Nuevos miedos, nuevas amenazas




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Infancias rotas

Efectivamente, ciertos signos no engañan. A la reaparición de la mendicidad, del paro, de las sopas populares, de las «clases peligrosas» en los «barrios» y las «ciudades» de los extrarradios, se ha venido a sumar —como prueba suplementaria de la deshumanización que provoca la mundialización económica en este cambio de siglo— la figura social del niño trabajador.

Ya en el siglo xix, el agravamiento de las desigualdades se reflejaba particularmente en la explotación de los niños, cuya participación en el mundo laboral se había generalizado. Describiendo en un célebre informe85 de 1840 la situación de los niños obreros en Francia, donde la jornada de trabajo era de catorce horas, Louis Villermé evocaba «esa multitud de niños, algunos de apenas siete años, escuálidos, macilentos, cubiertos de harapos, que acuden a las manufacturas caminando descalzos sobre el barro, pálidos, debilitados, ofreciendo la imagen misma de la miseria, el sufrimiento y el desánimo».

Lejos de dejarse impresionar por esa realidad —denunciada igualmente por novelistas como Charles Dickens,Victor Hugo, Héctor Malot, Jules Valles, Émile Zola y Edmondo de Amicis—, ciertos liberales la consideraban como un «mal necesario»; «Esa miseria —escribía uno de ellos— ofrece un saludable espectáculo a toda una parte de las clases menos afortunadas que se mantiene sana; es lo más adecuado para infundirles terror; los exhorta a las difíciles virtudes que deben practicar para alcanzar una condición mejor».86

Ante semejante cinismo, ¿cómo no comprender la indignación de, por ejemplo, Karl Marx, que en el Manifiesto del partido comunista de 1848 denunciará a «la gran industria, que destruye todos los vínculos familiares del proletario y transforma a los niños en simples artículos de comercio, en simples instrumentos de trabajo», y reclamará «la abolición del trabajo de los niños en las fábricas tal como se practica hoy»?87

La historia ha demostrado que la abolición progresiva del trabajo infantil y la instauración de la enseñanza obligatoria eran las condiciones indispensables del desarrollo en Europa Occidental y en Norteamérica. Sin embargo, hubo que esperar a 1990 para que, una vez ratificada en el marco de la ONU —salvo por Estados Unidos—, la Convención sobre los derechos del niño entrara en vigor y fijara, como pedía la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1973, una edad mínima de ingreso en el mundo laboral.

No obstante, se calcula que en el mundo trabajan unos doscientos millones de niños, algunos menores de cinco años. Si bien la mayoría viven en los países pobres del Sur, muchos son explotados en los estados del Norte. En el conjunto de la Unión Europea, su número superaría los dos millones... En particular en las zonas más castigadas por las reestructuraciones ultraliberales, como el Reino Unido. Pero el fenómeno del niño trabajador ha hecho su reaparición incluso en países considerados «socialmente avanzados», como Dinamarca u Holanda. «También Francia —-afirma un experto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)— cuenta con varias decenas de miles de niños que ejercen un trabajo remunerado so capa de aprendizaje, y el 59% de los aprendices trabajan más de cuarenta horas semanales, en algunos casos, hasta sesenta.»88

Esclavos y siervos

El número de niños trabajadores no deja de crecer a nivel mundial. En algunos países, como Pakistán, es una lacra de enormes proporciones: decenas de millones de niños menores de seis años son víctimas de la explotación.89 En América Latina trabaja uno de cada cinco niños; en África, uno de cada tres; en Asia, ¡uno de cada dos! En la agricultura, el sector que emplea más niños, se practica a menudo la esclavitud por deudas: los niños deben pagar con su trabajo las deudas contraídas por sus padres o sus abuelos. Esclavos de hecho, estos niños nunca podrán escapar a esa condición: pasarán el resto de sus vidas en la plantación, donde se casarán y traerán al mundo nuevos esclavos...

Numerosos niños trabajan en la economía informal, el artesanado, el pequeño comercio, la mendicidad... El trabajo doméstico (en el Magreb, en Oriente Próximo, en África Occidental o en América Latina) es de los más perjudiciales, porque expone al niño a todo tipo de humillaciones y violencias, especialmente sexuales.

La causa fundamental de este desamparo es la pobreza, una pobreza que la mundialización económica generaliza y agrava.

De los seis mil millones de habitantes del planeta, cinco mil millones viven en la pobreza. Partiendo de esta realidad, cada vez son más las asociaciones que se movilizan, en torno a la OIT y a Unicef, para poner fin a uno de los escándalos más clamorosos de nuestro tiempo y reclamar el derecho sagrado de todos los niños a una vida decente. Se dirigen en primer lugar a los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo. Y constatan que, en la era de la mundialización, muchos de estos dirigentes políticos, incluso los de más alto nivel, se dejan ganar por la fiebre del dinero fácil y la especulación, y sucumben a la corrupción.
Presidentes acosados

En casi todo el mundo, de una u otra forma, los presidentes, a veces en ejercicio y democráticamente elegidos, son perseguidos, acusados, hostigados, sin el menor respeto a su función, que hasta no hace mucho se consideraba casi sagrada y los convertía en poco menos que intocables. Todo eso se ha acabado. Quienes hablan de «final definitivo del Antiguo Régimen» no andan completamente desencaminados, porque es, por decirlo así, la «majestad» de la función presidencial lo que ha sido literalmente decapitado ante nuestros ojos.

Reelegido en Francia con el 82,5% de los votos (para descartar al candidato de extrema derecha, Jean-Marie Le Pen) el 5 de mayo de 2002, Jacques Chirac, perseguido por los jueces y vilipendiado por los medios de comunicación, no es el único presidente acosado. Ni mucho menos. Hoy en día, ni siquiera los «dueños del mundo» escapan al hostigamiento. Los presidentes reunidos en Genova del 20 al 22 de julio de 2001, con ocasión de la cumbre de los siete países más ricos del planeta (G7 y, con Rusia, G8), tuvieron que enfrentarse a manifestaciones de cólera de enorme amplitud. Dirigidas, no contra ellos personalmente, sino contra la globalización sin rostro que encarnan. Estos jefes de Estado y de Gobierno ofrecían a sus opiniones públicas la detestable imagen de un club de ricos arrogantes, encastillados a bordo de un lujoso transatlántico de crucero, parapetados tras murallas militarizadas, al abrigo de la ira popular, protegidos por una policía en estado de guerra que no dudó en matar a un joven contestatario, Carlo Giuliani, de veintitrés años.

Asediados por unos doscientos mil manifestantes y visiblemente desbordados, los presidentes del G7 se limitaron a repetir un solo argumento en su defensa: «¡Hemos sido elegidos democráticamente!», como si eso tuviera alguna virtud mágica. ¡Como si eso no fuera, hoy en día, una obviedad!

Porque haber sido elegido democráticamente no autoriza de ningún modo a un presidente a traicionar sus promesas electorales y el interés general o a privatizar y liberalizar a ultranza. Ni a satisfacer a toda costa las exigencias de las empresas que financiaron sus campañas electorales. Por lo demás, al menos dos de los Siete —George W. Bush y Silvio Berlusconi— son los representantes de los medios financieros de sus países más que de sus conciudadanos.

El acoso a los gobernantes afecta sobre todo a los jefes de Estado o de Gobierno acusados de cometer crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Como el general Augusto Pinochet, antiguo dictador de Chile, detenido en Londres en 1998 a petición del juez español Baltasar Garzón y devuelto en marzo de 2000 a su país, donde fue inculpado de nuevo por el juez Juan Guzmán, para ver definitivamente suspendidas las acciones emprendidas contra él el 9 de julio de 2001, en atención a la presunta «degradación del estado de salud mental del antiguo dictador».

Exigencia moral

El caso Pinochet cambió radicalmente la situación en lo relativo a la lucha contra la impunidad de los dirigentes políticos a escala internacional. Desde entonces, hemos podido ver a más de un antiguo responsable político delante de los jueces. Como el general argelino Nezzar, acusado por un juez parisino de «crímenes de guerra» cometidos en su país durante la guerra sucia contra los fundamentalistas islámicos. O el antiguo secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, convocado por un juez de instrucción de París por su presunta implicación en el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende en el Chile de 1973. O el primer ministro israelí Ariel Sharon, obligado a evitar Bélgica, donde está acusado de complicidad en las matanzas de Sabrá y Chatila perpetradas en Beirut en 1982.

Asimismo, el 3 de febrero de 2000 asistimos a la inculpación y arresto domiciliario del antiguo presidente de Chad, Hisséne Habré, en Senegal, país donde se había refugiado, por «complicidad en actos de tortura». Más recientemente, el 10 de julio de 2001, el general argentino Jorge Videla, autor del golpe de Estado de 1976 fue acusado y enviado a prisión preventiva por su presunta participación en el plan Cóndor, el pacto de muerte establecido por las dictaduras latinoamericanas en los años setenta para hacer «desaparecer» sistemáticamente a sus opositores. Y, por fin, el 29 de junio de 2001 presenciamos la controvertida comparecencia del antiguo presidente yugoslavo Slobodan Milosevic ante el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) de La Haya, para responder de «crímenes contra la humanidad».

Pero los autores de crímenes de sangre no son los únicos perseguidos; en la actualidad, presidentes elegidos democráticamente se ven obligados a responder ante la justicia debido, principalmente, a su corrupción. A este respecto, la exigencia moral se manifiesta a escala internacional. Así, en junio de 2001, antes de ser absuelto definitivamente, el presidente argentino Carlos Menem fue detenido y sometido a arresto domiciliario bajo la acusación de venta ilegal de armas y percepción de comisiones ocultas por valor de varias decenas de millones de dólares durante sus mandatos (1989-1999). Como también ha sido detenido el que fuera su cómplice neoliberal y ministro de Economía, Domingo Cavallo, que impuso la paridad peso-dólar y privatizó a mansalva.

Elegido también democráticamente, Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, se refugió en Japón en noviembre de 2000 huyendo de la justicia, que lo acusa de corrupción y asesinato. Por su parte, Vladimiro Montesinos, su antiguo brazo derecho y hombre fuerte del régimen, fue detenido en julio de 2001 y recluido en prisión. En Filipinas, el 20 de enero de 2001, la presión popular expulsó del poder al presidente Joseph Estrada a raíz de un escándalo relacionado con la corrupción. Estrada fue detenido el 25 de abril de 2001, acusado de malversar ochenta millones de euros procedentes de fondos públicos. En Indonesia, el presidente Wahid fue destituido el 23 de julio de 2001, acusado de corrupción. El 28 de diciembre de 2001, el antiguo presidente del Congo-Brazzaville, Pascal Lissouba, fue juzgado en rebeldía y condenado por «alta traición petrofinanciera y malversación de fondos públicos» a treinta años de trabajos forzados. Y podríamos seguir citando ejemplos...

La persecución de los dirigentes políticos no es privativa de los países democráticos y desarrollados del Norte. Como puede verse, hoy en día se extiende a numerosos países del Sur, como si a la mundialización financiera respondiera una mundialización de la exigencia moral. Y el fenómeno crece a una velocidad casi tan grande como la del movimiento antiglobalización, que en menos de dos años, entre Seattle y Genova, ha dejado de ser una protesta pintoresca y aislada para convertirse en la revuelta de una generación, en la guerra social planetaria.

Desarmar los mercados

Para estos contestatarios, el desarme del poder financiero debe convertirse en un objetivo cívico prioritario si se quiere evitar que el mundo del siglo xxi se transforme en una jungla donde los depredadores dicten su ley.

Las especulaciones sobre las variaciones del mercado de divisas mueven a diario en torno a un billón seiscientos mil millones de euros. La inestabilidad de las cotizaciones es una de las causas del alza de los intereses reales, que frena el consumo doméstico y la inversión empresarial. Agrava los déficits públicos y, por otra parte, anima a los fondos de pensiones, que mueven cientos de miles de millones de euros, a exigir a las empresas dividendos cada vez más elevados. Las primeras víctimas de esta «carrera» por el beneficio son los asalariados, cuyo despido masivo —«despidos de conveniencia bursátil»— multiplica el valor en bolsa de las acciones de sus ex patronos.

¿Pueden las sociedades democráticas seguir tolerando lo intolerable indefinidamente? Es urgente poner trabas a estos devastadores movimientos de capitales. De tres tipos: supresión de los «paraísos fiscales»; aumento de la fiscalidad sobre los rendimientos del capital; tasación de las transacciones financieras.

Los paraísos fiscales son otras tantas zonas donde reina el secreto bancario, que sólo sirve para camuflar malversaciones y otras actividades mafiosas. Por su intermedio, miles de millones de dólares escapan a la fiscalización en beneficio de los poderosos y de los establecimientos financieros. Porque todos los grandes bancos del planeta tienen sucursales en los paraísos fiscales, de las que obtienen los mayores beneficios. ¿Por qué no decretar un boicot financiero de, por ejemplo, Gibraltar, las islas Caimán, Monaco o Liechtenstein, prohibiendo establecer filiales en ellos a los bancos que trabajan con los poderes públicos?

La imposición de tasas sobre los rendimientos financieros es una exigencia democrática mínima. Deberían imponérseles las mismas que a las rentas del trabajo, cosa que no ocurre en ningún sitio, incluida la Unión Europea.

La total libertad de circulación de los capitales desestabiliza la democracia. Para remediarlo es necesario crear mecanismos disuasorios. Uno de ellos es la tasa Tobin, así llamada en honor del premio Nobel de Economía estadounidense James Tobin, que la propuso ya en 1972. Se trata de tasar, de forma módica, todas las transacciones del mercado de valores para estabilizarlas y al mismo tiempo procurar ingresos a la comunidad internacional. A un tipo del 0,1%, la tasa Tobin produciría anualmente unos ciento sesenta y seis mil millones de euros, el doble de la suma anual necesaria para erradicar la pobreza extrema en cinco años.90

Numerosos expertos han demostrado que la implantación de esta tasa no ofrece ninguna dificultad técnica.91 Su aplicación arruinaría el credo liberal de quienes no dejan de proclamar la falta de solución de recambio al sistema actual.

Con tal fin, en abril de 1998 se creó en París, con vocación de extenderse a todo el planeta, la organización no gubernamental Action pour une taxation des transactions financiéres pour l'aide aux ci-toyens (Attac, «Acción por una tasación de las transacciones financieras para la ayuda a los ciudadanos»), que cuenta ya con cerca de cuarenta mil afiliados en Francia. En conjunción con los sindicatos y las asociaciones con fines culturales, sociales y ecológicos, Attac actúa como un formidable grupo de presión cívica sobre los parlamentarios y los gobiernos para incitarlos a reclamar la implantación definitiva de este impuesto mundial de solidaridad.

Pero Attac tiene además vocación de educador popular. Con otras asociaciones, organiza seminarios de formación para el análisis crítico de la economía financiera en todo el mundo. A este respecto, Attac estuvo en el origen de uno de los proyectos más audaces de respuesta intelectual y social a la globalización: el Foro Social Mundial de Porto Alegre.
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