El caso de rancas: paradigmas de relaciones minería-comunidades y modelo de desarrollo




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EL CASO DE Rancas: paradigmas DE RELACIONes MINERÍA-COMUNIDADES Y MODELO DE DESARROLLO

Raúl E. Chacón Pagán
“El viejo divisó los tejados de Rancas. Se detuvo en una roca. Cincuenta mil días antes el General Bolívar se había detenido allí: la mañana de su entrada en Rancas. Bolívar quería Libertad, Igualdad, Fraternidad. ¿Qué gracioso! Nos dieron Infantería, Caballería, Artillería”.

Redoble por Rancas. Manuel Scorza
“Formulamos denuncia por contaminación ambiental en el predio Rumiallana, demolición de edificación para futura planta concentradora de óxidos en cerro Shucco sin Estudio de Impacto Ambiental aprobado, contaminación de 150,000 m2 por relaves mineros sin acciones de prevención en el predio Ocroyoc, que ilegalmente viene ejecutando Volcan Compañía Minera”

Carta de la comunidad campesina de Rancas al presidente Alan García, 12 de noviembre 2008
La comunidad campesina de San Antonio de Rancas destaca por su densidad cultural e histórica, motivo de un especial orgullo local. Por un lado, conserva una serie de tradiciones culturales, que se remontan a tiempos considerados ancestrales, como las que se escenifican en el festival de la herranza cada año. De otro lado, su pasado histórico evoca una de las batallas finales por la independencia del Perú, la batalla de Junín; así como un episodio emblemático de lucha en los años 60 contra la empresa minera Cerro de Pasco Copper Corporation, de origen norteamericano, que el novelista Manuel Scorza convirtió en gesta heroica de dimensión mundial. Gesta que puede hacer suponer, erróneamente, que las relaciones comunitarias minería-comunidad siempre fueron antagónicas durante esta época.
Sin embargo, lo cierto es que hoy un segmento importante de la población económicamente activa de la comunidad de Rancas trabaja para las empresas mineras de la zona, en especial para la empresa peruana Volcan, que es precisamente la heredera de la Cerro de Pasco Copper Corp. Por ello, según un cálculo aproximado, se puede decir que por lo menos la sexta parte de los comuneros registrados (100 de 600), o la cuarta parte de la población (500 de 2,000), incluyendo a sus familias, depende directamente de la minería. Es decir, a primera impresión, la vida económica y social de la comunidad no se podría explicar hoy en día sin la minería, y muchos pobladores verían como una catástrofe su desaparición. Lo cual los lleva a pensar que hoy sin minería no puede haber desarrollo en su antigua comunidad, dejando en un muy segundo lugar todo un potencial agroganadero que les permitió subsistir durante siglos. Ello no impide que hoy la relación minería-comunidad esté cargada de ambivalencia, como en otras zonas, pues desde el año 2005, la empresa Volcán empezó la expansión de sus operaciones mineras en áreas del territorio de Rancas, sin la debida autorización o permiso de la comunidad y del mismo Estado. Por ello, la comunidad de Rancas inició el año pasado su más reciente lucha abierta al movilizarse para impedir la construcción ilegal de una planta de Beneficio de Concentrados de minerales (Planta de Cianuración) en su jurisdicción, destinada a procesar 2,000 toneladas métricas diarias de mineral, así como para garantizar su participación en el proceso de consulta realizado en su localidad por el Plan L, uno de los proyectos de expansión de la Volcan. Esa lucha se dio en varios frentes, incluso en la misma capital del país, pero no ha alterado la fuerte relación de la comunidad con la minería desde 1990 hasta la fecha.
La hipótesis principal de este trabajo es que, al adoptar un paradigma de relaciones comunitarias de cooperación-integración, la minería ha modificado fuertemente la organización socioeconómica y cultural de la comunidad de Rancas, generando un boom económico a la par que una reestructuración de las relaciones comunales.
A partir de dicha hipótesis, las preguntas de investigación que articulan este trabajo son: ¿Qué factores explican esta gran transformación económica y mental en la comunidad campesina de Rancas, que pasó de tener una relación marcada por un antagonismo histórico con la minería local a una relación básicamente de complementariedad que linda con la dependencia?; ¿Cuáles fueron los impactos de esa gran transformación en la comunidad de Rancas?; ¿Cómo perciben los pobladores de la comunidad su relación pasada y actual con la minería, por un lado, y con la ganadería y la agricultura, por el otro?, y ¿A qué visiones de desarrollo local les llevan esas percepciones?.
A partir de dichas preguntas, este trabajo pretende aportar al examen de las condiciones y factores que permiten a una comunidad rural encaminarse hacia una vida digna y satisfactoria económica y socialmente, optando por determinado modelo de desarrollo, en un contexto de fuerte presencia de la minería. Una presencia que, gracias a la experiencia histórica comunal, en las últimas décadas ha dejado de pasar por encima de los derechos de los ranqueños.
Adicionalmente, el tema de los dos paradigmas de las relaciones comunitarias invita a la reflexión sobre si Rancas tiene la posibilidad de escoger entre esas opciones o debe resignarse a vivir con las tensiones y contradicciones de tener a ambos modelos presentes al mismo tiempo; si es posible la convivencia entre ambos, y cuáles son los costos y beneficios de optar por uno u otro paradigma o la convivencia. Si bien este trabajo no podrá responder del todo estos últimos interrogantes, al menos dará algunas luces iniciales al respecto.

Un estado de la cuestión: Los dos paradigmas de las relaciones minería-comunidades
Abordar el caso de Rancas y la minería requiere presentar sumariamente los dos paradigmas básicos que distinguimos en las relaciones entre las empresas mineras y las comunidades de su entorno. Paradigmas de relaciones comunitarias conceptualmente contradictorios entre sí, y que implican dos vías o apuestas también muy distintas de desarrollo local.
Barrantes (2005) brinda una buena entrada para lo que podemos llamar el paradigma de las relaciones comunitarias de cooperación-integración. “Si hiciéramos un esfuerzo por encontrar un elemento de consenso entre todas las personas involucradas en la minería, este sería el efecto positivo que ella tiene para el país” (P. 19). Tal es la posición de las empresas mineras agrupadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que alcanzan sus principales argumentos en un estudio de Macroconsult (2008). Estudio que concluye que los distritos mineros tienen mayor ingreso per cápita mensual que distritos no mineros, así como mejores indicadores sociales (esperanza de vida, desnutrición, analfabetismo, infraestructura social y de vivienda y pobreza). Es decir, la minería es entendida como la clave incluso para el desarrollo humano, ya no sólo el desarrollo económico, en el contexto de las seculares falencias del Estado peruano en las zonas rurales más alejadas.
Sin embargo, tras revisar el aporte de la minería a las cuentas macroeconómicas del país durante los últimos 10 años, Barrantes observa que cualquier incremento en el canon minero no tendrá un impacto positivo en la superación de la pobreza, a menos que se diseñen mecanismos que apunten directamente a la condición rural, como causa de pobreza, de las zonas mineras. Es decir, la autora no cuestiona radicalmente el aporte minero macroeconómico, dado ya por cierto por los sectores mineros hegemónicos y sus voceros, así como por instancias clave del Estado, pero lo relativiza y sugiere cambios estructurales y de responsabilidad social para viabilizar sus impactos positivos. De modo que este paradigma de relaciones comunitarias presupone una serie de interacciones de cooperación y beneficio mutuo en las zonas de actividad minera, que inevitablemente debieran llevar a mejores condiciones de vida en las comunidades del entorno y sus pobladores. Concretamente, el paradigma de la cooperación-integración postula que las comunidades y las empresas mineras deben integrarse y cooperar entre sí para obtener ambos actores beneficios nada despreciables. Esto es lo que se ha dado en llamar el esquema de juego ganar-ganar, el concepto más usado dentro de este paradigma. Lo cual será ajeno a las comunidades de zonas no mineras, que no tendrán las posibilidades que la minería les podría ofrecer para superar sus condiciones de pobreza rural, dada la ausencia o carencias seculares del Estado.
La limitación de este enfoque es que suele reducir estos beneficios a la esfera económica, básicamente, es decir al nivel de ingresos económicos que reciben los pobladores de las zonas colindantes a la minería, antes y después de la llegada del proyecto, trabajando en él directa o indirectamente. Mirada que suelen compartir los empresarios mineros y los pobladores de muchas zonas donde se realiza esta actividad económica, como se manifiesta cada vez que los pobladores muestran su interés por incorporarse a la mina o por recibir un aumento de salarios.
El paradigma de relaciones comunitarias que llamamos del conflicto-exclusión, tipo ideal contrario al anterior, ha sido difundido en el Perú por organizaciones como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI) y otras, desde fines de los 90, así como por ONG críticas (no opuestas, como suele decir el gobierno y los grupos mineros) a la minería. Balvín y López (2002) sintetizan cabalmente este paradigma: “La relación que la minería y las comunidades locales mantienen respecto a los temas ambientales y sociales está plagada de conflictos socioambientales, que son aquellos producidos por la interacción del hombre con su ambiente y los ocasionados por las decisiones que toman los diferentes actores en torno al ambiente” (P. 17). La tesis de estos autores es que el conflicto nace de las incompatibilidades, cuya esencia es la escasez de los recursos naturales (tierras, agua, etc), entre los actores. “Los actores toman posición y se enfrentan por hechos vinculados a la escasez, el deterioro o la privación de los recursos naturales. La dinámica del conflicto dependerá de cómo lo manejen los actores; es decir, de cómo se expresen las diferentes posiciones e intereses y de cómo se recojan en la resolución del conflicto las diversas necesidades de los actores” (P. 19). Dos elementos clave en la génesis de los conflictos son, por el lado objetivo, las asimetrías, o condiciones de gran desigualdad entre las partes en conflicto, y, por el lado subjetivo, las percepciones y conceptos (o modelos mentales), con los cuales los actores interpretan su realidad. A partir de esta problemática de conflicto, los autores proponen como alternativa la construcción del capital social y de una cultura de confianza, incorporándose a la minería en la visión de desarrollo local (Balvín y López, 2002).
Así, este paradigma destaca la conflictividad como senda inevitable para encaminarse hacia el desarrollo local y nacional, rompiendo el esquema de juego ganar-perder, donde las que suelen perder son las comunidades vecinas ante las mineras. Esto debido a la contaminación ambiental o a los impactos ambientales negativos (afectación de la cantidad y calidad de agua, daño a zonas de cultivo y ganado, levantamiento de polvo, etc), denominados externalidades. De modo que la exclusión de los beneficios económicos y la generación de daños sociales a los pobladores, por parte de las mineras, no puede más que terminar en conflictos sociales. Aquí, el desarrollo es visto más como una meta aún por conseguir, y no como un resultado ya alcanzado, al menos en cierta medida a nivel local, gracias a la minería, como postula el anterior paradigma. Y los niveles de conflictividad, además del modo en que es percibida la actuación integral de la empresa minera, tienen que ver con el tipo de dirigencia social local y el nivel y calidad de la presencia estatal especialmente referida a la minería. Por lo anterior, este paradigma permite explicar cómo se generan los conflictos socioambientales, pero es menos efectivo para prevenirlos o resolverlos, dado que no opera, ni pretende hacerlo, sobre las causas de aquellos. Más bien, es usado por actores como algunas ONG y la CONACAMI para realizar sus diagnósticos generales y diseñar estrategias políticas, dentro de un enfoque de transformación de conflictos, que puede estar articulado a movimientos sociales de local, nivel regional y nacional.
A primera vista, a partir del caso ranqueño, podría decirse que el paradigma de relaciones comunitarias del conflicto-exclusión implica una vía hacia el desarrollo basada principalmente en la actividad ganadera y agrícola de subsistencia, y que el otro paradigma conlleva un camino que privilegia los servicios brindados a la gran y mediana minería, descuidado las otras actividades económicas. Sin embargo, como se verá luego, el mismo caso de Rancas demuestra que las relaciones comunitarias, pese a acercarse por momentos más a uno u otro de los dos modelos ideales, no son rígidas, sino dinámicas y entremezcladas. Lo cual siempre va acompañado por distintos niveles y formas de conflictividad minería-comunidades, pese a las formas de cooperación-integración.

De otro lado, dadas sus grandes potencialidades socioeconómicas, se podría plantear que Rancas ejemplifica como pocas comunidades impactadas por la minería, por un lado, la posibilidad de escoger entre estos dos modelos y las opciones socioeconómicas implícitas y, por el otro, la posibilidad de convivir con ambos modelos, con los impactos culturales que ello conlleva.
Metodología de recojo y/o análisis de información utilizada

Para la recolección de la información se procedió en primer lugar a la revisión de las fuentes secundarias de información, vale decir los libros sobre la comunidad campesina de Rancas (historia, economía y cultura locales), y relaciones minería-comunidades en la zona y en general. Esto permitió construir una primera imagen de las intrincadas y complejas relaciones de la comunidad de Rancas con la gran minería, terminando con más preguntas que respuestas.
A partir de la revisión bibliográfica, se diseñó el cuestionario de entrevistas para proceder a realizar el trabajo de campo en la comunidad de Rancas en dos momentos específicos. Estos fueron: principios de octubre del 2008, coincidiendo con la Cumbre Macro Regional Centro de los Pueblos, con la participación de representantes de comunidades campesinas, pueblos indígenas y movimientos sociales de dicha zona, y marzo del 2009, coincidiendo con la faena comunal de reconocimiento de linderos. En ambas ocasiones se procedió a realizar observación en campo así como entrevistas en profundidad a distintos tipos de actores: dirigentes comunales, líderes jóvenes, asesores de la comunidad, directivos de la empresa comunal y pobladores, en especial algunos ancianos, memoria comunal viviente. La interacción con estos actores permitió ir llenando los vacíos de la etapa anterior, comprendiendo que dentro de la comunidad hay diferentes miradas respecto a la minería y de cómo esta impacta a la primera.
Para su análisis, la información de las entrevistas fue desgrabada y analizada convencionalmente a partir de los ejes temáticos contenidos en la hipótesis y las preguntas de investigación. La información fue estructurada a partir de una hilación cronológica, desde inicios de la llegada de la gran minería, a inicios del siglo pasado, hasta la actualidad, a fin de mostrar su evolución e impacto consecuente en una comunidad especialmente interesante en términos de análisis histórico social.
Etapa inicial: Rancas y la Cerro de Pasco Copper Corporation: ¿el paradigma del conflicto-exclusión en acción?
Hablar de Rancas es básicamente hablar de Scorza y de su épico relato de la lucha de un pueblo contra una gigantesca e inescrupulosa minera, a cuyo servicio estaban los poderes local y central del país. Quizá podría discutirse la visión maniqueísta del novelista peruano, convertido en autor obligado de secundaria, pero lo cierto es que ese enfrentamiento dejó una profunda marca en la conciencia ranqueña y, a través de la célebre novela, en la conciencia nacional.
Es sabido que la fundación de la comunidad campesina de San Antonio de Rancas se remonta a la época de la colonia, año de 1585, a partir de los restos de antiguos ayllus que poblaron la Meseta de Bombón y la Planicie de Junín. En el área de la comunidad se fundó también la hacienda San Juan de Paria, que fue administrada por congregaciones religiosas y laicas. Sin embargo, los ranqueños de esa época no pararon hasta lograr recuperar legalmente sus tierras, acogiéndose a las leyes de Indias, obteniendo el título que hasta ahora conservan. De ahí que durante los tres siglos de la Colonia impidieron que los hacendados les arrebataran todas sus tierras de pastoreo. En 1746 son aprobados los títulos de propiedad de los comuneros de Rancas. Títulos que ratificó Simón Bolívar, en agradecimiento por los seis días que pasó en ella, a su llegada de Trujillo y Huánuco, rumbo a la batalla de Junín. Con la República, más bien, la hacienda Pacoyán, apoyada por la fuerza pública, arroja en 1838 a los comuneros ranqueños de varias estancias. Tierras que fueron recuperadas al año siguiente, y conservaron desde entonces, pese a los continuos intentos de los hacendados locales por tomarlas apelando a maniobras legales. Incluyendo el fallo favorable a los dueños de Pacoyán, de 1889, que los ranqueños siempre desconocieron. En agosto de 1926, ya bien avanzada la República, la comunidad fue reconocida como comunidad campesina, tras 341 años como comunidad indígena (Ramírez, 2002, y Rivera, 2002).
El actor que terminó rompiendo ese frágil equilibrio comunidad-haciendas fue la moderna minería regional, impulsada por capitales transnacionales. Desde antes de la guerra con Chile personajes como Meiggs y las familias Pflucker y Gildemeister explotaron un socavón en Cerro de Pasco. Pero es en 1903 cuando la Cerro de Pasco Mining Company, siendo ya propietaria del 70% de las minas de Cerro de Pasco, inicia un proceso de concentración de tierras en la sierra central. Esto con el propósito de tener tierras para disponer de agua para generar electricidad y lavar los minerales, así como para la agricultura y ganadería, a fin de alimentar a sus trabajadores, muchos provenientes de comunidades cercanas1, y contar con lana para exportar. Así, adquiere nueve haciendas con una extensión de 67,231 ha, entre ellas la de San Juan de Paria, propiedad de las nazarenas, con 34,237 ha, desde la cual le fue arrebatando tierras a Rancas. Hasta 1954 la minera llegó a concentrar 240,694 ha, pese a la crisis económica de 1929, que detuvo hasta 1937 la expansión de la Cerro de Pasco Copper Corporation (en adelante, la Corporación). Cabe señalar que dicha concentración también buscó acallar las protestas por la gran contaminación causada por las fundiciones de La Oroya (operativa desde 1922) y Smelter, propiedades de la misma Corporación, que arruinaron a comunidades y haciendas colindantes (Mendoza, 2006).
En paralelo a la concentración de tierras por parte de la minera, también se dio otra semejante impulsada por la Sociedad Ganadera Fernandini, llamada luego Algolán. Esta hacienda llegó a tener 309,090 ha (llegando hasta la costa de Ica y selva de Huánuco), 352,264 cabezas de ganado ovino, 13,408 vacunos y 1,105 equinos, siendo desmembrada, tras la movilización campesina, durante por el primer gobierno de Belaúnde (Mendoza, 2006).
A fin de contar con mano de obra servil y evitar conflictos, las haciendas al principio acogieron a las familias campesinas con su ganado criollo o “chusco”, y usaron varios mecanismos para mantenerlos así. (Mendoza, 2006). Desde fines de los 30, las haciendas modernizan la ganadería a fin de mejorar su productividad con mejor ganado ovino, considerando el mercado local e internacional, y dejan de lado el ganado “chusco” de los comuneros. Al ser expulsados los pastores, arrendatarios y subarrendatarios de las haciendas, estos se proletarizaron y no tardaron en sindicalizarse, siguiendo el ejemplo de los trabajadores mineros (Mendoza, 2006; Ramírez, 2002, y Rivera, 2002). De otro lado, el impacto de la depresión económica mundial de los años 30 llevó a que se produzca una primera oleada de despidos de trabajadores locales de la Cerro de Pasco Copper Corporation.

Durante el segundo gobierno de Manuel Prado (1956-1962), se produjo una primavera democrática, que motivó también a las comunidades a reclamar sus derechos. La Corporación se había apropiado de más de 11,000 ha de las comunidades cercanas a la hacienda Paria, sobre todo de Rancas, así como de minas de carbón, que trabajaban los comuneros. “Los mismos comuneros han practicado la actividad minera artesanal, carbón, por ejemplo sacaban. Mi abuelo y su hermano sacaban carbón y lo llevaban a Cerro de Pasco a vender, porque se utilizaba como combustible. Eran pequeños mineros de carbón, y como él habían varios”2. Pero también hubo varias causas socioeconómicas para el inicio del movimiento campesino en Pasco y el distrito de Simón Bolívar y la comunidad de Rancas: crecimiento demográfico, disminución de trabajadores en la minería (segunda oleada de despidos) y la agricultura por la innovación tecnológica de la empresa, la experiencia sindical, la falta de otros ingresos económicos, la ineficiencia del Poder judicial para atender a las comunidades en sus juicios por tierras con la Corporación, la necesidad de más pastos para el ganado de las comunidades y el cercado de tierras por parte de la minera y otros hacendados, como los de Algolán. “En 1953 se crea el distrito (de Simón Bolívar), y a pocos años solicitamos un trato directo con la empresa Copper para recuperar o que nos cedan un pedazo de lo que están ocupando, porque nosotros estábamos reducidos”3. Como bien lo señala Ramírez (2002), Scorza noveliza cabalmente este proceso de concentración territorial por parte de la Corporación y haciendas, con la inoperancia y complicidad, según la ocasión, del Estado peruano. Un proceso que el 2 de mayo alcanzó su clímax.
Esta fecha, inmortalizada por la novela señalada, también está grabada en la memoria histórica del pueblo, como lo demuestra el mausoleo donde yacen los tres mártires, y las representaciones que suelen escenificar los pobladores en momentos especiales ante visitantes, de preferencia. El 2 de mayo de 1960 bien se podría considerar un hito especialmente visible en el discontinuo desarrollo de lo que Martínez Alier (1992) llama ecologismo popular, concepto aplicado por Chacón (2002) al reciente proceso peruano. Un hito que sucede al que sería el primer conflicto socioambiental minero registrado a nivel nacional que se manifestó como estallido social, también en la sierra central, allá por enero de 1934. Se trata del caso de San Mateo de Huanchor, también histórico localmente, que se produjo repentinamente tras un fallecimiento causado por la contaminación proveniente de la fundición Tamboraque de la minera Lisandro Proaño (Cáceda, 2000). Estallido que también desembocó en una represión gubernamental violenta, causante de cinco muertes4.
Cabe señalar que Martínez Alier, partiendo de la posición de que los pobres son más ecologistas que los ricos y no al revés como se pensaba antes, define ecologismo popular como “vía de solución para conflictos distributivos económico-ecológicos. La categoría esencial es la de distribución ecológica, es decir, el desigual acceso al uso de los servicios y recursos de la naturaleza” (P. 12, 1992). Y añade que en esta temática el objeto central de estudio es “la mutua relación entre la distribución económica, distribución ecológica (incluyendo generaciones futuras), y la distribución del poder político” (Ibid). Siguiendo esa línea, Chacón (2002) apunta que dos casos peruanos emblemáticos del ecologismo popular peruano de los 90 son precisamente un nuevo conflicto socioambiental en San Mateo, al igual que otro en la comunidad campesina de Vicco, también en la región de Pasco. Estas experiencias, aunque en distintos momentos, articuladas a otras semejantes a nivel nacional, alimentaron el desarrollo de dos procesos específicos: la participación comunitaria en el manejo ambiental (GRADE, 2002), así como el surgimiento y posterior consolidación de la Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), a fines de los años 905. Lo cual demuestra que la tradición de lucha socioambiental de la sierra central conservó su gran influencia en el proceso socioambiental peruano.
Lo ocurrido en mayo de 1960 en Rancas fue una defensa audaz y desesperada de tierras ancestrales, en peligro de permanecer en manos de la Corporación, en desmedro de la disposición de recursos por parte de las comunidades afectadas. El gran detonante del estallido social fue el despido, en 1958 y 1959, por parte de la empresa de 700 obreros, entre ellos una cantidad de comuneros ranqueños6, en un contexto de paulatino despojo de tierras a la comunidad por la misma Corporación y las haciendas de la zona. Es decir, cuando los comuneros regresaron a sus estancias, constataron que estas ya no les pertenecían, como pasó antes durante la crisis económica de los años 30. “Estábamos como en un cerco por conservar los pastos para los animales. Por el lado de Cerro de Pasco hasta Shucco ya estaba amurallado, y también por el norte”7. Situación que además implicaba una serie de arbitrariedades por parte de los hacendados hacia los comuneros. “Había mucho abuso por parte de los hacendados. Cada vez que mis paisanos soltaban sus animalitos al campo, ellos (los hacendados) se los llevaban a las haciendas, y eso para soltar costaba mucho trabajo. Algunos tenían que trabajar entre 10 y 20 días en la hacienda, como un día por cada llama”8. Esta modalidad de expansión de las haciendas a lo largo de décadas incluso había generado el despoblamiento de la comunidad. “Cuando había mucho abuso, mis paisanos que tenían más animales se fueron a otros lugares, donde nadie les moleste, y para crear este distrito ya había poquita gente, y aquí en nuestro pueblo ya se estaba despoblando”.9 Ante esta situación asfixiante, en asamblea general los comuneros decidieron acudir a un asesor legal, Honorio Espinoza, para ver cómo recuperar sus 11,000 ha10. Tras varias reuniones secretas en el local de la municipalidad, entre fines de 1959 y abril de 1960, se aprobó el plan de recuperar las tierras pastoriles de Rancas. Esto se haría mediante la acción colectiva de varias comunidades, guiando el ganado simultáneamente, del 29 de abril al 1 de mayo de 1960 (Ramírez, 2002; Rivera, 2002, y Mendoza, 2006).
Fue así que en dicha fecha se inició el proceso de recuperación de tierras en los sectores de Vinchuscancha y Hauyllacancha, por obra de más de 1,200 comuneros de Rancas, Yurayhuanca y Quiulacocha, con sus animales, chozas y alimentos. La Corporación, denunciando una invasión masiva, exigió al gobierno que expulse a los ocupantes con la guardia de asalto. La policía llegó pronto y desde el 2 de mayo amenazaron con desalojarlos por la fuerza, recibiendo la respuesta desafiante de los comuneros. Poco después, la comunidad envió una comisión de cinco personas para dialogar con los policías, pero al ser los primeros agredidos por los segundos, un niño les arrojó a estos una piedra. Así, a las nueve de la mañana, estalló la desigual y heroica contienda entre policías equipados con metralletas y bombas lacrimógenas, y comuneros armados con palos, piedras y fierros. “El niño aventó una piedra y le cayó a la oreja del comandante, que ve su sangre y dice ‘fuego a estos indios sinvergüenzas’. En segundos empezaron a disparar, dijo ‘mátenlos’. Al niño que tiró la piedra le dispararon y estaba sangrando. Muchos, al ver la sangre, nos enfurecimos y yo perdí la nerviosidad (sic). Seguían maltratando a nuestra gente y disparaban. Tiraban al suelo las balas, por eso no nos herían mucho. Después yo me defendía con el palo, y había varios lesionados de la policía (…) Me han visto que estoy batiendo record rompiendo con palo y ordena el comandante ‘a aquel, mátenlo, esos son los agitadores’. Después que ordenó, y estando luche y luche, siento alfiler que me pasó por la pierna. Y veo a mi hermano Alfonso, que lo mataron al final (…) Las primeras balas que recibí, ya me iba adormeciendo, todo estaba lleno de sangre, mis zapatos, la ropa”11. Tras cuatro horas de lucha, con decenas de heridos de bala y tres muertos, los ranqueños no dejaban sus tierras, hasta que llegaron obreros mineros, dirigentes sindicales, intelectuales, trabajadores municipales, estudiantes, bomberos y hasta Ledesma.
Ante tal presencia, los guardias optaron por suspender el ataque y retirarse, pero no sin dejar de llevarse detenidos, entre ellos varios ranqueños heridos. “En el hospital estábamos cuidados por policías en las puertas. A los 20 días salí del hospital delicado (…) Gracias a esa batalla, las autoridades empezaron a apoyarnos, ya no era como antes, que apoyaban sólo a los capitalistas”12. La acción de los ranqueños tuvo un impacto nacional, motivando una serie de movimientos campesinos por la recuperación de tierras, empezando por la vecina Yanahuanca (sufriendo dos masacres), lo cual llevó a que se dieran tres leyes de reforma agraria entre 1962 y 1969 (Ramírez, 2002; Rivera, 2002, y Mendoza, 2006). Sin embargo, la mayor parte de las tierras afectadas por las reformas agrarias fue adjudicada a cooperativas y Sociedades agrarias de Interés Social (SAIS), y sólo después de años de lucha campesina y el colapso de la mayoría de estas entidades, en los años 80, la tierra revirtió a las comunidades13.
Hasta aquí, es claro que en Rancas el paradigma de conflicto-exclusión implicó por siete décadas básicamente actividades ganaderas y agrícolas, mediatizadas en gran parte por el sistema latifundista. Pero este statu quo no excluyó un tipo de trabajado directo, no cualificado, de cierto número de comuneros ranqueños en la minería y sus haciendas, hasta fines de los años 50.
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