1 Puerto rico-estado libre asociado-status y relaciones politicas vigencia de la constitucion y leyes de los estados unidos, dentro de puerto rico. Aplica en Puerto Rico la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativa al aborto. 2




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109 D.P.R. 596 -- El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza










Información del Documento

Partes:

El Pueblo de Puerto Rico v. Pablo Duarte Mendoza

Fecha:

17 de abril de 1980

Cita:

109 D.P.R. 596

Juez:

Martín



Página: 596
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, apelado, v. PABLO DUARTE MENDOZA, acusado y apelante.

Resuelto: 17 de abril de 1980 -- Número: CR-78-83


1 - PUERTO RICO-ESTADO LIBRE ASOCIADO-STATUS Y RELACIONES POLITICAS VIGENCIA DE LA CONSTITUCION Y LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS, DENTRO DE PUERTO RICO.Aplica en Puerto Rico la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de Estados Unidos relativa al aborto.

2 - ID.-ID.-ID.-ID.Examinada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre abortos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluye que en el primer trimestre de un embarazo la decisión sobre el aborto debe descansar en el mejor juicio clínico del médico a cargo, juicio que a su vez descansa sobre consideraciones de salud física o mental de la paciente en estado de gravidez.

3 - DELITOS CONTRA LA PERSONA, EL ESTADO CIVIL Y LA FAMILIA-ABORTO-DELITO-EN GENERAL.Todo aborto prescrito por un médico dirigido a la conservación de la salud física o mental-o de la vida de la mujer embarazada está exento de responsabilidad penal en Puerto Rico.

4 - PALABRAS Y FRASES.Salud.-El término salud según utilizado en nuestro estatuto penal sobre abortos significa tanto salud física como salud mental.

5 - DERECHO CONSTITUCIONAL-DERECHOS PERSONALES, CIVILES Y POLITICOS-DERECHO A LA PRIVACIDAD.Tanto el Art. 1 de la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937 como el Art. 91 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 prescriben para todo el período de embarazo el criterio constitucional establecido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos para el primer trimestre, cual es, que la paciente, en consulta con su médico puede poner fin a su prefire sin la intervención del Estado.

6 - DELITOS CONTRA LA PERSONA, EL ESTADO CIVIL Y LA FAMILIA-ABORTO-DELITO-EN GENERAL.El Art. 91 del Código Penal de Puerto Rico prohíbe que persona alguna que no sea médico autorizado en Puerto Rico procure o intente un aborto y, además, que aun tal médico lo procure o intente sin mediar razón terapéutica o juicio clínico alguno para la conservación de la salud o vida de la mujer embarazada.

7 - ID.-ID.-EVIDENCIA-SUFICIENCIA.No habiendo prueba de ausencia de indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud de una madre embarazada, la convicción por haber practicado un aborto no puede prevalecer.

8 - ESTATUTOS, COSTUMBRES Y EQUIDAD-INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY-REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION-LENGUAJE USADO EN LA LEY Y SU SIGNIFICADO-EN GENERAL.No existe distinción entre pacientes mayores o menores de esa para los propósitos del juicio clínico que la ley exige a un médico que pretenda practicar un aborto.

Página: 597

9 - HIJOS-PADRES E HIJOS-PATRIA POTESTAD, CUSTODIA O CUIDADO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD-EN GENERAL.No puede conceder la Asamblea Legislativa un veto absoluto a los padres de una menor embarazada respecto a la decisión de ésta de terminar su embarazo mediante aborto.
SENTENCIA de José A. Casillas Fernández, J.(Humacao) condenando al acusado por el delito de aborto. Revocada.
Oscar R. Brizzie, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
Opinión emitida por el Juez Asociado Señor Martín exponiendo la Opinión del Tribunal en sus partes I, II, III y IV. (*)
En el que hacer jurídico de nuestros tiempos pocas controversias suelen suscitar problemas tan diversos y escabrosos como aquella que gira en torno del aborto y de su reglamentación por la ley. Resaltan al respecto consideraciones morales, históricas, religiosas y culturales de toda índole cuya armonización fiel en cualquier norma legal es poco menos que imposible. Abriendo brecha entre tan enmadejados contornos, cada sociedad escoge de entre las alternativas posibles aquélla que mejor se ajuste a sus valores y aspiraciones. Se advierte, sin embargo, un constante fluir de argumentos y debates y los resultados observados aun entre los pueblos de marcada tendencia progresista, poco se asemejan.
Así por ejemplo, el escrutinio constitucional condujo en la Alemania Occidental a la anulación de cierto estatuto sobre aborto por carecer el mismo de protección suficiente al embrión; mientras que, por otra parte, en los Estados Unidos de América, el derecho constitucional a la intimidad de que disfruta la mujer embarazada, se estimó en ocasiones capaz de postergar cualquier protección que parezca merecer el ser que de ella se nutre. Resulta, pues, que sobre el tema que nos ocupa no hay tendencia definida que marque un trayecto

(*) Los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual y Negrón García se unen a la totalidad de la opinión; el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué a las partes I, II, III y IV.(fin de nota al calce)

Página: 598
común entre los pueblos y es muy probable que gracias a la naturaleza del problema, esa tendencia nunca se perfile. (1)
En Puerto Rico, años ha que contamos con legislación que regla lo concerniente al aborto. (2) La naturaleza de dicha reglamentación ha sido eminentemente penal advirtiéndose, no obstante, diferencias marcadas entre las disposiciones de los distintos estatutos que han privado sobre el tema.
Ahora bien, nunca antes habíanse colocado nuestras normas legales sobre el aborto en el tamiz constitucional ante este Tribunal; esto es, nunca antes habíamos enfrentado dicha reglamentación y los valores que ella recoge a los derechos y prerrogativas que disfrutan los puertorriqueños por gracia de las constituciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América. El caso de autos nos ofrece por primera vez la oportunidad de abordar el tema. Repasemos primeramente los pormenores de la controversia.
I
El apelante, médico autorizado a ejercer su profesión en el Estado Libre Asociado, practicó un aborto, el 24 de julio de 1973, a una joven de 16 años que se hallaba en su primer trimestre de embarazo. (3) Hallado culpable del delito de aborto por un panel de jurados y habiéndosele impuesto sentencia suspendida de dos a cuatro años de reclusión ha apelado ante nos alegando principalmente que la sentencia impuéstale es inválida por contravenir la Constitución estadounidense según fuera interpretada por el Tribunal

(1) Véase West German Abortion Decision: A Contrast to Roe v. Wade, en 9 J. Mar. J. of Prac. & Proc. 551 (1975).
(2) Con anterioridad a 1902, nuestro Código Penal de 1879 proveniente del español de 1870, regulaba el aborto en su Título VIII, Cap. VI, Arts. 423-426. M. Ochotorena, Código Penal Para las Islas de Cuba y Puerto Rico, anotado con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, 1894, págs. 4 D.P.R. 32 -434. Su rigor, sin embargo, era mayor al vigente y a la Ley Núm. 136 de 15 de mayo de 1937.
(3) La propia prueba de cargo fundamenta este hecho toda vez que de ella surge que la última menstruación de la joven fue para el 7 de mayo de 1973.(fin de nota al calce)

Página: 599
Supremo federal en los casos señeros de Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973).
El Estado por su parte sostiene que toda disquisición en torno a la doctrina constitucional relacionada con el aborto huelga en el caso de autos en el que el médico acusado no demostró que la menor en quien se practicó el aborto pudiera prestar un consentimiento cabal a la intervención en ausencia del asentimiento de los padres. Argumenta, por tanto, el Ministerio Público que la convicción del apelante es procedente independientemente de cualquier determinación constitucional por la peculiar circunstancia de la minoridad de la mujer intervenida.
Sobre tales contenciones ha quedado la controversia debidamente argumentada y lista para su final resolución. Veamos.
II
[1] No puede albergarse duda en torno a la aplicabilidad en Puerto Rico de la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativa al problema del aborto. En Roe v. Wade, supra, se reconoció que el derecho a la intimidad es suficientemente amplio para incluir la decisión de la mujer para terminar su embarazo. Este derecho tiene su base en el concepto de libertad personal protegido por las cláusulas de debido procedimiento de ley de las enmiendas quinta y decimocuarta de la Constitución federal y ha sido calificado como fundamental por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, (4) 410 U.S. a las págs. 152 y 153. Como tal, resulta aplicable a Puerto Rico. (5) Califano v. Gautier

(4) Véase, L. Henkin, Privacy and Autonomy, 74 Colum. L. Rev. 1410 (1974).
(5) En nuestra jurisdicción el concepto de intimidad del ser humano tiene raíz constitucional expresa. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Art. 11, Sec. 8, dispone: "Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar." Nuestra Ley Básica adopta en esa expresión una apreciación humana fundamental de protección de la dignidad del hombre, esencial para la vida misma. Ese concepto, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es, sin duda, de supremo rango en la jerarquía de valores de nuestra sociedad. J. J. Santa-Pinter,Los Derechos Civiles en Puerto Rico, 1973, págs. 12-14, Río Piedras. Véanse E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964). No obstante, en materia de aborto, advertimos que la extensión de las protecciones que brinda nuestra Constitución no es mayor a la que brinda la norteamericana; por tanto, sólo nos referimos a ésta.(fin de nota al calce)

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Torres, 435 U.S. 1, n. 4 (1978), Ex. Bd. of Eng., Arch. and Sur. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572, 599-601 (1976), Calero Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 679-80, n. 14 (1974). Tal como dijéramos en Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 ,287 (1971), "sería iluso pensar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no insistiría en que se protegiesen en Puerto Rico los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos de los Estados Unidos". Así, pues, nuestra tarea consiste en delinear con la mayor precisión posible la doctrina que se ha esbozado en la jurisprudencia federal con respecto a este tema para someter luego nuestro estatuto a su rigor y determinar si el mismo está en armonía con la norma constitucional proclamada en dicha jurisprudencia. Analicemos a continuación los casos federales que rigen la materia.
III
Tres opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son particularmente importantes para la solución de la controversia de autos. Son ellas las emitidas en los casos de United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971); Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), mereciendo particular atención esta última que no es sino la fusión armónica de las dos anteriores.

1 - United States v. Vuitch, 402 U.S. 62 (1971)
En aquel caso tratábase de la impugnación constitucional del estatuto sobre abortos del Distrito de Columbia que en su parte pertinente disponía:

Página: 601
"Quienquiera que, por medio de cualquier instrumento, medicamento, droga u otro medio cualquiera, procure o produzca, o intente procurar o producir un aborto o malparto en cualquier mujer, a menos que el mismo fuera necesario para la preservación de la vida o salud de la madre y bajo la dirección de un médico competente y autorizado, será recluido en penitenciaria no menos de un año ni más de diez años." (Enfasis suplido.)
En aquella ocasión el Tribunal Supremo descartó un argumento que proponía la inconstitucionalidad del citado estatuto a base de que el término "salud" utilizado en el mismo era tan incierto e impreciso que no advertía adecuadamente la situación que pretendía cubrir, vaguedad intolerable, según se argumentaba, ante el derecho a un debido procedimiento de ley. Por voz del Juez Asociado Señor Hugo Black, el Tribunal determinó que la voz "salud" debía interpretarse como descriptiva tanto de una condición física saludable como de un estado de bienestar sicológico y mental. 402 U.S. a las págs. 71-73. Por tal razón, se sostuvo en la opinión que no presentaba problema constitucional el estatuto allí analizado ya que su lenguaje sólo exigía de los médicos como condición para el aborto, la clásica, común y cotidiana determinación sobre conveniencia fisiológica o mental que se requiere por ser principio básico de medicina para cualquier intervención médica. 402 U.S. a la pág. 72.

2 - Roe v. Wade, 41 0 U. S. 11 3 (19 73)
Roe v. Wade, supra, resuelto simultáneamente con Doe v. Bolton, supra, es la opinión que contiene el núcleo de la doctrina federal sobre el tema del aborto. Estaba ante la consideración del Tribunal Supremo federal un estatuto criminal del estado de Texas que prohibía el aborto excepto aquél "procurado o intentado por consejo médico con el propósito de salvar la vida de la madre". Véanse Arts. 1191-1194 y 1196 del Código Penal de Texas (énfasis suplido). Se establece en dicha opinión el balance que debe imperar entre los intereses del Estado en la consecución de la salud comunal, el mantenimiento de la mejor práctica médica y en la protección del nasciturus, y el derecho a la privacidad que a

Página: 602
la mujer le garantiza la Constitución de los Estados Unidos de América. 410 U.S. 152 et seq. A tales fines se reconoció que el derecho a la intimidad de que disfruta la mujer incluye su decisión con respecto al aborto, derecho que queda limitado por los legítimos intereses del Estado, los cuales son de distinta naturaleza en las varias etapas del embarazo. Tales intereses son: (1) el de preservar y proteger la salud de la mujer encinta, y (2) el de proteger la potencialidad de la vida humana, los cuales son separados y distintos. 410 U.S. a la pág. 162. Para establecer las distintas posibilidades de reglamentación compatibles con la Constitución federal, el Tribunal hubo de dividir el período normal de embarazo de la mujer en tres trimestres susceptibles de diferente regulación de ley:
A. En cuanto al primer trimestre consideró que el interés importante y legítimo del Estado respecto a la salud de la madre no alcanza su preponderancia hasta aproximadamente al final del primer trimestre. Consiguientemente reconoció que el médico que atiende a la mujer embarazada queda en libertad durante ese trimestre de hacer la determinación de terminar el embarazo, en consulta con ella, y usando su juicio médico sin la intervención del Estado. 410 U.S. a la pág. 163. Esto es, la mujer no necesita la anuencia del Estado pero sí un médico que apruebe su decisión. Véase L. H. Tribe, The Supreme Court 19 72 Term, Foreword: Toward a Model of Roles in the Due Process of Life and Law, 87 Harv. L. Rev. 1, 11 (1973).
B. Pasado el punto en que el Estado adquiere interés preponderante, o sea, durante el segundo trimestre del embarazo, el Estado puede, en su legítimo interés en la protección y preservación de la salud materna, reglamentar el procedimiento de aborto siempre y cuando que la regulación tenga una relación razonable con tal propósito. 410 U.S. a las págs.163-164.
C. En la etapa del último trimestre de preñez, en la que se reconoce interés del Estado en la protección de la potencialidad
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