Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




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Actos
Lícitos

Voluntarios Imputación por la Conducta del Agente Culpa o Dolo (Art.1109)

Ilícitos
Lícitos

Humanos Involuntarios Imputación Material (Autoría) Art.907

Propios

Ilícitos
Lícitos

Por delegación Imputación al Principal por los Actos De los

Empleados (Art.1114 1ra parte)

Ilícitos

Voluntarios Cosa Instrumento

Actos Mixtos

Involuntarios Imputación Legal

(Dueño o Guardián)

Humanos

Impropios Con las Cosas Art.1113 2da parte (Imputación Riesgosas o Viciosa Legal – Dueño o Guardián)

Actos Mixtos

Actos del Órgano Imputación a la

Persona jurídica

Unidad XII: Actos Jurídicos

  1. Actos jurídicos. Distinción con hechos y hechos jurídicos. Concepto. Caracteres. Clasificación: Criterios legales y doctrinarios. Presupuestos generales de los actos jurídicos: Voluntad, licitud e intención de producir consecuencias jurídicas.

  2. Elementos de los actos jurídicos: Esenciales: a) Sujeto: Noción, capacidad, noción de parte, representantes y sucesores. b) Objeto: Noción y requisitos de validez. Art.953 del Código Civil. Análisis. c) Forma: Noción, Concepto genérico y específico. Forma y Formalidad. Principio de libertad de formas. Excepciones. Clasificación de los actos en cuanto a las formas. Consecuencias de la inobservancia de las formas. d) Causa. Causalismo. Anticausalismo. Neocausalismo. La cuestión en nuestro Derecho.

  3. Elementos accidentales: Modalidades: Condición, plazo, cargo: Concepto, análisis, comparación. Método del Código.

  4. Efectos de los actos jurídicos. A quiénes alcanza. Principio de relatividad. Excepciones.

  5. Interpretación de los actos: Reglas generales de interpretación. Supletorias del Código de Comercio. La equidad y la buena fe. Noción y trascendencia.


  1. Actos jurídicos: El codificador argentino admitió en forma amplia al acto jurídico. Messineo aclara que en sentido amplio se entiende al acto jurídico como el acto humano, realizado consciente y voluntariamente por un sujeto, del cual nacen efectos jurídicos. Distinción con hechos y hechos jurídicos: Como bien lo define el Dr. Rinessi, los hechos son acontecimientos que producen una mutación en el espacio con relación al tiempo y al lugar acerca de un determinado objeto. Cuando este hecho produce consecuencias para el Derecho, recibe el nombre de hecho jurídico. Estos, aunque producen consecuencias jurídicas, el agente productor no tuvo en mira al realizarlo, que produzca ales relaciones, aunque ha tenido en mira realizar el hecho. ¿Dónde está la diferencia con acto jurídico? El sujeto que realiza el acto jurídico sabe de antemano lo que quiere, y está convencido que en forma privada es la única manera de hacerlo. Sin embargo, el acto jurídico tiene una íntima vinculación con los hechos jurídicos, porque éstos son el género y el acto jurídico una de las especies. Así lo señala el Art.944 del Código Civil cuando define al acto jurídico como los actos voluntarios lícitos, que sería un hecho jurídico –según opina el Dr. Rinessi–. También se diferencian los hechos jurídicos de los actos, porque los primeros pueden ser lícitos e ilícitos, y en cambio el acto jurídico es siempre lícito. Este último proviene de un acto voluntario, y el hecho jurídico, en cambio, puede derivarse de un acto voluntario o involuntario. Concepto: El Art.944 del Código Civil expresa: “Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar Derechos”. Caracteres: Los actos jurídicos son voluntarios –aquel realizado en forma consciente y deliberada–, lícitos –amparados por la ley– y tienen por fin inmediato la producción de efectos jurídicos –nacimiento, extinción, modificación o transmisión de un Derecho perseguido por el autor–. Clasificación: Criterios legales: El Art.945 del Código Civil los clasifica en actos jurídicos positivos o negativos según fuese necesaria la realización u omisión de un acto para que en Derecho comience. El Art.946 agrupa los actos jurídicos en unilaterales o bilaterales, según intervenga en el acto una o dos voluntades. En el Art.947 se hace otra clasificación: La de los actos entre vivos y de última voluntad cuya distinción depende del momento en que comienza su existencia. En los primeros desde el momento de su celebración, y en los segundos a partir de la muerte del otorgante. Criterios doctrinarios: El Dr. Llambías introduce otras clasificaciones que no se encuentran dentro de los actos jurídicos sino de los contratos, y se aplican a aquellos por extensión. Estas son: a) Actos onerosos y gratuitos: Es oneroso cuando las ventajas que confieren a una de las partes le es concedida mediante una prestación que la otra realiza o se obliga a realizar. Es gratuito, en cambio, cuando aseguran a una u otra de las partes alguna ventaja independiente de toda prestación de su parte; b) Formales y no formales: Son formales cuando su validez depende de la observación de ciertas formalidades establecidas por la ley, y serán informales cuando no dependa su validez de formalidad alguna;

c) Principales y accesorias: Son principales aquellos actos que existen por sí mimos, y accesorias aquellas cuya existencia y naturaleza son determinados por otros, de los cuales depende; d) Puros y modales: Los actos son puros cuando producen los efectos destinados a producir normalmente, y modales cuando los efectos del acto están alterados por la condición, el cargo o el plazo; e) Patrimoniales y extrapatrimoniales: Son patrimoniales aquellos que tienen un objeto de apreciación económica, y extrapatrimoniales cuando su objeto escapa a esa apreciación económica, albergando, en cambio, objetos de otro carácter. Presupuestos generales de los actos jurídicos: El Dr. Rivera los denomina “presupuesto del negocio jurídico”, entendiendo al “negocio jurídico” como una terminología equivalente al "acto jurídico" identificado en nuestro Código. Para este autor, la voluntad, la licitud y la intención constituyen las características del acto (o negocio) jurídico. El Dr. Rivera parte de la noción que la voluntad es un elemento del negocio jurídico, y que la capacidad del sujeto emanada de esa voluntad constituye su presupuesto. La regla general expresa que "el acto jurídico para ser válido, debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su Derecho" (Art.1040 del Código Civil). Puede apuntarse que la regla aparece ratificada en la nota al Art.953, donde Vélez establece: "Como el acto jurídico tiene por fin cambiar el estado actual de los Derechos de una persona se exige necesariamente que esa persona tenga capacidad de disponer de sus Derechos". Para determinar esa capacidad, deben tomarse en cuenta los Arts. 1041 al 1043: Siempre la parte ha de tener capacidad de Derecho; caso contrario el acto es nulo (Art.1043). Si la persona otorga por sí el acto, debe además tener capacidad de hecho (Arts. 1041 y 1042).

  1. Elementos de los actos jurídicos: La doctrina tradicional clasificaba a los elementos en esenciales, naturales y accidentales. La doctrina moderna considera elementos del acto solamente a los elementos esenciales, es decir aquellos que constituyen, lo conforman y que son imprescindibles para que exista el acto jurídico. Tales elementos deben distinguirse de los elementos naturales y accidentales, que la moderna doctrina los considera efectos. El Dr. Rinessi dice que a los elementos esenciales los conforman: Los sujetos, la capacidad –que la doctrina tradicional lo considera atributo de la persona, por lo que debe ir acompañado del sujeto del acto–, el objeto, la forma y la causa. Pasaremos entonces a explicar cada uno de ellos:

a) Sujeto: Noción: Puede estar constituido por una o más personas y ser físicas o jurídicas. Capacidad: La sola actuación voluntaria del sujeto no es suficiente para dar eficacia a un acto jurídico. Para que el efecto jurídico deseado se obtenga, la voluntad del sujeto debe estar calificada por la capacidad. Es lo que exige el Art.1040 del Código Civil, según el cual el "acto jurídico para ser válido, debe ser otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su Derecho". Noción de parte: Parte de un acto jurídico es la persona que por medio del acto a cuya formación concurre, ejerce una prerrogativa jurídica propia (en un contrato, las partes son el comprador y el vendedor).

Representantes: Es representante de alguien en un acto jurídico la persona que en virtud de una autorización legal o convencional, actúa en nombre de otra, ejerciendo prerrogativas jurídicas de ésta. No son parte en el acto jurídico, puesto que ellos han ejercicio las prerrogativas jurídicas de sus representados, quedando en cabeza de éstos los Derechos y obligaciones que se han constituido mediante dicho acto. Sucesores: La sucesión en un Derecho tiene lugar cuando el titular es reemplazado por otra persona en el goce de sus prerrogativas jurídicas. Según el Art.3262 del Código Civil, "las personas a las cuales se transmitan los Derechos de otras personas, de tal manera que en adelante puedan ejercerlos en su propio nombre, se llaman sucesores".

Objeto: Noción: El Código Civil no da una noción específica del objeto de los actos jurídicos, sólo señala las cosas y los hechos que no pueden constituir el objeto de dichos actos. Conforme a esto, las personas pueden realizar los actos, según sus fines, que no le son prohibidas (conforme al Art.19 de la Constitución Nacional). Según Mosset Iturraspe, el objeto de los contratos, aplicable por supuestos a esta materia, es la operación jurídica considerada, el contenido concreto e integral del acuerdo variable hasta el infinito gracias al principio consensualista.
Art.953 del Código Civil: Análisis: El texto legal dice: “El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio, o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún acto jurídico, o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia, o que perjudiquen los Derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conformes a esta disposición, son nulos como si no tuviesen objeto”. De acuerdo con el texto legal, objeto del negocio jurídico –apunta el Dr. Rivera– pueden ser: a) Cosas que estén en el comercio o que no estén prohibidas como objeto de un negocio; b) Hechos, que deben ser posibles, lícitos, acordes con la moral y las buenas costumbres, y no afectar la libertad de las acciones o la conciencia, ni perjudicar los Derechos de un tercero. El recaudo de posibilidad se predica también de las cosas, según surge del texto de la nota al Art.953.

c) Forma: Noción: Enseña Aristóteles que la forma es "un principio distinto que da una manera de ser a las cosas y les comunica sus atributos". Para el Dr. Llambías, la forma del acto jurídico es la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del objeto, en orden a la consecución del fin jurídico propuesto. Forma y Formalidad: No se debe confundir la forma como elemento externo del acto con las formalidades que la ley puede o no exigir en casos específicos. Hay casos en que se exige una clase concreta de forma por orden legal, o por disposición voluntaria de los sujetos: En este sentido se la denomina formalidad. Opina el Dr. Rinessi que cuando el Art.973 expresa que la forma es el conjunto de solemnidades que deben observarse al tiempo de la celebración del acto, en sentido que la ley señala, no se especifica la forma –opina–, sino la formalidad. Principio de libertad de formas: El Derecho Privado sólo por excepción regula alguna forma en particular para la validez de determinado acto jurídico. Es decir, que la regla es que los actos jurídicos en Derecho Privado pueden efectuarse mediante cualquier forma, pues así lo establece el Art. 974 al expresar que; "Cuando por este Código, o por las leyes especiales no se designe forma para algún acto jurídico, los interesados pueden usar de las formas que juzgaren convenientes". En estos casos el otorgante o celebrante del acto puede manifestar su voluntad de cualquier manera, por signos inequívocos, en forma oral o escrita, y respecto de esta última por instrumentos particulares no firmados, por instrumentos privados o públicos. Sin embargo, no valdrá el silencio como manifestación de voluntad si no se trata de alguno de los casos expresamente previstos en el Art.919 Excepciones: El precepto emanado del Art.974 sienta el principio de libertad de forma, que como lo deja ver la misma disposición no es absoluto. En efecto, con relación a un acto jurídico determinado, podrá exigirse la celebración bajo forma escrita (Art.975) o en instrumento público (Art.976) o en cierta clase de instrumento público (Art.977). Sea que la exigencia de forma determinada provenga de la ley o de la convención particular, su omisión provoca la nulidad del acto (conforme al Art.975), consecuencia que obliga a estudiar la clasificación de los actos jurídicos a que nos referimos en el punto siguiente. Clasificación de los actos en cuanto a las formas:

Desde el punto de vista de la forma, los actos jurídicos se clasifican en formales y no formales. Son formales los actos jurídicos cuya validez depende de su celebración bajo la forma exclusivamente determinada por la ley. Los actos no formales, en cambio, son aquellos para los cuales la ley no señala forma determinada, cayendo dentro del principio general de libertad de forma establecido en el Art.974. A su vez, los actos formales se subdividen a su vez en actos solemnes y no solemnes (o formales propiamente dichos). Los actos solemnes son aquellos en los cuales la omisión de la forma legal establecida no sólo provoca la nulidad del acto como tal sino que lo destituye de cualquier otro efecto civil. Y los no solemnes son aquellos a cuyo respecto la omisión de la forma legal establecida determina la nulidad del acto en cuanto tal, pero no le impide producir otros efectos diferentes. Consecuencias de la inobservancia de las formas: Vidal Ramírez señala que para algunos actos la ley prescribe una forma de necesaria observancia y la exige bajo sanción de nulidad. Por eso, no toda forma se constituye en requisito de validez sin tan solo en un medio de prueba de la existencia y contenido del acto.

d) Causa: La expresión causa tiene varios significados: Causa fuente, cuando se identifica con la génesis u origen de las obligaciones (este sentido, se dice, es el que alberga el Art.499 del Código Civil) y la causa fin (a los que se refieren los Arts. 500 al 502) considerada como elemento de los actos jurídicos. Un aspecto importante que señala el Dr. Rinessi son las distinciones que se pueden formular entre la causa y el objeto, por cuanto ambas surgen del contenido del acto. Mientras el objeto es la operación jurídica económica considerada, la causa es la razón por la que se ha querido el negocio. Causalismo: La doctrina clásica francesa desarrolló el criterio que la causa es un elemento esencial del acto jurídico, entendiendo por tal la determinante de la celebración del acto. La teoría clásica que se remonta a Domat, estudia la causa final entre tipos diferentes de negocios: a) En los bilaterales, la obligación de cada parte tiene por causa la obligación de la otra; b) En los unilaterales, la causa de la obligación del deudor es el hecho cumplido por el otro contratante; c) Finalmente, en los negocios gratuitos, la cusa final consiste en la intención de hacer una liberalidad o de prestar un servicio. Anticausalismo: Contra la noción clásica de la causa, se levantó la denominada tesis anticausalista, que niega que la causa final sea un elemento constitutivo del acto jurídico, y sostiene que ella se confunde con el objeto o con el consentimiento. Lo primero ocurre en los contratos bilaterales, en lo que una misma cosa se da el nombre de objeto y de causa final de la obligación del vendedor; Lo segundo pasa en los contratos gratuitos, en los cuales la intención es beneficiar, no puede ser separada de la voluntad real del donante. Por último, respecto de los contratos unilaterales, inconscientemente se deja de lado el concepto de causa eficiente. Neocausalismo: Las críticas que recibiera el causalismo, de la corriente anticausalista, sirvieron para que surgiera una nueva concepción del causalismo, que recogió tales críticas, reforzando los argumentos de aquellas corrientes con las correcciones que le suministró ésta. Varias son las posturas neocausalistas que se orientan en distintas corrientes, no sin reconocer que todas ellas tratan de reafirmar: a) La superación de la teoría clásica de Domat; b) La afirmación de la causa como elemento estructural del acto, entendida como finalidad; c) El esfuerzo por distinguir la causa de los demás elementos del acto. Las distintas corrientes se pueden sintetizar en las siguientes: a) La tesis subjetiva: La causa del contrato es el motivo determinante que al aclararse o exteriorizarse, se vuelve común; b) La tesis objetiva: Para esta corriente neocausista, la causa aparece como un elemento material objetivo del negocio. Es la finalidad económica social que éste cumple y que es reconocida por el ordenamiento jurídico; La tesis dualista: Esta tesis combina aspectos subjetivos y objetivos. La causa es la finalidad o razón de ser del negocio jurídico entendido en el doble sentido de la causa categórica de la figura en cuestión y de los motivos psicológicos relevantes, admisibles para el Derecho, que en la hipótesis concreta impulsen a las partes a concluir el contrato.

La cuestión en nuestro Derecho: Del análisis de la noción de causa y la afirmación de la tendencia causalista de nuestro Código, surge los siguientes criterios: a) Presunción de la existencia de causa: Entendida la causa como el motivo determinante no puede concebirse un contrato que carezca de ella, aún el celebrado por un demente, responde a una finalidad. Sin embargo, puede ocurrir que la causa no esté mencionada en el contrato, no obstante se presume su existencia, así como su licitud mientras no se pruebe en contrario (Art.500); b) Falsa causa: La Cuestión que plantea una causa verdadera que resulta de otra existente real y lícita se vincula con el tema de la simulación. En la simulación relativa se oculta el acto verdadero, trascendiendo únicamente el acto simulado o aparente. Por tal razón aquél es la causa real, y será la que en definitiva subsista, dejándose sin efecto el acto aparente (Art.501); c) Causa ilícita: Este aspecto de la causa permite en el negocio jurídico una penetración de la investigación de la moralidad del acto, de tal forma que, aún cuando el objeto fuera lícito, puede obedecer el acto a una motivación o propósito inmoral o contrario a las buenas costumbres. Entonces, habría que verificar los motivos del acto y si éstos resultan ilícitos, se podría anular el mismo. Es decir que, de la finalidad del acto, se desprende la mayor utilidad de la existencia de la causa, porque ello permite, por sobre la materialidad del mismo, alcanzar sus motivaciones y se éstas no están conformes a la ley, provocará su invalidez (Art.502).


  1. Elementos accidentales: Modalidades: Se denominan modalidades de los actos jurídicos a ciertos elementos accidentales que alteran los efectos normales de dichos actos, ya tornándose incierta la existencia de los Derechos respectivos, ya postergando su ejercicio, ya gravando con obligaciones accesorias su adquisición. Las tres esferas de modalidades que responden a esta noción son, por su orden: La condición, el plazo y el cargo. Condición: Es la cláusula por la cual se subordina la adquisición o la extinción de un Derecho a la realización de un hecho incierto, futuro e incoercible. Para que exista condición, el hecho previsto debe ser incierto, es decir, que puede o no llegar (Art.528 del Código Civil). Esta característica es esencial y propia de la condición, porque de no ser contingente, el hecho caracterizaría al plazo. Plazo: Es la cláusula en virtud de la cual se difieren o se limitan en el tiempo los efectos de un acto jurídico. Debe ser futuro, fatal y no opera con retroactividad. Y, a diferencia de la condición –que puede o no ocurrir–, el plazo ha de ocurrir fatalmente –es decir, seguro–. Además, la falta de retroactividad es otra diferencia con la condición. Por lo tanto desde que se produce el plazo, el Derecho se torna exigible. Cargo: Es una obligación accesoria que se impone al adquiriente de un Derecho. El cargo siempre es una obligación accesoria, no afecta la eficacia ni exigibilidad del Derecho. Por lo pronto es una obligación que grava a una de las partes interesadas. El cargo es coercitivo, no es suspensivo. Mientras la condición suspende la adquisición de un Derecho; El cargo no impide dicha adquisición. Con relación al plazo, la confusión no es posible, en tanto que éste suspende el ejercicio del Derecho, el cargo no afecta el Derecho principal.

  2. Efectos de los actos jurídicos: El acto jurídico tiene por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar Derechos (conforme al Art.944 del Código Civil). A quiénes alcanza: Los actos o negocios sólo producen, en principio, efectos entre las partes. Esto quiere decir que sus consecuencias ventajosas o perjudiciales sólo atañen a las partes, no a los terceros. Principio de relatividad: La aplicación del efecto relativo que está consagrado en los Arts. 504, 1195 y 1199 del Código Civil, demuestra que los perjuicios y las ventajas del negocio no afectan a los terceros. En cambio, sí afecta a los sucesores universales. Excepciones: Hay excepciones a ese principio, que son las siguientes: a) Cuando el objeto principal del negocio es beneficiar a un tercero (el seguro de vida); b) En caso del sucesor singular, para el que pueden derivar algunas obligaciones y Derechos, o sea las que están íntimamente vinculadas con el objeto del acto. Por ejemplo, si el propietario de un campo lo arrienda o hipoteca y tiempo más tarde lo vende, al comprador (sucesor singular frente a aquellos actos de arrendamiento o hipoteca) pasan las obligaciones del arriendo o hipoteca, aunque a diferencia del sucesor universal, no responde con todo su patrimonio por esos efectos, sino con la cosa transmitida únicamente; Y c) los acreedores, que pueden ver modificado el patrimonio de su deudor con el acto o negocio y, en ciertas ocasiones, pueden impugnar actos del deudor para preservar ese patrimonio del cual cobrarán su acreencia, por ser garantía general de su crédito.

  1. Interpretación de los actos: Reglas generales de interpretación: Son verdaderas reglas que establecen cómo ha de realizarse la búsqueda del sentido del acto, las que tienen carácter imperativo u obligatorio para el intérprete. La interpretación auténtica es la que hace el órgano que ha construido o creado el acto (por Ej. La legislativa es la del órgano que ha legislación) pero, en este caso de la interpretación del negocio, al desaparecer la divergencia entre las partes al formalizar un nuevo acuerdo, se diluye la necesidad de interpretar el acto antiguo, pero puede surgir la necesidad de interpretar el acto nuevo, para el cual aplicarán los órganos de la interpretación las mencionadas reglas imperativas.

La equidad y la buena fe: Noción y trascendencia: El principio más general e importante de las reglas de interpretación es el de la buena fe, llamada también la regla de oro de la interpretación de los negocios jurídicos. Esta regla está consagrada para los contratos, en el citado Art.1198 del Código Civil que dispone: "Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión".
Supletorias del Código de Comercio: Nuestro Código Civil no contiene un régimen sistemático al respecto, sino que aparecen en él normas aisladas de interpretación, como para los contratos en el Art.1198. En el Código de Comercio se han estatuido reglas que por analogía suelen aplicarse en las relaciones civiles. Éstas son las reglas que tienen que aplicarse, según lo que disponen los Arts. 217 al 219 del Código de Comercio: a) Atender a la intención legal de las partes, más que a lo literal de las expresiones empleadas en el negocio; b) Considerar los hechos posteriores al acto o negocio, que pueden suministrar una buena explicación de ese acto. También, aunque menos importantes, son los hechos anteriores al acto, pero éstos como suelen ser los tratos preliminares o los que se desarrollaron antes que las partes convergieran en una común voluntad, no tienen igual importancia que los posteriores al acto, es decir los que se realizan en el tiempo de su ejecución; c) Cuando una cláusula lleva a la invalidez y otra apuntala la validez del acto, hay que dar preeminencia a la segunda, aplicando así el principio de conservación de los actos o negocios; d) Debe atenderse al texto íntegro, no a palabras aisladas de la declaración de voluntad. Entre una expresión clara y otra ambigua, hay que elegir la primera. Las cláusulas manuscritas prevalecen sobre las impresas que las contradigan; e) Tiene que buscarse un significado razonable. Prevalece el sentido común, el propósito de las partes y no las palabras técnicas literales. Más que la calificación jurídica expresada o el nombre puesto, es dable atender a la naturaleza y contenido del acto; f) Los fines económicos y la naturaleza del acto son buena guía, así como los usos y costumbres del lugar; g) El favor debitoris, es decir, en la duda inclinarse por la liberación de la deuda, es regla que tiene carácter subsidiario y que no resulta siempre aceptable en los contratos onerosos, en donde la obligación de una parte deriva de la contraprestación de la otra, y ambos son deudores y acreedores a la vez, por lo cual en estos contratos onerosos, es prioritario atender a la equivalencia o equidad en las prestaciones; h) En los actos o negocios llamados por adhesión (cláusulas generales impresas, generalmente en letra chica y en los cuáles no sé advierte la deliberación de las partes, sino que una adhiere a lo que otra le propone con mucha minuciosidad), suele darse preeminencia al adherente, por considerarlo la parte débil, y aquí sí suele admitirse el favor debitoris.
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