Informe no. 51/13




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B. Posición del Estado





  1. El Estado sostiene que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua es la dependencia facultada para llevar a cabo la investigación y persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden local. Señala que “desea aclarar, que lleva varios años trabajando para solucionar la situación de violencia en Ciudad Juárez y Chihuahua, y si bien aún persisten ciertas condiciones que complican la resolución de todos los casos, ya se han resuelto varios”16 . Asimismo, indica que “el Gobierno está implementando mejores métodos de investigación y administración de justicia, con lo que se espera que en el mediano plazo se pueda estar en aptitud de castigar a los responsables del homicidio de Paloma Angélica Escobar”17.




  1. Alega que el mismo día en que la Sra. Ledezma le comunicó al Ministerio Público del Estado de Chihuahua la desaparición de su hija, las autoridades resolvieron de inmediato emprender la indagación No. 72/02 a efectos de localizar a Paloma Angélica Escobar. Indica que la entonces Coordinadora de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales ordenó a la Jefa del Grupo de la entonces denominada Policía Judicial adscrita, que organizara al personal a su cargo para que realizaran las diligencias necesarias para el esclarecimiento del hecho.




  1. Expresa que el Ministerio Público local emprendió un proceso de análisis e investigación y se realizaron diversas actuaciones como: obtención de varias atestaciones, inspecciones, acopio de reportes y documentos, solicitudes de colaboración a otras autoridades, preparación de material informativo y su consecuente distribución en la comunidad y con la policía preventiva, realización de peritaciones, investigación de comunicaciones telefónicas y registros fotográficos18.




  1. Sostiene que las indagaciones emprendidas para localizar a Paloma Angélica Escobar fueron dispuestas con base a criterios objetivos de análisis de información, sin distinciones ni sesgos19. Señala que se examinaron los datos recabados acerca de su ámbito personal, educativo y ocupacional con la finalidad de contar con fundamentos ciertos para el establecimiento de directrices de investigación concretas que hicieran posible encontrarla y conocer la verdad histórica de lo acaecido. Según el Estado, las declaraciones de las personas ante el Ministerio Público fueron obtenidas según las pautas establecidas en el Código de Procedimientos Penales entonces aplicable.




  1. Alega que el 29 de marzo de 2002 se localizó el cuerpo de Paloma Angélica Escobar y se dio inicio a la averiguación previa No. 1502-3732/02. El Ministerio Público atendió debidamente la noticia que tuvo del hecho, ordenó que peritos realizaran el reconocimiento del lugar y de los objetos relevantes para la investigación, aseguró los objetos en donde existían o podrían existir huellas, registró oportunamente los datos de personas cuyas atestaciones consideraron necesarias y citó a un conjunto variado de personas para recabar información adicional, emprendió varias inspecciones y decretó el acopio y aseguramiento de otros objetos relevantes, recopiló otros informes y documentos públicos, ordenó la realización de diversos dictámenes periciales, incluso se solicitó la colaboración de la Procuraduría Estatal. Para ello, remite en anexo una lista de 370 diligencias realizadas entre marzo de 2002 y agosto de 2004, por la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en este caso20. Debido a la relación de gestiones, sostiene que resulta evidente que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua no ha escatimado esfuerzos por esclarecer el caso.




  1. Informa que la agente de la Procuraduría Estatal, Sra. Gloria Cobos, Jefa de Grupo de la entonces Policía Nacional, que fuera acusada de sembrar pruebas en el lugar del hallazgo del cuerpo a través de la colocación de una fotografía en la que aparecía el Sr. Vicente Cárdenas Anchondo, fue sancionada por este hecho con una pena de once meses de prisión y una multa.




  1. Agrega el Estado que el Ministerio Público ha continuado en forma activa su labor de recabar elementos de prueba para identificar a quien fuese responsable del homicidio. Para ello sostiene que se estableció una línea de investigación en relación al ámbito académico de Paloma Angélica Escobar, se recopilaron diversos informes, reportes y documentos y se buscaron a algunos empleados de la escuela ECCO como Francisco Ramírez Galindo. Alega también haber dado seguimiento a comunicaciones anónimas en relación al caso.




  1. En relación al testimonio de Lucy Mancinas, el Estado sostiene que en una primera declaración, el 7 de marzo de 2002, señaló que había visto a Paloma Angélica Escobar en un vehículo negro, sin embargo, el 18 de julio de 2005 se retractó de la misma, estableciendo que no tenía certeza de que la persona a quien había visto fuese efectivamente Paloma Angélica Escobar. Asimismo, manifiesta que lo que inclinó a Lucy Mancinas a afirmar que vio a Paloma en sus declaraciones anteriores, fue el afán de los padres de la víctima de obtener algún dato relevante.




  1. El Estado señala que las indagaciones prosiguen bajo la dirección unificada de una agente del Ministerio Público apoyada por personal de la Policía Ministerial Investigadora capacitado adecuadamente en técnicas de investigación. Asimismo, sostiene que toda la información recabada es reexaminada, “particularmente en conjunción con los datos de dictámenes periciales en materia de genética forense que se están obteniendo y que serán la base para la concreción de progresos en las líneas de investigación establecidas, lo que a su vez nos permitirá presentar resultados determinantes en la cuestión”21.




  1. El Estado afirma que los peticionarios “pretenden ampliar el entorno de situación con el que caracterizan al municipio de Juárez, a fin de que se equipare de modo automático con el del municipio de Chihuahua” en donde se perpetró el homicidio. Sin embargo, sostiene que los señalamientos de los peticionarios no aportan datos precisos para fundamentar sus valoraciones, pues no “reconocen la diversidad de circunstancias delictivas que deben atenderse en cada caso concreto”22 y por ello “no es apropiado ni viable aseverar que en el Estado de Chihuahua existe violencia generalizada o sistematizada”23.




  1. El Estado “manifiesta que el proceso de indagación en el caso aún no es conclusivo; empero, también reafirma su compromiso especial de que las autoridades correspondientes proseguirán incesantemente y conforme a derecho en la dilucidación de la verdad histórica, y por consecuencia, en la identificación de quien sea responsable, con el propósito de que una autoridad judicial resuelva lo que sea procedente”24.




  1. En relación a los familiares, el Estado alega que les ha informado sobre el curso del proceso judicial. Para ello indica que les ha informado sobre el alcance de las normas en la materia, de los derechos a su favor, de la marcha de las actuaciones, del desarrollo cronológico, de sus determinaciones; ha brindado asesoría jurídica y dispuso la atención adecuada; les ha permitido consultar el expediente y obtener copias certificadas de lo que consta en él, ha recibido datos o elementos de prueba con los que contaban y ha atendido sus solicitudes y planteamientos. Asimismo sostiene que:


[r]espeta los derechos de la Sra. Norma Ledezma (…), precisa que no los ha vulnerado debido a que no generó ni toleró una situación previa de riesgo para los derechos de su hija; en cuanto se recibió la noticia de que su paradero se desconocía, se implementaron las correspondientes medidas para su pronta localización; desde que se emprendió la investigación por el homicidio ha atendido sus planteamiento y ha proseguido con regularidad las diligencias del proceso de indagación25.


  1. El Estado reafirma su condena a todas las formas de violencia contra las mujeres. Particularmente, manifiesta haber tomado medidas dirigidas a consolidar los mecanismos de prevención de violencia en Chihuahua, a través del programa “Chihuahua Seguro”, así como políticas integrales en materia de salud y educación y programas destinados a abordar delitos relacionados con la violencia de género y la violencia intrafamiliar. También señala la reforma integral del sistema de justicia penal y de diversas leyes relacionadas26. También menciona haber determinado transformaciones estructurales y operativas al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la instauración de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito en la estructura de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua; la creación de unidades de atención a víctimas, así como la sistematización de la información sobre reportes de desaparición de mujeres, habiéndose logrado definir que resta determinar el paradero de menos de tres decenas de mujeres27. Señala además la existencia de programas de capacitación en coordinación de instituciones y universidades, y el destino de dinero para los equipos de laboratorio en Juárez y Chihuahua, así como en la construcción del Laboratorio de Criminalística y Genética Forense en Ciudad Juárez.



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