Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




descargar 0.62 Mb.
títuloApunte General: Derecho Civil I – Parte General
página15/16
fecha de publicación16.01.2016
tamaño0.62 Mb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Unidad XIV: Vicios de los Actos Voluntarios

  1. Vicios de la voluntad: Concepto. Enumeración. Ámbito de aplicación. Su distinción con los vicios propios del acto jurídico. Consecuencias de los vicios de la voluntad. Vicios en los actos ilícitos.

  2. Ignorancia y error: Concepto. Clasificación. Error de hecho: Error esencial y accidental. Error sobre la naturaleza y sustancia del acto, la persona, el objeto y la causa. Excusabilidad. Efectos. Error de Derecho: Regla general. Fundamentos y excepciones. Consecuencias.

  3. Dolo: Diversas aplicaciones. Como vicio de la voluntad. Clases de dolo. Requisitos. Efectos.

  4. La violencia: Concepto. Clases. Distinción entre fuerza e intimidación. Requisitos de ambos. Efectos. Violencia de un tercero. Temor reverencial: Concepto. Efectos.



  1. Vicios de la voluntad: Concepto: El acto jurídico exige una voluntad consciente y libre; Por esto cuando la voluntad se forma bajo la influencia de circunstancias que disminuyen la conciencia o libertad del sujeto, se dice que la voluntad está viciada. Enumeración: Los vicios de los actos voluntarios son el error, el dolo y la violencia. Estos "vicios” afectan a los elementos de la voluntad conforme a la doctrina clásica, es decir, la intención y la libertad. El error y el dolo vician la intención. La violencia —sea física o moral— vicia a la libertad. La ausencia o falta de discernimiento —que también es un defecto del acto voluntario— no se produce a consecuencia de vicio alguno, sino por una circunstancia inherente al sujeto (falta de madurez, insanidad mental). Ámbito de aplicación: Los vicios de la voluntad se aplican a los actos jurídicos, porque para que éstos tengan validez deben producirse o manifestarse a través de una voluntad sana. Estos vicios parecería que solamente alcanza a los actos voluntarios, ya que los involuntarios carecerían de voluntad. Su distinción con los vicios propios del acto jurídico: Algunos autores opinan que en estos actos, los vicios afectan al acto mismo, es decir a su materialidad. Aquí estaría comprometida la buena fe en la conducta observada, siguiendo la opinión de Freitas. Por eso se dice que son vicios exteriores que afectan al acto. En estos vicios, no existe una merma de la voluntariedad, sino de la buena fe de su autor. En el campo de aplicación, los vicios de la voluntad son internos, y los vicios del acto son externos. Los primeros recaen no solamente sobre los actos jurídicos, sino también sobre los hechos o actos voluntarios; Es decir tienen un campo de aplicación de mayor ámbito que los vicios del acto, que solamente se refieren al acto jurídico. Consecuencias de los vicios de la voluntad: Mientras que los actos o hechos humanos pueden eximir responsabilidad a quién lo ejecuta, y no generar la obligación de reparar cuando causan perjuicio a terceros; En los actos jurídicos, los vicios producen la invalidez del acto (anulación), y para que prospere la reparación de los daños producida por el acto viciado, deberá previamente declararse la anulación del mismo. La consecuencia natural de la existencia de los vicios en el acto jurídico, será la anulación del acto y la reparación de los daños. Y cabe aclarar que las consecuencias de los actos jurídicos viciados no son iguales a los hechos jurídicos viciados. Vicios en los actos ilícitos: La ilicitud del acto puede ser apreciada desde los puntos de vista subjetivo y objetivo, pero nuestro Código solamente admite la ilicitud subjetiva, por cuanto el sistema de responsabilidad descansa en la valoración del acto desde el punto de vista subjetivo. Entonces, el acto ilícito es aquel en que el agente se comporta con una conducta culposa o dolosa. Hay otra noción de apreciación objetiva que caracteriza al acto ilícito, desarrollada en la doctrina, que concreta su aplicación a aquellos actos que violan un deber específico o genérico del deber de no dañar. Es decir, violar un deber genérico es actuar contrario al Derecho, o sea que es ilícito. Pero también en el contrato, cuando las partes convienen y asumen deberes, si estos no se cumplen, es un acto contrario al Derecho, porque el contrato es ley para las partes, y por tal razón es también ilícita, pero la ilicitud aquí es objetiva.

  2. Ignorancia y error: Concepto: Ambos son vicios de la voluntad que afectan la intención. La ignorancia es la ausencia total de conocimiento sobre la materia que se trata, en donde hay falta de noción de los datos o elementos que determinan a la parte a realizar el acto; El error es un conocimiento equivocado, donde hay una falsa noción de esos datos o elementos. La apreciación jurídica de ambos conceptos es la misma, todo lo que se dice sobre el error es aplicable a la ignorancia, las consecuencias son semejantes. Clasificación: El error puede ser de hecho y de Derecho. Error de hecho: Tiene lugar cuando el falso conocimiento recae sobre los datos de hecho, o bien sobre el contenido o los presupuestos del acto. Puede ser espontaneo o provocado, esencial o accidental, o excusable o inexcusable. Error esencial: Es el que recae sobre lo sustancial del acto o los datos principales que las partes han acordado al hacer la declaración, y puede producir la nulidad del acto. Son esenciales los errores: Sobre la naturaleza: Un amigo me da plata en préstamo y yo creo que se trata de una donación (Art.924); Sobre el objeto: Juan ofrece en locación su casa de Mendoza y yo acepto creyendo que alquilo su casa en Bs. As. (Art.927); Sobre la causa principal (motivos del acto): Si alquilo un negocio para poner un bar y el dueño cree que es para poner una farmacia (Art.926); Sobre la cualidad principal: Me venden porcelana nacional y yo creo que es de la mejor de china (Art.926); Sobre la persona con la cual se celebra el acto: Si contrato con un músico desconocido y creo que es Sandro (Art.925). Error Accidental: Es el que recae sobre elementos o calidades no esenciales –o sea secundarios– o no consideradas tal para ese acto. No producen la nulidad de dicho acto, pero puede acarrear otros efectos como el resarcimiento.

Excusabilidad: El Art.929 lo define como la existencia de una razón o motivo para caer en el error de hecho, y no por mero descuido o torpeza de quien lo ha padecido. Según anota el Dr. Cifuentes, un error es excusable cuando está justificado y, por tanto, puede invocarse porque ha habido razón para errar (en cambio, un error es inexcusable cuando se obra con imprudencia o negligencia). Se aplicará el requisito de excusabilidad –conforme a lo expresado por el Dr. Cifuentes– cuando el agente no pudo percatarse o no fue advertido por el destinatario o aceptante del error del acto. En la nota a dicho artículo se aclara que debe observarse para saber si el error es o no excusable, cada caso en particular. Para juzgar el requisito de la excusabilidad, los jueces tienen que atender a las circunstancias y los hechos, a fin de establecer si el agente ha procedido con la debida diligencia para informarse de aquello que ignoraba e hizo esfuerzos para verificar si era exacta la noción que tenía de los datos de la realidad. Efectos: Acreditado el error, corresponde a la parte de buena fe pedir la nulidad del acto, y por ende peticionar por los daños y perjuicios ocasionados. En el Derecho Francés, todo error, excusable o no, anula el acto jurídico, debiendo siempre indemnizarse a la otra parte de buena fe.

Error de Derecho: Es el desconocimiento de la existencia o contenido de una norma jurídica, o interpretar su significado de manera distinta de la real, o hacer con ella una aplicación inexacta a una situación que no regula y, por tanto, también atribuir a un hecho o a una relación una calificación jurídica distinta de la que le es propia o, finalmente, suponer en vigor una norma inexistente. Regla general: Tradicionalmente, a partir del Derecho Romano, se ha considerado que no es admisible invocar el error cuando proviene de una negligencia de la parte que se ve perjudicada por la falsa noción determinante del acto. Esta teoría se ha expandido con la idea de que no sirve de excusa alegar la ignorancia o error de la ley. Sin embargo, algunos códigos antiguos y la corriente predominante de los últimos tiempos, ha admitido que se invoque el error de Derecho, equiparándolo al error de hecho, cuando aquel error o ignorancia de la ley ha sido la causa determinante del acto, es decir, que sin la falsa creencia la parte no habría realizado el negocio. Fundamentos: Los Arts. 20 y 923 del Código Civil descartan la alegación del error de Derecho, basados en dos principios: a) Se presume la inexcusabilidad o negligencia culpable del que dice no conocer las normas del Derecho vigente; Y b) dadas a publicidad nadie puede ignorar las leyes, lo cual es un principio ajeno al conocimiento real que cada uno tenga de las leyes, sino como sistema de orden asentado en una necesidad lógica para la salud general y la seguridad social.

Excepciones: Sin embargo, nuestro Código deja como excepción que es posible alegar el error de Derecho para dejar sin efecto los negocios y sus consecuencias, pero se requiere, de todos modos, que el error sea esencial y excusable, debiendo probar la situación de ignorancia o error quien lo invoque. Ellas son: a) En caso del pago de lo no debido, ya que el Art.784 establece que la persona que por un error de hecho o de Derecho se creyera deudor, tiene Derecho a repetir lo que ha pagado; b) En caso de transacción cuando se llega a ella por error de hecho o de Derecho, al creer que el título era válido, cuando en realidad era nulo (Art.858); Y c) para determinar la buena fe del poseedor de la herencia, estableciendo que es de buena fe cuando por error de Derecho se cree legítimo propietario de la sucesión cuya posesión tiene (Art.3428). Consecuencias: Algunos autores han agregado otros supuestos legales que admiten el error de Derecho. Estos supuestos no establecidos expresamente en la ley, provocarían lo que el codificador trató de desarraigar, que sería el peligro de la inseguridad en las relaciones jurídicas y el apuntalamiento de la obligatoriedad de las leyes (Cifuentes). Por ello, la jurisprudencia en la mayor parte de los fallos evita extender las excepciones más allá de los casos expresamente enunciados por la norma.

  1. Dolo: Significa engaño, fraude o mentira. Según el Art.931, es toda “acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda acepción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin”. Diversas aplicaciones: El dolo tiene tres acepciones para distintos supuestos: a) El dolo referido a los actos lícitos como uno de los vicios de la voluntad para lograr la anulación del acto; b) El dolo empleado para no cumplir obligaciones que es la deliberada intención de no hacerlo por parte del deudor que está en condiciones de hacerlo; Y c) el dolo como el elemento intencional del delito civil, es decir que constituye actos de atribución de la responsabilidad civil y lleva el resarcimiento de los prejuicios ocasionados. Como vicio de la voluntad: Según el Art.932: “Para que el dolo pueda ser medio de nulidad de un acto es preciso la reunión de las circunstancias siguientes: 1) Que haya sido grave; 2) Que haya sido la causa determinante de la acción; 3) Que haya ocasionado un daño importante; 4) Que no haya habido dolo por ambas partes”. Clases de dolo: Existen dos clases de dolo: 1) El principal; Que es el que induce y determina que la víctima realice el acto, hace anulable al mismo. De manera que la víctima podrá demandar la nulidad del acto y la indemnización por daños y prejuicios (los requisitos de este se encuentran en el Art.932); Y 2) el incidental; Que, a diferencia con el anterior, este no ha sido causa determinante para la realización del acto (no permite a la víctima demandar la nulidad del acto pero le permite reclamar la indemnización por daños y prejuicios). Requisitos: Son los precisados en el Art. 932 del Código Civil. Efectos: Efectos del dolo principal: Si se reúnen los requisitos contemplados en el Art.932 se producen dos consecuencias: 1) Permite demandar la nulidad del acto; 2) Permite reclamar la indemnización por daños y prejuicios; Efectos del dolo incidental: El dolo no afecta la validez del acto y no podrá pedir la nulidad del mismo. Pero podrá reclamar indemnización por daños y prejuicios (Art.934); Efectos del dolo recíproco: Si ambas partes actúan con dolo, la ley no ampara a ninguno de los dos y no podrán demandar la nulidad del acto; Efectos de dolo de un tercero: El dolo, provenga de la parte del acto o de un tercero, da lugar a la anulación del acto y la víctima podrá pedir la nulidad del mismo y reclamar daños y prejuicios (art. 935).

  2. La violencia: Concepto: Se denomina violencia a la coerción ejercida sobre una persona para obligarla a ejecutar un acto que no quería realizar (Salvat). Clases: Puede presentarse bajo dos aspectos: Violencia física: Se denomina fuerza; Y violencia moral: Se denomina intimidación. Distinción entre fuerza e intimidación: La Violencia física se da cuando la víctima es obligada a realizar el acto que no quiere realizar mediante golpes, maltratos, privación de la libertad, etc.; Y la Violencia moral, cuando se obtiene el mismo resultado mediante amenazas e intimidaciones. Requisitos para que el uso de la fuerza invalide el acto: Debe tratarse de una fuerza física irresistible (Art.936) es decir, una fuerza de tal magnitud que la persona que la sufre no ha podido impedirla. Si la fuerza fue irresistible o no lo determina el juez, tomando en cuenta las condiciones físicas y espirituales de la víctima.

Requisitos para que el uso de intimidación invalide el acto: El Art.937 dice que: “Habrá intimidación cuando se aspire a uno de los agentes por injustas amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, honra o bienes o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos”. Efectos: La víctima podrá demandar la nulidad del acto (si el acto es anulable y de nulidad relativa) o reclamar daños y prejuicios al autor de la violencia. Violencia de un tercero: Si fuese un tercero, el acto también será anulable y el tercero será responsable por daños y prejuicios. Si el tercero y la otra parte fuesen cómplices ambos serán responsables por la indemnización (Arts. 941 y 943). Temor reverencial: Concepto: Hay temor reverencial cuando la parte actúa por respeto y consideración hacia una persona, a la cual le debe moralmente cierta sumisión en virtud de un vínculo superior. No es miedo ni intimidación, sino que se obra atado por ese respeto y, por tanto, el acto no es anulable. Efectos: En nuestro Derecho el temor reverencial no puede ser invocado para nulificar los actos voluntarios, conforme a lo que dispone el Art.940: "El temor reverencial […] no es causa suficiente para anular los actos". La doctrina interpreta que la ley excluye como causa de nulidad, al temor reverencial por sí solo; Pero si existe una verdadera coerción, es claro que el acto podrá anularse, aunque esa violencia o intimidación provenga del padre, del esposo o del principal.

Unidad XV: Vicios Propios de los Actos Jurídicos

  1. Vicios externos: Concepto. Distinción con los vicios de voluntad.

  2. Simulación: Concepto. Naturaleza del acto simulado. Elementos. Requisitos. Clases: Absoluta y relativa. Lícita e ilícita. Parcial y completa. Acción de simulación: Noción y efectos. Acción ejercible por las partes. Límites. Casos de simulación ilícita. Medios de prueba: Contradocumento. Consecuencias de la declaración de simulación. Prescripción de la acción.

Acción de simulación ejercida por terceros ajenos al acto. Requisitos de procedencia. Efectos. Prescripción de la acción. Inoponibilidad del acto simulado con relación a terceros de buena fe.

  1. Fraude: Concepto. Acción revocatoria o pauliana. Naturaleza. Requisitos de procedencia. Efectos de la revocatoria del acto. Semejanzas y diferencias con la acción de simulación ejercida por los acreedores. Prescripción de la acción.

  2. Lesión: Noción. Lesión objetiva y subjetiva. Art.954 del Código Civil. Lesión presumida. Requisitos y naturaleza de la acción. Efectos. Prescripción.


  1. Vicios externos: Concepto: Los vicios externos son los vicios de la manifestación de la voluntad a través del acto. Es decir, que los vicios externos son los vicios propios del acto jurídico en sí. Entonces, se denominan vicios de los actos jurídicos a ciertas anormalidades, que pueden provocar la invalidez del mismo. Estos vicios pueden ser substanciales o formales. Habrá un vicio substancial cuando los autores del acto no los hubieren celebrado con intención y libertad (aquí habla de la exteriorización de los actos voluntarios viciados). Habrá un vicio formal cuando los celebrantes del acto no hubieren actuado conforme a las formalidades establecidas por la ley para realizarlo (aquí habla de los vicios propios de los actos jurídicos). Aquí estaría comprometida la buena fe en la conducta observada, siguiendo la opinión de Freitas. Distinción con los vicios de voluntad: Se cae en un equívoco al presumir que los vicios del acto son el error, la violencia y el dolo; Estos son vicios propios de la voluntad, la parte interna del hecho. Pero ¿por qué se cae en esa equivocación? Pues porque los vicios internos en sí mismos no producen efectos; Tiene que exteriorizarse esa voluntad para que tengan efecto. En conclusión, la voluntad se ve viciada cuando se forma bajo la influencia de circunstancias que disminuyen la conciencia o libertad del sujeto; En cambio, el acto se ve viciado cuando el sujeto no actúa con procedencia. El Código Civil establece tres vicios clásicos de la voluntad: Error, dolo y violencia; Y dispone que los actos jurídicos que estuvieren viciados por error, dolo, violencia, fraude, simulación y estado de necesidad pueden anularse.

  2. Simulación: Concepto: Ferrara define a la simulación como "la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquél que realmente se ha llevado a cabo". Nuestro codificador nos da una noción descriptiva de la simulación. Para el Art.955 "La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o transmiten Derechos a personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten". Naturaleza del acto simulado: Existen muchas doctrinas que intentan explicar la naturaleza jurídica del acto simulado. Ellas son: a) Doctrina que considera a la simulación como un caso de divergencia entre l voluntad y su declaración: La doctrina tradicional considera a la simulación como un caso de divergencia entre la voluntad y su declaración, por considerar que los simulantes hacen una declaración de voluntad que no coincide con su real querer interno. Las críticas que se le hace está teoría es que no existe divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada, ya que si las partes han querido el acto aparente no se puede afirmar que han declarado algo distinto de su querer interno;


b) Doctrina que considera que en la simulación hay divergencia entre la declaración y contradeclaración: Según esta teoría, los simulantes hacen dos declaraciones de voluntad: La declaración interna, denominada contradeclaración destinada a permanecer secreta y la declaración externa que aparece frente a terceros; c) Doctrina que considera que la simulación es un mero disfraz de la voluntad de las partes: Esta teoría considera que para la simulación las partes adoptan un lenguaje convencional atribuyendo a la declaración un significado atípico, pero que entre ellas tiene valor solamente el acto real. De Castro y Bravo nos dicen que la declaración simuladora es querida y no sólo para ocultar o engañar; Se quiere crear una apariencia y otra un determinado. El dato necesario y suficiente que identifica la simulación es sobre todo la apariencia intencional de un negocio que por acuerdo de las partes no se corresponde en todo o en parte de su real relación; d) Doctrina que considera al acto simulado como una divergencia entre la declaración y la causa: El negocio jurídico simulado no puede obtener tutela del ordenamiento por la falta de causa y por eso es considerado nulo. El acuerdo simulatorio priva al contrato simulado de su causa, en la medida en que manifiesta la voluntad de las partes en dar vida solo a una apariencia. Pugliatti nos dice: "De esta manera, por faltar la causa, el negocio o contrato ostensible estará viciado de nulidad”. La crítica que se le hace a esta teoría, es que nadie crea una apariencia de acto jurídico así porque sí, sin perseguir alguna finalidad, sino que lo hace en el propósito de obtener algún resultado específico; e) Doctrina que considera a la simulación como un acuerdo complejo único: Esta teoría considera que en la simulación concurren dos negocios: Uno aparente y el otro real, en posición de antagonismo, por cuanto es una perspectiva que se coloca en contra de la realidad de las cosas y de la unidad de la compleja determinación negocial de los estipulantes.

Elementos: El Dr. Cifuentes, en su libro “Elementos de Derecho Civil –Parte General–“, Pág. 377 da un concepto de Simulación que, según sus dichos, son extraídos de los Arts. 955 y 956. De la definición expuesta –que lo transcribiremos como comentario a este apartado–destaca los siguientes elementos en la simulación: a) Existencia de un acto o negocio jurídico, según las pautas estatuidas por el Art.944 –anota–; b) Existencia de un acuerdo simulatorio entre las partes, es decir, que éstas se han concertado para aparentar un negocio que no es o que es otro distinto. El acuerdo es de rigor, aunque algunos autores no lo consideran necesario, pero, en realidad, éstos confunden ciertos planos, pues sin acuerdo se llega al dolo o al contrato prestanombres o testaferro, que es distinto; c) Que se trate de un acto o declaración recepticia, o emitida hacia una persona que fatalmente la recibe y participa en ella, sea bilateral o unilateral; d) Que el fin perseguido por las partes sea engañar a terceros, aunque no se produzcan perjuicios a esos terceros.

Clases: Absoluta y relativa: La simulación absoluta se da cuando se celebra un acto que nada tiene de real (Art.956). En esta clase de simulación, las partes no tienen intención de celebrar el acto o negocio. En cambio, es relativa cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro (Art.955). Es una pantalla al negocio verdadero, que está oculto. El negocio simulado, entonces, permanece en secreto, no trasunta a terceros. Lícita e ilícita: A veces, a pesar de lo que trasunta el término, esconde propósitos altruistas. La simulación está enderezada a lograr propósitos admitidos por la ley. Es un medio tan legítimo (lícito) como cualquier otro negocio. Donde aparece descalificada es cuando es ilegítima (ilícita), cuando altera o quiere alterar intereses o Derechos subjetivos de otros; Cuando quiere eludir obligaciones legales que debe cumplir. Entonces, la simulación es lícita cuando no es reprobada por la ley y a nadie perjudica (Art.957). En cambio, es ilícita cuando se viola la ley o perjudica a terceros (Art.958). Parcial y completa: La simulación parcial puede ser solamente la apariencia que se realiza con respecto a algunas partes de un instrumento, como pueden ser los nombres, la fecha, las referencias a objetos o materialidades, etc. La simulación parcial lo es cuando solamente un aspecto es comprometido por la simulación, lo demás es verdadero. La simulación es total cuando todo acto es simulado, no solamente un aspecto. La simulación absoluta siempre es total, porque se disimula todo el acto. En la simulación relativa se produce la parcial, porque mientras sigue vigente el documento que contiene el acto, pueden resultar partes del mismo, disimulados.

Acción de simulación: Noción y efectos: Se da el nombre de acción en declaración de simulación a la que compete a las partes del acto simulado o a los terceros interesados, a fin de que se reconozca judicialmente la inexistencia del acto ostensible, y con ello queden desvanecidos los efectos que se imputaban a dicho acto. Pueden ejercer la acción las partes del acto simulado o cualesquiera terceros interesados, tales como acreedores de las partes, fiadores de ellos, herederos perjudicados, legatarios de las cosas comprendidas en la simulación, etc. Aun cuando la acción es la misma, sea que la ejerzan las partes o los terceros, presenta algunas modalidades accidentales de acuerdo al titular que la promueve. Acción ejercible por las partes: Cuando la simulación es lícita, cada una de las partes tiene siempre abierta la posibilidad de obtener la declaración de inexistencia del acto simulado. Entonces, si las partes han concordado construir un acto puramente aparente, no se les puede negar el Derecho de hacer establecer el verdadero estado de las cosas, que en rigor no ha sido alterado en sustancia sino sólo aparentemente. Por otra parte, si la ley conceptúa un recurso admisible de la vida jurídica la simulación inocente de los actos jurídicos, no podría menos que facilitar el restablecimiento de la verdad, cuando ello interesase a las partes. Casos de simulación ilícita: Otra cosa ocurre tratándose de la simulación ilícita, donde no constituye un recurso legítimo al que pueda acudir la actividad de las partes. De allí que el nuevo Art.959 dice así: "Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación". En conclusión, las partes carecen de acción si se trata de simulación ilícita. Por excepción la tienen si ellas no se proponen consumar el acto ilícito realizado mediante la simulación, ni aprovechar de él, sino repararlo destruyendo las apariencias lesivas de los Derechos ajenos.

Medios de prueba: Contradocumento: Según una doctrina muy difundida las partes del acto simulado no pueden en principio probar la simulación sino mediante el respectivo contradocumento, entendiendo por tal el escrito por el cual las partes hacen constar la realidad de los hechos, dejando sin efecto el acto ficticio o simulado. La Ley 17.711 hizo un agregado al Art.960 del Código Civil que recogió la interpretación más amplia y fijó la pauta legal al respecto cuando dice que: "Sólo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación". Consecuencias de la declaración de simulación: La declaración judicial de la simulación verifica la inexistencia del acto celebrado, carente de un consentimiento efectivo, con todas las consecuencias materiales que corresponden a esta sinceración de los hechos. Naturalmente esas consecuencias serán diversas según la especie de simulación empleada. Tratándose de una simulación relativa, la declaración judicial desvanecerá el acto simulado pero al propio tiempo dará eficacia al acto oculto.

Si en cambio, la simulación es absoluta, declarada la inexistencia del acto ostensible, cada parte quedará en la misma situación jurídica preexistente a la simulación. Así, después de la declaración de simulación de una enajenación de inmueble el adquirente ficticio debe restituir la cosa con los frutos percibidos. Para reservar para sí los frutos percibidos el supuesto adquirente no podría invocar el Art.1053 porque esta disposición tiene en cuenta transmisiones basadas en títulos anulables, y como ya se ha dicho, el acto simulado no reviste este carácter. Prescripción de la acción: Acerca de este punto la doctrina y la jurisprudencia aparecían divididas, pues en tanto que la mayor parte de los autores estimaba que la acción de simulación era imprescriptible, otros y con ellos las decisiones de los tribunales más frecuentes hacían aplicación del Art.4030 que establece la prescripción de dos años, cuando la nulidad deriva de la "falsa causa". Nos referiremos sintéticamente a esta controversia para referirnos después a la solución por la que ha optado la Ley 17.711.

Acción de simulación ejercida por terceros ajenos al acto: Naturalmente que los terceros que no participaron en el convenio simulatorio, suelen ser los sujetos pasivos del engaño, en el sentido de que el acto ficticio tendió a hacerles creer la existencia de un negocio que no fue real en el todo o en parte. Si la simulación es lícita, los terceros carecen de acción para verificar la inexistencia del acto simulado, pues sin interés no hay acción. En cambio cuando ella es ilícita, los terceros pueden demandar la declaración de simulación. Es el caso de los acreedores del enajenante aparente de bienes, los cuales mediante la simulación quedan sustraídos a la posible ejecución del embargo por parte de aquéllos. Requisitos de procedencia: En suma, para proceder con la acción de simulación por terceros, es necesario un arrepentimiento de las partes contratantes, un propósito de reparar los perjuicios derivados del acto para terceros o dejar sin efecto el fraude a la ley. Efectos: Normalmente, la simulación tiende a defraudar a la ley o a privar de Derechos a un tercero. De allí que quien es ajeno al acto simulado, pero sufre de alguna manera sus efectos, está legitimado para demandarla. La sentencia que hace lugar a la simulación debe declarar la nulidad del acto aparente. Nulidad que aprovecha no sólo al acreedor que la intenta, sino también a los demás, puesto que el efecto de la nulidad es volver las cosas al estado anterior al negocio anulado. Prescripción de la acción: La falta de una disposición expresa sobre el plazo de prescripción de la acción de simulación en el Código Civil antes de la reforma de 1968, provocó una verdadera anarquía en la doctrina y jurisprudencia. Según una primera opinión, la acción prescribía a los diez años; Según otra, la prescripción de la acción por simulación relativa era de dos años, en tanto que la derivada de una simulación absoluta era decenal; Según una tercera, la simulación absoluta era imprescriptible; Finalmente, la opinión predominante consideraba que la acción prescribía a los dos años, fuera la simulación absoluta o relativa, intentada por las partes o terceros. Esta última ha sido la solución consagrada por la Ley 17.711, que dispuso un agregado al Art.4030 que pone término a la cuestión en la forma indicada. Hay que añadir que el nuevo párrafo agregado este artículo, que dispone que sólo alude a la acción entre las partes. ¿Significa esto que cuanto la acción es ejercida por terceros la prescripción es decenal? Tal opinión, fundada en el argumento a contrario, parece insostenible. Si ya antes de la sanción de la Ley 17.711 la opinión prevaleciente en nuestra doctrina y jurisprudencia era que el plazo de dos años era aplicable tanto a la acción ejercida por las partes como por terceros, no se alcanza a comprender por qué la omisión de la nueva ley referida a los terceros ha de extender en su caso el plazo a diez años. Por lo demás, no hay razón alguna que justifique un plazo mayor para el supuesto de que la acción sea ejercida por terceros, lo cual permite la aplicación analógica del plazo fijado para las partes. Cuando la acción es ejercida por terceros, el plazo comienza a correr desde que el interesado accionante ha tenido conocimiento de la simulación; No basta una simple sospecha; Recién cuando el conocimiento es pleno empieza el plazo. Cuando la acción es intentada por las partes, la prescripción corre, no desde la fecha de celebración del acto, sino desde que una de ellas exteriorice su propósito de desconocer la convención oculta y prevalerse del acto aparente. Inoponibilidad del acto simulado con relación a terceros de buena fe (Art.996 del Código Civil): La simulación será inoponible cuando terceros de buena fe se relacionan negocialmente con las partes simulantes. Pero también es necesario que el contradocumento no figure en la escritura matriz ni en la copia, por mérito de las cuales hubiera obrado el tercero, pues si estaba allí transcripto el contra–instrumento, ese tercero no podría invocar el desconocimiento y la buena fe. Pero, además, no debe tratarse de un acto a título gratuito entre la parte y el tercero, con ventaja solamente para el tercero, pues en este caso no cabría la inoponibilidad de la nulidad que implica la simulación (Art.1051, modificado por la Ley 17.711).

  1. Fraude: Concepto: El fraude es, al igual que la simulación, un acto o negocio de engaño, contrario a la verdad, pero en vez de ficticio es real, y tendiente a eludir obligaciones. En un sentido estricto, el fraude también es un acto contrario a la buena fe, como vicio propio del acto jurídico, pero no como vicio de la voluntariedad del acto. Esto quiere decir que en el fraude la voluntad no padece vicios, pero, en cambio, implica un actuar de mala fe en perjuicio de los acreedores.


Es sabido que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores, en el sentido de que el deudor, cuando se obliga, lo hace respaldado en su patrimonio activo y suficiente, y el acreedor también adquiere su Derecho creditorio, teniendo en cuenta ese patrimonio del deudor que el día del pago -obligación exigible- permitirá el cumplimiento o será la base para responder si aquél no cumple. La noción de fraude hace referencia a: Actos del deudor que disminuyen el patrimonio, provocando la insolvencia o agravándola, e impidiendo de tal modo la satisfacción de los créditos o las responsabilidades del deudor, con perjuicio para los acreedores. Acción revocatoria o pauliana: Esta acción, llamada revocatoria o “pauliana” (en homenaje al pretor Paulus, que habría sido quien la concediera en su edicto por primera vez), la interpone un determinado acreedor, con el objeto de evitar que los efectos del acto fraudulento lo perjudiquen, permitiéndole liquidar su crédito ejecutando los bienes que constituyeron el objeto del negocio jurídico celebrado en su perjuicio. En la nota al Art.961, el codificador explica: “La acción pauliana que llamaban los romanos, no tiene por objeto ni por resultado hacer reconocer un Derecho de propiedad a favor del que la ejerce, no a favor del deudor, sino sólo salvar el obstáculo que se opone a las pretensiones del acreedor sobre los bienes enajenados. Es siempre una acción meramente personal”. Requisitos de procedencia: El Art.962 establece los tres requisitos que deberán concurrir para que la acción de fraude pueda entablarse, a saber: 1°) “Que el deudor se halle en estado de insolvencia, este estado se presume desde que se encuentra fallido”. La insolvencia es un desequilibrio patrimonial constante en que el pasivo supera al activo. Si el deudor se encontrare en quiebra o concurso, la le presume iuris et de iure (es decir, sin posibilidad de prueba en contrario) la insolvencia; 2°) “Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que antes ya se hallase insolvente”. El actor tiene a su cargo acreditar la relación de causalidad entre la insolvencia provoca o agravada en el patrimonio del deudor y e acto celebrado que se intenta impugnar; 3) “Que el crédito en virtud del cual se intenta la acción, sea de una fecha anterior al acto del deudor”. Resulta de toda lógica concluir que los acreedores cuyos créditos se hayan originado con posterioridad a la salida de los bienes del patrimonio del deudor y el acto celebrado que se intenta impugnar. Efectos de la revocatoria del acto: El acto fraudulento se torna inoponible al acreedor accionante. La revocación del negocio que ha causado perjuicio al acreedor que demanda, no importa la nulidad de aquél, sino sólo le quita eficacia relativamente al interesado. En consecuencia, los efectos de la acción pauliana se limitan al importe del crédito que la hubiere solicitado (Art.965). El acto inoponible seguirá siendo válido entre las partes y los demás terceros. En cuanto a los efectos entre las partes, como el acto impugnado permanece válido entre ellas, corresponde establecer si el tercero adquiriente del bien que debió ser restituido como consecuencia de la acción pauliana, puede demandar al deudor por los perjuicios que ello le hubiere originado. Si luego de satisfecho el crédito del acreedor accionante, quedare un remanente, dicha suma pertenecerá al tercer adquiriente, pues el negocio impugnado continúa con plena vigencia entre partes. Asimismo, el Art.966 dispone que el tercer adquiriente podrá hacer cesar la acción pauliana satisfaciendo el crédito de los acreedores que se hubiesen presentado, o dando fianza suficiente sobre el pago íntegro de sus créditos si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. Con relación a los subadquirientes, es decir, quienes hubiesen recibido a su vez el bien del tercero, la acción de los acreedores defraudados sólo procederá cuando esa segunda transmisión haya sido a título gratuito, o bien, si lo fue a título oneroso, en caso de demostrarse que hubo complicidad en el fraude por parte del nuevo receptor (Art.970). Finalmente, si el tercer adquiriente ha transmitido la cosa a un subadquiriente de buena fe o el bien se hubiere perdido, aquel será responsable frente a los acreedores por los daños y perjuicios irrogados. Semejanzas y diferencias con la acción de simulación ejercida por los acreedores: En alguna época de la evolución de las acciones integrativas del patrimonio, pudo no haber sido clara la distinción entre ambas acciones. Hoy la legislación, la doctrina y la jurisprudencia las han perfilado con absoluta claridad e independencia recíproca. Así, se señala que: a) La acción de simulación pretende anular un acto ostensiblemente simulado para que éste no produzca sus efectos, y sí lo haga el acto real, si lo hay, o no haya efecto alguno si se trata de simulación absoluta. La acción revocatoria se dirige siempre contra un acto real, pero perjudicial;

b) La acción de simulación persigue la nulidad de un negocio jurídico. La acción revocatoria pretende la declaración de inoponibilidad; c) La acción de simulación, al anular un negocio, beneficia por igual a todos los acreedores. La revocatoria del Derecho Civil beneficia sólo a los acreedores que la han intentado, y en la medida de sus créditos (salvo, reiteramos, que se ejerza la acción revocatoria en la quiebra, que beneficia a todos los creedores); d) No son recaudos de la acción de simulación que el crédito de quien la intenta sea de fecha anterior al acto, ni que el acto haya provocado o agravado la insolvencia; e) Los plazos de prescripción son distintos. Pero, como ya hemos señalado, como muchas veces los acreedores pueden no saber si el acto es real y fraudulento, o simulado, ambas acciones pueden ejercerse acumuladamente. Lo mismo, en el supuesto de quiebra del deudor. Prescripción de la acción: El Art.4033 dispone: "La acción de los acreedores para pedir la revocación de los actos celebrados por el deudor, en perjuicio o fraude de sus Derechos, se prescribe por un año, contado desde el día en que el acto tuvo lugar, o desde que los acreedores tuvieron noticia del hecho". Argañarás sostiene que la primera hipótesis casi no tiene ámbito de aplicación, pues es muy improbable que el acreedor haya conocido el acto desde el mismo día de su celebración. Pero la cuestión dificultosa es: ¿Quién debe probar cuándo se produjo el conocimiento del hecho? Según Argañarás, "al demandado que se ampara en la prescripción le incumbiría la contraprueba de que el accionante conoció el hecho con anterioridad al tiempo de la prescripción...", aceptando que esa prueba puede consistir en la notoriedad del acto. Sin embargo, la jurisprudencia, fijada en casos ya muy antiguos, se ha inclinado por sostener que el plazo de prescripción se computa desde el día en que se realizó el acto impugnado; Si el acreedor pretende que lo conoció con posterioridad, le incumbe la carga de la prueba

  1. Lesión: Noción: La lesión como vicio del consentimiento –así lo define el Dr. Rabinovich– se produce cuando una de las partes intervinientes en el acto jurídico aprovecha el estado de necesidad en que se encuentra la otra para obtener una ventaja patrimonial desproporcionada con la contraprestación a su cargo. Su fundamento radica en el amparo de la parte débil, cuya voluntad se halla presionada por las gravísimas circunstancias que atraviesa (elemento subjetivo), las que deberán demostrar, mediante toda clase de elementos probatorios, asó como también la existencia de una ventaja patrimonial ostensiblemente desequilibrada y sin justificación (elemento objetivo). Lesión objetiva y subjetiva: En la evolución histórica de la lesión, primero fue la lesión objetiva, que se llamó lesión enorme o enormísima. Algunas legislaciones posteriores, como el Código alemán, ya avanzan más allá de la llamada lesión enormísima (objetiva), para considerar elementos subjetivos, que son los que provienen del aprovechamiento de una situación precaria por la que pasa el contratante lesionado, víctima de la desproporción. Este último es el rumbo de mayor difusión actual, pero muchas veces combinándose el aspecto objetivo, o sea, la inequivalencia grave de las prestaciones, sumada al aspecto subjetivo, es decir, el aprovechamiento de un particular estado de debilidad e inferioridad en la víctima perjudicada por el acto, estado que es la causa de su consentimiento en la realización de un negocio desproporcionado.

Art.954 del Código Civil: El agregado de la Ley 17.711 fue el nuevo Art.954: “Podrán anularse los actos viciados de error, dolo, violencia, intimidación o simulación” (se añaden la violencia y la intimidación –como dos supuestos distintos–, y se retiró el fraude). Y luego vino lo que aquí nos interesa: “También podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.

Los cálculos deberán hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción deberá subsistir en el momento de la demanda. Sólo el lesionado o sus herederos podrán ejercer la acción cuya prescripción se operará a los cinco años de otorgado el acto. El accionante tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas acciones se transformará en acción de reajuste si éste fuere ofrecido por el demandado al contestar la demanda”.
Lesión presumida: Estatuye el Art.954 que cuando la desproporción entre las prestaciones es notable, se presume la explotación. Notable aquí significa que salta a la vista, se ve inmediatamente, que se presenta sin necesidad de una evaluación complicada y dudosa. Es más que evidente, pues no requiere una comprobación y razonamiento que explique la presencia de la desproporción. La ley, en este caso, ha querido facilitar la prueba, de manera que establece que cuando haya una desventaja a simple vista verificable y muy importante, se producirá la presunción iuris tantum de la existencia de la explotación. Luego, a la otra parte, la que saca ventaja con el acto, le corresponderá probar que no hubo explotación suya del estado de inferioridad.

Requisitos de la acción: Además de los elementos expuestos, se requiere que la desproporción se mantenga hasta el tiempo de la demanda misma. Otro requisito es que se trate de un acto o negocio en el que se comprometan ambas partes, cada una con una prestación, es decir, actos jurídicos onerosos. Se discute si en algún caso de contratos aleatorios –lo que significa que una de las partes corre voluntariamente un albur en cuanto a la posibilidad de su ventaja, lo cual se llama un alea aceptada desde el principio–, tal la convención de renta vitalicia, es permitido invocar la lesión si el alea, por inexperiencia, necesidad o ligereza es mucho mayor de lo que normalmente suele ocurrir en esos actos. La jurisprudencia ha considerado esta situación y admitido la lesión en algún caso.

Efectos: Producida la lesión, dos cosas puede pedir el perjudicado: La nulidad del acto o el reajuste de las prestaciones, A su vez, el que sacó ventaja puede, ante la demanda, ofrecer el reajuste de esas prestaciones. Por la nulidad, tratándose de un acto anulable de nulidad relativa, se llega a la invalidación del negocio y a la devolución de las cosas hasta colocarse las partes en la situación que estaban antes de que se celebrara el acto. Por el reajuste, la parte ofrece dar un plus para equilibrar las prestaciones, o bien, ofrece equilibrarlas en la medida en que el juez lo disponga según la equidad.

Prescripción: La Ley 17 711 dispuso un plazo de prescripción de cinco años, computado a partir de la celebración del acto. Parte de la doctrina ha propiciado otros criterios; Así Moisset de Espanés dice que el plazo debería ser de un año, por tratarse de una acción de rescisión, asimilable a la pauliana; Cáceres y Brebbia sostienen que debería ser de dos años, para unificar el plazo de prescripción de todas las acciones de nulidad de los actos jurídicos. Carranza y Masnatta opinan que debe fijarse un plazo de caducidad de un año, tal cual fue propiciado por el III Congreso de Derecho Civil.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

similar:

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconParte general del derecho civil y personas

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General icon1. 1 Derecho penal parte general

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconDerecho general como base de la parte especial

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General icon* Libro de Texto: derecho penal. Parte general de Quintero, Morales y Prats

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconPrimera parte. El Derecho Civil: concepto y contenido actuales

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconFacultad de derecho departamento de derecho civil y de familia

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconTeoria de los contratos conexos. Algunas de sus aplicaciones. Especial...

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconInstrucción de la «Causa general»
«Causa general» sobre los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconEl Doctor Francisco Sintura Varela, Ex Vicefiscal General de la Nación,...

Apunte General: Derecho Civil I – Parte General iconResumen Se plantea un panorama general de los desarrollos recientes...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com