚN LOS PRINCIPIOS GENERALES RECONOCIDOS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Nombre de los autores

Ivar Jesús Calixto Peñafiel

Universidad o Institución respectiva.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Correo electrónico de los autores

ivar@aprodeh.org.pe
ivarcalixto@hotmail.com

APUNTES SOBRE LA JUDICIALIZACIÓN DE ACTOS U OMISIONES DELICTIVOS SEGÚN LOS PRINCIPIOS GENERALES RECONOCIDOS POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Ivar Jesús Calixto Peñafiel (*)



El Estado Soberano era para sus súbditos una jaula de hierro , desde la que aquellos no podían comunicarse jurídicamente con el exterior más que a través de muy estrechos barrotes”
Nicolas Politis, Les Nouvelles Tendences du Droit Internacional, 1927



1.- La judicialización de las violaciones de los Derechos Humanos y sus Inconvenientes para el logro de Justicia
Cuando se atraviesa un determinado contexto de violencia sea este un conflicto internacional o un conflicto armado interno es una aspiración recurrente de la humanidad, que los responsables de los más execrables actos, que atentan contra la dignidad inherente de todo ser humano, sean sancionados. Recordemos que ha sido costumbre, en el curso de la Historia del Derecho Internacional, calificar a ciertos delitos como communis iuris y considerarlos como delicia iuris gentium , o “delito contra el derecho de gentes”1.

Como lo señala M. Cherif Bassiouni <<Pourtant depuis lors, on compte quelques 250 conflits de caractére international et non- international , entraimant des victimes de régimes tyraniques, faisant aproximativement 170 millions de pertes humaines ainsi que d’autres conséquences désastreuses incanculables>>2  


El Perú lamentablemente no ha sido una excepción a esta problemática mundial durante dos décadas, desde 1980 a 2000, el Perú enfrento un conflicto armado interno que provoco la muerte de 69 280 victimas3, saldo trágico que ni siquiera se compara a la cantidad de victimas durante la Guerra con Chile (1879-1883) . Por ello en el año 2001 con D.S 065-2001 ,se creo la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, cuyo trabajo de investigación se enfocó sobre los siguientes hechos»: «a) Asesinatos y secuestros; b) Desapariciones forzadas; c) Torturas y otras lesiones graves; d) Violaciones a los derechos colectivos de las comunidades andinas y nativas del país; y, e) Otros crímenes y graves violaciones contra los derechos de las personas»4 (Art. 3 del D. S. 065-2001-PCM). Una vez presentado su Informe Final, la CVR presento los nombres de los presuntos autores de los delitos mencionados y los casos que serian sometidos a la jurisdicción del Poder Judicial.
Durante el conflicto armado interno se produjeron Crímenes de lesa Humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y como tales se trata de <>5. Más aun si los crímenes cometidos durante este periodo fueron sistemáticos y generalizados, pues respondieron a una política o plan del cual resulto la comisión repetida o continúa de actos inhumanos; y las conductas criminales fueron dirigidas a una multiplicidad de victimas, excluyendo así los actos cometidos por un perpetrador que actúa por iniciativa propia y cuyo acto antijurídico esta dirigido a una sola persona.
La problemática se presenta para la sociedad en su conjunto, pues su participación en los procesos de judicialización de violaciones a los Derechos Humanos es fundamental, pero a la vez, son los operadores jurídicos los que asumen un rol principal, pues como es lógico luego de atravesar, dos gobiernos con estructuras autoritarias e indiferentes a la problemática de violaciones de Derechos Humanos -como es el caso de los gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985) y el gobierno de Alan García (1985-1990)- y la dictadura fujimorista, el Perú se encontraba frente a todo un conjunto de normas que solo hacían propicia la impunidad, lo que dificulta el logro de la justicia. Por ello el principal punto de este problema radica en ¿como llevar a juicio y condenar sin violar principios del Derecho Penal Interno, a agentes que han cometido delitos de sanción internacional pero que en su momento de comisión no estaban incorporados al ordenamiento interno o han sido incorporados después de cometidos dichos crímenes? En nuestra legislación penal, mediante la Ley N° 26926 del 21 de febrero de 1998, se incorporo al Código penal el Titulo XIV-A “Delitos de Lesa Humanidad”, mediante los cuales se tipifico los delitos de Genocidio, Desaparición Forzada, Tortura, Discriminación y Manipulación Genética (Art. 319 al 324). Sin embargo no se tipifico la ejecución extrajudicial como Delito Contra la humanidad .En el caso de la Desaparición forzada se tipifico como delito con la entrada en vigencia del Código Penal de 1991, que la regulaba en su artículo 323, pero ya en dictadura, era derogado por el Decreto Ley 25475, del 6 de mayo de 1992 y fue reincorporado por Decreto Ley 25475, del 2 de julio de 1992 y finalmente reordenada por la Ley N° 269266.
Si tenemos en cuenta que el mayor numero de violaciones a los Derechos Humanos se cometieron de 1980 a 1992, y que en especial durante el periodo de 1983- 1984 se produjo la mayor cantidad de muertes7; que a partir del año 1993 decaería notablemente el numero de victimas y que a partir del año 1993 la practica violatoria de Derechos Humanos continuaría, solamente que con una manera muy selectiva( como por ejemplo la creación del Grupo paramilitar “Colina”), es fácil inferir que el ordenamiento interno peruano es insuficiente para garantizar estándares mínimos de procesos judiciales , con las garantías suficientes para los procesados. Prueba de ello son las leyes de declinatoria de jurisdicción civil por la militar (“Ley Cantuta”)8, la ley de auto amnistía (“Ley Barrios Altos) 9 y el abandono de la competencia contenciosa de la Corte interamericana de Derechos Humanos10.Como lo ha señalado acertadamente Víctor Cubas Villanueva <>11

2.- Las Obligaciones del Perú en materia de Derechos Humanos como limite a la impunidad
El Estado peruano se encuentra internacionalmente obligado por una serie de normas convencionales y no convencionales ante la comunidad internacional en su conjunto, podemos distinguir dos tipos de obligaciones:


2.2.- Las Obligaciones del Perú en materia de derechos Humanos Derivados de Normas Ius Cogens.-
El Derecho internacional actualmente no se presenta solamente como un producto de la voluntad de los Estados, los Derechos Humanos han incorporado en el un orden internacional, donde el voluntarismo del Estado se encuentra limitado12. A los instrumentos convencionales señalados líneas arriba hay que agregar que la comunidad internacional reconoce la existencia de un núcleo inderogable de derechos de la persona humana, establecido por normas imperativas de Derecho Internacional general, sean éstas tributarias del Derecho Internacional de Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, o del Derecho Penal Internacional. Este núcleo inderogable de derechos deriva y se funda en la dignidad de la persona humana13 14.Este núcleo inderogable de Derechos, que establecen normas imperativas y obligaciones erga omnes para todos los estados, es lo que en la doctrina se conoce como Normas Ius Cogens y que encuentran establecidas en el art. 53° de las Convenciones de Viena de Derecho de los Tratados de 1969 y 198315.Asi el art. 53° establece:
<>.

También se emplea, en lugar de norma imperativa, la expresión “norma perentoria” del Derecho Internacional, la cual –según O´Donell-, siendo posición que compartimos, capta el sentido de la institución mejor que “norma imperativa”.16

Las obligaciones erga ommes, que como han sido acertadamente entendidas según la obíter dictum de Tribunal Internacional de Justicia —Caso Barcelona Traction, 1970—, se caracterizan por dos elementos constitutivos, que no están necesariamente presentes en su concepto exclusivamente etimológico17 , estas son :


  • Se contraen ante toda la Comunidad Internacional:<<(…) En particular, es menester reconocer una distinción fundamental entre las obligaciones de un Estado hacia la comunidad internacional en su totalidad, y sus obligaciones frente a otro Estado (…) Por sus naturaleza las primeras interesan a todos los Estados .Habida cuenta de la importancia de los derechos de que se trata, todos los Estados tienen un interés jurídico en su protección; son obligaciones erga omnes>>18.(el subrayado es nuestro)




  • Incorporan valores esenciales para la comunidad internacional (protegen derechos esenciales), siendo este rasgo el que justifica que todos los Estados tengan un interés jurídico en su cumplimiento:<tales obligaciones surgen de la prohibición de hechos de agresión y de genocidio, y también de los principios y las reglas relativos a los derechos básicos de la persona humana, incluyendo la protección contra la esclavitud y la discriminación racial. Algunos de los derechos correspondientes forman parte del Corpus del derecho internacional general; otros emanan de instrumentos internacionales de carácter universal o casi-universal. >>19(el subrayado es nuestro)


Resulta claro que las obligaciones erga ommes representa sin lugar a dudas la superación del patrón erigido sobre la autonomía de la volunta del Estado, constituyendose como un instrumento para la identificación y cumplimiento de la obligación de general de garantía del ejercicio de los derechos de la persona humana 20

Como observamos la violación de una norma imperativa fundamentalmente las que protegen internacionalmente a la persona, genera desde nuestro punto de vista obligaciones erga ommes ineludibles, pues <>21 siendo la principal obligación que deben cumplir los estados de no permitir la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos, Así tenemos que en reciente jurisprudencia del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso Furundzja, refiriéndose a la prohibición de la tortura, como observación obligatoria de normas del ius cogens, establece: <>22 y agrega: <>23.La imprescriptibilidad es pues un instrumento jurídico que contribuya que estos delitos no puedan quedar impunes y sin ningún tipo de sanción legal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha referido al respecto señalando la incompatibilidad de las leyes de amnistía peruanas que tenían como único objetivo lograr la impunidad, así: <>24
En sede interna el Tribunal Constitucional en una histórica sentencia en el que señala claramente que:<>25.
Como observamos el establecimiento de normas ius cogens trae como consecuencia que los estados no se encontrara libres de responsabilidad internacional por las violaciones de Derechos Humanos que se cometan , para ello no será necesario estar obligados a través de un tratado o acuerdo convencional sino que solo bastara que contravengan una norma ius cogens que representan el orden publico internacional al cual no pueden contravenir, y por la cual se encuentran obligados ante toda la comunidad internacional. Por lo tanto la relación de responsabilidad no se agotara a la relación Estado –Victima, sino como señala correctamente Carrillo Salcedo << van más allá de la reparación en la medida que representan indiscutibles aspectos sancionadores, punitivos>>26 esto se debe a que básicamente no se debe ceder ni claudicar ante la impunidad ya que <>27 por tal al embarcarse en una tarea sancionadora y punitiva de las graves violaciones de Derechos humanos <>28.

2.2.-Las Obligaciones del Perú en Materia de Derechos Humanos derivadas de la Carta Internacional de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Mediante la aprobación y ratificación de estos tratados internacionales el Perú participa de dos sistemas de protección de los Derechos Humanos.

En primer lugar el Perú se encuentra obligado por un conjunto de tratados de Derechos Humanos que la doctrina ha denominado Carta Internacional de los Derechos Humanos29, este conjunto de instrumentos internacionales esta constituido por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos30, Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos31 , Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre los más importantes32 .
Sin duda existen bienes jurídicos e intereses que trascienden los limites penales nacionales33 y que importan a la Comunidad Internacional en su conjunto, tales bienes serian los que protegen los Derechos Humanos reconocidos por el articulo 55 c) de la Carta de la ONU34 -protegidos por el articulo 6° del Estatuto del Tribunal de Nuremberg35- estableciéndose que la violación de cualquiera de esos derechos es un delito internacional36.

Las obligaciones, en materia de Derechos Humanos no solo encuentran un asidero claramente constitucional, sino su explicación y desarrollo en el Derecho Internacional37. Es así que el Derecho internacional funciona como un límite al arbitrio discrecional del Estado y a la vez la Soberanía opera como un obstáculo estructural, a las innovaciones que los Derechos Humanos han introducido en el Derecho internacional38. Por ello acertadamente Carrillo Salcedo señala que a partir de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas cambio radicalmente la precaria situación de la persona en el Derecho Internacional. Es a partir de este momento en que se produce una tensión entre la soberanía de los Estados y Derechos Humanos, en los Tratados que han desarrollado normativamente la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos tales como el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Perú también ha contraído obligaciones internacionales en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos, ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)39, con la finalidad de brindar una protección regional de los Derechos Humanos de los ciudadanos. El Sistema Interamericano se encuentra integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos40 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos41, existen también la Asamblea General y la Unión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, dos órganos políticos que, ocasionalmente, adoptan pronunciamientos sobre situaciones concretas y de relevancia para la interpretación del derecho interamericano de los Derechos Humanos42.
3.- Los principios Generales del Derecho internacional la obligatoriedad de su cumplimiento
Los principios generales del Derecho fue reconocido como fuente del Derecho internacional por la Corte Permanente de Justicia Internacional ,establecida por la Sociedad de Naciones en 1920, es así que el “Comité de los 10” que elaboro dicho estatuto acogió “los principios generales del Derecho” mediante la formula que representaba el compromiso entre 2 tendencias que existían en el seno del comité , es así que el Baron Deschamps, Presidente de dicho comité, señalo que se aplicaría << las reglas de Derecho Internacional tal y como eran reconocidas por la conciencia jurídica de los pueblos civilizados>> agregando con referencia a la falta de uniformidad de esta conciencia que <> , la otra tendencia la encabezaba Lord Phillimore de que: <> y de ambas propuestas se estableció que el tribunal aplicaría <>
Con la Corte Internacional de Justicia se reconoce a los Principios generales del Derecho internacional. En su artículo 38.1 inc. 3 señala:

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

(…)

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
Por tal la confirma como fuente valida de Derecho internacional, juntamente con los tratados y la costumbre internacional, a los Principios Generales del Derecho, según el Dictionnaire de la Terminilogie du Droit Internacional , sub verbo “ principes generaux du droit podemos referirnos los principios generales, como <>43.La noción de principio se utiliza tanto en su sentido más propio de abstracción, de último grado, como en el de norma de aplicación de general o universal. Innumerables autores han postulado que mediante principios generales lo que quieren indicar es que se trata de aquellas normas reconocidas por las relaciones internacionales, es decir un Derecho de universal observancia44.
<>45 , es así que con la irrupción de los derechos humanos que ha significado una renovación del Derecho internacional y una notable reducción del control de la soberanía para bien del ser humano, significando que <>46En conclusión al igual que las dos otras fuentes del Derecho internacional , los principios Generales también pueden dar lugar, al establecimiento de normas de Derecho internacional General, que se configuren como normas imperativas y por consiguiente de normas ius cogens, pues <>47.

4.-.-La judicialización por acciones u omisiones de actos delictivos según los principios generales del Derecho reconocidos por las Naciones Civilizadas y su obligatoriedad de cumplimiento por parte de los estados

Carrillo Salcedo ha afirmado con mucha razón que la Soberanía opera como un obstáculo estructural, a las innovaciones que los Derechos Humanos han introducido en el Derecho internacional. Es así que en innumerables casos los estados han pretendido eximirse de su responsabilidad internacional para cubrir con un manto de impunidad múltiples hechos que se han constituido en flagrantes violaciones a los Derechos Humanos, que han producido el rechazo absoluto y la preocupación de la comunidad internacional. Prueba de ello ha significado la imposibilidad de obtener justicia en sede nacional , cuando los perpetradores de Derechos Humanos han estado en el poder, una continuación de ello ha sido también las leyes de autoamistia o impunidad, por la cual se trato de busca una solución legal que los exima de su responsabilidad. En la actualidad una gran dificultad ha significado como juzgar adecuadamente a los perpetradores de Derechos Humanos cuando se tiene un cuerpo jurídico ineficiente, creado y manipulado justamente por los perpetradores de derechos humanos, impidiendo una verdadera justicia a las victimas, por ello ningún estado democrático y de derecho puede desdeñar las obligaciones que el Derecho internacional establece y que la comunidad internacional les exige .Asi Cherif Baussiouni señala<<La société civile internationale a cependant atteint les limites de tolérance de la practique de l´impunité et réclame que justice sois faite>>48 que ese mínimo de justicia desde nuestro punto de vista se expresa en el deber de judicialización de las graves violaciones a los derechos humanos derivada de las violación de normas ius cogens este postulado se ha convertido en un principio general reconocido por la comunidad internacional, fácilmente comprobable en su desarrollo historico. Pero no solo se agota ahí sino que a la vez se ha convertido en su desarrollo histórico en una norma ius cogens , es decir en una norma imperativa que no admite prueba en contrario y que establece obligaciones erga ommes de toda la comunidad internacional y sobre todo obligaciones al estado. Pues como señala Rodolfo Mattarrollo siguiendo a la jurisprudencia reciente del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia <>49

De lo dicho podemos concluir que bajo ninguna motivo el estado puede desconocer el Derecho internacional a la hora de juzgar las violaciones graves de los Derechos Humanos. Por ello a la pregunta ¿Qué hacer cuando en un estado al momento de perpetrarse las violaciones de derechos humanos no estaba tipificado en su código penal ni en ninguna otra ley, delitos como Genocidio, Delitos de lesa Humanidad, Tortura, Aparteid? . Esta interrogante no es nueva, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se estuvo en una situación en la que para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometida por dirigentes nazi en el proceso de Nuremberg los crímenes fueron tipificados ex post facto pues como señala la jurisprudencia de dicho Tribunal los tipos creados para procesar y juzgar a los dirigentes nazis, se han limitado, en realidad, a declarar un Derecho Internacional Preexistente, con lo cual no podría considerarse retroactivos50. Así tenemos que los crímenes de lesa humanidad ya contaban, al momento de comisión de los actos, con precedentes legales51 y la noción de crimen de lesa humanidad ya había sido empleada con anterioridad52.
La experiencia reseñada no (desarrollar tema de los otrosinstrumentos y jurisprudencia)
El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos53 atendiendo a esta preocupación y a la lamentable realidad de que nuevamente se produzcan situaciones similares a las ocurridas durante la segunda Guerra Mundial y para que haya total claridad respecto a la aplicación de sanciones por delitos consolidados en la comunidad internacional, es que consagra conjuntamente el principio de legalidad en su articulo 15 inc. 1 : << Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. >>, Su excepción en el inc 2 una excepción respeto << Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.>>54Por lo tanto este inciso del articulo 15 establece una excepción al principio de irretroactividad penal justamente previendo de aquellos ordenamientos tolerantes y cómplices de las violaciones de Derechos Humanos y por tal con un Derecho interno ineficiente para responder minimamente con los estándares de juicio y condena de los violadores de Derechos Humanos.

5.-La judicialización de las violaciones de los Derechos Humanos según el artículo 15(2) afecta al principio de no retroactividad de la ley penal
De lo dicho podemos concluir que bajo ninguna motivo el estado puede desconocer el Derecho internacional a la hora de juzgar las violaciones graves de los Derechos Humanos. Por ello a la pregunta ¿Qué hacer cuando en un estado al momento de perpetrarse las violaciones de derechos humanos no estaba tipificado en su código penal ni en ninguna otra ley, delitos como Genocidio, Delitos de lesa Humanidad, Tortura, Aparteid? Se puede llevar a juicio y condenar sin violar el principio de irretroactividad de la ley penal o en virtud de la excepción al principio de la irretroactividad enunciado por el articulo 15 (2) del PIDCP .

Ante esta disyuntiva pueden presentarse pueden darse tres supuestos en los que se puede llevar a juicio y condena:
a.-Al autor de un crimen si al momento de cometerse no fuese considerado delito según la legislación nacional , si este acto en el momento de su perpetración ya era considerado delito por el Derecho Internacional
b.-Al autor de un crimen en aplicación de una ley penal nacional tipificando como delito este acto, aun cuando al momento de cometerse no fuese considerado delito según la legislación nacional , si dicho crimen ya era considerado por el Derecho Internacional
c.-Al autor de crimen si al momento de cometerse no fuese considerado delito según la legislación nacional o un tratado internacional , si al momento de su comisión ya era delictivo según los principios generales del Derecho reconocidos por la comunidad internacional
De estos tres casos sacamos una única conclusión, los supuestos nuevos tipos se han limitado en realidad, a declarar un derecho internacional preexistente, con lo que no se podrá considerar retroactivos, pues <>55
Sin embargo la excepción a la prohibición de la aplicación retroactiva, no es la única excepción del derecho internacional también el principio de jurisdicción universal ampliamente reconocido constituye una excepción en cuanto al principio de general de jurisdicción territorial .por lo tanto debemos comprender la naturaleza jurídica dinámica de ambos ordenamientos y debemos de tener en cuenta el que en los casos de judicialización de violaciones a los Derechos Humanos el criterio de primacía de la norma más favorable a la victima sea ella norma de derecho internacional o de derecho interno
Por ello los tribunales nacionales deben procesar a los violadores de derechos humanos con los instrumentos internacionales y con la tipificación de los delitos en esta sede, pues son los órganos internos de los Estados los llamados a aplicar las normas internacionales, pues no puede seguir entendiendose al derecho interno y al derecho internacional como dos estancos cerrados, pues a decir de Cancado Trinidade << con la interacción dinámica entre uno y otro en el presente dominio de protección, es el propio derecho que se enriquece- y se justifica- en la medida en la que cumple su misión ultima de hacer justicia>>56
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