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Entirillado Electrónico

(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA)

(25 DE JUNIO DE 2011)




ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
16ta. Asamblea 4ta. Sesión

Legislativa Ordinaria

CAMARA DE REPRESENTANTES



P. de la C. 2866
13 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Presentado por los representantes León Rodríguez, Cintrón Rodríguez

y la representante González Colón
Referido a la Comisión de Educación y de Organizaciones

Sin Fines de Lucro y Cooperativas
LEY
Para crear “La Carta de Derechos del Estudiante” a fin de establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico, que nuestros estudiantes representan la esperanza y el futuro Capital Humano de Puerto Rico; definir cuáles cuales son los derechos de los estudiantes y crear mecanismos judiciales expeditos para reivindicar tales los derechos de nuestros estudiantes, en particular los de educación especial; , y garantizar el cumplimiento de aquellos estándares de buena enseñanza que propendan el buen desarrollo físico, mental, emocional e intelectual de los estudiantes en Puerto Rico, y establecer los deberes del Estado y las responsabilidades que deberán tener los estudiantes y sus padres o encargados en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.  


EXPOSICION DE MOTIVOS
Los niños y jóvenes son la esperanza del mañana. Por eso, los estudiantes representan el futuro capital humano del pueblo de Puerto Rico. Es un hecho indiscutible, que los esfuerzos gubernamentales dirigidos en la búsqueda y fortalecimiento de las destrezas y el conocimiento de los estudiantes de Puerto Rico, darán como resultado un incremento en la competitividad de Puerto Rico, dentro del marco internacional. Además, es un hecho comprobado, que el conocimiento y la buena educación, son herramientas que ofrecen excelentes oportunidades para el progreso del ser humano, tanto a nivel individual, como a nivel colectivo, inclusive como pueblo.
Sin embargo, si no se les ofrece y se les garantiza a los educandos el derecho a la buena educación, nunca podremos competir exitosamente con otros países que sí garanticen el acceso a la educación. Es política pública del Gobierno de Puerto Rico, que ningún estudiante se quede rezagado, y que cada estudiante pueda desarrollar al máximo sus respectivas capacidades. No garantizar por ley un mínimo de derechos a nuestros estudiantes, constituiría un malgasto del futuro capital humano, agotamiento de esperanzas y un desperdicio social para nuestra Isla.
En Puerto Rico, es un hecho que casi el 5% de la población de 25 años o más no completaron ningún grado escolar. Además, alrededor de un tercio (33%) de nuestros jóvenes no obtienen más de un cuarto año (duodécimo grado) de escuela superior.
Estudios recientes han reflejado, que los alumnos del sistema público de enseñanza, han fracasado en las nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA). Específicamente, en español obtuvieron un 39%, en matemáticas un 21%, y un bajo 40% en ciencias e inglés.
Esta realidad, incide en la competitividad y el porvenir del Pueblo de Puerto Rico. Pues vemos, que un número significativo de nuestra juventud, por razones diversas, no llega a obtener su diploma de cuarto año; razón por la cual, si no tomamos medidas cautelares con nuestros estudiantes que son el futuro capital humano de Puerto Rico, y no ponemos punto final a dicha situación, no podremos competir con una economía globalizada y altamente compleja.
La posición del Departamento de Educación ante este panorama, es que nuestras escuelas públicas, tienen que atender dicha situación y además cumplir con los estándares requeridos por la Ley federal “No Child Left Behind” (NCLB) y dar especial atención a nuestros niños de educación especial. Los objetivos del sistema es que para el año escolar 2013-2014, las 1,523 escuelas públicas deberán alcanzar la excelencia académica. Un fallo en dichas proyecciones, podría resultar en una rebaja o suspensión de fondos federales del gobierno estadounidense para efectuar los mismos. Aunque existe un marco legal que en alguna manera garantiza ciertos derechos a nuestros estudiantes, no es menos cierto que tales derechos se encuentran dispersos entre leyes federales, reglamentos, cartas circulares, memorandos., Incluso, incluso el uso y la costumbre en todas las regiones educativas no es uniforme, lo que complica aún más la situación con relación a los derechos de nuestros educandos.
La Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico declara que, “todos los seres humanos son iguales ante la ley”. El reconocimiento de la condición de igualdad de todos los seres humanos en la Constitución, impone al Gobierno de Puerto Rico, la responsabilidad indelegable de proteger, promover, defender, fomentar y crear las circunstancias particulares que propendan a la igual calidad de vida de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Nuestra intención es concretizar que este derecho también abarque a todos los estudiantes. Deseamos Es necesario reafirmar que el estudiante es sea la máxima prioridad para el gobierno de Puerto Rico, ya que la Sección 5 del Artículo II de nuestra Constitución declara que, “toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”.
Este compromiso, acoplado con los hechos antes esbozados, demuestran el gran trabajo y esfuerzo que se requerirá para poder garantizar que nuestra juventud fomente sus respectivos talentos e incrementen la calidad de sus futuros.
Para encaminar esta meta, partimos de la premisa que a los alumnos o estudiantes, se les debe proveer la plenitud de libertades para informarse, expresarse y estimular sus destrezas y aptitudes positivas. El gobierno, sus agencias e instrumentalidades públicas, obrarán conjuntamente y de manera integral, para lograr este propósito, creando crear un entorno propicio para en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y promoviendo un ambiente que propenda al respeto y desarrollo de los derechos de cada uno de ellos, de manera que se garantice estimule el derecho a una educación dirigida al pleno desarrollo de su personalidad y capacidad profesional, y al fortalecimiento de los derechos de las personas y de las libertades fundamentales.
En reconocimiento de las características diversificadas y necesidades de nuestros alumnos, y con el gran interés de responderles, el Estado, promoverá cada esfuerzo de proteger la dignidad de los estudiantes como individuos, de forma que se le garantice el pleno desarrollo físico e intelectual.
Uno de los objetivos medulares en la presente medida legislativa es prevenir todo tipo de el discrimen. por condición de: raza, color, sexo, orientación sexual, nacimiento, capacidad económica, credo político, religión, condición genética, limitaciones físicas o intelectuales. Estos objetivos, son cónsonos con la disposición de la Sección 1 del Artículo II de nuestra Constitución, la cual encarna los principios de esencial igualdad humana.
Como gobierno, es nuestra obligación, dar a nuestros estudiantes las herramientas y medios necesarios para que puedan destacarse y fomentar sus habilidades profesionales. Con este fin esbozado, nos corresponde establecer y afirmar por la presente, cuales serán los derechos mínimos de cada uno de los estudiantes que residen dentro de los límites territoriales de Puerto Rico, razón por la cual creamos la Carta de Derechos del Estudiante. Del mismo modo, también establecemos los deberes y responsabilidades mínimas que deberán tener todos los estudiantes, así como sus padres o encargados. Los padres o encargados tienen una responsabilidad sobre el desarrollo educativo de sus hijos. El 100% de la responsabilidad no puede recaer exclusivamente en el estado, representado por el Departamento de Educación.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Titulo

Esta Ley se conocerá como “La Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico”.
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