Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




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Unidad XI: Fuente de las Relaciones Jurídicas

  1. Hechos. Hechos jurídicos: Concepto. Distinción con los hechos. Clasificación. Examen del Art.896.

  2. Teoría general de los actos voluntarios. Condiciones internas: Enumeración: Discernimiento: Concepto. Causas obstativas. Presunción legal. Intención: Concepto, diferencias con el discernimiento. Causas obstativas. Libertad: Concepto. Causas obstativas. Supuestos de restricción legítima de la libertad.

  3. Elementos externos: Diversas formas de manifestación de la voluntad. El valor del silencio.

  4. Examen de las teorías que hacen prevalecer las condiciones internas o externas. Régimen del Código Civil Argentino.

  5. Consecuencias de los actos voluntarios. Responsabilidad Civil: Noción. Sus presupuestos: Antijuricidad. El factor de atribución: Subjetivo y objetivo. Delitos y cuasidelitos: Dolo y culpa. Relación de causalidad. Imputación de las consecuencias de los actos voluntarios en nuestro Derecho. Daño: Concepto. Patrimonio y moral.

  6. Diferencia entre acto ilícito civil y el penal.

  7. Actos involuntarios. Noción y consecuencias jurídicas. Responsabilidad que originan. Principio general y excepciones. Esquema del Código Civil.


  1. Hechos: Son acontecimientos que producen una mutación en el espacio, en relación al tiempo y a un determinado objeto. Hechos jurídicos: Todo hecho que produce efecto jurídico de cualquier clase, se denomina hecho jurídico. Distinción con los hechos: Si tales acontecimientos se mantienen en el mundo natural, sin producir modificaciones en el mundo jurídico, seguirán siendo simples hechos. En cambio, si tales hechos se proyectan en el ámbito jurídico, constituirían los llamados hechos jurídicos. De modo que no basta el hecho, o el supuesto de hecho, sino que es menester que la ley vincule a éste una determinada consecuencia. Clasificación: La más importante clasificación de los hechos jurídicos se basa en las causas que lo producen. Se denomina hechos humanos los que provienen del hombre y hechos naturales, aquellos cuya causa es extraña al hombre, o sea aquellos que acontecen sin que intervenga la voluntad del hombre (terremoto, inundación, precipitaciones, etc.). Los hechos humanos, a su vez, se clasifican en voluntarios –a los que el Código denomina actos– e involuntarios. Los hechos jurídicos también se dividen en positivos o negativos, según que importen una transformación efectiva de ciertas circunstancias de hecho, como la muerte. Los negativos, en cambio, implican una omisión como por ejemplo la falta de cumplimiento de una obligación de hacer. Examen del Art.896: Según lo anotado por el codificador al pie del artículo en cuestión, no se trata de los hechos como objeto de Derecho, es decir los hechos producidos por el hombre, sino únicamente como causa productora de Derechos. Anota más abajo que los hechos como objeto de Derechos y los actos jurídicos, son siempre actos humanos. Los hechos, causa productora de Derechos, pueden ser actos humanos o actos externos, en que la voluntad no tenga parte. Es decir, que el codificador, al redactar este artículo, sólo enunció a los hechos simples, como causa productora de Derechos –según anota-, no a los hechos jurídicos producidos por la voluntad del hombre.

  2. Teoría general de los actos voluntarios: La teoría general de los actos voluntarios es estudiada a través de tres cuestiones relacionadas. En primer lugar se analizan los elementos internos de la voluntad a la luz de las normas jurídicas, a fin de establecer cuándo un acto humano debe reputarse voluntario o involuntario. En segundo término se describen las formas de exteriorización de la voluntad. Finalmente se examinan las doctrinas que toman en cuenta los elementos internos o externos de la voluntad para fijar conforme al predominio de unos u otros el efectivo alcance del acto voluntario. Condiciones internas: Enumeración: Según el Art.897 del Código Civil, "los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad". De donde resulta que los ingredientes internos de la voluntad son el discernimiento, la intención y la libertad. La ausencia de cualquiera de esos requisitos hace al acto involuntario.

Discernimiento: Concepto: El discernimiento consiste en la aptitud del espíritu humano que permite distinguir lo verdadero de lo falso, lo justo de lo injusto, y apreciar las consecuencias convenientes o inconvenientes de las acciones humanas. El discernimiento es la versión jurídica de esa potencia del alma humana que los filósofos denominan "entendimiento" o "inteligencia". Causas obstativas: Las causas obstativas del discernimiento son dos: La inmadurez mental del sujeto, y la insanidad mental del mismo, que a su vez puede provenir de un factor orgánico o accidental. El primero se da cuando un hombre, hasta haber cumplido cierta edad, no adquiere una suficiente madurez intelectual que lo habilite para el conocimiento general de las cosas y para apreciar el alcance de sus acciones, es decir que no adquiere el sentido de responsabilidad de sus actos. La segunda es la falta de razón en el gente puede responder a una causa orgánica, enfermedad mental o lesión cerebral congénita, etc., o puede provenir de una causa externa, la intoxicación, el traumatismo, la hipnosis, la ebriedad, etc. Ambos supuestos —insania y privación accidental de la razón— están contemplados en el Art.921 del Código, cuyas 2da y 3ra partes rezan así: "Los actos serán reputados hechos sin discernimiento...; como también los actos de los dementes que no fuesen practicados en intervalos lúcidos, y los practicados por los que, por cualquier accidente, están sin uso de razón". Presunción legal: Debe entenderse que las presunciones del Art.921 no admiten prueba en contrario. Establecida la edad del agente, queda también averiguado si tenía o no discernimiento con relación al acto realizado. Inútil sería intentar demostrar si el sujeto tenía discernimiento pese a su edad o viceversa, que no poseía discernimiento habiendo alcanzado la edad mínima las edades mínimas fijadas por el Art.921. Esto resulta decisivo, porque el Art.909 de nuestro Código previene que "para la estimación de los hechos voluntarios, las leyes no toman en cuenta la condición especial o la facultad intelectual de una persona determinada". Y para la falta de razón, ya sea orgánica o accidental, la situación del agente es siempre la misma en todos esos supuestos. Si está privado de razón, cualquiera fuere la causa que lo ha conducido a esa situación, obra en forma inconsciente y por tanto sin discernimiento. Pero puede darse que una persona se coloque en esta situación de inconsciencia para evadir una responsabilidad. Esa consecuencia injusta ha sido eliminada por el codificador con relación a la ebriedad: según el Art.1070 "in fine" del Código Civil, "no se reputa involuntario..., ni los practicados en estado de embriaguez, si no se probare que ésta fue involuntaria". Intención: Concepto: El segundo elemento interno del acto voluntario es la intención del sujeto, que consiste en el propósito de la voluntad en la realización de cada uno de los actos conscientes. La ausencia de intención se caracteriza por la discordancia entre el fin o propósito del acto y el resultado que éste produce. Cuando hay concordancia entre el fin del acto y el resultado obtenido, entonces el acto es intencionado. Diferencias con el discernimiento: Es dable consignar las siguientes diferencias entre el discernimiento y la intención: 1) Sin discernimiento no hay intención, pero sin intención puede haber discernimiento. Es decir, la intención supone el discernimiento, pues no se puede lograr el propósito de un acto si no se posee la aptitud para llevarlo a cabo; 2) El discernimiento es una facultad genérica del espíritu, en tanto que la intención se vincula a cada acto determinado, de manera que la ausencia de intención en un cierto acto no configura una ineptitud general del sujeto para toda clase de situaciones; 3) La carencia de discernimiento excluye la imputación al agente de cualquier acto y sus consecuencias. En cambio la ausencia de intención sólo excluye la imputación del acto en el cual incide la falta de intención, y de sus consecuencias; 4) Finalmente, siendo el discernimiento una potencia del ser no es susceptible de una calificación moral. En cambio, la intención admite una calificación moral, que reviste singular trascendencia en el Derecho. La buena intención, o recta intención, configura en todos sus matices la noción jurídica tan importante de buena fe. La mala intención constituye la característica de los delitos civiles, que es una de las dos categorías en que se dividen los actos ilícitos.

Causas obstativas: Las causas obstativas de la intencionalidad del acto son dos: 1°) El error o ignorancia, que supone una conjunción fortuita de circunstancias que han mostrado las cosas al agente como en realidad no son, al cual se refiere expresamente el codificador en el Art.922, según el cual "los actos serán practicados sin intención cuando fueren hechos por ignorancia o error…”; 2°) El dolo, que es un error provocado a designio, instigado o inducido por alguien mediante una maniobra engañosa (conforme al Art.931 del Código Civil). Libertad: Concepto: El tercer elemento interno de la voluntad consiste en la espontaneidad de la determinación del agente. Para Freitas radica la libertad en el imperio de sí, en la posibilidad que tiene efectivamente el agente de elegir entre diversos motivos. Y para Savigny, es la facultad de elección entre muchas determinaciones. Supuestos de restricción legítima de la libertad: Nuestro Código consigna tres supuestos diferentes este tema, en todos los cuales se concede Derecho al autor de la violencia para presionar la voluntad del agente, a fin de determinar su conducta en el sentido adecuado: a) Por lo pronto el Art.912 establece que "quien por la ley o por comisión del Estado tiene el Derecho de dirigir las acciones de otro, puede impedirle por la fuerza que se dañe a sí mismo". Para ello, se debe reunir dos condiciones: La primera se refiere a la calidad que debe investir el autor de la violencia, la segunda es precisa el fin exclusivo que la justifica; b) El segundo supuesto de restricción legítima de la libertad ajena tiene lugar cuando, mediante convención, alguien compromete algún aspecto de su actividad poniéndola al servicio de otro, como ocurre en la locación de servicios o alguna otra modalidad contractual vinculada a esa figura jurídica , el contrato de trabajo. Al respecto, dice el Art.910 que "nadie puede obligar a otro a hacer alguna cosa; O restringir su libertad, sin haberse constituido un Derecho especial al efecto", es decir, sin haber mediado una convención”. Pero, contrariamente, en este supuesto no es aceptable el recurso directo a la fuerza para hacer prevalecer la restricción de la libertad ajena, por lo que sólo quedará abierta, ante la resistencia del subordinado, la vía judicial, que no podrá hacer violencia contra su persona (conforme al Art.629 del Código Civil); c) Finalmente, el tercer caso de restricción legítima de la libertad está contemplado en el Art.911 del Código, según el cual: "Nadie puede obligar a otro a abstenerse de un hecho, porque éste pueda ser perjudicial al que lo ejecuta, sino en el caso en que una persona obre contra el deber prescripto por las leyes y no pueda tener lugar oportunamente la intervención de las autoridades públicas". En este supuesto, se autoriza el uso de la fuerza para impedir la realización de un acto, con tal de que concurran los siguientes extremos: 1°) Que el acto que se intente realizar sea ilícito, es decir, reprobado por la ley; 2°) Que no haya tiempo para hacer intervenir eficazmente a la autoridad.

  1. Elementos externos: Diversas formas de manifestación de la voluntad: Las condiciones internas de la voluntad son por sí solas insuficientes para conformar el acto voluntario, que requiere la traducción al mundo exterior del estado de conciencia del sujeto, mediante un hecho perceptible: Tal es la manifestación de la voluntad. Esta necesidad de la exteriorización de la voluntad para que surja de la intimidad del agente el acto voluntario, está consignada en el Art.913 del Código Civil, según el cual, "ningún hecho tendrá el carácter de voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste". Las diversas formas de manifestación de la voluntad están enunciadas en el Art.915 del Código Civil. Ellas son: Formal y no formal (Art.916), positiva (Art.917) y tácita (Art.918), o inducida por una presunción de la ley (Art.920). El valor del silencio: Según Demogue: “Hay silencio en el sentido jurídico, cuando una persona, en el curso de esta actividad permanente que es la vida, no manifiesta su voluntad con relación a un acto jurídico, ni por una acción especial destinada a este efecto (voluntad expresa) ni por una acción de la que puede inferirse su voluntad (voluntad tácita)". Esta definición significa, pues, que frente a un acto o una interrogación la parte nada dice, se abstiene, omite pronunciarse, calla. A diferencia del adagio del Derecho Canónico, de que "el que calla otorga", en nuestro Derecho el silencio no importa ni sí ni no: No es aceptación o consentimiento, pero tampoco rechazo o negación. Nuestro Código sigue esa línea y establece el principio de que el silencio no puede valer como consentimiento (Art.919), pero contempla excepciones a ese principio: La primera excepción, que se refiere a quien calla pero tiene obligación de expresarse por orden legal, significa un silencio que importa declaración de voluntad presumida por la ley; La segunda excepción, cuando hay obligación de expresarse por las relaciones de familia, tiene la misma proyección, y es declaración presumida por la ley; En cambio, la tercera excepción, que es cuando el juez interpreta que el silencio actual, comparado con declaraciones anteriores, significa consentimiento ó aceptación, sé lo considera como una inferencia propia de la manifestación tácita de la voluntad.

  2. Examen de las teorías que hacen prevalecer las condiciones internas o externas: El análisis del acto voluntario permite descubrir los elementos internos y externos que lo integran. Sin duda todos esos elementos deben concurrir para que el acto voluntario pueda ser considerado en ese carácter. Pero puede existir alguna diferencia entre la voluntad interna del sujeto y la exteriorización de esa voluntad, planteándose el predominio del querer íntimo del agente o de su manifestación externa, para fijar el alcance y contenido del acto realizado: a) Teoría clásica de la intención o de la voluntad real: Según esta teoría (expuesta por Savigny y denominada también teoría francesa), el elemento esencial y definidor del acto voluntario es la intención efectiva del agente, siendo la declaración de éste un simple medio de prueba de su voluntad interna. Entonces, para esta concepción, la noción del acto voluntario queda inexorablemente ligada a la efectiva voluntad del hombre, considerándose una regresión jurídica, que nos remontaría al más crudo formalismo, la determinación del contenido de dicho acto en función de la declaración de una voluntad ficticia; b) Teoría de la declaración o de la voluntad declarada: Según esta teoría (nacida en Alemania durante el Siglo XIX, por cuya razón la denominan teoría alemana), el acto voluntario debe ser entendido conforme a la voluntad que surge de la declaración, independientemente de que esa significación corresponda o no a la efectiva voluntad interna del sujeto. En realidad el Derecho no conoce la voluntad interna de las personas; Sólo conoce las manifestaciones exteriores de esa voluntad. De ahí que aquel que emite una declaración jurídica deba aceptar que su vinculación con la contraparte sea considerada conforme al sentido normal de las expresiones empleadas, pues en caso contrario no habría seguridad en las relaciones privadas. Régimen del Código Civil Argentino: El Código Civil adopta la concepción clásica que hace predominar la voluntad real del agente sobre la declaración que la desfigure. Así resalta en algunos de sus artículos, a saber: Los hechos humanos ejecutados sin intensión serán involuntarios (Art.897); Los hechos ejecutados sin intención no producen obligación alguna (Art.900); El vicio de manifestación de la voluntad deja sin efecto lo que en el acto se hubiere dispuesto (Art.926).

  1. Consecuencias de los actos voluntarios: En una relación de causa efecto, los actos provocan consecuencias vinculadas de distinta manera en lo material (próximas, remotas) o en cuanto a su previsibilidad  por el sujeto (previsibles, previstas, imprevisibles). Según el Art.901 del Código Civil: “Las consecuencias de un hechos que acostumbra suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, se llaman en este Código ‘consecuencias inmediatas’. Las consecuencias que resultan solamente de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, se llaman ‘consecuencias mediatas’. Las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman ‘consecuencias casuales’: a) Consecuencias inmediatas: Son las que derivan del hecho en sí mismo (conexión en 1º grado), y acostumbran suceder según el curso natural y ordinario de las cosas; b) Consecuencias mediatas: Se trata de las que resultan de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto (conexión de 2º grado); c) Consecuencias casuales: Son mediatas, esto es resultante de la conexión de un hecho con un acontecimiento distinto, pero imprevisible para el sujeto. No "imprevistas" –lo que implicaría la falta de previsión de ese sujeto en el caso dado– sino "imprevisibles", es decir, que escapan a toda posibilidad de predicción; d) Consecuencias remotas: (Introducida por la reforma de la Ley 17.711/68- del Art.906 del Código Civil) Se trata de consecuencias que tienen una conexión de 3º grado o ulterior grado con el hecho generador. Responsabilidad civil: Noción: La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a través de hechos ilícitos imputables a su autor. –existen dos ámbitos de responsabilidad; El contractual y el extracontractual. Sin embargo, en nuestro Derecho existe un único régimen de responsabilidad civil, puesto que los presupuestos del deber de reparar son los mismos para las responsabilidades contractuales y extracontractuales.

Sus presupuestos: En nuestro Derecho es común afirmar que los elementos de la responsabilidad civil son: a) La acción humana calificada de autoría; b) La antijuridicidad; c) El daño; d) El factor de atribución o imputación; e) La relación de causalidad. Antijuricidad: La acción, conducta o comportamiento genera responsabilidad civil –sin perjuicio de los elementos o presupuestos que la componen– cuando es antijurídica. La conducta es antijurídica, ilícita o ilegal, en sentido lato, cuando está en contradicción con el ordenamiento jurídico, tomado éste en su conjunto. No obstante, Bueres dice que antijurídica es la conducta transgresora de una norma jurídica que prohíbe dañar. El factor de atribución: Para que la conducta antijurídica y efectivamente dañosa genere el deber de reparar es preciso que sea imputable o atribuible al sujeto. Existen dos criterios de imputación o atribución: Un criterio subjetivo, que parte de la idea de reproche moral que se dirige al autor de una conducta ilícita y que da fundamento a la obligación de resarcir el daño causado; Y otro objetivo, que prescinde del juicio de reproche contra el autor de la conducta dañosa, imponiendo el resarcimiento del daño en virtud de un factor de atribución objetivo que opera en virtud de la ley. Subjetivo: Los factores de atribución subjetivos son la culpa y el dolo. La culpa es definida en el Art.512 como la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En cuanto al dolo, su noción surge del juego armónico de los artículos 521 (inejecución maliciosa de una obligación), 1072 y 1076. De acuerdo con ello, acción dolosa es la actuada a sabiendas y con intención de dañar. Objetivo: En la codificación decimonónica, la responsabilidad se fundaba en la culpa: Por lo que la víctima del hecho ilícito debía probar que el agente dañador había actuado con culpa o dolo. Pero el Derecho moderno pone el acento en la víctima del daño, y no tanto en el reproche moral que cabria o no respecto del agente. Y para fundar la atribución de la obligación de reparar recurre a los factores objetivos, que prescinden de la culpa o el dolo del agente. Sin ir muy lejos, se puede decir que los factores objetivos de responsabilidad admitidos por la ley como fundamento del deber de indemnizar, tanto en el ámbito contractual como extracontractual, en principio son: a) El riesgo (Arts.1113, 1124 y sigs.); La garantía (Art.1113); La equidad (Art.907); El abuso del Derecho (Art.1071); Y el exceso de la normal tolerancia entre vecinos (Art.2618). Para que pueda atribuirse responsabilidad fundada en un factor objetivo de atribución, ello debe estar expresamente previsto en la ley.

Delitos y cuasidelitos: El Código Civil caracteriza como delitos a los actuados con dolo (Art.1072), mientras que los actuados con culpa son denominados cuasidelitos. Nuestro Código siguió el criterio generalizado en la codificación decimonónica, según el cual la responsabilidad se funda en el juicio de reproche moral dirigido al agente autor de la conducta ilícita. Sin duda, no es idéntica la intensidad del reproche respecto del autor de un cuasidelito, que con relación al autor de un delito. De modo que la doctrina concluye en que en la actualidad (después de la reforma con la Ley 17.711) subsisten las siguientes diferencias de régimen: a) El autor de un cuasidelito nunca responde por las consecuencias casuales (Art.905) del mismo. En cambio sí son atribuibles al autor de un delito, cuando las tuvo en miras al ejecutar el hecho; b) El coautor de un cuasidelito que haya indemnizado a la víctima puede ejercer acción de repetición contra los otros coautores (Art.1082); c) El coautor de un delito no tiene tal acción (Art.1109, 2da parte); d) En los casos de cuasidelitos, la ley autoriza al juez a reducir equitativamente la indemnización, teniendo en cuenta la situación del deudor (Art.1069). Relación de causalidad: Es la adecuada relación de causa-efecto que ha de existir entre la conducta antijurídica y el resultado dañoso. Su inclusión, como presupuesto de la responsabilidad civil, responde a la idea según la cual, para que exista la obligación de reparar un daño, es preciso que éste haya sido causado por el responsable, sus dependientes, o por sus cosas animadas o inanimadas (Orgaz). La relación de causalidad cumple una doble función como presupuesto de la responsabilidad. En un primer momento aparece vinculada directamente, pero no la integra, a la conducta dañosa. Hay, pues, un punto de contacto entre la conducta y el daño que permite atribuir la autoría. En el segundo momento, la relación de causalidad permite mensurar la extensión de la reparación, atribuyendo al autor responsabilidad por las consecuencias que son atribuibles a su conducta antijurídica. Imputación de las consecuencias de los actos voluntarios en nuestro Derecho: a) Consecuencias inmediatas: Se imputan siempre, según surge del Art.903: "Las inmediatas de los hechos libres, son imputables al autor de ello". Esta es la regla, plenamente justificada –por definición– las consecuencias inmediatas corresponden al orden natural  y ordinario de las cosas y son, por ello, enteramente previsibles por el agente. En materia de hechos ilícitos, la vigencia del Art.903 antes visto es indudable; b) Consecuencias mediatas: Según el Art.904, "las consecuencias mediatas son también imputables al autor del hecho, cuando las hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas"; c) Consecuencias casuales. En principio no se imputan, porque sabemos que las únicas mediatas imputables son las previsibles, en tanto las casuales son mediatas imprevisibles. Las consecuencias casuales se imputan cuando el autor del hecho la tuvo "en miras", sea, cuando quiso el resultado que efectivamente se produjo, pero ese resultado ha sido consecuencia de una circunstancia fortuita; d) Consecuencias remotas: Estas consecuencias no se imputan, lo cierto es que la derivación remota de un hecho no está nunca en la relación de "probabilidad". Lo remoto por improbable nunca es adecuado al hecho desencadenante.

Daño: Concepto: Nuestro Código Civil entiende por daño "perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria" (conforme al Art.1068) y "comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito" (Art.1069). El daño puede ser: 1) Directo o indirecto; 2) actual, futuro o eventual; 3) patrimonial o moral. Patrimonial o moral: El daño patrimonial es el menoscabo susceptible de apreciación pecuniaria al cual se refiere exclusivamente el Código Civil como elemento computable del resarcimiento de los perjuicios (véase Art.1068). El daño moral consiste en la aflicción, la angustia, el dolor que puede sufrir la víctima de un hecho ilícito independientemente de toda incidencia en su patrimonio. Si a causa de ese dolor el damnificado sufre un perjuicio económico, éste será un daño patrimonial indirecto que no es posible confundir con el daño moral, el cual, por afectar el espíritu de la víctima, es insusceptible de estimación pecuniaria.

  1. Diferencia entre acto ilícito civil y el penal: El Derecho Civil constituye el núcleo fundamental del Derecho Privado. Por lo tanto, toda acción injusta –es decir, contra el Derecho– que lesione un interés particular, pertenece al ilícito civil, e interviene el Derecho Civil para poner remedio al agravio mediante la sanción adecuada: La reparación de daños y perjuicios. El Derecho Penal, contrariamente, es una rama del Derecho Público que en líneas generales procura el bien de la comunidad, y sólo secundariamente el bien individual. Lo ilícito penal comprende un número restringido de acciones que atenían contra la sociedad haciendo peligrar su digna subsistencia: Son los delitos criminales, que producen penas mucho más rigurosas que las civiles. En fin, entre lo ilícito civil y lo ilícito penal pueden anotarse las diferencias principales siguientes: 1) Los actos ilícitos civiles son innumerables, pues ellos pueden resultar de cualquier contravención al ordenamiento legal; Los delitos criminales están taxativamente determinados en el Código Penal; 2) Los actos ilícitos civiles requieren indispensablemente la producción de un daño a un particular; Los delitos criminales, no. 3) Los actos ilícitos civiles dan lugar a sanciones resarcitorias que restablecen el precedente equilibrio de intereses; Los delitos criminales originan sanciones represivas más variadas e intensas; 4) La terminología de delitos y cuasidelitos es propia del Derecho Civil. Para el Derecho Penal no hay nada más que delitos, que son las acciones (dolosas o culposas) incriminadas por el Código Penal.

  1. Actos involuntarios: Noción: El Art.897 del Código Civil establece que “Los hechos humanos son voluntarios o involuntarios. Los hechos se juzgan voluntarios, si son ejecutados con discernimiento, intención y libertad”. Este artículo nos da la noción de que los actos involuntarios son los que se ejecutan sin discernimiento, intensión y libertad.

Consecuencias jurídicas: Algunos autores han criticado el sistema subjetivo de responsabilidad del acto involuntario de nuestro Código. Para este punto de vista resulta injusto que en tal supuesto el damnificado no obtenga reparación alguna, y que por tanto deba sufrir exclusivamente la pérdida producida mientras el causante material de ella permanece indemne, sin soportar responsabilidades. En nuestro país la tendencia primeramente señalada ha sido propiciada por Aguilar, quien propuso que en los casos de irresponsabilidad del agente se distribuya el daño entre el causante material y el damnificado en proporción de sus respectivos patrimonios. Este criterio recién fue recogido en el Art.140 del Anteproyecto de 1954. Consecuentemente, la Ley 17.711 agregó al Art.907 un segundo párrafo, que reza: "Los jueces podrán también disponer un resarcimiento a favor de la víctima del daño, fundados en razones de equidad, teniendo en cuenta la importancia del patrimonio del autor del hecho y la situación personal de la víctima". Principio general: El principio general que rige la materia de los actos involuntarios está consignado en el Art.900, según el cual "los hechos que fueren ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligación alguna”. Responsabilidad que originan: El mencionado Art.900 del Código Civil indica que el autor de un hecho involuntario carece de responsabilidad, no siendo entonces viable imputarle ninguna de las consecuencias derivadas de su actividad. Es que, como recuerda Vélez Sarsfield en la nota al artículo citado, repitiendo a Maynz, "el elemento fundamental de todo acto, es la voluntad del que lo ejecuta. Es por esto que el hecho de un insensato o de una persona que no tiene discernimiento y libertad en sus actos no es considerado en el Derecho como un acto, sino como un acontecimiento fortuito".

Excepciones: Existen dos situaciones que la doctrina suele mencionar como excepciones al principio de irresponsabilidad establecido por el Art.900, aun cuando en verdad no tengan ese carácter: a) La primera excepción estaría dada por el Art.907, primera parte, concebido así: "Cuando por los hechos involuntarios se causare a otro algún daño en su persona y bienes, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del hecho y, en tanto, en cuanto se hubiera enriquecido"; b) La segunda excepción, resultaría del Art.908, que dice: "Quedan, sin embargo, a salvo los Derechos de los perjudicados, a la responsabilidad de los que tienen a su cargo personas que obren sin el discernimiento correspondiente".

Esquema del Código Civil: El Dr. Rinessi ofrece un “Mapa conceptual de los Actos”. Aquí lo trascribiremos solamente:
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