Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




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Unidad XIII: Prueba y Forma de los Hechos y Actos Jurídicos

  1. Prueba de los hechos y actos jurídicos: Concepto. Medios de prueba. Noción de cada uno. Importancia de la prueba de los hechos. Carga de la prueba.

  2. Instrumentos y documentos. Instrumentos públicos: Concepto. Enumeración. Requisitos. Fuerza probatoria: Análisis del instrumento público: El instrumento en sí mismo y en cuanto a su contenido: Distintas clases de enunciaciones. Impugnabilidad del contenido. Efecto. Conversión del instrumento público. Escrituras públicas. Partes de la escritura. Unidad del acto. Protocolización.

  3. Instrumentos privados. Formalidades. Requisitos. Firma. Firma a ruego. El instrumento particular. El doble ejemplar. La fecha cierta. Firma en blanco. Fuerza probatoria de los instrumentos privados: Diferencia con el instrumento público. Cartas masivas. Las cartas masivas como medio de prueba.

  4. Documento electrónico. Noción. Autoría. Valor probatorio. Firma digital: Concepto. Régimen legal. Ley 25.506.


  1. Prueba de los hechos y actos jurídicos: Concepto: Debe entenderse por prueba el conjunto de elementos mediante los que pueda demostrarse la existencia y contenido del acto, o, si se quiere, el conjunto de medios que se emplean en un proceso para demostrar al juez los hechos invocados (Arauz Castex). Medios de prueba: Los medios de prueba, en la acepción que aquí nos interesa, son aquellos idóneos para comprobar la existencia o inexistencia de hechos controvertidos. Nuestro Código, que como es sabido ha fusionado ambos cuerpos legales "el civil y el comercial", no contienen enumeración de los medios de prueba admisibles, que se encuentran en la legislación procesal. Nuestro Código Procesal legisla acerca de los siguientes medios de prueba: Confesoria (Art.276-302); Documental (Art.303-313); Testimonial (Art.314-342); Pericial (Art.343-363); reproducciones y exámenes (364-366); reconocimiento judicial (376-370); Informes (Art.371-378). Daremos la noción de cada uno de ellos: a) Confesoria: Consiste en la declaración en juicio de la parte contraria que es examinada a tenor del interrogatorio presentado por la otra parte en base a los hechos que constituye el objeto del litigio; b) Instrumental:  La prueba instrumental es la llamada prueba preconstituida, en razón de que los instrumentos se constituyen como medios probatorios muy anteriores a cualquier litigio; c) Pericial: Es la prueba a la que se recurre cuando es imprescindible el auxilio de personas entendidas en alguna profesión, arte o industria para la apreciación de hechos controvertidos –ya sea médicos, ingenieros, peritos, calígrafos, etc.– ; d) Testimonial: Esta prueba consiste en la declaración en juicio de personas extrañas al mismo y que tienen conocimiento de los hechos objeto del litigio y que comparecen al llamado del juez para informar de todo lo que ya en forma personal o por referencia de terceros; e) Inspección judicial: Es el medio por el que personalmente el Juez examina lugares o cosas para constatar determinados hechos o circunstancias; f) Presunción: Cuando por alguna razón no se puede obtener la prueba directa, funcionan en primer término los indicios, que son rastros, huellas o principios de prueba, y la presunción es la conclusión que se obtiene de todos los indicios; g) Reproducción y exámenes: Consisten en la ejecución de planos, calcos, reproducciones fotográficas, etc., de objetos, documentos, lugares o sonidos como reconstrucción de hechos y exámenes científicos para su mejor esclarecimiento; h) Informes: Consiste en requerir informes a oficinas públicas o privadas sobre hechos concretos que son objeto de juicio y que obran en los registros o archivos del informante. Importancia de la prueba: La prueba en el Derecho adquiere singular importancia, porque en cierto momento el Derecho mismo se confunde con la prueba; De allí su estudio en esta parte del Derecho Civil y con mayor profundidad en el Derecho Procesal Civil. En cuanto a la teoría general de las pruebas en el Derecho, ésta importa un estudio constante, mediante el cual las legislaciones van admitiendo nuevos medios probatorios en el afán de que la justicia cuente con mayores instrumentos de investigación.



Carga de la prueba: Siempre fue objeto de análisis y estudios muy profundos la carga de la prueba. Los romanos designaban a este problema como el “onus probando”, aunque resulta obviamente en nuestros días insuficientes para explicar la complejidad del problema. En efecto, el principio es: “Actoris incumbit onus probando”; “actore non probando reus absolvitur”. Esto nos señala que aquel que afirma algo, debe probar; Es decir que al actor incumbe la carga de la prueba; Al demandado le basta con negar los cargos, y no demostrando lo afirmado por el actor, el Juez debe desestimar la pretensión del mismo. En el Derecho actual, aquel que tiene una obligación legal que cumplir, es quien debe demostrar el cumplimiento de la misma; Este principio se conoce como la inversión de la carga de la prueba.

  1. Instrumentos y documentos: El documento es el género y el instrumento la especie. El documento es una cosa formada en presencia de un hecho, está destinada a fijar de modo permanente su representación verbal o figurativa, de modo que pueda hacerlo conocer a distancia del tiempo. El instrumento, en cambio, es la declaración escrita de la voluntad y que ha sido suscripta con el fin de hacer constar un acto o negocio que interesa al Derecho. Otro aspecto digno de destacar en el instrumento, es el instrumento en sí de su materialidad o soporte, es decir que el soporte es la materialidad donde está contenido el instrumento. Instrumentos públicos: Concepto: Los instrumentos públicos son aquellos otorgados por las partes, con la intervención de un oficial público, conforme a los requisitos establecidos por la ley. Enumeración: Opina el Dr. Rinessi que la enumeración del Art.979 no es taxativa, de manera que en otras leyes podemos encontrar otros instrumentos públicos o instrumentos auténticos. Tales serían –agrega– entre otros los asientos de las inscripciones y sus copias, de los nacimientos, matrimonios, defunciones, y estado de las personas. Finaliza este autor agregando que “Todo instrumento público es auténtico, pero no todo instrumento auténtico es público”. Pasemos a enumerar entonces los instrumentos públicos contemplados en el Art.979 del Código Civil: 1) Las escrituras públicas y sus copias legales hechas por escribanos públicos u otros funcionarios con las mismas atribuciones; 2) Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en forma legal; 4) Las actas judiciales y sus copias legales, autorizadas por el juez; 5) Las letras aceptadas por el gobierno, los billetes o cualquier título de crédito emitido por el tesoro público y las cuentas sacadas de los libros fiscales; 6) Las letras de particulares, dadas en pago de Derechos de aduana conforme al tesoro público; 7) Las inscripciones de la deuda pública, tanto nacionales como provinciales; 8) Las acciones de las compañías autorizadas; 9) Los billetes, libretas, y toda cédula emitida por los bancos, autorizados para tales emisiones; 10) Los asientos de los matrimonios y sus copias. Requisitos: Podemos clasificarlos en subjetivos y objetivos, según refieran al oficial púbico o al instrumento en sí. Con respecto a los subjetivos, podemos mencionar los siguientes: a) Capacidad del oficial público: En caso de ser Escribano público, debe ser designado por la autoridad que corresponda y poseer el título de notario expedido por Universidad Oficial o Privada y habérsele otorgado por el Registro Público correspondiente. En caso de ser funcionario público, debe ser designado por la autoridad competente y haber aceptado el cargo, y la falta de cualidades o condiciones necesarias para ejercer sus funciones no quita a sus actos el carácter de instrumento público, pero su destitución sí; b) Competencia: La función pública se ejerce dentro de un territorio y con relación a una materia determinada, y fuera de su jurisdicción, sus funciones son inválidas; c) Incompatibilidad: El Art.985 prohíbe al oficial público otorgar actos en los que él personalmente o sus parientes, dentro del cuarto grado, que tengan interés. El acto en tal caso será nulo. En cuanto a los requisitos objetivos, es decir aquellos que se refieren al instrumento, la ley dice que debe haberse llenados las formas prescriptas bajo pena de nulidad. La firma del oficial público es indispensable, caso contrario, no valdrá ni como acto bajo forma privada. Las firmas de las partes, es otro requisito establecido por la ley. El Código Civil establece que el instrumento público debe estar firmado por todas las partes, si alguno de ellos faltare, el acto carecerá de valor para todos (conforme a los Arts. 987 y 988). Por último, el Art.989 exige que las enmiendas, entrelineados, borraduras o alteraciones en partes esenciales, como la fecha, nombres, cantidades, cosas, etc., deben estar salvadas al final.

Fuerza Probatoria: La fuerza probatoria descansa en la fe pública y la autenticidad. La primera consiste en la potestad atribuida por el Estado a determinados individuos, por las funciones que ejercen, con la finalidad de que los documentos que autoricen sean considerados auténticos. El segundo se vincula con el contenido del documento. Es aquel que se considera verídico y prueba por sí mismo. Análisis del instrumento público: El instrumento en sí mismo: El instrumento público goza de la presunción de autenticidad que merece la actuación del oficial público interviniente, abonada por su firma y sellos. Es que esos documentos están acompañados de signos externos, difíciles de imitar, tales como timbres y sellos característicos, y la firma de un funcionario, cuya autenticidad es fácilmente comprobable. Todos esos signos exteriores son presuntivamente suficientes para estar a lo que resulta del documento. El que desee impugnarlo deberá arrastrar la difícil prueba de la falsedad. En cuanto a su contenido: En cuanto al valor probatorio del contenido, deben distinguirse: 1) Los hechos pasados en presencia del oficial público; 2) Las cláusulas dispositivas; 3) Las cláusulas enunciativas. En cuanto al primero, el Art.993 del Código Civil expresa que el instrumento público es válido –por plena fe del funcionario– hasta que sea impugnado como falso, por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, es decir, su contenido (la fecha del acto, la autenticidad de las firmas consignadas y la observancia de las formalidades, cuyo cumplimiento hace constar el documento). Una garantía de la fe que se ha querido asignar al instrumento público, consiste en el impedimento puesto por la ley para que los testigos y el oficial público puedan contradecir las constancias del documento “si no alegasen que testificaron el acto por dolo o violencia que se les hizo, en cuyo caso el instrumento público no valdrá" (Art.992). En cuanto al segundo, las cláusulas dispositivas del instrumento están contempladas en el Art.994, según el cual "los instrumentos públicos hacen plena fe no sólo entre las partes, sino contra terceros, en cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., contenidos en ellos". Los instrumentos se otorgan para dar forma al acto jurídico o para dejar constancia de alguna cosa (que sería el objeto del acto), y ésta tiene valor de prueba completa, pero no indiscutible, pues puede desvirtuarse por medio de otras pruebas que contradigan al instrumento, no requiriéndose querella de falsedad para producir esta prueba. Las consideraciones expuestas explican suficientemente porque, mientras el Art.993 indica que "el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso...", el Art.994 se limita a aludir a la plena fe, sin aquel agregado. En tales condiciones, "plena fe" sólo equivale a prueba completa del acto instrumentado. Por último, las cláusulas enunciativas del instrumento se refieren a manifestaciones de las partes, accesorias o superfluas, que podrían omitirse o suprimirse sin que se alterase el objeto del acto. Marcadé distingue en el acto lo dispositivo y lo enunciativo, lo cual el primero constituye el objeto principal perseguido por las partes, de tal manera que nada podría suprimirse sin modificar lo convenido por ellas. En cambio, lo segundo son sólo manifestaciones accesorias de las partes, cuya supresión deja intacto el objeto principal del acto instrumentado. A su vez, las cláusulas enunciativas se dividen, según su vinculación con el objeto del acto, en directas o indirectas. Las primeras tienen una relación directa con el objeto principal del acto. En cambio, las cláusulas enunciativas indirectas tienen lejana o ninguna vinculación con el objeto del acto.

Impugnabilidad del contenido: Directamente relacionado con la fuera probatoria de los instrumentos públicos, está la posible impugnabilidad del contendido de cada una de ellas. Sin embargo, la impugnación no tendrá siempre el mismo carácter, por cuanto en un caso puede estar en juego la autenticidad del instrumento, que sólo podrá ser impugnable ante la querella de falsedad o argución de falsedad. Dos tipos de falsedad puede tener un instrumento: a) Falsedad material, que se configura cuando el instrumento está adulterado; b) Falsedad ideológica, lo es cuando el instrumento es formalmente válido, pero su contenido no es veraz: Así ocurriría cuando el oficial público dice haber presenciado algo que no ocurrió. En cambio, tratándose de cláusulas dispositivas o enunciativas directas, basta la prueba en contra, que será apreciada por el juez de la causa.
Efectos: Para determinar los efectos de la impugnabilidad, debemos hacer algunas aclaraciones. En cuanto a los hechos pasados o cumplidos por el oficial público, tienen efecto entre las partes y con respecto a terceros, debiendo recurrirse a la redargución de falsedad para descalificar su contenido. Con respecto a las cláusulas dispositivas, hacen plena fe con respecto a las partes y terceros siempre que hayan sido confirmadas por el oficial público; Sino pueden ser descalificadas por prueba en contrario. En cuanto a las simples enunciaciones, no solamente no han plena fe, sino que únicamente pueden llegar a constituir principio de prueba por escrito.

Conversión del instrumento público: Se llama conversión del instrumento a la transformación que sufre el carácter del mismo, en instrumento de otro carácter, por la carencia de una formalidad. Así el instrumento público, puede transformarse en instrumento privado, cuando realizado ante el oficial público, y con las firmas de las partes, se haya omitido la firma del oficial público. Al respecto expresa el Art.987 del Código Civil, que el acto emanado de un oficial público, aunque sea incompetente, o que no tuviera las formas debidas, vale como instrumento privado, si está firmado por las partes, aunque no tenga las condiciones y formalidades requeridas para los actos extendidos bajo formas privadas. Escrituras públicas: La escritura pública es la clase de instrumento público más importante, y de uso privado más corriente. Debe realizarse con todos los requisitos que marca la ley, y asentarse en el libro de protocolo del Notario. Las escrituras públicas deben ser hechas en el libro de registro que estará numerado, rubricado y sellado, según las leyes en vigor. De lo contrario no tendrá validez como tal (conforme al Art.988 del Código Civil, reformado por Ley 9.151). Partes de la escritura: La primera parte es su encabezamiento. En ella el Escribano expresa el número de escritura, el lugar de suscripción y fecha de otorgamiento, nombre, estado civil y vecindad de las partes, dando fe de su conocimiento, o menciona los testigos de conocimiento. Señala el carácter que invocan las partes para actuar si no lo hacen por Derecho propio. La segunda parte es la exposición. Las partes, no el notario, explican el acto jurídico que se proponen, describen los bienes objeto del negocio, y sus antecedentes. En conclusión el conjunto de cláusulas que constituirán el negocio jurídico a realizar. El pié o cierre es la última parte de la escritura. Es ella se asientan tres constancias: a) Que el notario efectuó la lectura del acto; b) Las enmiendas de su puño y letra si las hubiere; Y c) las firmas de todos los participantes. Unidad del acto: En la práctica, la escritura no se redacta en presencia de las partes, sino que ya está redactada cuando concurren éstas, pero no se viola el principio de unidad del acto por cuanto después de su lectura firman las partes y el escribano. Si por las características del acto no es posible concluirlo en el momento, debe cerrarse el acto con todas las formalidades, y luego volver a abrirlo para continuar. Si no se ha cumplido el principio de unidad del acto, pero ello no está alterando sustancialmente el mismo, el acto mantiene su validez, sin perjuicio de la responsabilidad del Escribano.

Protocolización: Antes de describir la protocolización, daremos algunas explicaciones del protocolo. Este consiste en el documento notarial original, en que se asientan las escrituras públicas. Estos protocolos quedan encuadernados en libros, que son los registros notariales de las escrituras. Las hojas sueltas, ya que el protocolo es abierto, son hojas que se van incorporando al mismo hasta constituir volúmenes y tomos. Estas hojas son suministradas por el Colegio de Escribanos y deben estar rubricadas por esa entidad. Se van formando cuadernos de diez folios numerados o foliados correlativamente por año. Es pasible de sanción el Escribano que no respeta la enumeración corrida del sello fiscal. Protocolizar es la acción de llevar al protocolo del Escribano un acto o negocio jurídico, por lo tanto la protocolización de un acto es incorporarlo materialmente al protocolo, es decir glosarlo en el lugar que corresponda junto con la escritura que se refiere al mismo, o sea la escritura que se redacta en ocasión de la incorporación del documento al protocolo. No se trata de transcribir el acto, sino de incorporarlo como tal. La protocolización se puede llevar a cabo por pedido de parte interesada o no interesada, el documento que así se protocoliza solamente adquiere fecha cierta. No se transforma el documento privado en público. En cambio, cuando la ley exige su protocolización o lo ordena un juez, entonces el instrumento protocolizado adquiere el carácter de público.

  1. Instrumentos privados: Es aquel otorgado directamente por las partes, son intervención del oficial público. Sin embargo, la ley ha otorgado a ciertos instrumentos, por sí solos –sin la intervención del oficial público–, el carácter de auténticos. Estos, entonces, son instrumentos que si bien otorgados por las partes, la ley ha otorgado autenticidad, como serían las acciones de las sociedades anónimas. El Dr. Rabinovich considera que el instrumento privado es aquel que contiene una expresión de voluntad emitida con el fin de hacer constar un acto jurídico, sin intervención de un funcionario público como tal. Es realizado por la propia voluntad de las partes y se caracteriza por la gran libertad que las mismas poseen para redactarlo al no estar sujetas al cumplimiento de las formalidades características de los instrumentos públicos (lugar y fecha, nombre e identificación de las partes, idioma, etc.). Lo cierto es que tales cuestiones, aunque puedan tener significación en cuanto a la claridad del instrumento, no son para nada tenias en cuenta para la validez el mismo, el que solamente se exige que esté firmado por las partes. Estos instrumentos no gozan de la presunción de autenticidad como los públicos, pero la mala fe no se presume. Es decir, que si su contenido no es desmentido no negado abierta y fundamentalmente en juicio por la contraria, ha de tenérselo por veraz. Formalidades: En el instrumento privado rige la liberad de formas, por lo que se puede otorgar por algunas de las formas autorizadas por la ley. Éstas pueden ser positivas o expresas, tácitas y presumidas por la ley. Entre las formas expresas, la ley refiere en el Art.917, que pueden ser verbales, escritos o por signos inequívocos. Las formas tácitas (Art.918) resultan de aquellos actos que pueden conocerse con certidumbre la existencia de la voluntad, en los casos que no se exija una expresión positiva o cuando no haya una protesta o declaración expresa en contrario. Las formas presumidas resulta de la ley cuando así lo disponga (Art.920 del Código Civil). Las partes pueden valerse de cualquiera de estas maneras de expresar la voluntad para materializar el instrumento. Así lo establece el Art.1020 de nuestro Código cuando dice: “Para los actos bajo firma privada no hay forma alguna especial. Las partes pueden formarlos en el idioma con las solemnidades que juzguen más convenientes. Dentro de las formas establecidas por la ley, se debe diferenciar el acto o contenido y el soporte material o expresión que lo contiene. En cuanto al soporte, ya no es la escritura en el papel exclusivamente, sino que puede serlo en distintos artefactos de almacenamiento digital reproducible en una pantalla o imprimirse en papel. Igualmente la forma verbal puede tener también soporte material, como la grabación en una cinta, o en un casette o video casette. El Dr. Rivera clasifica los soportes materiales en: a) Informáticos, b) ópticos y c) auditivos. Requisitos: Como requisito de validez, a ley exige que los instrumentos privados deben estar firmado por las partes. El otro requisito, que se da sólo en los bilaterales, es la exigencia del doble ejemplar. Firma: Es el modo habitual con lo cual el sujeto se individualiza, escribiendo su nombre de una manera particular, con rúbrica o sin ella. El Art.1014 del Código Civil no reconoce como firma las iniciales o signos, salvo que así lo hubiere reconocido voluntariamente como su verdadera firma, quien lo hubiere estampado. La firma cumple la función de imputar la autoría del acto y la demostración de la voluntad de su autor, además de ser la única formalidad que exige la ley. Además, el código prevé el caso del testamento, que por ser éste un instrumento que sólo surtirá efecto una vez muerto el autor, el Art.3633 exige que la firma deba escribirse con todas las letras alfabéticas que contienen su nombre y apellido, caso contrario, no se lo tendrá como válido. Las firmas deben estar al pie del documento como un reconocimiento total del mismo. Las notas escritas al margen o a continuación de un instrumento privado, probarán para desobligar a éste, pero no para establecer obligación adicional (conforme al Art.1030). Firma a ruego: Es aquella colocada por un tercero a solicitud del otorgante del instrumento, para suplir su imposibilidad de firmar, lo cual el Art.1001 del Código Civil lo autoriza en las escrituras públicas. Y desde que el documento firmado a ruego contiene la firma de quién tácitamente actúa como mandatario del interesado no puede dudarse de su validez. En cuanto a la sustitución de la firma por la impresión digital del sujeto, no se acepta como sustitución de la firma, porque no está cumpliendo con una de las funciones de ésta que es la voluntariedad del acto, ya que por distintos medios se puede arrancar una impresión digital sobre algo que no se conoce.

El instrumento particular: Del propio código surge la posibilidad de que existan instrumentos otorgados directamente por las partes que no estuvieren firmados. En la enumeración del Art.1190, expresamente se consigna la existencia del instrumento particular no firmado. El doble ejemplar: Es una exigencia en los contratos bilaterales, para poner ambas partes en igualdad de condiciones a los efectos probatorios. Esta exigencia surge del Art.1021 que expresa: “Los actos, sin embargo que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes hayan con un interés distinto”. También, del mismo artículo, surge el carácter de originales todos los ejemplares. Sin embargo, aclara el Dr. Rivera, que el doble ejemplar pude ser obtenido mediante copia al carbónico, fotocopia o cualquier otro medio que atribuya la copia igual contenido que el original. Desde luego que la firma deberá ser autografiada en cada ejemplar. La fecha cierta: La fecha es una cuestión que surge de los instrumentos privados, por cuanto éstos no pueden constituir la certeza de la fecha con respecto a terceros, ya que sus alcances son exclusivamente entre las partes. La fecha cierta es aquella que otorga certeza de que el instrumento privado ya estaba firmado al momento de su producción o no pudo ser firmada después de su acaecimiento. Por lo tanto no teniendo el instrumento privado fecha cierta, aun cuando fuere reconocido por la parte a quien se opone, no prueba contra terceros, la verdad de la fecha expresada en ellos (Art.1034). El Art.1035 del Código Civil establece cuatro supuestos en que se considera cierta la fecha consignada en los instrumentos privados. Ellos son: 1) La de su exhibición en juicio; 2) La del reconocimiento ante un escribano o cualquier registro público; 3) Transcripción de un registro público; 4) La del fallecimiento de la parte que lo firmó. Firma en blanco: Partiendo de la base de la libertad de formas de los instrumentos privados, la firma puede darse antes de existir su contenido –pues esto es ilícito en un instrumento público–. Muchos motivos pueden existir, afirma el Dr. Rabinovich, que justifica la firma en blanco, tales como el ahorro de tiempo, la necesidad de agregar algo, etc. Para que la firma sea auténtica debe ser reconocida por quién la haya suscripto, no necesitándose que el que reconociera aclare si la ha puesto antes o después (Art.1016). El mandato tácito (Art.1871) consiste en que quien recibe el documento, debe llenar el mismo de acuerdo a las instrucciones recibidas. Pero puede que exista un abuso en esta circunstancia. El Art.1017 del Código Civil dispone sobre el particular que el signatario puede oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones u obligaciones que se encuentran en él, no son las que ha tenido intención de hacer o de contratar. Prueba que no puede constituirse con testigos. Cuando se impugna este tipo de documentos, alegando que ha sido firmado en blanco y que las declaraciones en él contenidas son inexactas –ha expresado la jurisprudencia–, se hace necesario acreditar el hecho material de la firma en blanco y la consecuente entrega del instrumento en esas condiciones, por un lado, y la insinceridad del contenido aprovechándose de esa circunstancia, que es lo que tipifica el abuso por el otro. Fuerza probatoria de los instrumentos privados: Diferencia con el instrumento público: El instrumento privado, para adquirir el carácter de auténtico y serle opuesto a la parte que los suscribió, debe tener el reconocimiento de la firma del presunto autor. El reconocimiento de la firma por lo tanto tiene los siguientes caracteres: a) Es obligatoria según el Art.1031 del Código Civil; b) Es personal, ya que es el propio firmante quien debe reconocer su firma; c) Debe ser hecho por persona capaz. Como el Art.1028 establece que el reconocimiento judicial de la firma es suficiente para que el cuerpo del instrumento quede también reconocido, el instrumento privado después del mencionado reconocimiento queda equiparado al público en lo que hace de auténtico entre las partes (Art.1026). En efecto, tanto las cláusulas dispositivas como las enunciativas tienen la misma virtualidad que en los instrumentos públicos, con la única diferencia que pueden ser desvirtuadas por prueba en contrario. Con respecto a terceros, opina el Dr. Llambías, el instrumento privado reconocido por las partes tiene el mismo efecto que los instrumentos públicos, entre las partes y sus sucesores, la doctrina admite contrariamente que el instrumento privado reconocido y con fecha cierta puede ser oponible a terceros, en las mismas condiciones del instrumento público. Pero es de hacer notar –se explica– que la eficacia del instrumento solo existe respecto de terceros, a partir del momento que adquiere fecha cierta.

Cartas masivas: Comprende a un sinnúmero de medios, que pueden consistir en esquelas, tarjetas postales, telegramas, cartas intimas, cartas personales, cartas comerciales, etc. Sin embargo se puede describir como la comunicación escrita y de contenido diverso, que una persona denominada remitente, envía a otra, llamada destinatario. Las cartas podrían estar involucradas dentro de las categorías de los instrumentos privados o dentro de los instrumentos particulares no firmados –todo depende de su conformación y estructura, fundamentalmente si están o no firmadas–. Con respecto a la propiedad, se sostiene que es del remitente hasta que llegue a poder del destinatario. Si bien cuando llega a poder éste se transmite la propiedad, la propiedad intelectual sigue siendo del remitente, de manera que el destinatario no puede disponer en forma absolutamente libre. El destinatario como propietario de la carta tiene las facultades propias de ese carácter, sin embargo frente a una prohibición del remitente a que no la divulgue o la destruya, no puede hacer lo contrario. Las cartas masivas como medio de prueba: Las cartas masivas están autorizadas como prueba, como cualquier otro documento. Lo que hay que tener en cuenta es por un lado la propiedad intelectual, y por el otro, el Derecho personalísimo de la privacidad. Una primera distinción para la utilización de las cartas masivas en juicio, debe hacerse en cuanto al carácter de confidenciales o no de las mismas. Se distinguen en cuanto a quienes o para quienes se va a utilizar la prueba: a) Entre el remitente y el destinatario de la carta masiva, que podrían ser presentadas en juicio, sean o no confidenciales; b) Entre el remitente y un tercero, que al respecto el Código Civil dispone: “Las cartas masivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su reconocimiento” (Art.1036). Aquí sin embargo hay que hacer la siguiente distinción: Si se trata de cartas confidenciales no pueden ser presentadas como prueba. En cambio se admitirá si no son confidenciales. El carácter de confidencial deberá determinarlo el juez que entiende en la causa. Sin embargo, la jurisprudencia ha resuelto que para que la carta pueda ser presentada en juicio es menester que el tercero, a quien se le dirigió, preste su consentimiento.

  1. Documento electrónico: Noción: El documento electrónico es una categoría de recién aparición en virtud del desarrollo tecnológico. Por ello el Código Civil carece de regulación específica. La Ley 25.506 –De las firmas digitales– los define como documento digital y se entiende por tal a la representación digital de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Un documento digital también satisface el requerimiento de escritura (Art.6°).

Autoría: La Ley de Firmas Digitales dice al respecto; “Se presume, salvo prueba en contrario, que toda firma digital pertenece al titular del certificado digital que permite la verificación de dicha firma” (Art.7°). Valor probatorio: Analizando el Art.51 de la Ley 25.506 establece que los denominados documentos privados deben incluir los documentos digitalmente firmados. En este supuesto, el instrumento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre los que lo han suscrito y sus sucesores (Art.1026 del Código Civil). El Dr. Rinessi opina al respecto que un documento digital constituye un documento particular, y el Código Civil establece que los contratos se podrán probar por instrumentos particulares firmados o no firmados (conforme al Art.1190).

Firma digital: Concepto: El Art.2° de la Ley de Firma Digital dice que; “Se entiende por firma digital al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma”. Régimen legal: Ley 25.506: Esta Ley –De Firma Digital– regula expresamente esta materia, desde los certificados digitales hasta las sanciones pertinentes en caso de violación a esta ley y su contenido.
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