Tribunal superior de justicia




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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA


LIBRO DE ACUERDOS

N°................................................................................
FS.................................................................................

Tristán M. Quiles

Secretario de Sum. Adm.

Tribunal Superior de Justicia


ACUERDO NUMERO: TRECE


En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de junio de dos mil doce, se reunió en Acuerdo el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, con la asistencia de los Sres. Vocales Dres. Aída Lucía Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli, María de las Mercedes Blanc Gerzicich de Arabel y Carlos Francisco García Allocco, a fin de tratar el siguiente asunto correspondiente a la Secretaría de Sumarios Administrativos.

VISTOS: Los autos caratulados “DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL, DR. STORNI, REMITE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON MOTIVO DE IRREGULARIDADES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” (Expte. "D"/17/10 y sus acumulados Exptes. "S"/06/10 y "D"/25/10), los cuales se hallan vinculados por existir conexidad subjetiva en relación al agente judicial Walter Gustavo Alfonso Chilo (Oficial, Leg. Nro. 2884) -quien se encuentra sumariado en las tres actuaciones de marras-, mientras que el Sr. Juan Alejandro Paz (Oficial Mayor al momento del hecho, Leg. Nro. 2896) fue sumariado en el expediente identificado como "D"/17/10.

a) En primer término, con fecha veintiocho de mayo de dos mil diez, fueron recibidos en la Secretaría de Sumarios Administrativos de este Alto Cuerpo los autos caratulados "Director General de Policía Judicial, Dr. Storni, remite actuaciones administrativas con motivo de irregularidades en la prestación del servicio" (Expte. "D"/17/10 de fecha 31-05-10), girados por la Dirección General de Policía Judicial tras la realización de una investigación administrativa preliminar (Acuerdos Reglamentarios Serie "A" Nro. 549 de fecha 04-07-00 y Nro. 624 de fecha 25-09-01). La misma tuvo su origen con motivo de la noticia periodística publicada el día veintisiete de mayo de dos mil diez en la página web correspondiente a "La Mañana de Córdoba" (www.lmcordoba.com.ar), de donde surgía que el cuerpo sin vida de un hombre de unos cincuenta y cinco años de edad había sido encontrado en Barrio Nueva Italia, permaneciendo abandonado en la vía pública por al menos tres horas debido a que Policía Judicial se encontraba realizando una protesta en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo (fs. 01/01vta.).

Por tal razón, con fecha primero de junio de dos mil diez se dispuso la apertura de sumario administrativo a los Sres. Walter Gustavo Alfonso Chilo (Leg. Nro. 2884) y Juan Alejandro Paz (Leg. Nro. 2896), ambos con funciones en la Secretaría Científica -Cuerpo Operativo Número Siete- de la Dirección General de Policía Judicial.

En dicha oportunidad, se les atribuyó a los agentes judiciales de cita lo que daremos en llamar -por una cuestión metodológica y de mejor tratamiento- PRIMER HECHO, consistente en el despliegue de un obrar con repercusión en el ámbito administrativo-disciplinario contrario a los deberes de responsabilidad profesional, confianza, diligencia y buen obrar, que trascienden el mero ejercicio de la función judicial comprometiendo con ello el prestigio y la reputación de la Administración de Justicia con quien se encuentran vinculados por una especial relación de sujeción de derecho administrativo.

El hecho enrostrado al Oficial Walter Gustavo Alfonso Chilo -integrante del Cuerpo Operativo Número Siete del Gabinete de Reconstrucción Criminal, Secretaría Científica, Dirección General de Policía Judicial- finca en que siendo las 05:46 horas del día veintisiete de mayo de dos mil diez, habría recepcionado una llamada telefónica del Coordinador de la Zona Norte del Dpto. Centro de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, Sargento Primero Miguel Heredia, donde se le informaba que a las 05:02 horas del citado día había ingresado un llamado al Ciento Uno (101) donde se requería presencia policial en calle "Mochina" Número Mil ochocientos cuarenta y seis (1846) de Barrio Nueva Italia con motivo de encontrarse una persona tirada en el piso, con signos de violencia en el cuerpo, peticionando la participación técnica de la unidad operativa a los fines de recoger el cuerpo en cuestión (quien en vida se identificara como Aníbal Corazón Quinteros), respondiendo Chilo que el personal del equipo técnico se encontraba de "Asamblea" hasta las 07:30 horas por lo que no se podría efectuar la cooperación solicitada. Además, el agente Chilo de manera irresponsable, negligente, infundada, insensible, despreocupada y arbitraria, no habría transmitido la comunicación recibida al resto de los integrantes del equipo técnico de pertenencia ni a quien se encontraba a cargo del mismo. Esta circunstancia negligente en lo funcional y renuente en el cumplimiento de los deberes que le vienen impuestos por la norma estatutaria en abstracto, derivó en un desajuste administrativo-operativo que culminó con la participación de otro equipo técnico que levantó los restos mortales del Sr. Quinteros aproximadamente a las 09:30 horas del día de cita. Las circunstancias relatadas adquirieron amplia repercusión social a través de los distintos medios de comunicación oral, escrita y visual causando un gran estrépito social y efecto negativo para la imagen del Poder Judicial, constituyendo la actitud del agente Walter Chilo un obrar particularmente contrario a los cánones y estándares expectables de compromiso social en la estructura judicial (fs. 107/107vta.).

La falta achacada al Sr. Juan Alejandro Paz, encargado del Cuerpo Operativo Número Siete de la Secretaría Científica de la Dirección General de Policía Judicial, radica en no haber controlado adecuadamente ni previsto algún mecanismo de comunicación alternativo considerando que frente a la existencia de Asambleas convocadas en los lugares de trabajo, se asegurara que frente a la contingencia de un requerimiento de actuación del cuerpo operativo que comandaba, no se viera obstaculizado por la actitud negligente y direccionada de algún integrante de aquél que procurara afectar el normal funcionamiento del mismo, máxime en la inteligencia de que quien atendía el teléfono sería delegado de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEP). Esta praxis poco previsora, desinteresada y negligente en la previsión debida vino necesariamente a contribuir causalmente en el resultado disvalioso de una actuación tardía de los equipos técnicos especializados, con repercusión altamente negativa en la imagen y prestigio de esta Administración de Justicia quien debe velar por el respecto irrestricto de los derechos fundamentales de aquellos ciudadanos que concurren a su auxilio (fs. 107vta./108).

b) Con fecha dieciocho de junio de dos mil diez, ingresó a la Secretaría de Sumarios Administrativos de este Alto Cuerpo el informe suscripto por el Dr. Martín Norberto Berger -Secretario de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Dirección General de Policía Judicial-, originándose con ello los autos caratulados "Sec. Sumarios y Asuntos Judiciales, Dr. Martín N. Berger, informa disturbios acaecidos en la Asamblea que se desarrollara en la base operativa de Policía Judicial el día 17/6/2010" (Expte. "S"/06/10 de fecha 18-06-10). En dicho informe el citado funcionario da cuenta a su Director -Dr. Federico Guillermo Storni- sobre irregularidades acaecidas en dependencias de la Base Operativa de la Dirección General de Policía Judicial el día diecisiete de junio de dos mil diez mientras se desarrollaba una asamblea gremial. Señala que siendo las 17:45 horas se constituyó en dicho lugar, observando a Walter Chilo operando una computadora, motivo por el cual lo invitó a retirarse, tomando el empleado un pen drive color blanco que tenía conectado a la computadora para seguidamente salir de la oficina. Agrega que de la misma manera invitó a retirarse a la empleada Carolina Meyer que se encontraba operando otra de las computadoras. Asimismo, destaca que el Sr. Eduardo Gesurmino que estaba de servicio en el lugar, le manifestó no haber autorizado la utilización de dichas máquinas. Luego menciona a varios empleados que se encontraban en el hall de ingreso a la Base Operativa con bombos, bocinas, megáfonos y silbatos, generando un ruido infernal que no permitía la prestación normal del servicio, ruido que se incrementaba cuando el Sr. Gesurmino atendía el teléfono. Añade que el agente judicial Aníbal Lesser, megáfono en mano, coreaba "Berger, hijo de puta, la puta que te parió" y arengaba a los demás compañeros a sumarse, agregándose a ello Chilo y Rosario Valiente.

Tras realizar una investigación administrativa preliminar, el día siete de septiembre de dos mil diez se dispuso la apertura de sumario administrativo al Sr. Walter Gustavo Alfonso Chilo (Legajo Número 2884), Oficial con funciones en el Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Secretaría Científica, Cuerpo Operativo Número Siete, de la Dirección General de Policía Judicial, a quien se le atribuyó el despliegue de un obrar impropio con repercusión en el ámbito administrativo-disciplinario, contrario a los deberes de confianza, buen obrar y reserva. Dicho actuar -que daremos en llamar SEGUNDO HECHO- consiste en que: con fecha diecisiete de junio de dos mil diez, siendo alrededor de las 17:45 horas, el Sr. Walter Gustavo Alfonso Chilo se habría encontrado dentro de las instalaciones de la oficina donde funciona la Base Operativa de Policía Judicial, sin la debida autorización de su superior jerárquico, operando indebidamente una de las computadoras de la dependencia -a la cual habría conectado un pen drive de su propiedad-, con el riesgo que ello puede conllevar para la información restringida que allí se almacena, y siendo que se estaba desarrollando en el hall de ingreso a dicha Base, una Asamblea dispuesta por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial en la cual se suponía presente el Sr. Chilo en razón de su condición de delegado gremial. Asimismo, la presencia del agente de cita en el lugar resulta inapropiada, atento a que no se encontraba prestando servicios el Cuerpo Operativo Número Siete al cual pertenece, sino el Número Tres (fs. 340).

c) Con fecha dos de julio de dos mil diez se iniciaron en la Secretaría de Sumarios Administrativos de este Alto Cuerpo los autos caratulados “Director General de Policía Judicial, Dr. Federico G. Storni, remite actuaciones administrativas iniciadas con motivo del informe elevado por el Encargado de la Sección Huellas y Rastros, Sergio Ferreyra, en relación a la solicitud del empleado Walter Chilo de intervención de personal técnico de dicha Sección" (Expte. "D"/25/10), con motivo de la remisión de actuaciones labradas en la Oficina de Sumarios Administrativos de la Dirección General de Policía Judicial, tras la realización de una investigación administrativa preliminar (Acuerdos Reglamentarios Serie "A" Nro. 549 de fecha 04-07-00 y Nro. 624 de fecha 25-09-01). Esta última se originó a raíz de un informe que presentó el Jefe de la Sección Huellas y Rastros al Director de Policía Judicial, en la que ponía en su conocimiento que el día treinta de junio de dos mil diez siendo las 12:30 hs. el Jefe de Recursos Humanos, Daniel Contrera, le solicitó que se interiorizara sobre la presencia del abogado Severín con material a peritar en la Sección a su cargo, hecho ocurrido el día previo en horas de la noche. Revisado el libro de ingresos de hechos, Ferreyra constató que no se registraba ningún hecho al respecto, como así tampoco en el sistema informático de registro de cooperaciones técnicas. Seguidamente, se comunicó con Marina Bustos y Luis Moriconi, agentes del Cuerpo Operativo Número Siete y Ocho respectivamente, ambos de guardia el día del episodio relatado en primer lugar. Bustos le refirió que Walter Chilo, en la víspera siendo aproximadamente las 21:00 hs., se hizo presente en la Sección Huellas y Rastros acompañado por otra persona desconocida para ella, y que el agente le solicitó colaboración en cuanto a la búsqueda de rastros papilares sobre una caja de seguridad que portaba y le hiciera entrega, manifestando que pertenecía a un amigo. Inmediatamente, Bustos procedió a la dispersión de los polvos adherentes sobre el soporte logrando revelar un diseño digital, el cual fue levantado mediante la utilización de cinta adherente transparente y transportado a una plaqueta de vidrio, que se encontraba resguardada en el casillero personal de la agente Bustos bajo llave. Además, la agente relató que ante la duda de trabajar técnicamente el material sin el correspondiente pedido formal de Unidad Judicial o Dependencia Policial, Chilo le insistió que era de un amigo y que le hiciera el favor. Ferreyra informó también que habiéndose comunicado con Moriconi, este expresó que efectivamente estuvo presente en el momento de peritar la caja de seguridad.

Por tal razón, con fecha veintidós de julio de dos mil diez se inició una investigación administrativa y el día veintitrés de julio del mismo año se dispuso la apertura de sumario administrativo al Sr. Walter Gustavo Alfonso Chilo (Leg. Nro. 2884), con funciones en la Base Operativa de la Dirección General de Policía Judicial (fs. 485).

En la oportunidad, se le atribuyó al agente lo que daremos en llamar -siguiendo la metodología adoptada- TERCER HECHO, consistente en el despliegue de un obrar con repercusión en el ámbito administrativo-disciplinario contrario a los deberes de decoro, dignidad de conducta, lealtad, confianza, responsabilidad profesional y buen obrar, vulnerando de tal manera los cánones y estándares expectables de conducta que le vienen impuestos por la especial relación de sujeción que lo vincula con esta Administración de Justicia. El hecho enrostrado finca en que el día veintinueve de junio del año dos mil diez el Sr. Chilo, previo realizar llamada telefónica a la agente Tomasa Marina Bustos manifestándole que necesitaba pedirle un favor, a las 21:00 horas aproximadamente junto a otra persona, se habría constituido en la Sección Huellas y Rastros de Policía Judicial, y le habría solicitado a la mencionada agente, quien se encontraba de guardia, en forma ardidosa, abusando de su confianza e induciéndola a error, colaboración en relación a la búsqueda de rastros papilares sobre una caja de seguridad que el mismo Sr. Chilo le habría hecho entrega manifestando que era de un amigo, sin el correspondiente pedido formal de la autoridad judicial competente para ordenar dicho análisis y sin manifestar que el mismo no existiría (fs. 485).

Y CONSIDERANDO:

I) PRIMER HECHO:

a) Que en oportunidad de formular su descargo (fs. 119/122), el Sr. Juan Alejandro Paz, informa que durante los años que trabajó con Walter Chilo pidió sistemáticamente a la superioridad el traslado del nombrado a otra oficina, a raíz de su poca contracción al trabajo debida a su participación en asambleas y otras medidas de protesta en su condición de delegado gremial.

En cuanto al hecho enrostrado explica que la madrugada en que ocurrió el mismo, no se lo anotició -ni verbal ni telefónicamente- de su existencia, posiblemente porque se hallaba en ese momento en el baño. Que tomó conocimiento de lo acontecido, por los medios de comunicación, recién a las 07:25 horas de ese día, llamando inmediatamente al número "101" de la Policía de la Provincia, siendo atendido por la Of. Díaz quien le informó que a las 05:50 horas el Crio. Hoyos le había transmitido el hecho telefónicamente al Sr. Chilo y que éste le había contestado que el equipo no iba a concurrir al lugar del hecho por encontrarse de asamblea. Que acto seguido, solicitó al citado policía los datos relacionados al hecho, entregándoselos a las 07:40 horas a la guardia entrante (Cuerpo Operativo Número Ocho), cuyos integrantes ya se hallaban presentes en la Sede.

Por su parte, el agente Walter Gustavo Alfonso Chilo, acompañado de sus abogados defensores -Dres. Claudio Orosz y Eugenio Biafore-, negó el hecho atribuido al momento de producir su descargo (fs. 134/138).

Relata que el día veintisiete de mayo de dos mil diez, la A.G.E.P.J. había determinado su programa de acción específica para el ámbito de la Policía Judicial, notificando fehacientemente al Tribunal Superior de Justicia de la realización de asambleas de cuatro horas por turno, medida que se venía desarrollando con esa modalidad hacía ya más de dos semanas, circunstancia de la que las autoridades de Policía Judicial y sus superiores tenían pleno conocimiento.

Que siendo aproximadamente las 05:45 horas y estando "de asamblea", sonó el teléfono de la base operativa de la Secretaría Científica en la cual se desempeña, atendiéndolo a fin de cumplir una determinación de la propia asamblea y de la organización que integra: informar a quien se comunica de la existencia de tales asambleas.

A continuación realiza consideraciones sobre el derecho de huelga, exponiendo que las medidas de acción directa posibilitan al trabajador "abstraerse del poder de dirección", por lo que no existe falta posible para atribuir. En consecuencia, entiende que la autoridad intenta depositar en su persona, las responsabilidades que le caben como encargado último del servicio que brinda en Policía Judicial. Entiende que las prevenciones que la autoridad debió tomar para recibir llamados en la base de operaciones y que no se realizaron, no le son achacables, por lo que rechaza -por arbitrarias- las faltas que se le atribuyen, pues no hay regla normativa de origen constitucional que lo obligue a laborar o cumplir sus funciones naturales cuando está llevando adelante medidas sindicales legalmente dispuestas por la asociación gremial que integra.

Luego repasa la normativa que ampara los derechos de los trabajadores, sosteniendo la inconstitucionalidad del art. 12 del Estatuto de Policía Judicial que prohíbe realizar medidas de fuerza (cita el art. 14 bis de la C.N. y los tratados internacionales incorporados al art. 75 inc. 22, entre los que menciona el art. 8.1. de la C.A.D.H., Convenios de la O.I.T., etc.).

Cita legislación constitucional, nacional e internacional, señalando que no permite adoptar represalias de ningún tipo contra los trabajadores con motivo del ejercicio del derecho de huelga, afirmando que resulta de suma gravedad el presente sumario administrativo, entendiéndolo como una acción de la empleadora con fines de sancionar a los trabajadores que ejercen un derecho fundamental, usando facultades disciplinarias de forma impropia, como un medio de operar contra el colectivo, ejerciendo intimidaciones individuales a los trabajadores que adhirieron a la medida de fuerza.

Finaliza su exposición recordando su condición de delegado gremial de la A.G.E.P.J. y que, como tal, goza de la tutela sindical prevista en la ley 23.551, por lo cual no puede ser despedido, ni suspendido ni podrán modificarse sus condiciones de trabajo, sin la previa exclusión de aquel amparo legal. Ofrece prueba documental-instrumental y testimonial.
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