Apunte General: Derecho Civil I – Parte General




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Unidad VII: Fin de las Personas Físicas

  1. Muerte natural: Concepto. Muerte como hecho jurídico. Prueba. Prueba supletoria. Teorías de los Conmorientes. Prueba de la muerte en la Ley de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos. Declaraciones de voluntad. Derechos sobre el cadáver. Efectos de la muerte con relación a los Derechos de la persona: Patrimoniales, personalísimos y de familia.

  2. Muerte presunta: Régimen Legal. Especies. Declaración. ¿Quiénes pueden solicitarla? Juez Competente. Procedimiento. Día presuntivo del fallecimiento. Efecto con relación a los bienes, a los Derechos de Familia y a los Derechos de la Personalidad. Reaparición del ausente: Consecuencias. Ley 14.394.

  3. Desaparición forzada de personas: Régimen especial. Ley 24.321.

  4. Ausencia simple o declarada: Concepto. Requisitos. Procedimiento. Curador.



  1. Muerte natural: Concepto: Siguiendo el criterio del Dr. Rabinovich, el Código Civil Argentino fue muy claro al referirse al comienzo de la vida, pero no con relación a su final. Entonces, este autor escribe en su libro dos teorías modernas de muerte natural: La muerte cardíaca, en donde no hay muerte mientras lata el corazón; Y la muerte cerebral, en donde hay deceso si deja irreversiblemente de funcionar el cerebro, aunque el corazón no pare. Muerte como hecho biológico: La definición clásica de muerte como separación del alma y del cuerpo se caracteriza por una grave indigencia antropológica, pues presenta la muerte como algo que afecta solamente a la «corporalidad humana» y deja al «alma»  completamente intacta. Esta descripción considera la muerte como un hecho biológico: Cuando las energías biológicas del hombre llegan al punto cero, entonces sobreviene la muerte. Muerte como hecho jurídico: La muerte del ser humano es un hecho jurídico de gran trascendencia por las consecuencias de ese orden a que da lugar. La primera parte del Art.103 de nuestro Código Civil dice: "Termina la existencia de las personas por la muerte natural de ellas”. Prueba: El Art.104 de nuestro Código expresa: "La muerte de las personas, ocurrida dentro de la República, en alta mar o en país extranjero, se prueba como el nacimiento en iguales casos”. La partida de defunción extendida por el Registro Civil es la prueba legal idónea para acreditar el fallecimiento. A falta de ella, se admiten todos los medios de prueba. Prueba supletoria: A falta de documentos, la Ley 14.394 agrego un párrafo al Art.108 del Código Civil que dice: "En los casos en que el cadáver de una persona no fuese hallado el juez podrá tener por comprobada la muerte y disponer la pertinente inscripción en el registro, siempre que la desaparición se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte deba ser tenida como cierta. Igual regla se aplicara en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver". Teoría de los Conmorientes: Si en un supuesto, muriesen dos personas de las cuales son herederos ambas recíprocamente (marido y mujer), es necesario determinar quién murió primero, de esa forma, la herencia recaería en la persona que se mantuvo con vida más tiempo, y los herederos de éste recibirían el total de la herencia de los cónyuges. Con muy buen sentido Vélez Sársfield dejó, de lado la artificiosa teoría de los pre-morientes del Código francés y se atuvo una vez más al criterio de Freitas. Así dispuso en el Art.109, concebido en estos términos: "Si dos o más personas hubiesen fallecido en un desastre común o en cualquier otra circunstancia, de modo que no se pueda saber cuál de ellas talleció primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de Derechos entre ellas". Prueba de la muerte en la Ley de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos: Según los Art. 23 y 24 esta ley –Ley 24.193–: “El fallecimiento de una persona se considerará tal cuando se verifiquen de modo acumulativo los siguientes signos, que deberán persistir ininterrumpidamente seis (6) horas después de su constatación conjunta: a) Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia; b) Ausencia de respiración espontánea; c) Ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas; d) Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos y/o instrumentales adecuados a las diversas situaciones clínicas, cuya nómina será periódicamente actualizada por el Ministerio de Salud y Acción Social con el asesoramiento del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI)”. “A los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento deberá ser suscripta por dos (2) médicos, entre los que figurará por lo menos un neurólogo o neurocirujano. Ninguno de ellos será el médico o integrará el equipo que realice ablaciones o implantes de órganos del fallecido. La hora del fallecimiento será aquella en que por primera vez se constataron los signos previstos en el artículo 23”. Declaraciones vitales de voluntad: Según el Art.19 de esta ley de trasplantes: “Toda persona podrá en forma expresa: 1. Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos o tejidos de su propio cuerpo; 2. Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa de ablación a determinados órganos y tejidos; 3. Condicionar la finalidad de la voluntad afirmativa de ablación a alguno o algunos de los fines previstos en esta ley –implante en seres humanos vivos o con fines de estudio o investigación–“. Y complementa a esta disposición los párrafos quinto y sexto del Art.15 de la misma ley: “El consentimiento del dador o de su representante legal no puede ser sustituido ni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no será practicada. La retractación del dador no genera obligación de ninguna clase”. Derechos sobre el cadáver: Según esta ley de trasplantes, en caso de fallecimiento de menores de dieciocho años, sus padres o su representante legal podrán autorizar la donación de sus órganos. La falta de consentimiento de éstos eliminará la posibilidad de autorizar la ablación del cadáver. En caso de ausencia de éstos, el Ministerio Pupilar podrá autorizar la ablación (Art.19 ter). El establecimiento en cuyo ámbito se realice la ablación estará obligado a conferir en todo momento al cadáver del donante un trato digno y respetuoso (Art.25). Queda prohibida la realización; Sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley, sobre los cadáveres de pacientes neurológicos, y sobre el cadáver de una mujer que estaba embarazada (Art.27). Será reprimido con prisión de dos a seis años de prisión a las personas que extraigan indebidamente órganos o materiales anatómicos de cadáveres con propósito de lucro (Art.29). Efectos de la muerte: Patrimoniales: Los Derechos patrimoniales no se extinguen con la muerte de su titular, sino que se transmiten a los sucesores de éste, dando lugar a ese fenómeno jurídico de gran trascendencia denominado sucesión por causa de muerte o "mortis causa", es decir, que el titular de esos Derechos es reemplazado en ese carácter por otra o otras personas; De familia: La muerte disuelve el matrimonio y con ello extingue los Derechos y deberes conyugales que emanan de esa unión (Art.213, Inc.1° del Código Civil y Ley 23.515). Otro tanto pasa con la patria potestad (Art.306, Inc.1°, reformado por la Ley 10.903), la tutela (Art.455) y la curatela (Art.475); Personalísimos: Siendo los atributos calidades de las personas, en cuanto tales, la muerte incide en la eficacia jurídica de dichos atributos, de tal manera que la extinción de la persona importa también la de los atributos que se predicaban de ella. Así el "nombre" que servía para identificar a la persona se extingue con ésta, y otro tanto ocurre con la “capacidad" y el "domicilio". A este último respecto cuadra exceptuar al "domicilio convencional", que no siendo un atributo de la persona sino la condición de un contrato proyecta su eficacia más allá de la muerte de quien lo instituyó, afectando a los herederos de éste como otra consecuencia más del contrato. Asimismo cesan con la muerte los Derechos de la personalidad, tales como el Derecho a la vida, a la salud, a la libertad, al honor, etc., los cuales quedan sin titular. Finalmente se extinguen las acciones penales contra el difunto (Art.59, Inc1° del Código Penal), así como las acciones penales privadas o de instancia privada de que disponía aquél (Arts. 71 y ss. del Código Penal). Sin embargo la acción por calumnia o injuria puede ser ejercitada luego de la muerte del ofendido, por su cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes (Art.75 del Código Penal), pues por la índole del delito la lesión moral que provoca se extiende a los parientes mencionados, y éstos obran a nombre propio.



  1. Muerte presunta: Cuando una persona se ausenta del lugar de su domicilio o residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia alguna de su existencia, es dable presumir el fallecimiento del ausente, pues éste es el hecho que aparece revestido con una grande probabilidad, derivada precisamente de esa ausencia prolongada y de la falta de noticias sobre su paradero no obstante las averiguaciones efectuadas por sus allegados. En tales condiciones, y llenados los precisos recaudos que la ley prevé, se tiene al ausente por difunto, proyectándose esta presunción sobré las diferentes relaciones jurídicas que afectaban al desaparecido. Régimen legal: Vélez Sarsfield adoptó un sistema mixto combinando dos ideas diferentes: La idea de la declaración de muerte del Derecho germánico (a través de los trabajos de Freitas) y la idea de la ausencia del Derecho francés. Con ello organizó la institución de la "ausencia con presunción de fallecimiento". El régimen del Código Civil referente a este tema ha sido sustituido por el que organiza la Ley 14.394, Capítulo III, que se extiende desde el Art.22 al 32 inclusive de esa ley. Especies: La causa que hace presumir el fallecimiento de una persona es su ausencia del lugar de su domicilio o residencia, calificada por la falta de noticia alguna durante lapsos más o menos prolongados, según los casos. Con esos elementos el legislador ha enunciado tres situaciones posibles: a) Caso ordinario: Se requiere simplemente la prolongación de aquella situación (ausencia sin noticias) durante tres años; b) Caso extraordinario genérico: Se requiere que el desaparecido haya estado en el lugar de un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible de ocasionar la muerte, o haya participado de una empresa que implique el mismo riesgo. En tal caso la presunción de su fallecimiento se causa por el transcurso de dos años de ausencia sin noticias; c) Caso extraordinario específico: Se presenta cuando el desaparecido ha estado en una nave o aeronave naufragada o perdida. La presunción de fallecimiento se causa por el transcurso carente de noticias de sólo seis meses. Declaración: ¿Quiénes pueden solicitarla?: De acuerdo con el Art.24 de la Ley 14.394, pueden pedir la declaración de fallecimiento presunto "todos los que tuvieran algún Derecho subordinado a la muerte de la persona de que se trate...". Juez competente: Es competente para entender en el pedido de declaración de fallecimiento presunto, el juez del domicilio o última residencia del ausente (Art.24 de la Ley 14.394, por remisión al Art.16 del mismo cuerpo legal). Procedimiento: Quien intente la acción dirigida a obtener una declaración de fallecimiento presunto deberá probar: a) Su legitimación (esto es, que tiene algún Derecho subordinado a la muerte del ausente, para lo cual se podrá valer de cualquier medio de prueba); b) La desaparición del ausente; c) La competencia del juez; d) La búsqueda de información acerca de la existencia del ausente y que ella arrojó resultado negativo; e) El transcurso del plazo legal; f) La prueba del hecho extraordinario en el supuesto que el accionante invoque alguno de los casos del Art.23. La acreditación de los hechos está sometida a la libertad de apreciación judicial. Luego, el juez nombrará defensor al ausente o dará intervención al defensor oficial cuando lo hubiere dentro de la jurisdicción (Art.25 de la Ley 14.394). Luego de tal designación, el juez deberá ordenar la publicación de edictos citando al ausente a que se presente al juicio bajo apercibimiento de declararlo presuntamente fallecido para el caso de incomparecencia. Los edictos se publicarán en el Boletín Oficial o en otro diario que designe el juez, una vez por mes durante seis meses (Art.25, Ley 14.394). Por último, el juez puede nombrar un curador a los bienes del ausente, cuyas funciones se limitan a la conservación y administración de los bienes del desaparecido. Día presuntivo del fallecimiento: En la sentencia en que se declara el fallecimiento presunto, se determina el día presuntivo del fallecimiento. El Art.27, de la Ley 14.394 da las pautas para determinarlo diciendo: "Se fijará como día presuntivo del fallecimiento: 1) En el caso del Art.22, el último día del primer año y medio; 2) En el que prevé el Art.23, Inc1° , el día del suceso en que se encontró el ausente, y si no estuviese determinado, el día del término medio de la época en que ocurrió o pudo haber ocurrido; 3) En los supuestos del Art.23, Inc.2°, el último día en que se tuvo noticia del buque o aeronave perdido…”.


Efectos de la muerte presunta: Con relación a los bienes: Dada las peculiaridades que presenta la situación de muerte presunta, debe preverse la reaparición del ausente o la modificación de la fecha del fallecimiento; Por ello la entrega de los bienes a los herederos debe rodearse de ciertas garantías. Ellas son el inventario y las limitaciones o los poderes de disposición de los herederos, que se imponen durante el denominado período de prenotación que antecede al período de dominio pleno. El efecto de la prenotación es impedir la realización de actos de disposición sobre los bienes registrados. En caso de reaparición del ausente, debe dejarse sin efecto la prenotación; Con relación a los Derechos de familia: Si el presunto fallecido ejercía sobre sus hijos la patria potestad, ésta se extinguirá a raíz de la declaración, ya que faltaría uno de los sujetos de esa situación jurídica. Si el presunto fallecido reaparece, renace la patria potestad. Lo mismo ocurre si media tutela o cúratela, sea que el presunto fallecido fuese tutor o curador, o bien pupilo, dado que si el presunto fallecido era incapaz, entonces, la tutela o curatela no tiene razón de ser, por cuanto faltaría el sujeto sobre el cual se ejercía. Y si el presunto fallecido tenía funciones de tutor o curador también se extingue la relación entre éste y su representado (sin perjuicio que al incapaz se le nombre otro tutor o curador), por motivos análogos a los ya expresados. La tutela o cúratela no resurgen en caso de reaparición del ausente, pues si el presuntamente fallecido es el representante, debió haberse designado a otro; y si era el incapaz, no se justifica que nuevamente se otorgue ipso iure la representación a la misma persona. El vínculo matrimonial no se disuelve por la declaración de fallecimiento presunto. Ésta sólo faculta al cónyuge supérstite a contraer nuevo matrimonio, y si lo hace es en ese momento en que se disuelve el anterior matrimonio. Reaparición del difunto: Consecuencias: El Art.32 de la Ley 14.389 establece: “Si el ausente reapareciese podrá reclamar la entrega de los bienes que existiesen y en el estado en que se hallasen; los adquiridos con el valor de los que faltaren; el precio que se adeudase de los que se hubiesen enajenado, y los frutos no consumidos. Si en iguales circunstancias se presentasen herederos preferentes o concurrentes preferidos, podrán ejercer la acción de petición de herencia. Regirá en ambos casos lo dispuesto respecto de las obligaciones y Derecho de las obligaciones y Derechos del poseedor de buena o mala fe”. Pero el Art.30 hace una aclaración: “Transcurridos cinco años desde el día presuntivo del fallecimiento, u ochenta años desde el nacimiento de la persona, quedará sin efecto la prenotación prescrita pudiendo desde ese momento disponerse libremente de los bienes. Queda concluida y podrá liquidarse la sociedad conyugal”.

  1. Desaparición forzada de personas: La Ley 24.321 es una ley especial que regula la desaparición forzosa de personas por las dictaduras militares que derrocaron los gobiernos democráticos argentinos. Su Art.1° expresa: “Podrá declararse la ausencia por desaparición forzada de toda aquella persona que hasta el 10 de diciembre de 1983, hubiera desaparecido involuntariamente del lugar de su domicilio o residencia, sin que se tenga noticia de su paradero”. Esta ley también establece los procedimientos, los plazos y los efectos civiles de la reaparición con vida del ausente, adoptando aspectos semejantes de la Ley 14.394.

  2. Ausencia simple o declarada: Concepto: La simple ausencia está regulada por los artículos 15 a 21 de la Ley 14.394. El supuesto normado por la ley, en su artículo 15, es el de la persona que se ausenta de su domicilio sin que se tenga noticias de ella, pero sin que haya transcurrido un tiempo considerable, ni que su desaparición se hubiere producido en circunstancias especiales que permitieran presumir su muerte; Requisitos: La ley requiere que se cumplan ciertos requisitos para proceder a la acción de declaración del ausente: a) Ausencia de la persona de su domicilio, más falta de noticias sobre su existencia; b) Bienes abandonados o que requieren protección; c) Falta de apoderado, o apoderado con poderes insuficientes, o apoderado que no desempeña correctamente el mandato. Procedimiento: Luego de la declaración del ausente (quienes los únicos legitimados para ella es el Ministerio Público y toda persona que tuviere interés legítimo respecto de los bienes del ausente), se nombrará al juez competente que, según el Art.16 de la Ley 14.394, será "…El juez del domicilio, o en su defecto, el de la última residencia del ausente…” o “…El domicilio en que existan bienes abandonados, o el que hubiese prevenido cuando dichos bienes se encontrasen en diversas jurisdicciones”.

El juez que entiende en el pedido de declaración de ausencia deberá, una vez admitida la demanda, citar al ausente por medio de edictos. Los edictos se publicarán durante cinco días sucesivos. Publicados los edictos, si el ausente no se presentare, el juez dará intervención al defensor oficial, si lo hubiere en la jurisdicción; caso contrario, nombrará defensor a uno de los abogados de la matrícula. Cuando la protección de los bienes del ausente no pueda dilatarse hasta la designación del curador, el juez podrá ordenar que se tomen las medidas pertinentes tendientes a preservar los bienes o, incluso, podrá designar un administrador provisional para proveer al cuidado y conservación de los bienes (Art.18 de la Ley 14.394). Curador: Según el ARt.20 de mencionada ley, las facultades y obligaciones del curador del ausente se rigen por las normas del Código Civil relativas a los tutores y curadores. Siendo un curador a los bienes, sus atribuciones se limitan al cuidado y conservación de los bienes del ausente, al cobro de créditos y pagos de deudas, al ejercicio de las acciones y defensas judiciales de su representado; En consecuencia, carece de facultades para innovar en la administración de los bienes, cambiar el destino o explotación de los mismos, o realizar cualquier acto de disposición, salvo que obtuviese para ello autorización judicial, la que sólo debería ser concedida en caso de necesidad y urgencia evidentes. Capacidad del ausente declarado: El Art.54, Inc.5°, consideraba incapaces de hecho a los ausentes declarados enjuicio. Este inciso fue derogado por la Ley 17.711 dado que el ausente no es un incapaz; Él no obra por sí mismo justamente porque está ausente; Pero si en el lugar donde se encontrase celebrase actos jurídicos, éstos serán válidos.
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