Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




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Unidad IV: Derechos Personalísimos

  1. Derechos de la Personalidad: Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. Constitucionalización de los Derechos Civiles. Tratados Internacionales. Los Derechos Humanos como orden supranacional. Derechos Humanos: Categorías generacionales. Jerarquía de los Derechos Personalísimos. Operatividad o programaticidad de los Derechos. Protección Constitucional.

  2. Derecho a la vida: Noción. Caracteres y problemática frente al Derecho a la vida. Protección.

  3. Derecho a la integridad física y a la salud: Concepto. Alcance. Protección. Derecho sobre el cuerpo. Derechos del paciente: Derecho al diagnóstico. Consentimiento informado del paciente. Muerte digna (Ley 26.742). Ablación y trasplantes. Entre vivos. Donación cadavérica. Prohibiciones. Régimen legal.

  4. Derecho a la Identidad. Noción. Aspectos: Estática y dinámica. Derecho a conocer los orígenes. Adopción. Fecundación asistida Heteróloga: Verdad biológica (identidad estática). Voluntad procreacional (identidad dinámica). Identidad y prueba genética (Ley 23.511). Convención de los Derechos del Niño. Ley 26.061. Interés superior del niño.

  5. Derecho a la propia imagen. Ámbito de protección. Privacidad del contenido de los modernos sistemas electrónicos de comunicación. Protección legal.



  1. Derechos de la Personalidad: Concepto: Se denominan así los Derechos innatos del hombre cuya privación importaría el aniquilamiento o desmedro de su personalidad, tales como el Derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al honor, etc. Naturaleza jurídica: Siguiendo el libro del Dr. Llambías, opina que la naturaleza de los Derechos de la Personalidad no son nada pacíficas. Existen, entonces, dos doctrinas que intentan explicar la naturaleza jurídica de tales Derechos: La primera, atribuida al Dr. Orgaz, considera que los denominados ‘Derechos de la Personalidad’ no son Derechos Subjetivos porque faltaría un ‘deber jurídico’, como así también un ‘objeto’. Finaliza, entonces, diciendo que tales Derechos de la personalidad no son susceptibles de adquisición, modificación, transferencia o extinción, lo cual sería demostrativo de que no constituyen verdaderos Derechos Subjetivos, sino bienes personales tutelados por el Derecho Objetivo. La segunda, atribuida al Dr. Borda y compatible con la opinión prevaleciente, opina que los Derechos de la Personalidad son verdaderos Derechos Subjetivos, aún cuando también revistan por su trascendencia el carácter de presupuestos jurídicos de la persona. Se observa, entonces, que esta clase de Derechos (los personalísimos) poseen un ‘deber jurídico’ que pesa sobre todos los integrantes de la sociedad. Y, en cuando a la objeción de la falta de ‘objeto’, piensa Borda que si bien idealmente el honor, la libertad, la integridad física, deben integrar la personalidad humana, en la práctica puede darse perfectamente el caso de que una persona se vea privado de ellos: Son por consiguiente, separables del sujeto y en cuanto elementos separados pueden construir el objeto de un Derecho. Caracteres: Por su índole, estos Derechos presentan los siguientes caracteres: a) Son innatos, o sea corresponden al titular desde su nacimiento; b) Son vitalicios, en cuanto acompañan al ser humano durante toda su vida; c) Son inalienables, en cuanto no son susceptibles de enajenación por ningún título: Los bienes morales a que se refiere están fuera del comercio; d) Son imprescriptibles, porque no son alcanzados por el efecto del tiempo que no influye en su pérdida, no obstante el abandono o dejadez del titular: Así siempre podrá accionar en defensa de su honor la persona aún cuando por largo tiempo hubiese consentido los actos lesivos del mismo; e) Son de carácter extrapatrimonial, aún cuando la lesión de estos Derechos pueda hacer nacer Derechos patrimoniales; f) Y son absolutos en cuanto se ejerce ‘erga-omnes’ porque no se tienen contra alguien en particular, sino contra quienquiera los vulnere.



Constitucionalización de los Derechos Civiles: Con la reforma Constitucional de 1994, se han incorporado a nuestra Constitución los Derechos personalísimos o de la personalidad, por lo que de ahora en adelante tienen jerarquía Constitucional. Su incorporación ha sido indirecta, porque no se los ha incluido en el catálogo de Derechos individuales, sino a través de la incorporación de estos Derechos en el Art.75, Inc.22, de nuestra Constitución Nacional, otorgando carácter Constitucional a los Derechos Humanos y Personales. Tratados Internacionales: Se puede señalar como consagratorios de estos Derechos: Los Tratados de Derechos Humanos; El Pacto de San José de Costa Rica; La Convención sobre los Derechos del Niño; Las Convenciones Internacionales sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación (racial y contra la mujer); El Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y otros afines. Los Derechos Humanos como orden supranacional: En 1983, el Congreso sancionó la Ley 23.054 que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus procedimientos supranacionales, en especial el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica (el único que cuenta con un tribunal supranacional) y luego realizó el acto formal de su depósito internacional. Posteriormente la Constitución de 1994 le dio “jerarquía Constitucional,” al igual que a otros tratados, “en las condiciones de su vigencia,” lo cual remite al modo en que los organismos supranacionales los aplican e interpretan. Lo mismo ocurre con los demás pactos de Derechos Humanos: Pueden y deben ser aplicados por nuestros tribunales. La Convención Americana de Derechos Humanos, al igual que los demás tratados internacionales de Derechos Civiles y Políticos, contienen una importante enumeración de garantías individuales y libertades públicas que constituyen un importante progreso en materia de Derechos individuales. Derechos Humanos: Categorías generacionales: Aunque la mayoría de las doctrinas jurídicas distinguen varias generaciones de Derechos humanos, existen múltiples y diferentes clasificaciones de los Derechos Humanos. Si bien la mayoría de los juristas aceptan que existen en la actualidad tres generaciones de Derechos Humanos, existen teorías que hablan de cuatro e incluso cinco generaciones más. La división de los Derechos humanos en tres generaciones fue concebida por primera vez por Karel Vasak en 1979. Cada una se asocia a uno de los grandes valores proclamados en la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad). Los Derechos de primera generación son los Derechos civiles y políticos, vinculados con el principio de libertad, donde generalmente se consideran Derechos de defensa o negativos, que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la esfera privada. Por su parte, los Derechos de segunda generación son los Derechos económicos, sociales y culturales, que están vinculados con el principio de igualdad, que exigen para su realización efectiva de la intervención de los poderes públicos, a través de prestaciones y servicios públicos. Y, por último, a la tercera generación de Derechos, surgida en la doctrina en los años 1980 y vinculada con la solidaridad, los unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones en un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ella Derechos heterogéneos como el Derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, aunque diferentes juristas asocian estos Derechos a otras generaciones, algunos hasta a una cuarta generación. Jerarquía de los Derechos Personalísimos: La tesis tradicional de la Corte postula la igualdad jerárquica entre los Derechos consagrados por la Constitución. El Máximo Tribunal descarta así toda solución que establezca, a priori, un orden jerárquico entre los Derechos Constitucionales. Un buen ejemplo de quienes postulan la existencia de un orden jerárquico entre los Derechos fundamentales es el Constitucionalista argentino Miguel Ángel Ekmekdjian; Para determinar la jerarquía de los Derechos, este Constitucionalista propone varias metodologías complementarias, que examina el valor relativo de los Derechos, pero las analizaremos en este trabajo. Luego de estas clasificaciones parciales, Ekmekdjian llega a una última clasificación que no la considera definitiva, sino abierta a críticas: La jerarquía de los Derechos sería así: 1°) Derecho a la dignidad humana y sus derivados (libertad de conciencia, intimidad, defensa, etc.); 2°) Derecho a la vida y sus derivados (Derecho a la salud, a la integridad física y psicológica, etc.); 3°) Derecho a la libertad física;

4°)Los restantes Derechos personalísimos (propia identidad, nombre, imagen, domicilio, etc.); 5°) Derecho a la información; 6°) Derecho de asociación; 7°) Los restantes Derechos personales; 8°)Los Derechos patrimoniales.

Operatividad o programaticidad de los Derechos: Cuando el reconocimiento que la Constitución hace de los Derechos Subjetivos, otorga al titular de éstos la facultad de exigir coactivamente su cumplimiento, se dice que es operativo. En cambio es pragmática la norma Constitucional cuando la prerrogativa o facultad que ella otorga no basta para extender al beneficiario la protección jurisdiccional, sino que es necesaria una ley para que ella sea operativa. Protección Constitucional: Con la Constitucionalización de estos Derechos, pasan a tener una jerarquía Constitucional. Todos los Derechos personales consagrados por la legislación argentina (ya sea a través de sus normas internas o por ratificación de tratados internacionales de esta índole) gozarán de la protección de los tribunales nacionales, supranacionales (en caso de lesión a Derechos consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos) e internacionales (en caso de lesión a los Derechos consagrados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la ONU).

  1. Derecho a la Vida: Noción: Este Derecho consagrado por los Tratados está concebido como un Derecho inherente a la persona. Estará protegido por la ley, expresan, pero además la Convención Americana de Derechos Humanos, aclara que la protección lo es a partir del momento de la concepción. Caracteres: La vida como objeto de Derecho primario no es una vida calificada. No se trata de una vida digna, ni confortable, ni fácil. Es un Derecho existencial; Existe desde el cuerpo y para el cuerpo. Ese cuerpo sólo puede intervenir en el proceso existencial si tiene vida: Sin vida, por lo tanto, no hay cuerpo: Hay cadáver. Problemática frente al Derecho a la Vida: A diferencia de lo que ocurre con otras facultades, sólo se debaten los límites de estos Derechos, positivos y negativos, pero no su existencia, como lo acabamos de explicar. Sin embargo, existen aún dos sombras en ese cuadro, desde el punto de vista normativo abstracto: El aborto y la pena de muerte. Según la opinión de Bidart Campos, el aborto viola el Derecho a la vida, desde que la persona es considerada tal desde la concepción. Ni siquiera el aborto por motivos terapéuticos, eugenésicos, sentimentales, podría purgarse. Este autor, no vale para nada el argumento del Derecho materno a la intimidad o privacidad, porque abortar no es una acción privada autorreferente, desde que se proyecta a un tercero, que es el hijo concebido que no tiene posibilidad de defensa propia. Ninguna acción que compromete Derechos o bienes de terceros puede suponerse resguardada en el Derecho a la intimidad o a la moralidad autorreferente o personal del autor. En el otro caso, hay que recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos ha abolido la pena de muerte. Nuestro país, con la sanción de la Constitución de 1853, abolió sólo las penas por causas políticas. Lo hizo definitivamente en 1984 (en el regreso a la democracia) con la Ley 23.077, e intentar legalizar nuevamente esta pena sería inconstitucional. Protección: Con la inclusión en la Nueva Constitución de la fórmula del Pacto de San José de Costa Rica, acerca de la consagración expresa del Derecho a la vida a partir de la concepción, refuerza el argumento de que todo tipo de aborto es inconstitucional.

  2. Derecho a la integridad física y a la salud: Concepto: Según la Organización Mundial de la Salud, “Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades”. Alcance y Protección: En la Argentina, el Derecho a la Salud está garantizado por la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994, que incluyó en el texto constitucional los pactos y convenciones que lo establecen en el nivel internacional, tienen Jerarquía Constitucional Nacional y no pueden ser desconocidos por las Constituciones de las Provincias ni por las Reglamentaciones del poder Ejecutivo Nacional, Provincial o Municipal.

Derecho sobre el cuerpo: El Dr. Cifuentes llama a la primera clase de Derechos aquí enunciados en el título, “Derecho al Cuerpo”, definiéndolo como “la parte orgánica del hombre, que importa el soporte físico de la vida y se une a ella de modo que puede sostenerse que el hombre es corpóreo y que el cuerpo no es una cosa, en su acepción de objeto material susceptible de valor y tampoco, por ende, puede ser objeto del Derecho de propiedad”.

Derechos del paciente: Según el Art.2° de la Ley 26.529, “Derechos del paciente. Constituyen Derechos esenciales en la relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, los siguientes:” a) Asistencia; b) Trato digno y respetuoso; c) Intimidad; d) Confidencialidad; e) Autonomía de la Voluntad; f) Información Sanitaria; g) Interconsulta Médica. Derecho al diagnóstico: Según el punto f del Art.2° de la ley citada; “El paciente tiene Derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud. El Derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información”. El Dr. Rabinovich-Berkman declara que “en la Argentina es tradición mentir al enfermo grave, inventarle dolencias menores, y vertir la verdad por detrás a sus familiares”. Comenta éste entonces, que hay quienes sostienen que no debe decirse al paciente la verdad, pues se arruinaría su último segmento de vida. El Dr. Rabinovich sostiene firmemente que al ocultar información sobre su estado de salud, “se lo priva de la posibilidad de reproyectarse, sobre la base del nuevo límite de tiempo”, y finaliza con algunas reflexiones; “¿Qué normas dan poder supremo de cercenar la posibilidad de un semejante de reproyectarse y luchar por su vida? ¿Quién podría alegar un interés mayor en la realización existencial del enfermo, que él mismo?”, haciendo alusión a que nadie le da, o nadie le puede dar, el Derecho al médico de decidir qué información proporcionarle al paciente y que no.

Consentimiento informado del paciente: Según el Art.5° de la Ley 26.529; “Entiéndase por consentimiento informado, la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados”.

Muerte digna: La Ley 26.742 viene a modificar la antigua Ley 26.529 en varios de sus puntos, los cuales el único que nos interesa es su Art.2° que expresa; “Modificase el inciso e) del artículo 2° de la Ley 26.529 —Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud— el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘e) Autonomía de la voluntad. El paciente tiene Derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad’”.

Ablación y trasplantes: El Art.2° de la Ley 24.193 –Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos-, en sus disposiciones generales, expresa; “La ablación e implantación de órganos y materiales anatómicos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursos disponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativa terapéutica de la salud del paciente…”. Entre vivos: El Art.14° de la ley citada expresa; “La extracción de órganos o materiales anatómicos en vida con fines de trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos 15 y concordantes de la presente ley, estará permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la salud del receptor...”. Donación Cadavérica: El Art.18 expresa; “Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible ablacionar a personas vivas órganos o materiales anatómicos que pudieren ser implantados en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres”. El Art. 19 bis y ter complementan lo expuesto en el artículo anterior: Art.19 bis: “La ablación podrá efectuarse respecto de toda persona capaz mayor de DIECIOCHO (18) años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado…”; Art.19 ter: “En caso de fallecimiento de menores de DIECIOCHO (18) años, no emancipados, sus padres o su representante legal, exclusivamente, podrán autorizar la ablación de sus órganos o tejidos especificando los alcances de la misma”.

Prohibiciones: Una interpretación estricta del Art.27 de la ley ya citada nos conduce a que quedan prohibidos: a) Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o materiales anatómicos, en vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro; b) La inducción o coacción al dador para dar una respuesta afirmativa respecto a la dación de órganos; c) Los anuncios o publicidad en relación con las actividades mencionadas en esta ley, sin previa autorización de la autoridad competente, conforme a lo que establezca la reglamentación.

Régimen legal: El Art.1° de la Ley de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos expresa; “La ablación de órganos y tejidos para su implantación de cadáveres humanos a seres humanos y entre seres humanos, se rige por las disposiciones de esta ley en todo el territorio de la República” y por las modificaciones hechas a la misma por la Ley 26.066.

  1. Derecho a la Identidad: Noción: Esta noción se ha consolidado en los últimos años. La identidad personal es ser uno mismo, representado por sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la misma verdad de las personas. Ser uno mismo significa serlo aparentemente también en el conocimiento, en la opinión de otros, significa serlo también socialmente. Es ésta proyección la que puede ser lesionada y que, por ser un bien jurídico, merece tutela. Se trata de la intención que posee la persona de afirmar su propia individualidad. La persona tiene Derecho a no ser confundida con las demás. La identidad personal es entonces el conjunto de atributos y características psicosomáticas que permiten individualizar a la persona en sociedad. Aspectos: Los atributos y características que definen en su totalidad a la personalidad que se exterioriza pueden ser elementos estáticos, invariables, o dinámicos, fluidos en el proceso de cambio y enriquecimiento. Estática y Dinámica: Los estáticos son los primeros que se hacen visibles frente a la percepción de los demás en el mundo exterior, como son el nombre, el seudónimo, la imagen y otras características físicas que lo distinguen. La identidad dinámica se configura con el patrimonio ideológico y cultural de la personalidad. Es la suma de pensamientos opiniones, creencias, actitudes, comportamientos de cada persona que se explayan en el mundo de la intersubjetividad.

Derecho a conocer los orígenes: Por Ley 23.849 queda incorporada a la legislación Argentina la Convención sobre los Derechos del Niño, que expresa en su Art.7°, primer párrafo; “El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá Derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser criados por ellos”. Y su Art.8 expresa también; “Los Estados Parte se comprometen a respetar el Derecho del niño a preservar su identidad, incluso su nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas”. “Cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”. Adopción: Por Ley 24.779, el Congreso Nacional agrega a nuestro Código Civil el Libro Primero, Sección Segunda, Título IV, De la adopción. Entonces, el Art.328 de nuestro Código expresa; “El adoptado tendrá Derecho a conocer su realidad biológica y podrá acceder al expediente de adopción a partir de los dieciocho años de edad”.

Fecundación asistida Heteróloga: Verdad Biológica (identidad estática): Como consecuencia de la utilización de métodos científicos efectuados con el loable fin de superar la esterilidad masculina y femenina, nacen tensiones entre los niños concebidos mediante procedimientos de fecundación Heteróloga (que desean hacer uso de su Derecho de saber y conocer su origen, su verdad biológica) y los donantes de gametos (que también hacen uso de su Derecho a la autonomía y al anonimato). Y es que dentro de esos fenómenos sociales, resulta de singular importancia la situación jurídica del niño concebido respecto del donante de gametos y del marido de la progenitora. Es que, en efecto, “la carga genética extraña y además anónima será una influencia definitiva en el futuro desarrollo del individuo concebido de ese modo”. Es obvio que estamos frente a un problema de filiación. Por desgracia, no existe legislación que regule la filiación entre los niños nacidos a causa de este método científico y los padres que donan en forma anónima gametos y otros materiales genéticos de esta índole. Pero, algo de esto ya se había hablado en el III Congreso de Derecho Civil, celebrado en Córdoba en 1961, lo cual, al parecer, contribuyó al nuevo Proyecto de Reforma del Código Civil, lo cual ensaya posibles respuestas a la problemática explicada. A tal efecto, en su Capítulo referido a las “Reglas Generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida”, dicta una disposición (Art.564) que establece; “…A petición de las personas nacidas a través de estas técnicas, puede: a) Revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial…” y su inciso b) establece, además, que puede “obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante, cuando hay riesgo para la salud”. Voluntad procreacional (identidad dinámica): Supongamos que una mujer alquila su vientre a una pareja válidamente casados con el fin de practicar inseminación artificial mediante la utilización de gametos del hombre casado y acuerdan que, el hijo que nacerá, será entregado al matrimonio para ser criado por ellos y declararlo suyos emplazando al cónyuge como madre. Y es aquí que nos encontramos con una nueva dificultad: Una diferencia total entre voluntad procreacional y verdad biológica respecto de la maternidad. Supongamos otro caso; Si por el método heterólogo se fecunda a una mujer (madre gestacional) a través de la utilización de gametos donados por ambos cónyuges (es decir, el espermatozoide del marido y el óvulo de la esposa), luego de lo cual se produciría la entrega del recién nacido al matrimonio, pero el matrimonio se disuelve antes del nacimiento del niño, ya sea por divorcio o por el fallecimiento de la madre o ambos cónyuges. Entonces, si la madre gestacional, como lo expresa el Art.242 de nuestro Código Civil, lo registra en el Registro Civil como suyo presumiendo ser la madre biológica, no sólo se estaría emplazando a la madre gestacional en lugar de la madre genética (en desmedro de la verdad biológica), sino que también se estaría emplazando a la voluntad procreacional de la mujer casada (ya fallecida). En fin, la madre gestacional quedaría de cualquier manera emplazada como madre legal del niño, y el marido del matrimonio (si siguiese vivo) quedará emplazado como padre legal. En todo caso, por el momento la cuestión excede el objeto del presente, lo que evidencia la necesidad urgente de regulación en el tema.

Identidad y prueba genética (Ley 23.511): El Art.4 de la mencionada ley determina que; “Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y enseñanzas científicas en la materia, a negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente…”.

Convención de los Derechos del Niño (Ley 26.061): Esta ley, promulgada el 26 de Octubre de 2005, crea un sistema de protección de los Derechos de todos los niños, niñas y adolescentes del país, en cuya base se encuentra el conjunto de políticas públicas básicas y universales para el pleno desarrollo de los chicos en todas las áreas: Educación, salud, cultura, recreación, participación ciudadana, etc.; Y define las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado en relación con esos Derechos. Interés superior del niño: siguiendo la Ley 26.061 –De la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes-, en su Art.3° expresa: “A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los Derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de Derecho; b) El Derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus Derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los Derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida… Este principio rige en materia de patria potestad… Filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los Derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros Derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.

Derecho a la Identidad Sexual: Entre los Derechos existenciales más cuestionados actualmente están los que defienden la autoconstrucción sexual del sujeto en sí mismo y en los demás. Esta cuestión es coincidente con la de otras “identidades” también dadas por las circunstancias ajenas a la capacidad proyectual del existente. Concepto: El homosexual es la persona que se siente atraída por individuos del mismo sexo. Se siente y vive como hombre (o mujer), física y psíquicamente. Goza mediante sus partes genitales, pero le gusta el sexo igualitario.

Ley 26.743: Derecho a la Identidad de Género: Su Art.1° expresa que: “Toda persona tiene Derecho: a) Al reconocimiento de su identidad de género; b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto del/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”. Y su Art.2° define: ”Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”.

  1. Derecho a la propia imagen: La imagen es la representación física de la persona. Así como el nombre es la individualización y por medio de su uso pueden lesionarse el honor y la intimidad, también los rasgos caracterizantes del cuerpo y de sus cualidades la individualizan, como si fuera una impronta o marbete, que la señala de modo muy significativo. Ámbito de protección: El Art.31, de la Ley 11.723 –del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual– establece: “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre”. Privacidad del contenido de los modernos sistemas electrónicos de comunicación: El Dr. Cifuentes señalar que hoy no se considera suficiente la protección por difusión de la fotografía, sino de cualquier exteriorización de los rasgos físicos caracterizadores de la persona (retrato, caricatura, dibujo, cinematografía, televisión, representación escénica, y lasta la voz muy peculiar). Protección legal: Actualmente, no existe en la legislación argentina una ley específica que proteja el Derecho a la imagen y sancione su intromisión, pero existen leyes generales y artículos de nuestro Código Civil que sí lo hacen. Es así que en la Ley 11.723 ya citado con anterioridad, protege en cierta medida este Derecho. También, la Ley 25.326 tiene por objeto (según una interpretación estricta de su Art.1°) la protección integral de los datos personales asentados en los bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos para garantizar el Derecho al honor y a la intimidad de las personas. Por último, encontramos en nuestro Código Civil, en su Art.1071 bis; “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación”.
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